Los alcances de la guerra de Hamas con Israel

Mario González Vargas

Los numerosos y reiterados trinos del presidente Petro sobre el descarnado ataque de Hamás al territorio de Israel no deben sorprendernos, no solamente por antecedentes que en cierta forma lo presagiaban: la reunión del canciller Leyva con el vicepresidente de la República Islámica de Irán al día siguiente de la posesión de Petro, el apoyo al reconocimiento de la República Árabe Saharaui que El Reino de Marruecos considera parte de su territorio, así como lo numerosos acuerdos con la Autoridad Palestina; sino también por su afán de competir por el liderazgo de la izquierda en el continente americano.

Lo inesperado fueron las formas con las que Petro se expresó sobre el ataque de Hamás a Israel, en una avalancha de trinos agresivos, mendaces e injuriosos, impropios para fijar la posición de Colombia, que maltrata a la cancillería y se abroga en solitario e inapropiadamente la conducción de las relaciones internacionales de Colombia al vaivén de sus fantasiosas ambiciones en el competido escenario por el ansiado liderazgo de la izquierda, en el que Luis Inacio Lula y Andrés Manuel López Obrador (Amlo) llevan la ventaja de contar con cancillerías experimentadas en las tareas propias de la diplomacia.

El Hamás es una organización terrorista, cuyo objetivo principal es la destrucción del Estado de Israel y cuya acción demoniaca se nutre de un radicalismo religioso que goza del apoyo de los ayatolas de Irán y de sus congéneres de Afganistán y que hoy cuenta con el soporte de la izquierda internacional. No en vano los presidentes y primeros ministros de Estados Unidos, Francia Alemania, Italia y Reino Unido han conminado a Irán a no extender el conflicto más allá de la franja de Gaza que intente interrumpir el acercamiento entre Israel y la Arabia Saudita, que prolongaría la desestabilización en toda la región del Oriente Medio.

Petro sabe que la presencia de Irán y de la China y de Rusia en Venezuela puede desencadenar cambios sustanciales en los frágiles equilibrios orbitales y continentales de hoy, que las izquierdas se proponen favorecer para promover un proceso de debilitamiento de las potencias democráticas. Oportuno será su viaje a China, como lo ha sido su apoyo a Putin en su invasión a Ucrania. La izquierda cierra filas en el rechazo al capitalismo y al emprendimiento privado que es hoy su caballito de batalla para convertirlo en el culpable de todas las penurias que siempre rondan a las sociedades por culpa de sus iluminados gobernantes. Petro juega en grande, mientras la mayoría de los colombianos, en su entrañable parroquialismo, no percibe los cambios que se asoman, que apuntan a modificar equilibrios orbitales y las instituciones democráticas, y con ello sus condiciones de vida y sus esperanzas de futuro. Es el “activo” con el que se pretende imponernos un estatismo paralizante que subyugue la iniciativa privada y someta a los ciudadanos a la afligida condición de parias en todas las realidades de la vida social. Los ejemplos de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido suficiente espejismo para los que se rehúsan a comprender la dinámica que los va a cobijar. El errático desempeño de Petro abre un triste horizonte para una nación con todas las capacidades para engrandecerse.

El mejor camino para buscar la verdad de la impunidad...

Cortesía: Periodista José Antonio Mantilla

Corte penal internacional: No hay otro camino presidente Petro

5 octubre 2023

Por: Eduardo Montealegre / En la Raya

La Corte Penal Internacional, creada mediante el Estatuto de Roma (1998), es la realización de un viejo sueño de la Ilustración. Más exactamente, del pensador más grande de su época: Immanuel Kant.

Este filósofo alemán sentó las bases del orden internacional contemporáneo, postulando en el siglo XVIII la necesidad de crear una federación de estados y un derecho cosmopolita para alcanzar la paz. La Organización de las Naciones Unidas y, la visión de unos principios universales en materia de protección a los derechos humanos, son un desarrollo de la filosofía política Kantiana. Su concepción del mundo jugó un papel definitivo en científicos como Albert Einstein quien tuvo la íntima convicción de construir un orden mundial basado en postulados diseñados en la “paz perpetua”, famoso opúsculo de Kant.

