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martes, 27 de diciembre de 2022

Precios del SOAT motiva diversas reacciones

Por: Bernardo Socha Acosta
A mediados de este mes de diciembre 2022, hubo un gran revuelo en Colombia por los exagerados precios fijados por el gobierno y las compañías aseguradoras, a las pólizas, tanto la obligatoria como las voluntarias, precios que no se compadecen con la situación económica que vive la mayoría de quienes las necesitan.

Hoy de los cerca de 50 millones de habitantes de este país, más de 17 millones tienen un vehículo, incluyendo las motocicletas y no es que tener un vehículo sea una afición o un lujo. No, el vehículo es en la mayoría que lo posee, un elemento de trabajo, porque así lo ha dispuesto la evolución y la revolución industrial que, a propósito, tiene al mundo al borde de la catástrofe, por la falta de planeación, tema que será para analizar en otro momento.

Por ahora ocupémonos de los precios de las pólizas de seguros. El tema no es como para sentarse a pensar o a llorar; es hora de ir actuando para organizar una Asociación de defensa de los usuarios de pólizas, porque es que, como en nuestro país y en otros donde mandan son los dueños del dinero y quienes se agremian para fijarle al pueblo trabajador sus pautas, capprichos o disposiciones orientadas a no dejar perder el poder capitalista, pues el pueblo también tiene que responder con actos legales en su defensa, buscando los medios y las herramientas, como el derecho de Asociación para defender lo suyo e impedir que otros con más poder hagan lo que quieran para imponer sus avaros caprichos.

Es bueno preguntarse. De ¿dónde salen los motivos reales, o factores concretos para fijarle precios tan exorbitantes o escandalosos a los seguros de vehículos?

Si bien es cierto que hay una crisis económica en Colombia y en el mundo, también es necesario que, una mínima parte de esa crisis sea asumida por quienes manejan el dinero y no pretendan recargárselo todo al usuario como son los compradores de pólizas. Con esos precios queda demostrado que las Aseguradoras no quieren que les disminuya en nada sus JUGOSAS utilidades del negocio que anualmente les representa una GRAN FORTUNA.

Y hablando de estos poderosos ingresos por los seguros, dónde ha pensado ese gremio, de ofrecer un mínimo incentivo a los consumidores de pólizas que, pasan los años y no tienen un siniestro; solo se dedican a llevarle plata a esas agencias aseguradoras para enriquecerles las cuentas bancarias. Entonces, tengan un poquito de estrategia o inteligencia, para por lo menos crearle una mínima ilusión a los dueños de vehículo por evitar accidentes y tener que hacer uso de los seguros.

Pero por desgracia, como esa franja del negocio (aseguradoras) quiere hacer lo que les plazca con los dueños de vehículos encareciéndole cada año su valor, pues hay que también responder por las vías legales y si los dueños de vehículos se unen, coronan una batalla.

Habrá que pensar a través de una ley, si es que el congreso de la república quiere ayudar a los afectados de este flagelo, en concertar los precios de las pólizas, porque hasta el momento los valores los fijan, el poder del estado y el poder del dinero privado. Los usuarios tienen que agachar la cabeza y hacer lo que el poder estatal y el poder del capital digan y listo. El consumidor no tiene ninguna opción.

Si se logra crear el gremio de consumidores de pólizas, una de las tares sería comenzar por hacer que se institucionalice la estratificación de usuarios de esos seguros, principalmente del SOAT.

Así como hay estratificación para el pago de servicios públicos y otras actividades, también debe haberlo, principalmente para el SOAT que es un seguro obligatorio. Porque es que en este nivel de servicio también hay quienes tienen capacidad para dos o más automotores particulares por lujo, o por gastar un poco el poder económico que tienen. No así quienes poseen un modesto automotor para sus labores de conseguir el pan de cada día. Estos últimos debieran de pagar menos y los poderosos pagar más, como pareciera la política actual. Vamos a comprobarlo. O se logra dialogando, o habrá que también hacer una resistencia.

Vamos a dejar así estas consideraciones, pero hay que actuar, antes que nos convierten en borregos de silla y de carga y hasta nos aplique la ESPUELA para hacernos correr a comprar pólizas al precio que ellos se les antoje.

bersoa@hotmail.com

jueves, 14 de julio de 2011

Combate a la Corrupción

Por: Pedro Gerardo Tabares C

Para realizar las obras por cuenta de cualquier municipio con cargo al presupuesto se tenía un rubro para el empleado que se encargaría de su cometido. Se hacía la clasificación de las personas que las ejecutarían porque no proliferaban los ingenieros. Se realizaba la labor por maestros de obra acompañados de asistentes y obreros calificados. El funcionario público vigilaba el trabajo, se elaboraban planillas de pagos semanales.

Se puede decir que es ridículo mencionar estas situaciones porque la evolución ha sido trascendente y que las obras eran pequeñas y ahora son de dimensiones superiores. Sin embargo, las labores se subdividen; se contrata personal, y habrá quien responda por determinada labor y otros por partes, de tal manera que cuando un plano o el proyecto se desarrolla habrá responsables, y valga el ejemplo, en vías públicas perfectamente se puede subdividir en pequeñas etapas que lleven a la conformación del total pero como la ley no permite dividir labores se presentan las infracciones a ella, con menoscabo de intereses personales para los servidores públicos y de presupuestos. Se sabe que la licitación pública se torna en vocación a aspiraciones importantes y por sus cuantías, la reina del despilfarro por las participaciones que se dan, lo que no ocurría con pagos individualizados con un solo responsable, que temía las irregularidades por las consecuencias, por sumas mínimas, pues en los casos de billones hacen cálculos no de las ganancias sino de los castigos. Desaparecen las empresas que en argot general se crean de papel y solo quedan responsabilidades y pérdidas para los presupuestos, pues cuando de dinero se trata, los que reciben los dineros al momento de abrir la investigación están insolventes, lo cual no puede sancionarse.

A esto se agrega, que empresas “prestigiosas” contratan trabajadores sencillos, y maestros calificados, a los cuales los ilusionan con pagarles muy bien y que asuman labores con personal que los acompañe, para luego negociar el cobro y finalmente pagarle cantidades irrisorias o simplemente no pagándoles, argumentando que no les pagaron el valor de la obra, lo cual contribuye al desempleo y la violencia. Por ello esto queda dentro de una apreciación que no obstante ser comprobable no trasciende porque los intereses superiores no permiten que se legisle para acabar situaciones que se han creado y devienen desde la primera ley de contratación hace unos treinta años y perduran las consagraciones contractuales y penales que permiten acusar a responsables, inocentes y dejar sin salario a simples trabajadores.

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