La rogada postulación de Alejandro Gaviria a la presidencia de la república no despertó el entusiasmo que trataron de ambientar algunos medios de comunicación, el expresidente Gaviria y afines al entorno de Juan Manuel Santos. Pese al ropaje de renovador que le endosaron, sus primeras declaraciones abundaron en generalidades y elucubraciones que desdicen del carácter que generosamente le prestan, cuando no se acompañaron de una manida retórica sobre las ejecutorias del gobierno al cual perteneció por seis largos años. Asimismo, no se percató que propugnar sin asomar siquiera soluciones, por el estado liberal y su pluralismo, condenar la corrupción, defender a los más vulnerables y proveer salud y educación, hacen parte del obligado repertorio de cualquiera aspirante. Priorizar la eutanasia, la legalización de las drogas y el libre consumo y mercado de la marihuana, y creer que el acuerdo con la Farc nos trajo la paz (solo el 20% de los colombianos lo creen así, encuesta País Libre ), demuestran preocupante ignorancia de los males que nos aquejan y profunda desconexión con los anhelos y reivindicaciones ciudadanos, y confirman un perfil continuista que polariza y entraba la ejecución de políticas que unan a la nación en la construcción de nuevos objetivos y entorpecen el alcance de los cambios que necesitamos. Pareciera que, desde su torre de marfil de la rectoría andina, no pudo captar las razones de la inconformidad ciudadana, su zozobra por la inseguridad que la estremece, la pérdida de legitimidad de las instituciones y el desapego creciente con las dirigencias gubernamentales y los estamentos políticos y partidistas.
Narcotráfico, violencia y ausencia de control territorial por parte del Estado constituyen los desafíos principales que enfrentamos y que amenazan la integridad, soberanía y la seguridad nacional, alientan la corrupción, deslegitiman las instituciones y desvertebran la acción del Estado. Creer que el problema del narcotráfico y de la droga debe afrontarse “con un enfoque regulatorio que respete los derechos humanos y enfatice la prevención” señala el profundo desconocimiento del poder de los carteles y de la precariedad del Estado en combatirlos. Igual ingenuidad registra frente al vandalismo, con su eslogan de responder “a las amenazas a la democracia con más democracia”, una frase de cajón para contento del progresismo que augura una renuncia de su eventual gobierno a su obligación de aplicar le ley y mantener el orden público, obligaciones irrenunciables del gobernante, sin las cuales perecen la seguridad y tranquilidad de los colombianos.
Pretende fungir como apóstol del respeto a quienes piensan distinto, pero relega al pasado a fuerza política adversa y descalifica y pretende estigmatizar a la candidata presidencial que encarna el antípoda de sus flaquezas, ingenuidad y tibiezas. Ingresa a la arena electoral confiado en que sus asesores de imagen logren, en el mercado político, convertirlo en novedad que esconda sus fragilidades y apoyos, en una contienda que no favorece el continuismo, ni la inexperiencia en el complejo manejo del gobierno y la política. No conoce el país, ni el país lo conoce. Ni a Dios podrá encomendarse.
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