El Tribunal internacional, creado para investigar y juzgar los más grandes crímenes contra la humanidad, es impensable sin los criterios que él expuso en los albores de la modernidad: la paz como un “fin de la historia”, constituciones republicanas, no injerencia en la autodeterminación de los pueblos, categorías del derecho obligatorias para todas las naciones, entre otras. La posibilidad de convergencia de diferentes escuelas y tradiciones jurídicas que se plasman en el Estatuto de Roma, ya había sido pensada en la obra del intelectual alemán.

Esa posibilidad de cohabitación de sistemas disímiles como el europeo, anglosajón, africano y oriental, era parte de la “utopía” soñada por el hombre ilustre de Könisberg, pequeño pueblo de Prusia Oriental anclado cerca del mar Báltico, perteneciente hoy a Rusia. A partir de los juicios de Nürnberg (1945-1946) y de Tribunales nacionales e internacionales ad-hoc para la investigación penal de violaciones masivas a los derechos humanos, el mundo entendió la necesidad de crear un Tribunal permanente que juzgara estas violaciones.

Experiencias como el caso Yamashita –responsabilidad por el mando, decidido por un tribunal militar en Manila– y Eichmann en Jerusalén –pertenencia a un aparato organizado de poder–, abrieron las puertas para entender que las categorías tradicionales de imputación son insuficientes para comprender los “delitos de sistema” cometidos por estructuras estatales o privadas al margen del derecho.

Parte de esta nueva visión fue desarrollada por el derecho penal internacional de Alemania que orientó el debate hacia la necesidad de imputar organizaciones y explicar los hechos con base en un fundamento: interpretar cada hecho individual como un todo (hecho total), como pieza de un sistema que tiene interrelaciones. El giro también implicó nuevos modelos como la “investigación en contexto”, que requieren la presencia de diversas disciplinas: estadística, politología, matemática, inteligencia artificial.

La política de impunidad que han generado los últimos fiscales generales, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, frente a las violaciones masivas a los derechos humanos, ha creado una situación tan delicada para Colombia que sólo tenemos una salida: el presidente de la República debe solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional asumir las principales investigaciones por crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos durante la vigencia del Estatuto de Roma.

Nos encontramos ante dos fenómenos que activan la competencia del organismo internacional: de una parte, la falla estructural que precipitó Martínez Neira al haber acabado con la potente infraestructura creada por la administración anterior, llamada en su momento _“dirección de análisis y contexto”_; y, la falta de interés de Barbosa (candidato presidencial de la derecha) para impulsar las investigaciones de delitos cometidos por diversos sectores de la élite política y empresarial del país.

El ejemplo más claro de esa falta de interés, es la impunidad de crímenes internacionales cometidos por Álvaro Uribe, como lo son las masacres del Aro y La Granja, y el favorecimiento que hizo al paramilitarismo en la época en que fue gobernador de Antioquia, fenómeno que impulsó luego cuando fue presidente de la República.

Ningún avance hace la Fiscalía en este campo porque Barbosa es un alfil, estratégicamente colocado, que busca cerrojos de impunidad tendientes a impedir que opere la justicia: estas investigaciones están paralizadas. Los “avances” son irrisorios, comparados con la magnitud de las violaciones masivas a los derechos humanos. Las fallas estructurales también son muy delicadas; impera una interpretación equivocada: los jueces no pueden tomar acciones frente a las omisiones sistemáticas de la Fiscalía; reina la tesis de que el ente acusador tiene un margen de discrecionalidad absoluta en la dirección de las investigaciones.

Hipótesis que olvida un elemental criterio proveniente del derecho constitucional: los derechos fundamentales se pueden violar por omisión. También es de fondo, como se dijo, el desmantelamiento progresivo de las herramientas construidas para investigar violaciones masivas. Instrumentos que se construyeron con apoyo de la comunidad internacional: la ICTJ, la Corte Penal Internacional y la opinión de muchos académicos e intelectuales que brindaron aportes significativos para la implementación del modelo.

