La Comisión de Relaciones Exteriores ante la Historia

Mario González Vargas

Poca atención prestó Maduro y su entorno a las desatinadas sugerencias formuladas por el presidente Lula y Gustavo Petro. Días después, el Tribunal Supremo de Venezuela, apéndice del régimen, pese a la evidencia inocultable del fraude que consumó el Consejo Nacional Electoral al proclamar la victoria de Maduro, convalidó, sin tener competencia para hacerlo, el robo de las elecciones. Amanuenses de la dictadura, los magistrados no tuvieron inconveniente en fundar su decisión en las actas de escrutinio que no divulgaron y que permanecerán ocultas, sin importar las múltiples exigencias de publicidad por parte de gobiernos del mundo y de organismos europeos y del sistema interamericano. El sepulcral silencio de Petro, de Lula y de López Obrador, debería excluir cualquiera otra tarea de esa complaciente troika. Insistir en la divulgación de las actas, que nunca sucederá porque evidencia la derrota del régimen, es inútil y podría leerse como solapada complicidad con la dictadura y su latrocinio a la voluntad política de los venezolanos.

Impávido permanece el régimen ante las legítimas reacciones de gobernantes y organismos internacionales porque entiende que carecen de instrumentos que lo obliguen y confía en su capacidad de valerse de un entorno internacional caótico y divisivo que pueda jugar en su favor. Ello explica su solicitud al Parlamento de aprobar a las volandas una ley contra un supuesto “fascismo, neofascismo y crímenes de odio que sancione a quienes promuevan violencia en el país”. Su aprobación sustentaría la ya anunciada convocatoria de una Asamblea Internacional en Caracas para prevenir y combatir el “neofascismo” en el mundo, que paradójicamente convocaría a todos los numerosos sátrapas que hoy oprimen a sus conciudadanos, cuya solidaridad acentuaría la intervención de Rusia, China Irán y Turquía en el hemisferio, y contaría con la connivencia de organizaciones terroristas como Hamás y Hezbollah. Su lema lo formuló Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela: “al fascismo se le enfrenta, al fascismo se le derrota, al fascismo se le aniquila y se le extingue”. El régimen resulta incapaz de mirarse al espejo.

El gobierno de Colombia no puede eludir las consecuencias que implica el terrorismo de estado en el hemisferio. El comentario del sátrapa Maduro a las destempladas sugerencias de Petro, al afirmar que “seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir en los asuntos internos”, expresa una advertencia de parte de quien cobija en su territorio al Eln y al Emc que no debe someter al gobierno colombiano a la triste condición de contemporizar con su criminal conducta. Tampoco lo deben hacer los partidos políticos y sus dirigentes, porque nada de lo que ocurra hoy en Venezuela deja de afectar a Colombia y a todo el continente. Ni complicidad soterrada ni desatención solidaria son permisibles, cuando los propios organismos del sistema interamericano de derechos humanos califican al gobierno de Maduro de terrorista. Esquivar Petro sus responsabilidades en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por Colombia en la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales que le son consustanciales, además de constituir un acto reprobable, sugiere inexplicable benevolencia y complicidad ideológica con una tiranía que perdió toda vergüenza en la represión violenta de la mayoría de sus ciudadanos.

Aunque su decisión no obliga, es de esperar que la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores este martes se inclinen por mantener incólume el apoyo de Colombia a la democracia y a los valores que la sustentan. Ceder a las solidaridades de Petro tiene un precio que la historia difícilmente olvidará.

La indispensable transición democrática

Mario González Vargas

Las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela constituye el único certamen electoral en el que la autoridad proclama vencedor sin aportar las actas de escrutinio que sustenten su decisión, a pesar de las legítimas solicitudes de varios países, especialmente las formuladas por Brasil, Colombia y Méjico, que dieran fe de la trasparencia de los escrutinios y permitieran el reconocimiento de sus resultados. Así lo habían expresado los presidentes Lula, Petro y López Obrador como condición insustituible para avalar su legitimidad, sin hallar satisfacción por parte de un CNE silenciado por el régimen de Maduro y obligado a sostener haber sido víctima de un hackeo de las actas que no denunció hasta cuando se vio compelido a la revelación de las mismas, que no ocurrirá porque confirmarían la autenticidad de las recaudadas por la oposición en los propios centros de votación y de conformidad con la legislación vigente..

