Venganza y revancha pilares de la paz total

Mario González Vargas

Aún en medio de las tempestades que se han desatado por los sucesivos escándalos que afectan a su gobierno y hasta la familia presidencial, el presidente no cesa en su empeño de someter la institucionalidad a su omnímoda voluntad que le permita simultáneamente debilitarla y cobrar venganza de las personas que en su momento ejercieron sus competencias de conformidad con los preceptos legales y los desarrollos jurisprudenciales. Su más reciente objetivo parece concentrarse en la Procuraduría General de la Nación y en la Contraloría General de la República a fin, supuestamente, de “proteger la democracia representativa, cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos políticos y fortalecer la Rama Judicial del Poder Público”.

Todo indica que el gobierno se propone devolvernos a los tiempos en que la Procuraduría y la Contraloría eran meros órganos administrativos que no gozaban ni de la autonomía y ni de la independencia que hoy les atribuye la Constitución del 91, cuando los caracteriza como órganos de control (art 117). Por ello, el art 118 señala que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ejercen el Ministerio Público, y a ellos les corresponde la guarda y promoción de los DDHH, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. En esa tarea la Procuraduría adelanta investigaciones disciplinarias y sanciona hasta con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos A su vez la Contraloría establece la responsabilidad que se deriva de la gestión fiscal, impone sanciones pecuniarias, recauda su monto y ejerce la jurisdicción coactiva, promueve investigaciones penales o disciplinarias y suspende funcionarios mientras éstas concluyen.

Desde el poder Petro desdeña la aplicación de las normas a las que acudió constantemente mientras hizo oposición. Hoy quiere modificar la naturaleza jurídica de los órganos de control para que no ejerzan funciones jurisdiccionales ni sancionen a los servidores públicos de elección popular con suspensión, destitución o inhabilidad, y para ello propone eliminar esas facultades en el ejercicio de las funciones que hoy les concede la Constitución. Parece la antesala de la recepción de todos los usufructuarios de la paz total que hoy se alistan a su legalización por designios del gobierno, y que se sumarán a la impunidad que cobijará a todos los servidores públicos de elección popular, muchos reincidentes, con el deterioro irreversible que ello implica para la ética pública.

Su caballito de batalla es el art 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos promulgada en 1969, pero hoy sujeta al derecho de configuración que les asiste a los órganos constitucionales nacionales competentes para adecuar esa disposición a las normas constitucionales aprobadas en Asamblea Constituyente y confirmadas plebiscitariamente y siempre actualizadas, como reiteradamente lo ha hecho nuestra Corte Constitucional, lo que obliga a su cumplimiento, aún al presidente revanchista con quienes cumplieron con sus deberes legales y constitucionales. Mezquino propósito vedado a quien juró cumplir con los preceptos constitucionales y legales que conforman nuestro ordenamiento jurídico.

Permitírselo sería la antesala a la sustitución del régimen democrático, finalidad que asoma en las recientes iniciativas de la paz total.

Responsabilidades del gobierno y de los partidos con Colombia

Mario González Vargas

Resulta incomprensible que los partidos y fuerzas políticas distintas a las alineadas con los designios del poder presidencial demuestren una vez más su incapacidad para “destetarse” de sus viejas y reconocidas prácticas con las que han desatado la crisis de confiablidad en la capacidad de la institucionalidad para solventar las dificultades que naturalmente sacuden a las sociedades en los procesos de cambio. No extraña entonces que un gobernante en apremios por su incompetencia y por los reiterados escándalos que ha suscitado, paradójicamente opte por la radicalización en el escenario político sin encontrar oposición en los partidos y organizaciones políticas, económicas y sociales claramente identificadas como las víctimas principales de sus arrebatos y decisiones.