Existe, claramente, un “bloqueo institucional” propiciado por quienes cometieron crímenes de Estado para impedir que se haga justicia. Esos grupos de poder han llegado al extremo de oponerse abiertamente a la consagración legal de esas herramientas utilizadas por la jurisdicción universal y siguen desmantelando sin rubor alguno las creadas con tanto esfuerzo.

El Estatuto de Roma permite activar la competencia de la Corte de investigar los crímenes cuando el Estado “no esté dispuesto” o “no pueda realmente hacerlo”. Además, las dilaciones de la Fiscalía son injustificadas y no es un ente imparcial: existen denuncias penales fundadas en evidencias serias por ese desvío de poder. Esas tampoco avanzan.

Salvo los impulsos plausibles que da la JEP en materia de evitar la impunidad, la justicia penal colombiana está bloqueada en forma estructural por demoler los modelos y la infraestructura técnica para investigar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos; y porque el fiscal actual no tiene interés en que se llegue a la verdad de los delitos que involucran a los grupos de poder que él representa. Posición que, por cierto, lo puede hacer responsable como encubridor de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Puede ser el primer fiscal general juzgado por la CPI.

Ante esta situación, es deber del presidente de la República, el Estatuto de Roma lo faculta, llevar estos casos ante la Corte Penal: no queda otro camino, presidente Petro. La impunidad es la verdadera enemiga de la paz.

¿Volveremos al pasado oscuro de Colombia?

Por: Bernardo Socha Acosta

Cuando los colombianos nos enteramos de la cantidad de hechos horrorosos que reveló la Justicia Especial para la Paz -JEP- hechos que datan de unos 14 a 18 años y hasta más, pensamos que eran atropellos de derechos humanos y corrupción del pasado, motivados por factores de la violencia que desataban paramilitares y guerrilleros en la época, pero que todo había quedado superado y en la historia triste de este país.

Y, no entendíamos porque un buen número de políticos de alta estirpe representados en el Congreso de la república, buscaba afanosamente acabar con la Justicia Especial para la Paz. Pues claro, tratando de ocultar los horrores del pasado y preparar seguramente el presente y futuro, porque ya lo veremos más adelante. Acabado con la JEP se ocultaría la verdad y como los entes investigadores de la justicia ordinaria poco funcionan, pues…los responsables podrían seguir tranquilos, avanzando a los niveles del pasado oscuro de Colombia.

Y hablando de estos espantosos hechos, en las últimas horas quedamos perplejos (es poquito decirlo) con un informe, de una investigación bien documentada, realizada por periodistas de la Revista Raya y RTVC noticias, que realmente confunde a cualquier persona con sentido común. Este, no es un informe de los que nos tienen acostumbrados algunos medios, que por informar primero, no importa la difamación, rellenan con mentiras y acomodos, aprovechándose de la credibilidad del publico. Y para que, se hagan una idea juiciosa, aquí está el contenido de la investigación en video 

Ese informe deja a cualquier ciudadano desilusionado de nuestra clase dirigente, de saber quiénes pretenden seguir manejando a Colombia y de la calidad e inoperancia de los entes encargados de iniciar los procesos de investigación judicial. 

Pero quedamos aún más alarmados de conocer tantas personas que parece tener deseos de ver a una Colombia en paz y con prosperidad, pero no es cierto. Es una farsa. Estos llamados dirigentes engañan e irrespetan al pueblo como a simples objetos sin valores. Y lastimosamente y para la peor desgracia nacional hay quienes los siguen y hasta los consideran dioses, quienes más tarde se convierten en sus propios verdugos. 