La troika presidencial se deshizo con la salida del mejicano que decidió esperar el dictamen del Tribunal Supremo de Venezuela, cooptado por el régimen, sin competencia para la decisión que le confían y que tampoco develará las actas de escrutinio que se hallan a buen resguardo del sátrapa. Lula y Petro, incomprensiblemente proponen la ilusoria conformación de un gobierno de coalición, o repetir las elecciones realizadas bajo las condiciones de la dictadura, sin cambios en su regulación y condiciones, sin consulta con los vencedores el 28 de julio, pero seguramente teñidas de mayor violencia a los electores y más intensa violación de los derechos humanos de los venezolanos. Una especie de ultimátum de sumisión a la oposición y a la inmensa mayoría de los venezolanos que claman por el respeto a su vida y a sus libertades.

El hecho de que el régimen de Maduro se haya autoexcluido de su membresía a la OEA, al sistema interamericano y a sus instrumentos jurídicos para la defensa de la democracia y de los derechos humanos, no sustrae a Colombia y a Brasil de la obligación del respeto de la Carta Democrática de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 23 consagra los derechos políticos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representante libremente elegidos, así como votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal. Repetir las elecciones convocadas por el régimen en las que, a pesar de todas las vulneraciones posibles a las condiciones de un certamen democrático le dieron la victoria a los perseguidos y ultrajados, equivale a someter a la oposición y a los venezolanos a mayores vulneraciones de sus derechos al goce de la democracia y al respeto de la propia vida. Calificar al régimen de Maduro de autoritario y no de dictadura confirma una vez más la deriva ideológica de Lula que contagia a Petro, y a buena parte de la izquierda en las Américas. Si prevaleciera la sensatez se entendería la importancia de contribuir y respaldar la transición que haga posible la transmisión pacífica y concertada del poder a principios de enero del 2025. Es una tarea de alta complejidad que debe resolverse por los venezolanos y acompañarse de eficiente labor diplomática que caracterizan a los cancilleres de Colombia y Brasil. Petro debe entender que se trata de un asunto del mayor interés para la paz en Colombia y la estabilidad democrática en el continente, y conveniente para disipar las sospechas que se ciernen sobre las elecciones del 2026 en el país.

¿Es posible un acuerdo nacional?

Mario González Vargas

Al cumplirse dos años de gobierno el examen de sus logros no podía ser más desalentador e interpela las deficiencias de los actores de una democracia que carece de unidad para enfrentar sus consecuencias. Ambos emulan en improvisaciones que comparadas siempre favorecen paradójicamente al que tiene la obligación de hacer y de cumplir con la agenda de cambio que cosechó las mayorías confiadas en su aparente pericia y capacidad de ejecución. El acuerdo nacional evocado desde el discurso de posesión del presidente reaparece en cada oportunidad en las que el gobierno es sujeto de críticas por su inoperancia, su improvisación y su incapacidad para determinar los contenidos de su inveterada propuesta. Se ha constituido así en una especie de tabla de salvación de su propia ineptitud y de su constante inclinación por dejar franquear las fronteras éticas que no ha sido capaz de identificar.

En la celebración patria del 7 de agosto el presidente recurrió afanoso al mismo expediente, pero acotándolo a cuatro temas específicos: reformas a la salud y a los servicios públicos, implementación del acuerdo de paz y lucha contra la corrupción, sin abordar propuestas distintas a las que han naufragado en las anteriores convocatorias y que sean susceptibles de convocar el interés del país en un nuevo ciclo de búsquedas de consensos que comprometan a la mayoría de los ciudadanos. La errática conducta del gobierno en los anteriores llamados a acuerdos ha sembrado legitima desconfianza en los partidos y movimientos independientes y de oposición que los identifican como un discurso de ocasión que no altera las realidades que circundan a la política nacional. El propio discurso de manutención de su electorado más radical confirma la continuidad de una conducta discriminatoria y descalificadora de sus críticos que acrecienta la desconfianza en la sinceridad del gobierno de atemperar sus ímpetus ideológicos que lo alejan y sustraen de acuerdos cuando se tiene la mira puesta en las elecciones del 2026.