El discurso presidencial agresivo contra todos los sectores llamados al dialogo nacional se ha vuelto reiterativo, sin encontrar entre sus víctimas siquiera tímidas réplicas a semejante continua y pendenciera actitud que lo libera de toda prudencia y contención en su accionar. Quienes deberían ejercer oposición acuden mayoritariamente a tratar de mitigar lo que es ya un rumbo trazado para la consolidación de un poder sin límites ni contrapesos, ajeno a todos los valores y principios de un régimen democrático. La condescendencia prevalece en las sesiones y decisiones del Congreso en las que el gobierno hace uso de los viejos constreñimientos que han degradado el ejercicio de la política y que se suponían tara inaceptable para toda propuesta de cambio. En el trámite de la reforma a la salud los partidos liberales y de la U y algunos conservadores cedieron a las prebendas burocráticas generosamente ofrecidas y con ello despejaron el camino para las presentes y futuras iniciativas gubernamentales.

No sorprende entonces que el gobierno se apresure también en la expedición de leyes y decretos como el reciente de la “movilización y organización campesina para la reforma agraria“ que convoca a la movilización para requerir a las bases que supuestamente eligieron al gobierno a la defensa y promoción de sus políticas, en especial a la reforma agraria, con la organización y participación de las famosas guardias, armadas y fortalecidas por el gobierno, que sembraran terror sin contención en el mundo agrario colombiano. Iniciativa que seguramente se duplicará en varios sectores de la productividad nacional.

Los impactos sobre las elecciones de octubre son incontestables, tomando en cuenta a los que se suman por la injerencia tolerada por el gobierno de las distintas organizaciones armadas ilegales, usufructuarias de la pretendida paz total, a las que se les permite el ejercicio del constreñimiento violento al elector, y que ha suscitado interés de algunos partidos en pactar apoyos con el pacto histórico a cambio de participación burocrática, que podría replicarse en todos los departamentos con presencia de la delincuencia armada en Colombia. Que todo ello repercute sobre la economía nacional es la última de las preocupaciones del gobierno. Su credo ideológico y su desapego por las exigencias éticas lo estimulan a la imposición de su concepción del estado y de la sociedad que de ellas se derivan. La integridad de la Justicia y la movilización ciudadana constituyen las últimas defensas de nuestras libertades.

El segundo año del Gobierno de Petro

Mario González Vargas

El segundo año del gobierno de Petro apunta a ser aún más controvertido que el vivido en el año que expiró. Los escándalos que lo circundan, las derrotas en el Congreso en el trámite de sus reformas, la ineptitud de sus ministros en el manejo del orden público y en el quehacer cotidiano, han acrecentado una veloz pérdida de confianza de la ciudadanía en la capacidad del gobierno para enfrentar y resolver el cúmulo de desafíos que se acumulan y atormentan a los colombianos.

El acuerdo nacional que Petro propone hoy no será con los partidos políticos y la institucionalidad, sino que se fundará en polémicas iniciativas que afloraron durante la campaña presidencial y desataron legitimo rechazo de la mayoría de los sectores sociales y políticos del país. Su insistencia en el acuerdo nacional expresada en su discurso del 20 de julio apunta a una supuesta reconciliación nacional fundada en etéreo concepto de perdón social con el que pretendió en la campaña justificar la incorporación de todos los convictos por corrupción y narcotráfico a la paz total. Procurar ahora la aplicación de normas de justicia transicional a delincuentes comunes rompe con la normatividad vigente avalada por las Cortes Suprema y Constitucional y desconoce las obligaciones contraídas en la Convención de Palermo, que obliga a combatir y castigar a las mafias. Desconocer que las amnistías e indultos están reservados para los delitos políticos abre la puerta para que cada organización narcotraficante adquiera beneficios a cambio de nada, y constituye la más perversa e intolerable versión del perdón social.

Tanta laxitud equivale a una situación de no retorno, en la que el Clan del Golfo, los combos de Medellín, las estructuras criminales en Buenaventura y Quibdó, la Segunda Marquetalia, y la disidencia de las Farc de alias “Mordisco”, sean incorporados a la sociedad por una ley de reconciliación nacional. Danilo Rueda lo confirma al afirmar que “no se trata de perdón judicial, ni de conceder amnistías en indultos, sino de construcción conjunta de un proyecto de paz con justicia social y ambiental”, recalcando que “constituye la posibilidad de un reencuentro de los colombianos para la convivencia, en el que el narcotráfico no puede estar excluido de los acuerdos por un nuevo país en paz”.