Esos mismos llamados dirigentes son los que trabajan en el Congreso de la república, pero para sus propios intereses y los proyectos que le podría servir al pueblo, los torpedean no haciendo quorum para evitar su aprobación, no importándoles las necesidades de quienes fueron sus electores. Ojo señores electores, con los “calanchines” de provincia que se quieren hacer elegir el 29 de octubre. Cuidado, porque seguimos como estamos. Las situaciones maltrechas de Colombia  de hoy, son frutos del pasado oscuro e injusto de quienes nos han gobernado.

Si estos elementos indeseables para Colombia siguen prosperando con actos de poder, codicia y sembrando odio y muerte, a esta sociedad no le quedará otra alternativa que su extinción y talvez volver a nacer. O, será que tiene que ocurrirle lo de la sentencia Bíblica, con la historia de Sodoma y Gomorra, donde la maldad campeaba por todas partes y fue necesaria su destrucción.

Y los dejamos con una famosa frase de Miguel de Cervantes en su novela, Don Quijote: “Deja que los perros ladren, es señal que avanzamos y señal que cabalgamos”.

Este es el video de la investigación

La democracia amenazada.

Mario González Vargas

Resulta difícil comprender la razón por la cual las sociedades en peligro de perder los beneficios del sistema democrático y de las libertades que lo caracterizan carecen del juicio suficiente para impedir la demolición de las instituciones que lo sustentan, a pesar de que los soportes ideológicos utilizados y sus procedimientos no cambian con el tiempo. Los ejemplos de Cuba en el siglo pasado y de Venezuela y Nicaragua en los primeros decenios de esta centuria, cuyos padecimientos están a la vista de todos, no han sido suficientes para detener a quienes pretenden imponernos iguales fórmulas para sujetarnos a sistemas que conculcan nuestras más legitimas libertades.

Gustavo Petro no ha escondido su predilección por la aplicación de ese credo que se derrumbó después de la caída del muro de Berlín en 1989 y que conservamos cuidadosamente en los anales de la historia para conjurar su repetición. Hoy, desde la presidencia, y valido del apetito burocrático y contractual de partidos decadentes, procura su aplicación y vigencia, con dineros y amenazas de violencia, ante la ceguera de unos y la ignorancia de otros, que le han permitido escalar en una nueva etapa de agresiones factuales y repetitivas contra las empresas y el emprendimiento privados, consustanciales al sistema social y político que ha logrado las mayores conquistas de progreso y bienestar en la historia contemporánea.

Su discurso se ha radicalizado con elementos cada vez más pendencieros y estigmatizantes, que inició con la teoría del decrecimiento y hoy acompaña con arengas virulentas con las que califica de fascista de extrema derecha a sus contradictores, cuando no de asesinos y perpetradores de todas las injusticias que se presentan en la sociedad.

El intento de toma de la Revista Semana por la minga indígena, generosamente financiada por el gobierno, es consecuencia de la radicalización de su discurso que se extiende a la empresa privada, a la propiedad privada, y con ello a todas las formas que ella revista: las EPS, los fondos privados de ahorro pensional, la propiedad de la tierra, o todo emprendimiento privado cualquiera sea su objeto social y su actividad comercial.

Está llegando la hora de enfrentar los peligros que se acrecientan. Quizás a ello se deba la actitud del Congreso de retardar la aprobación de las reformas presentadas por el gobierno, pero llegará más temprano que tarde el momento de tomar decisiones por parte de todos los potenciales afectados por los objetivos del gobierno de dar libre curso a su agenda progresista y confiscadora. La incapacidad de ejecución del gobierno resulta prueba fehaciente de que la estatización del régimen hará imposible atender razonablemente todas las necesidades requeridas para superar los retos que se confrontan. Los gobiernos no producen riquezas, solo gastan, y los dictadores sin límites en provecho propio.

La democracia debe defenderse con los instrumentos que le son propios. Los estamentos de la sociedad deben influir en la decisión de las políticas públicas para que ellas respondan a las necesidades de la nación y alcancen mayores índices de legitimidad. Debe hacerse ahora, antes de que sea tarde para la defensa de las libertades.

El país carece de rumbo y de timonel.

