La CIDH bajo escrutinio

Mario González Vargas

La oportuna actividad desplegada por la nueva canciller Martha Lucía Ramírez en la ciudad de Washington, le permitió compartir con el Secretario de Estado, congresistas de los partidos demócrata y republicano, los medios de comunicación, el secretario general de la OEA y la CIDH, no solamente una información más precisa y verídica del paro nacional y su desarrollo, sino también hacer claridad sobre las acciones y propósitos del gobierno para su pacífica resolución. Se llenó así, y con reconocida habilidad diplomática, un vació que se había extendido durante la gestión de la anterior ministra. En la reunión con la CIDH a la canciller se le informó de una audiencia sobre Colombia prevista para el 29 de junio en Washington, lo que motivó la posibilidad de que la CIDH realizara su visita a Colombia con posterioridad a la realización de la audiencia, que contaría con la presencia del gobierno, de los órganos de control y de las principales ONG, así como de representantes del Comité del Paro, como oportunamente lo hizo saber la CIDH en un primer comunicado. Los representantes del paro, las ONG y la oposición forzaron a la CIDH a solicitar la autorización de su presencia a la mayor brevedad por medio de un segundo comunicado que despierta inquietudes por la apresurada manifestación de otorgar verdad a las versiones no confirmadas ofrecidas por los sectores que la constriñen para su rápida presencia en el territorio nacional. El gobierno condicionó su acuerdo a la realización de una reunión, el día 7, de la Comisión con la institucionalidad y a la formulación del protocolo para el desarrollo de actividades en el país del 8 al 11 de junio, que es de usanza para las actividades en el territorio nacional.

Se entiende que los actores del paro vean en la CIDH oportunidad para reanimar un paro que da señales de agotamiento por la violencia, el vandalismo y los altos costos en vidas y destrucción de bienes públicos y privados, que les permitiría una mayor difusión en la comunidad internacional de su insidiosa versión de culpar al gobierno de todas las infracciones a los derechos humanos. A los colombianos nos asiste el derecho de que la CIDH logre una percepción de la situación difícil por la que atravesamos, libre de sospechas de proximidades políticas o de identidades ideológicas para las cuales no están diseñados los organismos del sistema interamericano de derechos humanos. Queremos confiar en la independencia e imparcialidad de los comisionados que contribuya a que el país, su democracia, que es la menos imperfecta en Latinoamérica, y el sistema de derechos humanos, salgan fortalecidos de esta exigente prueba que afrontamos y que parece extenderse por todo el continente. Todos los estamentos nacionales e interamericanos van a estar sujetos al escrutinio de sus acciones, observaciones y decisiones que deben apuntar al fortalecimiento de la democracia, único régimen que puede garantizar la paz, la convivencia, la alternancia del poder y el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana. Permaneceremos expectantes.