Esa es la bandera del presidente en estas elecciones regionales, casando diaria pelea con diversos actores y sectores de la vida nacional y cuestionando el desempeño de la institucionalidad democrática. A dos meses de las elecciones regionales alienta el control territorial y de sus comunidades por los beneficiarios de la generosidad presidencial, cuyo poder se ejerce en 687 municipios con riesgo extremo y alto, en las capitales como Arauca, Florencia, Cúcuta, Neiva, Quibdó, y en las localidades de Bogotá, Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz, sin respuesta de la Fuerza Pública acuartelada, abandonando a las poblaciones al imperio de los criminales que han convertido el asesinato en método de selección y por tanto de elegibilidad. Consentir la violencia en las elecciones de octubre desafía la legitimidad de la democracia que es hoy el único bien que no podemos entregar a los violentos.

La propuesta de reforma laboral no tiene equilibrio

Por Bernardo Socha Acosta

Nunca había leído un proyecto de reforma más utópico, que el planteado por el Ministerio del trabajo para la reforma laboral que necesita Colombia.

Parece que el proyecto fue redactado detrás de un lujoso escritorio de una confortable oficina, siguiendo un plan imaginario de sublimidad gubernamental para una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en la armonía que solo existe en un país de las maravillas.

Ese proyecto de reforma laboral que no tiene la sensatez de otros como el de la salud, por ejemplo, si está llamado a fracasar de entrada en el congreso, porque con una iniciativa como esta no perderá tiempo el legislativo. Recordemos que por esta y otras razones ya se hundió otro proyecto de esta naturaleza.

De los 90 y tantos artículos que tiene el proyecto, más de la mitad no se ajusta a la realidad nacional. Si bien tiene algunas novedades positivas, los artículos negativos le quitan todo el valor, porque no tiene equilibrio.

No parece que esa iniciativa haya sido inspirada por la actual Ministra de Trabajo, una persona de mucho talento, experiencia, imaginación y sindéresis. Leyendo el proyecto deja la impresión de haber sido encomendado a alguien que tenga afición de escribir historietas basadas en los cuentos de hadas, porque para un país como Colombia donde la pequeña y mediana fuerza empresarial sobrevive aun de grandes esfuerzos por las razones que todos sabemos, resulta incongruente desde cualquier punto de vista pensar que así pueda sobrevivir la debilitada oferta laboral que hay en nuestro medio.

Si la Ministra se equivocó con el contenido de este proyecto en el que más parece la fórmula lograda en el transcurso de un sueño, ella misma debiera proceder.

Ya hubo suficiente discernimiento por parte de los gremios sobre la inconveniencia del proyecto que pondría en gravísimo riesgo el poco empleo que hay en Colombia, precisamente por los problemas que estamos reseñando. E igualmente algunos trabajadores de plataformas de mensajería expresaron por los distintos medios de televisión su inconformidad porque con esos cambios lo único que les van es a causar reducción de sus ingresos.

Bueno, y en el supuesto caso que este proyecto se diera en el congresos -aunque no lo creo- la situación sería catastrófica porque muchas pequeñas y medianas factorías deberían cerrar sus puertas y llevarse los recursos de inversión a otra parte donde haya mejores oportunidades y tratamiento menos discriminatorio.

Esta situación aumentaría la crisis del desempleo en nuestro país y se incrementaría la informalidad laboral que tanto ha golpeado a la sociedad colombiana.

Un tema de tanta trascendencia para la economía social, tiene que estar basada también en una economía solidaria en la que las partes comprometidas tengan grandes beneficios y responsabilidades para que haya una armonía de las fuerzas de producción y laboral.