Mario González Vargas

La proximidad de las elecciones regionales acentúa la persistencia de Petro de gobernar como si aún estuviera en campaña electoral. Lastimosamente su ejercicio de la presidencia revela que no ha logrado el tránsito de candidato a presidente, lo que lo induce a insistir en vender ilusiones para mitigar la angustia de sentirse huérfano de resultados. Las manifestaciones públicas del pasado miércoles no alcanzaron su objetivo, pero si develaron el obstinado propósito de intervención indebida en el debate electoral.

La procuradora llamó la atención del presidente para que las movilizaciones no se utilizaran como plataforma para favorecer candidatos en los comicios del 29 de octubre. Le recordó la jurisprudencia vigente que dispone: “hechos de esa naturaleza pueden generar en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con los equilibrios de la contienda”. La insólita respuesta de Petro fue traer a colación el ejemplo del presidente Biden apoyando una huelga en una fábrica de autos, sin reparar que Biden solo se valió de un megáfono, mientras que Petro irrigó cuantiosos dineros públicos para asegurar la asistencia de sus conmilitones, en clara y prohibida financiación del certamen político, que contó además con la presencia de las organizaciones indígenas del CRIC y de la ONIC, contratistas de varias entidades del gobierno por un valor superior a los 120.000 millones de pesos, y que transportaron 15.000 manifestantes a Bogotá para evitar las pobres asistencias que se vieron en otras ciudades capitales del país.

Con su intemperancia y la orden a sus ministros de priorizar sus tareas de activistas sobre los deberes de sus cargos, agrega un peligro más a los que ya rondan a las elecciones con la libertad concedida a las organizaciones criminales con poder territorial de alterar la voluntad de los electores y el libre accionar de los candidatos. Debe preocupar entonces la afirmación del presidente de “si mañana hubiera elecciones, otra vez ganábamos la presidencia”, porque Petro siempre revela prematuramente sus objetivos políticos y hoy teje las identidades necesarias.

El presidente exhibe una rotunda incapacidad de gestión, de atención al presupuesto y a las más elementales tareas y deberes del gobierno. Carece de un proyecto de nación que le dificulta coordinarse con los territorios y sus gobernadores y alcaldes. La supuesta toma de Bogotá constituye la mejor evidencia de su talante improvisador, con el que dice pretender atención a las necesidades de las poblaciones, cuando en realidad su propósito se limita a favorecer a Gustavo Bolívar para conjurar el peligro de perder el caudal electoral que obtuvo en las elecciones presidenciales. Mientras tanto continua en su tarea de desmantelar los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para dar libertad a la incapacidad ya probada de su activista carente de atributos para el desempeño de sus responsabilidades como ministro de defensa.

El país carece de rumbo y de timonel. “Menos marchas y más gobierno” pregonan algunos. No serán escuchados porque el presidente nos notificó que la suerte está echada. No en vano se identifica con el presidente general Melo.

El pacto del entonces presidente Misael Pastrana

Colaboración del periodista José Antonio Mantilla, quien dice:  Para quienes olvidan la historia y corren el peligro de repetirla, les dejo este artículo de doña Patricia Lara Salive, tomado de El Espectador, y el cual se ciñe en todo a la verdad.:

OPINIÓN POLÍTICA...

20 SEPTIEMBRE, 2023

Por Patricias Lara Salive / El Espectador

¡Este país se ha godificado de una manera atroz!

Tanto escándalo que han hecho con la reforma agraria del presidente Gustavo Petro, y la del presidente Carlos Lleras Restrepo fue mucho más de izquierda, más avanzada: Lleras contemplaba la expropiación de las tierras inadecuadamente explotadas, mientras que Petro, hasta ahora, lo que ha dicho es que les comprará las tierras a los ganaderos para distribuirlas luego entre los campesinos.

La historia, en resumen, es la siguiente: en 1961, siendo presidente Alberto Lleras Camargo, el entonces senador Carlos Lleras impulsó y logró la aprobación de la Ley 135 de reforma agraria, que establecía la entrega de tierras a los campesinos carentes de ellas, la adecuación de tierras para incorporarlas a la producción y su dotación con servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios.

