EL ROPAJE QUE FALTABA

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Por: Gerardo Delgado Silva

Esta es una hora de tinieblas para el país. La actitud permisiva del liviano ministro del Interior y de Justicia, al prohijar la aspiración de unos desmovilizados paramilitares de hacer campañas políticas con el fin de acceder a cargos de elección popular, no es un gesto que contribuya a la democracia, a la justicia y a la paz; antes por el contrario es un despropósito en detrimento de nuestras instituciones jurídicas, que desarticula los principios morales y revela una rendición del Estado a los bastardos intereses de los depredadores, elevando oficialmente el delito como fuente del derecho.

Aristóteles el más grande sabio de la antigüedad, en su “Ética a Nicómaco”, considera que la política es la continuación de ésta.

Y bien. Los empleados públicos tienen que ceñirse a las funciones que les señalan la Constitución y las leyes de la República, y además, aquellas que se desprenden del orden moral de sus conciencias.

El actual ministro, incurre a menudo en pronunciamientos de carácter político, que son simples descarrilamientos constitucionales.

De ahí, que debería estar más preocupado de adelantar una verdadera cruzada a favor del prestigio de la justicia y de su eficacia, en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad, en esa llamada “Ley de Justicia y Paz”, y en el necesario combate contra el desorbitado progreso de la criminalidad, en todo el espacio de nuestra patria.

¿Por qué el gobierno, con las afirmaciones del ministro, niega tácitamente la honda dislocación que ha sufrido la sociedad por la conducta de los desmovilizados, que no han abandonado el crimen pues mantienen los lazos que los atan a los nuevos integrantes, como se advierte en el informe de la OEA?

¿Estos son los horizontes ejemplares que se le abren a la juventud?

Entonarles un cántico a las aspiraciones políticas de los paramilitares, es agregar sin medida, una amargura amarguísima, a la absurda tragedia de las víctimas, es vejarlas como lo hizo personalmente el ministro, con la niña huérfana de uno de los diputados de Cali, comportamiento repugnante y cobarde, que equivale a colaborar con los verdugos, en una injusticia suprema.

Y sin más ideales que su posición clientelista en el poder, banaliza el concepto de justicia, de los derechos humanos que afirman el valor supremo del hombre, del derecho natural, es decir la moral social imprescriptible, y desconoce irrespetuosamente, el “Manifiesto Ideológico”, de su partido conservador, cuando no era mendicante, que decía: “El partido conservador, ante la crisis moral, (sin vislumbrar lo de ahora) quiere dar un grito de rebeldía y de liberación… La crítica depuradora ha sido siempre parte integrante del patrimonio histórico del conservatismo…”.

Lo que está oculto, y no ha tenido hasta el momento explicación, es que el gobierno al parecer considera correcta la recomendación de Tariq Alí: “Vamos a castigar los crímenes de nuestros enemigos y recompensar los crímenes de nuestros amigos”. (El País, 20–9–01).

Al respecto de esa aspiración política de los 30.000 desmovilizados, que no han recibido beneficios de indultos o de otra naturaleza, al tenor de la Ley de Justicia y Paz, que contempla también, la pena alternativa para los delitos de lesa humanidad, que no han cumplido con el derecho de las víctimas a la “verdad, justicia y reparación”, ¿se les deben allanar los caminos para sacralizar con la impunidad sus prácticas execrables y degradantes?

Ahora bien. Previendo simulaciones, en el año 2005, un grupo de Demócratas y Republicanos, en carta enviada al Presidente Uribe, según The New York Times y Chicago Tribune, solicitan en singular tarea, el “desmantelamiento efectivo de las estructuras de las organizaciones terroristas extranjeras, en este caso las AUC”.

¿El gobierno les cumplió a los congresistas, desmontando la estructura subterránea de narcos y paramilitares?

¿Entonces, porqué se extiende implacablemente un control en muchas de las instituciones de elección popular, encabezado por los parapolíticos? ¿Lo que buscan los desmovilizados, es el control absoluto de toda la sociedad?

¿No estarían en ventaja los desmovilizados prepotentes, para hacer política con sumas multimillonarias y las manos de hierro de las nuevas estructuras paramilitares que llegan a 84, según Indepaz, frente a ciudadanos decorosos, que nunca han incurrido en conductas desafiantes de las normas penales?

Es una indiscutible verdad. Cuando se llega a la cúpula de las altas posiciones del Estado, nadie puede ser ligero, ni ingrávido, con pronunciamientos que induzcan a pensar en un ropaje de bendiciones, al pasado atroz de muchos facinerosos altos y bajos.

Pero el Estado, cierra los ojos ante el siniestro retoño de nuevos grupos, con un total de 9.078 integrantes, según Indepaz. Cualquier día puede sacárselos, como lo hacen los cuervos.

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