Un gobierno y un país a la deriva

Mario González Vargas

La condescendencia con la que sectores de opinión han tolerado las erráticas acciones del presidente Petro ha facilitado la continua y persistente tarea de deconstrucción social y política con la que pretende asegurar su indefinida permanencia en el poder. Todavía hay quienes lo demeritan, creyendo que el sátrapa en ciernes “no tiene ideas sino ocurrencias”, o que padece de trastornos mentales y, por ello, estarían dispuestos a concurrir nuevamente a un dialogo nacional, que no tiene más objetivos que el de permitirle la demolición de la institucionalidad y su sustitución por otra arquitectura que constituya la más radical expresión de su añejo y fracasado credo ideológico.

La historia contemporánea de Colombia no registra un escenario como el que padecemos de un gobierno convocando a la destrucción de la institucionalidad democrática y simultáneamente apelando a la solidaridad de los que se suponían sus defensores. Libre de esos obstáculos no necesita expresar voluntad de concertación, sino apresurar el derrumbe de los valores y de las formas que sostienen al régimen odiado, sin importarle las concesiones transitorias a las que se vea obligado, ni los padecimientos que provocarán en la sociedad colombiana, que son apenas meras exigencias de “la deconstrucción creativa”.

Ello explica su indiferencia con las crisis que se acumulan y su insistencia en una paz total que aporte los sustentos de los que aún carece para dar forma a la institucionalidad que procura levantar. Hoy, procede con el desfinanciamiento de las tres mayores EPS para activar una crisis sanitaria que cobrará millones de desamparados, que no resolverá con médicos ambulantes, ni con un sistema hospitalario público pobre y huérfano de tecnologías avanzadas. Se dispone a perdonar a miles de delincuentes, bajo el manto de insurgentes políticos, así sean solamente asesinos perversos, porque considera irrelevante si tienen o carecen de carácter político para negociar con ellos. “El objetivo es hacer creíble el artículo 22 de la CN, en particular para los excluidos sometidos a dinámicas armadas”, como lo dijo sin sonrojarse el Comisionado de Paz en la Corte Constitucional. "Estas categorías jurídicas, político o no político, no pueden volverse un obstáculo para lograr ese anhelo de la pacificación", sentenció el ministro Osuna. Las consecuencias no se hicieron esperar con la amenaza sistemática a la vida de los opositores que en nada conmueve a quien corresponde garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos.

El gobierno afina sus metas y sus métodos. Desdeña a gobernadores y alcaldes en la defensa de sus comunidades, y poco se inquieta con los bloqueos de carreteras por todo el país que amenazan la seguridad alimentaria y empobrecen a la ciudadanía y a los sectores productivos. Distante se muestra con la seguridad en el proceso electoral. El bien común le es ajeno porque asume como redención la estatización de toda actividad en la nación. Cartilla vieja conocida, como también lo son sus estragos sociales y la entronización de castas gobernantes que se quieren eternizar. Las intervenciones de los magistrados en la reciente sesión de la Corte Constitucional sobre la paz total ojalá se confirmen en las sentencias, como prueba de la solidez de nuestras instituciones democráticas.

El fenómeno inestable de las vías a los Llanos

Por Bernardo Socha Acosta

Cuando se presentan catástrofes por fenómenos naturales surgen múltiples reacciones pero todo mundo ignoramos de plano que la naturaleza también reclama sus derechos que en diferentes formas se le han arrebatado y no siempre de la mejor manera.

Con los fenómenos naturales, muchos quedan convertidos en la leyenda de la torre de Babel. Todos hablan, pero nadie se entiende porque ahí es donde aparecen los profanos y supuestos sabios que todo lo saben.  Unos le echan la culpa  a unos  y estos acusan a otros  pero no miran la  real y propia responsabilidad, o irresponsabilidad, del porqué de los acontecimientos y así transcurre el tiempo en medio de las vacilaciones y hasta torpezas de muchos en las que le causan daño a los demás.

Cuando se habla de fenómenos naturales nada ni nadie puede prever los acontecimientos. Lo que si podemos es ser más previsivos porque cuando la naturaleza se ensaña en una demostración de reclamo por las equivocaciones del pasado, algo peor puede sobrevenir y contra la naturaleza nadie puede luchar.