En ese mismo año se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), cuyo primer director fue Enrique Peñalosa Camargo (hombre extraordinario, padre del exalcalde Enrique Peñalosa Londoño), quien después fue ministro de Agricultura de Carlos Lleras. Los dos Lleras y Peñalosa iniciaron la reforma agraria, la cual después fue frenada por el siguiente presidente conservador, Guillermo León Valencia. Pero luego, durante el gobierno de Carlos Lleras, la reforma agraria se convirtió en una de sus principales prioridades. (Recuerdo que en esa época a mi tía Amelia Lara le “incoraron” —es decir, le expropiaron— la finca).

Carlos Lleras, por su política agraria, soportó una fuerte oposición de los sectores latifundistas. Entonces creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), similar a los Comités Municipales para la Reforma Agraria que quiere crear el Gobierno de Petro para promover “la movilización y organización campesina”, mediante un proyecto de decreto que encendió la polémica esta semana.

Así, pues, en su gobierno Carlos Lleras impulsó la reforma agraria, con expropiaciones de tierras improductivas y construcción de distritos de riego, etc. Pero llegaron los godos y se la tiraron: el sucesor de Lleras Restrepo, el conservador Misael Pastrana, firmó con congresistas y latifundistas el Pacto de Chicoral el 9 de enero de 1972, cuyo propósito fue frenar la reforma agraria.

¿Saben cuál fue una de las consecuencias de ese famoso pacto? Debido a la inmensa frustración que generó en los campesinos el frenazo en seco de la reforma agraria, muchísimos de ellos se sumaron entonces a las FARC y al EPL y, especialmente, fortalecieron el ELN, que había quedado diezmado por la Operación Anorí, ocurrida entre agosto y octubre de 1973, en la que murieron sus dirigentes Antonio y Manuel Vásquez Castaño.

Y ahora estamos en las que estamos, con el 93 % de la tierra en poder del 7 % de la población.

Le pregunté al historiador Álvaro Tirado Mejía (para no quedar ante ustedes de llerista dogmática) qué diferencia hay entre la reforma agraria de Petro y la de Carlos Lleras. Él me respondió: “La de Lleras era más avanzada, había sido precedida por un amplio debate nacional y estaba sustentada en una ley. En la de Petro hay ideas buenas, pero no tiene una sustentación clara. Hasta ahora son proyectos sin un rumbo definido”.

De modo que a definir el rumbo, presidente. La reforma agraria debe hacerse bien y rápido. De lo contrario, esa nueva frustración haría que se le incendiara el país.

Colombia necesita escuelas de formación política integral

Por: Bernardo Socha Acosta

Con justa razón las autoridades electorales de Santander les llamaron la atención a muchos candidatos que se quedaron rezagados en el pasado, y siguen haciendo política rastrera con las peores y reprochables costumbres de querer atraer simpatizantes, insultando y hasta calumniando a sus oponentes.

En el más reciente Comité de Seguimiento electoral luego de escucharse a los candidatos haciendo denuncias por amenazas, los representantes de los entes de seguridad, hicieron un llamado a los políticos para que demuestren respeto por las comunidades, mejorando el discurso de odio, evitando las riñas que terminen en hechos lamentables y crear ideas y propuestas que incentiven el voto de los ciudadanos.

Estaba faltando una inyección de pedagogía de parte de las autoridades electorales, para que los aspirantes a las alcaldías, gobernación, concejos municipales, la asamblea de diputados y juntas administradoras locales, tengan mejores prácticas al hacer sus campañas, de acuerdo a la evolución que ha logrado la sociedad.

Pero eso no es solo para Santander, esta terapia debe extenderse para todo el país.

