Fuente: Eltiempo.com
Salud Hernández-Mora
Seis miembros de la pudiente familia Martelo Pérez, de Sucre, están de enhorabuena. Si todo va como suponen, recibirán un estupendo regalo de 11.363 millones de pesos de papá Estado. Y no son los únicos.
Otros 26.000 millones de pesos fueron a parar a manos de diferentes agraciados, y hay ya aprobada una partida de 30.000 millones más para que nuevos avispados se lleven su tajada a costa de nuestros impuestos.
Pero como los cerebros que se cranearon la operación son insaciables, el botín se les antojó escaso. De ahí que tengan planeadas otras acciones para arrebatar 270.000 millones de los dineros públicos, esos que Mockus considera sagrados.
Parecen cifras estrafalarias, imposibles, pero son reales como la vida misma.
La rapiña que han fraguado una serie de abogados, peritos y jueces de dudosa honorabilidad, por decir lo menos, deja en pañales el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Porque allí, al menos, había obras que mostrar. Pero acá solo hay inmoralidad para corromper, habilidad para ordeñar las ubres públicas inventando pleitos, impotencia estatal para defender el patrimonio de todos nosotros, y desidia, cuando no complicidad, de los tribunales superiores.
El método al que me refiero es simple, diseñarlo no requiere maestrías en Harvard porque es un calco de renombrados robos millonarios al erario. Unos abogados se ponen de acuerdo con peritos, jueces y algunos magistrados para sacar plata de fondos públicos.
Veamos. Hace bastante tiempo, el extinto Fondo Nacional de Caminos Vecinales, que desde el 2003 está incorporado al Invías, construyó una serie de carreteras terciarias por Sucre y otras regiones costeras.
En el año 2000, por alguna razón que desconozco, una bandada de 'aviones' detecta que pueden hacer un gran negocio y comienzan a disparar demandas.
Paso 1: Alegan que los predios ocupados por las carreteras, propiedad de los demandantes, merecen recibir una compensación. Paso 2: Estaban vencidos todos los plazos judiciales habidos y por haber por la vía de lo contencioso-administrativo, así que buscaron un atajo. Seguirían un camino paralelo, aunque improcedente, que permite que los procesos no se archiven hasta pasados veinte años. Ustedes dirán, no pueden salirse con la suya, los jueces rechazarán las demandas dada la evidente trampa. Craso error.
Paso 3: Hay señores togados que sentencian lo que les parece. Y lo que les parece es que el operativo de saqueo se ajusta a Derecho y el que protesta sin razón es el Invías. Un ejemplo: por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé (Sucre) pasaron tres jueces en 14 meses. En ese periodo dictaron 14 sentencias favorables a los asaltantes. Solo la juez Olga Rosa Pérez emitió cinco fallos en un solo día: el 30 de julio del 2009. ¿Valor total de las condenas que profirió contra el Invías en tan prolífica jornada?: 2.296.931 millones de pesos, una minucia.
Ahora diremos, bueno, está bien, aún hay remedio. Puesto que subirá a otra instancia judicial más alta, ahí sí que se les acabó el paseo.
Pues no, vea, pues.
Paso 4: Más de lo mismo. Con contadísimas excepciones, en los tribunales superiores, como el Administrativo de Sucre, también encuentran justas las reclamaciones. Y en la Corte Suprema, idéntico comportamiento.
El Procurador General mandó en diciembre un escrito al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue a sus pupilos, sin resultado, y en la Corte Constitucional duermen desde hace ocho meses dos tutelas del Invías para revisión.
¿Qué más puede hacer uno si todas las instancias judiciales conspiran contra la probidad y el patrimonio público?
Si Gobierno, altas cortes, Fiscalía y Congreso no trabajan unidos para contener la hemorragia de ese tipo de latrocinios a gran escala, será porque nadan como peces en las turbulentas aguas de la corrupción. Qué pena.
Salud Hernández-Mora
