Vivimos situaciones inéditas en nuestra historia reciente en las que se conjugan las incertidumbres resultantes de la elección presidencial con el crecimiento de los poderes de las organizaciones criminales del narcotráfico, que se suman al control que estas ejercen en algunos territorios con la perpetración de un tenebroso plan pistola contra los miembros de la Policía Nacional, y que extendieron este jueves al presidente Duque y al ministro Molano. Nadie puede soslayar el poder alcanzado por la ilegalidad criminal y el consiguiente peligro que implica para la paz y seguridad en no pocas regiones del país.
El mito del éxito de la paz convenida ha debilitado la posibilidad de acuerdos para combatir la criminalidad y paradójicamente estimulado a sectores radicales del pacto histórico para propugnar por la descalificación de la Policía Nacional, a pesar de los avances continuos en su formación y doctrina y en los logros abundantes de su legítimo accionar. La vengativa matanza de servidores policiales indefensos, que hoy ejecuta la criminalidad por agentes propios o por sicarios debidamente remunerados con las rentas del narcotráfico, debe inquietar también al gobierno entrante que no debería soslayar las dificultades que le esperan en la recuperación de la esquiva seguridad ciudadana. Las desabridas manifestaciones del presidente electo y su designado ministro de defensa no reconfortan a las víctimas y llenan de inquietud respecto a una reforma policial alentada más por la sospecha de un revanchismo injustificado que por el fortalecimiento de la legitimidad de la institución encargada de proveer auxilio y seguridad contra el delito. La solidaridad compungida de la ciudadanía debería inspirar las reformas a una Policía que nunca ha resistido los cambios que mejoren el cumplimiento de su misión constitucional.
Así lo demuestran las sucesivas actualizaciones a la misión policial y a sus procedimientos adelantadas desde las administraciones Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, que han permitido que nuestra Policía sea hoy un referente inspirador para muchas de las instituciones policiales en distintas naciones de diferentes continentes. Es ejemplo a seguir en el avance y mejoramiento continuo de todas las doctrinas, métodos y herramientas para el desempeño policial, lejano del espíritu adánico que por sectarismos ideológicos solo ha conseguido reproducir rotundos fracasos en otras latitudes. Estos antecedentes deben inspirar la tarea del designado ministro de defensa frente a los retos que suponen las organizaciones armadas criminales con sus abundantes recursos, su presencia y preeminencia en variados territorios y su amenaza para la institucionalidad democrática. Garantizar y mantener el orden, la seguridad y la convivencia es la primera tarea para garantizar la vida, las libertades y la confianza en las instituciones indispensables para la supervivencia de toda sociedad organizada. Serán sin duda inquietudes principales en los diferentes diálogos regionales que el nuevo gobierno quiere emprender, y que le convendría atender si lo que realmente pretende es un mandato por la vida. Las situaciones que empiezan a manifestarse en el Cauca, la situación de abandono del Chocó y los reclamos de seguridad en el país, pondrán a prueba la capacidad del designado ministro y la dimensión del nuevo gobierno.
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