La ley que condena a muerte a los colombianos
Por: Libardo Gómez Sánchez
Diario del Huila, Neiva, mayo 23 de 2011
Alemania es una de las mayores economías del mundo; allí el 90% de la población goza de un sistema público de salud, al que cualquiera puede vincularse. Es un sistema privado que para sostener la atención a su población destina cerca del 11% del PIB y los asalariados con cierto nivel de ingresos contribuyen con el 6.5% de los mismos; quien no tiene ingresos o los tiene muy bajos, entra gratuitamente al sistema y recibe atención de la misma calidad.
España, una nación Europea, ligada a nuestro pasado, en la página del Ministerio de Sanidad y Política Social identifica la atención en salud como: “uno de los principales instrumentos de las políticas redistributivas de la renta entre los ciudadanos españoles: cada persona aporta impuestos en función de su capacidad económica y recibe todo tipo de servicios sanitarios, simplemente, en función de sus necesidades de salud”. El sistema público de salud español atiende incluso a los extranjeros residentes que suman más de cinco millones y destina alrededor de 1.500 euros anuales por afiliado, cerca de cuatro millones de pesos, menos de los seis millones que reconoce el gobierno a las EPS en Colombia. Estos son solo dos ejemplos de naciones que teniendo ingresos per cápita mayor que el nuestro, no abandona a su suerte a sus ciudadanos en materia de protección en salud, sino que responsablemente asegura a toda la población, a través de una red pública complementada por oferta privada, servicios de salud sin discriminación alguna. Estas realidades desmienten los argumentos de quienes se han empeñado en convertir a Colombia, en uno de los paraísos para los inversionistas de la salud a través de la Ley 100, norma que convirtió la vida de los colombianos en una vulgar mercancía con la que se ha cometido enormes defraudaciones al Estado y se han forjado los patrimonios con mayor crecimiento en la historia empresarial en el país, destruyendo o feriando el patrimonio público y sobre la base de una pésima atención que ha llenado los estrados judiciales de tutelas, como mecanismo extremo de los pacientes para exigir que se les suministre el cuidado y los medicamentos que sus patologías requieren.
Los escándalos recientes confirman las continuas denuncias que organizaciones médicas, sindicales y sociales venían haciendo sobre ley 100, sin embargo la cúpula del gobierno que ha participado en su formulación y consolidación, pretende confundir a la opinión pública atribuyendo los males a la corrupción de unos mandos medios, cuando es evidente que la facultad a las EPS de establecer la base del cálculo de la unidad de pago, la ausencia absoluta de control de precios de medicamentos, la integración vertical que le permite a las EPS contratar con clínicas de su propiedad servicios a precios y pacientes que ellos deciden; la carencia de control de los organismos gubernamentales y bases de datos manipuladas que facilitan el recobro de servicios por POS y por régimen subsidiado, incluso de pacientes inexistentes, conducen irremediablemente a la corrupción; sin mencionar la reducción de costos por la vía de la formulación de medicamentos baratos, pésimos salarios para el personal médico y paramédico y la improbabilidad de exámenes de laboratorio y clínicos complejos, que complementa la explicación de las utilidades astronómicas de las EPS.
Las lujosas clínicas construidas por las EPS, camuflan un servicio de salud deplorable, que termina por precarizar la salud y asegurar el camino a la muerte. Contra esa ley criminal, millones de colombianos debemos marchar el próximo martes 24, para que definitivamente se suprima la ley 100 y se sustituya por una que asegure la red pública hospitalaria y trate por igual a todos.