Es que el arraigo de la política del pasado no ha evolucionado en nada entre algunos dirigentes que erróneamente creen que al insultar al contrario, va a recibir más respaldo. No señores, las épocas han cambiado y hoy lo que los electores quieren es escuchar propuestas y no cualquier mentira. Las propuestas deben ser proyectos realizables; no propuestas fruto de una imaginación inmadura y engañosa que lo único que traería sería más aversión de las comunidades contra los políticos.

Y es el momento de hacerle otra crítica a algunos políticos. Eso de estar pegando papeles en el ornato público, es otra sucia práctica del pasado. Esos candidatos que fijan afiches en postes y paredes deben recibir el duro rechazo de los electores y ni siquiera determinarlos para el día de elecciones. Y, que decir de quienes con altoparlantes contaminan el ambiente gritando y prometiendo cosas que más que atraer, causan rechazo. Para qué ha llegado la tecnología. Para qué están tan adelantadas las comunicaciones en RED. La tecnología de Internet es para llegar de forma culta a los electores. Cada persona sabrá si acoge o rechaza a ese candidato cuando le llega en línea para pedir su respaldo.

Pueda ser que los candidatos que aún están en el pasado, se modernicen y cambien al mismo tiempo el pensamiento del elector, porque la política parece que cada día recibe más rechazo ciudadano.

Ojalá que el estado y los movimientos políticos pensaran en establecer escuelas de líderes para formar, no politiqueros, sino verdaderos dirigentes integrales, responsables, respetuosos por las ideas de los demás, constructores de paz y creadores de progreso nacional.

bersoa@hotmail.com

La hora de la justicia

Mario González Vargas

Resulta difícil comprender que después de haber expedido el certificado de defunción de la coalición que el presidente prohijó al iniciar su mandato para dar paso a una exacerbada polarización, sectores de la opinión nacional aún contemplen la posibilidad de hallar espacios de entendimiento que constituyan algo más que una simple abdicación de todos los valores que conforman un régimen democrático. El que Petro no haya escondido, durante la campaña electoral y en los primeros meses de su agitado gobierno, ninguno de los contenidos de su programa, y con ello los objetivos de su mandato, desautoriza cualquier arranque de ingenuidad que permita hoy esperar la corrección del rumbo señalado. Las obsesiones ideológicas que lo guían se han extremado y expresado abiertamente en todo escenario, local, nacional o internacional y alimentan los instrumentos estratégicos de su combate político.

Dos son los ejes principales de la actividad política del presidente con los que persigue llevar a buen puerto el control de la sociedad y de las instituciones.

Mediante la paz total, entendida como la legalización de todas las organizaciones armadas ilegales y de los combos urbanos del delito, procura crear instancias de participación ciudadana paralelas que le sirvan de apoyo y excluyan a las que podrían oponerse a sus reformas y designios. Así ha procedido con el Eln y así sucede con el denominado Estado Mayor Central de Iván Mordisco, que después de convenir un acuerdo preliminar para el desarrollo de once puntos conducentes al cese del fuego, se sintió libre de desplegar su arsenal de muerte en los municipios de Buenos Aires, Suarez y Santander de Quilichao en letal demonstración de su poder de fuego y control territorial tristemente consentido por el gobierno. El debilitamiento de las instituciones que conforman la Fuerza Pública, en su mando y recursos, ha sido el primer objetivo del gobierno en procura de una guardia pretoriana que acompañe y asegure el tránsito a la nueva institucionalidad.

Se asoma un nuevo régimen que pretende acompañarse de una profunda revisión de la propiedad como se desprende de los borradores de decretos de reforma agraria que ya circulan entre bastidores. El proyecto de decreto que elimina la fase judicial para los procesos agrarios de extinción de dominio y adopta la vía administrativa a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, juez y parte, y el que convoca marchas campesinas financiadas por el gobierno para supuestamente defender la reforma agraria, terminarán auspiciando las vías de hecho y la pauperización del agro, con los costos sociales y económicos consiguientes.