La conformación del nuevo gabinete ratifica la polarización que viene afectando el ejercicio de las tareas de gobierno y sus relaciones con los partidos, organizaciones políticas, gremios y entidades del sector productivo, y contribuyen a extender distancias con el gobierno, generar incertidumbres y hasta desconfianzas que terminan por minar los espacios de concertación para enfrentar retos que deberían ser identificados como comunes por los diferentes actores de la vida nacional. Prevalece la sospecha de que todo llamado a la concertación nacional hace parte de un discurso para impactar momentáneamente la polarización y no una búsqueda de consensos que, aunque mínimos, puedan abrir nuevos espacios de entendimiento que respondan al interés nacional. La prueba más evidente fue la de dinamitar el consenso en la reforma educativa que le costó la cabeza a la sensata e inteligente ministra de educación.

El país vive momentos críticos de inseguridad y corrupción que parecen extenderse sin límites por toda la geografía nacional y amenazan anidarse en todas las actividades ciudadanas, en el ejercicio del poder y en la acción cotidiana de los ciudadanos. Combatirlas debe convocar a la nación y unir los esfuerzos de todos para que no terminen gobernando nuestros destinos. La radiografía de una patria exhausta ante los males que la aquejan debería erigirse en insustituible y poderoso acuerdo nacional para asegurar el futuro de la nación. Los demás asuntos habrán de dirimirse en contiendas propias de las democracias que debemos fortalecer para entronizar la concordia en la vida nacional.

El truco fraudulento para saquear las arcas de la salud

Por Bernardo Socha Acosta

Cuando se denunció que varias clínicas del país formularon medicamentos de alto costo a pacientes inexistente, la opinión pública a la que llegó la información, anheló conocer igualmente las sanciones para los responsables del fraude al estado colombiano y el robo a los cotizantes de la salud.

La denuncia de este presunto fraude la hizo la Revista Raya en el mes de abril pasado sobre, nueve CLÍNICAS que solicitaron al sistema nacional de salud, más de $7.000 millones en medicamentos de muy elevado costo para pacientes que nunca atendieron.

Y la misma Revista Raya en ese artículo, reseña que, afortunadamente la Nueva EPS freno otro intento de cobro por $14 MIL MILLONES, aportando información falsa.

Según la información del periodista Edison Arley Bolaños, director de la Revista, la investigación de la Fiscalía, revela que la mayoría de las formulaciones ilegales fueron realizadas por cuatro clínicas localizadas en, tres de Barranquilla y una de Bogotá, y un hospital público de Antioquia. Agrega que varias de esas clínicas tienen antecedentes de corrupción en el sistema de salud, perpetrado por sus accionistas, pero ellos siguen en el mercado como si nada haya pasado.

Tomado de la Revistas Raya

Pero, desde hace tres años, la fiscalía general conoció esa información, sobre la denuncia penal por fraude que involucra a 15 clínicas que formularon medicamentos de alto costo por más de $21.000 millones destinados a pacientes que no existen.

Quienes tengan interés de conocer a cabalidad el informe que incluye amplia gama de detalles sobre estas perlas que tienen a la salud en estado de calamidad, ingresen aquí a Revista Raya.

Y este penoso y vergonzante preámbulo es para mostrar cómo buena parte de la flamante política tiene arruinado al país y los mismos coautores de esta suerte, intentan irresponsablemente y burlándose de los colombianos, achacarle el agua turbia y contaminada al actual gobierno. Ellos son los directos responsables de lo que hoy vive el país. Pero alguien ingenuamente preguntaría, pero, qué tienen que ver los políticos en esto. Pues mucho.

Y Por qué. Pues se ve claramente, por qué las mayorías en el Congreso de la república impidieron a toda costa aprobar la Reforma a la salud. Porque con esa reforma se le hubiera puesto talanqueras a los ladrones para que fuera más difícil saquear al estado por el lado de la salud. Es que, si aprobaban la reforma, se cortaba la cadena umbilical de corrupción que tiene hoy al borde del colapso el sistema de atención de los afiliados a las distintas EPS e IPS. Es sospechoso entonces por qué algunos políticos se oponen a esas reformas…

Esa forma de actuar de la política en las cámaras legislativas, siembra en los colombianos de bien, las peores dudas sobre la actitud de algunos representantes y senadores de la república. Pero por la ignorancia de muchos electores, estos políticos hacen parte de una institución que podría tener a un país industrializado, con empleo, igualdad de oportunidades, abundante alimento, sin guerrilla y sin violencia.

