El punto vulnerable de las elecciones: El tarjetón E-14

Por: Bernardo Socha Acosta

Los colombianos quedamos estupefactos cuando leímos en distintos sitios web entre ellas redes sociales, que el Procurador general de la nación intentaba callar al presidente de la república a través de un juez, para que no hiciera denuncias sobre los riesgos de fraude electoral.

Y quedamos muy sorprendidos sencillamente porque el Procurador dentro de la función misional, es liderar el Ministerio Público para vigilar la conducta de los funcionarios públicos, proteger derechos humanos, y ejercer funciones disciplinarias, sancionando faltas de servidores públicos y asegurando la defensa del orden jurídico y el interés público.

Y para quienes no han analizado bien la labor del Procurador, este ejecutivo, jefe de un ente de control en Colombia, dentro de sus funciones están: Investigar y sanciona a funcionarios públicos (incluidos congresistas, ministros, magistrados y el Registrador Nacional porque es un funcionario público que ejerce tareas administrativas y si cometen faltas disciplinarias, pues debe sancionarlos. Pero el Procurador también debe supervisar el cumplimiento de la ley y vigilar que no violen los derechos colectivos, en este caso, los derechos de los colombianos de elegir y ser elegidos.

Y hagamos hincapié: El Procurador puede investigar disciplinariamente a funcionarios o intervenir en procesos judiciales, pero no tiene facultad para ordenar que el presidente jefe de estado, que deje de denunciar posibles delitos electorales. Muchos constitucionalistas han coincidido que, de oocurrir, sería el abuso más arbitrario de la historia.

Esta es una de las tantas muestras 
de lo que estamos tratando que han
sido divulgas en Redes sociales

Y es que hablar de los riesgos de FRAUDE electoral en un país donde los clanes políticos aun quieren con distintas artimañas y hasta con el terror, conseguir el respaldo en las urnas para seguir explotando la riqueza nacional entre ellas a la población, no es un secreto; y ya quedó comprobado en las elecciones del 2022 y de este  pasado 8 de marzo. Y, sí hubo muchos intentos de robarse los votos.

Es que al parecer y, nadie lo duda, que el famoso formato E-14, es “el punto más vulnerable del sistema” electoral. Asi lo han calificado expertos. Y es que con este tarjetón  se pretenden formalizar los fraudes, así el señor Registrador asegure que es lo más seguro y modernoi. 

En ese TARJETON los jurados consignan manualmente los resultados de cada mesa de votación y es un acto aparentemente rutinario —sumar votos y escribir cifras— es, en realidad, el momento en el que una elección puede quedar blindada o manipulada.

Y es que a lo largo de las últimas décadas, investigaciones periodísticas, informes judiciales y reportes de observación electoral han revelado patrones repetidos de fraude en municipios donde operan maquinarias políticas, redes clientelistas y clanes familiares que dominan el poder local.

Pero, donde empieza el fraude en el E-14

Por su puesto el sistema electoral colombiano depende de documentos físicos, que no tienen ninguna seguridad, porque el primer registro de votos queda en el E-14, lo que lo convierte en la pieza clave del conteo electoral, donde habitualmente se han detectado irregularidades como:  tachones y enmendaduras en las cifras, casillas modificadas, errores en las sumas y cifras alteradas entre copias del mismo formulario.

A través de investigaciones periodísticas, se ha advertido que, en  miles de mesas se han  presentado borrones y correcciones sospechosas en los formularios, lo que ha puesto en duda decenas de miles de votos en elecciones anteriores, y se han hecho hallazgos en las del pasado 8 de marzo.

Municipios bajo sospecha electoral

Según los historiales, el riesgo de fraude suele concentrarse en municipios con baja competencia política, control de clanes regionales o presencia de economías ilegales.

Entre las zonas históricamente señaladas por analistas electorales aparecen:

Caribe colombiano, municipios de La Guajira, regiones rurales de Córdoba, zonas políticas de Sucre, Pacífico, áreas rurales de Chocó, municipios del litoral de Nariño, Regiones de frontera, municipios del Catatumbo y zonas del Amazonas.

Pero es raro que algunos funcionarios (como el registrador y el Procurador) se incomoden por las denuncias de posible fraude, si en procesos electorales recientes se han registrado cientos de denuncias por estos delitos en los cuales se ha decomisado dinero destinado a compra de votos, lo que muestra la persistencia de estas prácticas.

Otra práctica de fraude es la manipulación del conteo al cerrar la mesa de votación cuando se reducen votos del rival y se inflan los votos del candidato de la maquinaria. Y esto se hace mediante alteraciones en el E-14 o en el proceso de suma de votos.

Pero aún más. Si el fraude no se concreta en la mesa, la red intenta modificar cifras en los escrutinios municipales, donde muchas veces hay menos vigilancia.

Y ante estas viejas prácticas, la Procuraduría General de la Nación, lo que tiene es como  función, vigilar disciplinariamente a los funcionarios involucrados en el proceso electoral y no pretender engañarse bajo el cuento de que la seguridad electoral es absoluta.

Es más, la procuraduría, cuando se detecta irregularidades en jurados de votación, funcionarios públicos, y  autoridades locales, lo que debe es abrir investigaciones y trasladar los casos a la Fiscalía General de la Nación de Colombia, encargada de investigar los delitos electorales. (Redacción bersoahoy.co - Apoyo de IA)