La institucionalidad confronta su mayor prueba en la historia reciente del país. El Congreso y los partidos han perdido el apoyo ciudadano, dubitaciones sin resolución paralizan al estamento gremial, los lideres escasean o no alcanzan a avizorar el horizonte deseado, la polarización ensombrece el escenario, la incertidumbre cunde por doquier y la violencia se extiende por todo el territorio. El gobierno pretende apoderarse de la calle, escenario en el que encontrará réplica. Es la hora de la Justicia para recuperar la confianza. Ojalá así sea.

Levantar muros en las fronteras no frena el éxodo social

Fórmulas para reducir el desplazamiento social de un país a otro

Por: Bernardo Socha Acosta

Con la preocupante zozobra que está dejando la masiva migración de personas de unos países a otros en busca de mejores oportunidades de supervivencia, parece que a nadie se le había ocurrido que el grave problema no se soluciona con levantar muros para no dejar pasar a esas personas de una nación a otra.

Para cualquier persona con mediana capacidad intelectual, ocurrírsele construir muros, es algo más que una medida infantil, y es además ignorar la capacidad de actuar de los migrantes en busca de otras formas y lugares para cruzar las fronteras.

La referencia a este tema surge porque, un gobierno limítrofe, le pidió a su homólogo de Colombia intervenir con otros países y acordar un proyecto para cerrar, mediante un muro el llamado TAPON del Darién por donde pasan a diario centenares de personas con destino a Centro América y de ahí a  Estados Unidos y otros.

Pues el presidente de Colombia en desarrollo de la Asamblea de las Naciones Unidas que se realizó en Nueva York, respondió que esa no es la solución, según la reunión inicial que el mandatario Gustavo Petro sostuvo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, con quien analizó las alternativas que se deben buscar para que ese éxodo se frene con mejoras de los niveles de vida en cada país de origen, para lo cual las naciones pudientes y la banca mundial deben hacer aportes de ayuda para las comunidades pobres, de lo contrario la situación llegará a extremos incontrolables.

Textualmente el presidente de Colombia expresó fórmulas concretas, de cómo comenzar a reducir los desplazamientos de familias, y manifestó en la ONU: “el mundo debe identificar la causa de la migración y que la mejor manera de acabar el éxodo es que haya prosperidad en los países de origen de los inmigrantes”.

Acerca de cómo mejorar los niveles de vida de las familias potenciales de migración de Venezuela, el presidente Petro sostuvo: “La alternativa es desbloquear económicamente a Venezuela y una posibilidad es “liberar fondos de manera progresiva” y agregó: “Hemos pedido que a través de la Corporación Andina de Fomento se permita tramitar los dineros propiedad de Venezuela en el FMI​ (Fondo Monetario Internacional), los llamados derechos especiales de giro, por una cuantía de 5.000 millones de dólares para empezar a lograr un mejor bienestar de la población en Venezuela, que es lo que permitiría disminuir sustancialmente el flujo del Tapón del Darién”.

Y al reiterar su teoría de solución apuntó: “Si disminuye el flujo de personas migrantes, disminuye la posibilidad de enriquecimiento de mafias” y punto seguido enfatizó: “Lo que estamos observando en el tapón del Darién, efectivamente, es que cerca de 30 millones de dólares son capturados de los bolsillos de las personas que emigran, por este tipo de mafias para pagar los pasos, las travesías por el mar, etcétera”.

Explicó que las mafias se enriquecen con el éxodo de esas personas y producen nuevas esclavitudes. “Utilizan a las mujeres, utilizan a los niños para una serie de actividades que tienen que ver con sus negocios ilícitos, incluso el trabajo forzado”. Aseveró el señor Gustavo Petro.

El jefe del estado colombiano hizo otras precisiones durante su intervención en la Asamblea de la ONU, para dejar claro que muchas acciones que toman los países ricos están empobreciendo a la mayor parte del mundo, con los consabidos futuros resultados.

En resumen, el presidente de los colombianos desvirtuó ante la ONU, que levantar muros en las fronteras para frenar las migraciones, es un acto UNÚTIL. Lo que frena el éxodo social, es ofrecer mejores niveles de vida en los países de origen del desplazamiento.