Todo esto se conseguiría si la política fuera otra con nuevas personas, ajenas a la contaminación y que no dependan de las viejas organizaciones políticas que hoy se llaman las mayorías en el Congreso de la república y que hacen lo que a ellos les plazca para seguir manipulando y arrodillado al país.

Por eso estos mismos politiqueros son los que no quieren que haya inversión en los diferentes campos de la vida nacional, para ellos seguir en las campañas proponiendo lo que no está escrito y engañando a los INGENUOS electores, pero afectando a todo el país. Y, por eso muchos no quieren estar hincados haciéndole venias a estos políticos y entonces han preferido aventurar, al lanzarse al monte no a trabajar y producir bienes, sino a empuñar las armas en busca de una libertad y una mejor vida, que cada vez se complica más.

El ejemplo para los futuros sátrapas

Mario González Vargas

La torpeza siempre ha distinguido a los sátrapas que no saben auscultar las realidades que los circundan que siempre predicen los tristes destinos que les espera. Así ocurrió en la Europa Oriental, después del derrumbe del muro de Berlín, y así cayeron una tras otra las dictaduras militares en la América Latina. Hoy el turno le correspondió al oprobioso régimen chavista y mañana seguramente afectará a los dantescos regímenes de Cuba y Nicaragua.

Maduro y su sequito pensaron que podían impunemente repetir las tramoyas, inhabilitaciones y persecuciones que ejecutaron y desplegaron en los debates electorales del 2013 y 2018. No modificaron ni en un ápice el catálogo de arbitrariedades y de violencia con las que hicieron imposible cualquier opción que contrariara su permanencia en el poder. Con ello pensaron fortalecer los cimientos de un régimen oprobioso y delincuente que les permitiera perpetuarse, sin percatarse que el poder absoluto siempre termina por desquiciar a quienes lo ejercen. No de otra manera se puede entender que Maduro optara por desestimar las penurias infligidas a su pueblo e ignorar que sus desafueros no encuentran en Latinoamérica sino preocupación por la violencia contra el régimen democrático, valor insustituible de la Carta de la OEA que tiene como uno de sus propósitos esenciales el de promover y consolidar la democracia representativa

Las sospechas de fraude siempre estuvieron presentes, no solo por las evidentes amenazas del gobierno y de las demás instituciones del régimen madurista, materializadas muchas veces con las detenciones arbitrarias de dirigentes y activistas, sino también por el inocultable e inmenso respaldo que los venezolanos brindaron a María Corina Machado y al candidato Edmundo González. El melancólico anuncio de los resultados y la consiguiente declaración por el CNE de los supuestamente vencedores, sin huella alguna de las actas de las mesas de votación que confirmaran las cifras anunciadas, ratificaron la consumación del latrocinio cometido y evidenciaron el desprecio del régimen por el respeto de la voluntad de los venezolanos.

Colombia se ha sumado a la exigencia al CNE de revelar las actas de los escrutinios El canciller Murillo y posteriormente el ministro Cristo expresaron que el gobierno venezolano debe dar a conocer todas las actas finales de los escrutinios para que sean auditadas por expertos independientes que permitan determinar la veracidad de los resultados divulgados por el cuestionado CNE de Venezuela. El propio presidente Petro, después de un silencio de varios días, se sumó a la necesidad de contar con “una veeduría internacional profesional, cuyos resultados deben ser acatados por todos los venezolanos y respaldados por la comunidad internacional”, para disipar las diferencias con las copias de las actas en poder de la oposición que afectan los resultados oficiales e impiden cualquier reconocimiento democrático.

Sorprende entonces que Petro haya instruido al embajador colombiano ante la OEA para liderar el abstencionismo que derrotó el proyecto de resolución que instaba al CNE a publicar los resultados de la votación en cada mesa de votación, con lo que se dejó el asunto en manos del Tribunal Supremo de Venezuela que aduce el hackeo a su página y con ello procurar la total seguridad de su incumplimiento. El robo se consumó y desde hoy se convierte en ejemplo a seguir por los aspirantes a sátrapa. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela al tiempo que María Corina Machado teme por su vida e ingresa a la clandestinidad. Un nuevo escenario asoma que no podemos soslayar.