Los permanentes problemas que se vienen presentando con las vías de transporte a la llanura colombiana, es solo el resultado de la forma como los habitantes de las zonas de la cordillera oriental, y otras, explotan la tierra sin brindarle un mínimo de protección y compensación por lo que le quitamos.

Al dejar la superficie de la tierra expuesta a las lluvias, corrientes de aire y el maltrato de animales y de personas, facilitamos que el agua que debiera ser absorbida por los bosques, cauce brotes erosivos y represamientos subterráneos con alto riesgo de deslizamientos y tragedias materiales y humanas, sumado a la quebrada topografía que hay en esas zonas.

Foto: Slideshare

La filtración del agua en grandes cantidades al interior de la superficie causa sus naturales reacciones que todos podemos entender. Que no queramos, es otra cosa. Pareciera que tengan que sobrevenir hechos peores para que comprendamos la magnitud que estamos viviendo por las imprevisiones, especialmente en zonas de ladera de las cordilleras, sumados a las fallas geológicas.

Y hablando de improvisaciones y confusiones de quienes están cerca de los acontecimientos, hay quienes creen que con simples muros y talanqueras y torpedeándole el paso a quienes necesitan trabajar van a remediar lo que han construido erróneamente en toda su vida.

Quienes laboran la tierra solo les ha interesado sacar sus frutos sin devolverle un mínimo de protección a los predios; han acabado con miles de hectáreas de bosque que son la protección innegable de la tierra. Está bien que se labore la tierra para producir los alimentos, pero que se conserven también abundantes franjas de protección de vegetación con los bosques.  

Lo que hoy estamos experimentando, es la demostración, de cómo la naturaleza da señales de estar reclamándole a la humanidad un mejor tratamiento de lo que ha puesto en sus manos para el disfrute en la vida.

El mundo de la naturaleza, si bien está para nuestro beneficio y hasta para que lo mejoremos con nuestras acciones, nos reclama cuando intentamos destruirla porque su uso y beneficiarnos deben ser de manera recíproca. Es decir, la naturaleza también espera de nosotros un buen trato.

En resumen, podríamos decirse que la afligida y ofendida naturaleza nos está devolviendo lo que sembramos mal.

Y en medio de la natural confusión que todo esto genera, ni las autoridades, ni los medios de comunicación, ni nadie hace pedagogía de cultura en esta materia porque solo se limitan a mirar el presente con ironía y postura farisaica.  Lamentablemente lo que vemos y oímos de algunos comunicadores (algunos) y muchos politiqueros, es una pedagogía mezquina, de intriga, de instigación violenta, embeleco, e hipocresía que es lo que abundan en estos casos, porque de bueno no tienen nada y solo aprovechan las circunstancias para tratar de hacer politiquería barata y venenosa.

Y para finalizar digamos que muchos de quienes se encuentran en la zona afectada,  no tienen ni idea de lo que hacen, ni deben hacer,  y lo único que continúan haciendo equivocadamente, es buscando las víctimas rio arriba…

¿Por quién doblan las campanas?

Mario González Vargas

El presidente Petro parece no haber entendido aún que debe moverse en medio de un escenario político de enorme inestabilidad, que no puede conjurar con discursos grandilocuentes y con nuevos llamados a difusos acuerdos nacionales, difíciles de convenir en medio de los escándalos que lo afectan y adobados con una permanente retórica pendenciera, que se han materializado en una inmensa perdida de capital político.

En el año que completó solo sobresalen las huellas que deja el desgobierno, alimentadas con la escasa comunicación con sus ministros, que se ha tornado en desconfianza, y que no se resolverá con ultimátum a cada uno de ellos, huérfanos de direccionamiento y poco versados, por su condición de activistas, en las artes de gobernar y las exigencias de ejecutar.

Si en algún momento el presidente acarició la posibilidad de lograr algunos consensos con sus opositores que permitieran condiciones para un clima más propicio a la colaboración de las fuerzas políticas y a la comprensión de la ciudadanía, y garantizaran la superación de los amenazantes retos que confronta en el inmediato futuro, su inveterada propensión a la reyerta, imitada por algunos de sus ministros, encendió nuevas hostilidades que tienen por efecto acrecentar la soledad que ya empieza a hacerle compañía.

