“La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”, dispone el artículo tercero de nuestra Constitución Política.
Resulta evidente que, dentro del concepto de Estado de Derecho, ningún poder derivado puede, mediante tratados o convenios celebrados con otras potencias comprometer la soberanía que “reside exclusivamente en el pueblo”; por consiguiente los tratados que celebre la República de Colombia sólo serán válidos en cuanto éstos no vulneren la soberanía; por principio inalienable los tratados deben respetar y mantener la independencia nacional en todas sus manifestaciones.
Cuando están por cumplirse doscientos años del llamado grito de independencia del veinte (20) de Julio de 1810 que dio comienzo, en el Virreinato de la Nueva Granada, a la revolución liberadora del dominio colonial español, da vergüenza y causa pena admitir que por la decisión irresponsable y apátrida del Congreso de Colombia y por la imposición del Presidente de la República hemos enajenado nuestra independencia y nuestra soberanía nacional mediante la aprobación del Tratado de Libre Comercio que nos impone unas condiciones de sometimiento económico y político a los Estados Unidos.
El Tratado de Libre Comercio responde a las necesidades y exigencias de la economía norteamericana que busca quebrantar la soberanía, la autodeterminación, de los países de su área de influencia para convertirlos en vasallos y, mediante el sometimiento, apropiarse de las fuentes de abastecimiento de materias primas y asegurar un mercado cautivo para sus sobrantes y los productos que son desechados por sus consumidores nacionales; así, por la gracia del T.L.C. los colombianos consumiremos los desechos de pollo que se niegan a consumir los norteamericanos y de paso le daremos entierro de pobre a la producción avícola nacional que, en nuestro Departamento es una de las mayores fuentes de empleo; igualmente se restringirá el consumo de huevos, producto básico de la canasta familiar que sólo estará al alcance de los pocos consumidores que puedan pagar sus altos precios que generará la destrucción del inventario avícola.
Mediante el Tratado de Libre Comercio que se ha suscrito con los Estados Unidos el Estado Colombiano queda maniatado a los intereses de los monopolios trasnacionales que, con la intervención de tribunales internacionales hechos a su medida y el apoyo las autoridades colombianas, impondrán su voluntad a los industriales y agricultores nativos.
El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, aprobado sin mayores análisis por el Congreso de Colombia y sancionado por el Presidente ALVARO URIBE como Ley 1143 de 2007 augura negros nubarrones para el país; al entrar en vigencia el T.L.C. los productores colombianos deberán pagar grandes regalías para acceder a las patentes concedidas a los monopolios sobre las semillas y los productos y procedimientos industriales y, además, deberán competir en condiciones adversas y desiguales frente a los grandes subsidios que le otorga el Gobierno de Estados Unidos a la industria y a la agricultura de ese país.
En un horizonte próximo, cuando comience la fatídica era del T.L.C. que se avecina, se vislumbra en nuestro país el desabastecimiento de productos agrícolas y ganaderos esenciales para la nutrición de la población y, desde luego, el crecimiento del desempleo, la violencia y la pobreza para las mayorías nacionales como contrapartida de las fabulosas ganancias que obtendrán los monopolios.
Ante este panorama desolador los colombianos debemos realizar un plebiscito nacional para recuperar la soberanía nacional y rechazar y dejar sin efecto los tratados de sometimiento al capital internacional y al imperialismo norteamericano promovidos por el gobierno uribista.
Bucaramanga, Julio 05 de 2007
REINALDO RAMIREZ
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