Ignorar el gobierno las advertencias del registrador sobre las dificultades que se ciernen sobre las elecciones de octubre, como despectiva y retadoramente lo hizo a través del ministro del interior, podría calificarse de ingratitud, si a ellas no se hubiesen sumado la MOE, las Federaciones Nacionales de Departamentos y Municipios, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, todas coincidentes con las inquietudes de los gobernadores y relacionadas con el control que todas las organizaciones armadas ilegales ejercen, cada una sobre amplio número de municipios, que les permitirán viciar impunemente la expresión política de sus moradores.

Resulta incomprensible entender la mansedumbre y pasividad del gobierno con el Eln y sus reiteradas violaciones al cese al fuego, convenido hace pocos días, que no deben tolerarse por la empatía del comisionado de paz, párvulo de crianza del director de la comisión intereclesial de justicia y paz, máxime cuando se conoció el macabro plan del Eln de asesinar al Fiscal General, a la senadora María Fernanda Cabal y al General® Zapateiro, y se evidenciaron desacuerdos inducidos entre los más altos mandos de la Fuerzas Militares.

Al sicariato, extorsión, secuestros, desplazamientos, reclutamiento forzado de menores, violaciones al cese al fuego, divisiones provocadas en el alto mando militar, se le quiere sumar la interferencia electoral, sin que presidente y ministro de defensa se den por aludidos. Pareciera el minucioso plan para debilitar y vencer a la democracia y sus instituciones, a ciencia y paciencia de quien fue elegido con la bandera de convertirnos en ejemplar potencia de la vida. Aumentan los temores de la aplicación de la máxima del progresismo político, la deconstrucción creativa, con la que en otras naciones han logrado espantar las libertades. La última luz de esperanza es la de que en medio de la incompetencia del gobierno tal axioma termine por aplicársele al gobernante y a su séquito cercano.

Qué impresión hay por tratamiento a hospitales públicos

Por Bernardo Socha Acosta

Si después de conocer el aterrador informe que, sobre el presunto abuso de las EPS contra los hospitales públicos del país, no resulta un doliente que se apersone y decida reversar los aberrantes hechos que se cometen contra la salud del pueblo, sería suficiente motivo para no volver a creer en nada ni en nadie después de este cuatrienio, el que diga que va a gobernar.

Es que las cifras aterradoras del presunto abuso de las EPS en Colombia, deja perplejo a cualquier ciudadano.

Sí, a cualquier ciudadano. Pero, entonces ¿qué clase de personas hemos elegido al llamado, flamante y respetado CONGRESO de la república?, si no hace nada ante semejantes actuaciones que atentan y afectan la salud e los colombianos.

O, ¿es que las mal llamadas MAYORÍAS del congreso solo van a cobrar sueldo y no hacen nada, pero absolutamente nada bueno por los colombianos? Porque es el congreso de la república y los entes de control, los responsables de conocer estos oprobiosos hechos que son los que han exacerbado los sentimientos de muchos ciudadanos y jóvenes, que han preferido escoger la REBELDÍA como única manera de protestar y mostrar su desprecio por la degeneración del estado, sin que haya una entidad que se enfrente a estos abusos.

Ese informe que concentra cifras desde 2018 (léalo aquí) reseña que las deudas de las EPS, a la fecha se aproximan a $11 BILLONES. Y por qué no se han pagado esas deudas a los hospitales, si las EPS le cobran sagradamente a los afiliados o pacientes, no solo las mensualidades de salud, sino el llamado copago cuando se tramita una cita médica y hasta para recibir los medicamentos que en muchas ocasiones se limitan a un sobre de Aspirineta o un sobre de acetaminofén.

Y volvemos a preguntarnos, para qué existen entes de control, y una rama legislativa (el CONGRESO) si no se hace nada, porque si se actuara esos hechos se solucionarían. Si existen desde 2018, esos hechos, es porque nadie ha hechos nada en una actitud que podría considerarse cómplice. Entonces para qué entes de control y un congreso de la república que le cuenta a los colombianos BILLONES Y BILLONES anualmente sin que eso se revierta en NADA.

Esto que hoy estamos conociendo, es gracias a la gestión del actual gobierno, porque en el pasado reciente hubo un silencio absoluto y sospechoso, que debiera merecer una severa investigación por partes de las entidades que les corresponde si es que existen y que sus responsables paguen.

O, es que los colombianos seguimos en el antiguo pasado donde mandaban los jefes de las entidades que más tuvieran influencia política e influencia de los corruptos para poder devorar los bienes de este país, y han puesto al pueblo más sufrido a tomar otras vías, hasta las de hecho.

Hoy cuando los señores congresistas debido a la campaña politiquera no están deliberando sino 2 días de la semana, para hacer campañas en los departamentos y municipios, es cuando el pueblo tiene que saber de qué clase de político son los candidatos. Ojo y cuidado con los que no hacen nada en el congreso.

El sendero del cambio en la crisis política

Mario González Vargas

El escándalo desatado por la violación de los topes establecidos para la financiación de la campaña del presidente Petro y por la posible recepción de dineros ilícitos es el tema que desafía poderosamente al régimen democrático colombiano. A pesar de las normas constitucionales y legales establecidas para disuadir su práctica, los atajos se han multiplicado y gozado de impunidad en los procesos electorales posteriores al escándalo del proceso 8.000, amparados en la ética flexible que caracteriza el ejercicio de la política en Colombia.

De poco han servido las normas constitucionales y legales para enervar y castigar las diabólicas mañas de uso corriente en el opaco mundo de la política, avaladas por el silencio temeroso de las gentes, pero no por ello cómplices de sus victimarios.

El Acto Legislativo No 1 de 2009 introdujo el artículo 109 constitucional que estableció que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobados, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. Adopta una responsabilidad objetiva que excluye el supuesto de no haber tenido conocimiento del ilícito para arropar su conducta bajo el manto de que “todo ocurrió a sus espaldas”. Al CNE le corresponde determinar si tal violación de topes se produjo y remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la que decidirá si existen los motivos para acusar ante el Senado al presunto infractor y, de encontrar evidencias de conductas ilícitas, enviará las pruebas a la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento, previo juicio político. La Corte Constitucional ha considerado que la vulneración de los topes debe considerarse gravísima por sus proporciones y efectos para sustentar la sanción de separación del cargo, condiciones hoy satisfechas con las pruebas ya conocidas, posiblemente complementadas con las que resulten de las investigaciones que se adelantan contra Armando Benedetti y Laura Sarabia y con las mentiras de Roa.

La situación que vivimos exige el correcto desempeño de las autoridades que integran la institucionalidad y pone a prueba su capacidad para cumplir con sus deberes constitucionales y legales, de los que dependen la vigencia y fortalecimiento del régimen democrático. El reto es inmenso para el CNE, el Congreso y la Justicia que han sufrido reparos justificados, y aún algunos de ellos padecen circunstancias que han demeritado su accionar y comprometido la confianza ciudadana. La recta aplicación de sus competencias constituye garantía irremplazable para la superación pacífica y necesaria de una situación que debería confirmar el fortalecimiento de la democracia y no su decaimiento.

Todos esperamos que las instituciones permitan divisar la salida del entuerto creado y permitir su desenlace, aún en un ambiente enrarecido, cuyos efectos nocivos pueden llegar a ser insostenibles para el orden jurídico e institucional de Colombia. No es el momento para encubrir la evidencia que aflora por razón de sentimientos partidistas e intereses inconfesables. En estos tiempos convulsos el mejor y más convincente cambio es el de que las instituciones cumplan con independencia y transparencia las funciones que les son propias. Lo contrario sería desandar el camino que con tanto esfuerzo estamos construyendo para vivir en el país que queremos merecer.