¿EN QUÉ MANOS ESTAMOS?

casino online
Por: Gerardo Delgado Silva

No parece tener límites el repertorio de atrocidades a que nos han tenido acostumbrados inicuamente las FARC y los Paramilitares, en contubernio con las mafias. Contamos además con otras abominaciones. Como se infiere, al salir a la luz pública, las prácticas sistemáticas de crímenes de lesa humanidad, cometidos por miembros de la Institución erigida precisamente, para defender y sostener el orden jurídico, la seguridad de la nación; hoy con el ropaje impostor de “seguridad democrática”. Naturalmente, es el argumento central del Presidente Uribe, “comandante supremo de las fuerzas armadas de la República” (artículo 189 Constitución Política), que entona un canto de esperanza a la vida, proclamadamente humanitario, pero revelador siniestro de las contradicciones, con tanto espíritu bélico.

La Comunidad Internacional, contempla estupefacta, que el Presidente Uribe, atrincherado en esa “seguridad democrática” –que en nada ha contribuido a superar el descorazonador deterioro social; ni la catástrofe humanitaria; ni la cobertura escolar; tampoco a que se asuma la reparación de miles y miles de víctimas; así mismo, a vencer la corrupción, que sumerge al país, y, menos a sembrar la más pura expresión de paz- soslaye la moral cristiana, traducida en los principios básicos de nuestra Constitución y Leyes, y simule arrogantemente, para justificar su omnipotencia, en hipócrita disculpa, que separando a veintisiete militares de la fuerza pública, al parecer concertada, puede atenuar la sacralización de prácticas degradantes, bajo la vieja enseña de que “el fin justifica los medios”. Empero, permanece intacta, no se suprime la vulneración vergonzosa, sin tiempo, de las normas del Derecho Internacional Humanitario, y de nuestra Constitución Política. En tanto, el porvenir del país, se ve asombrosamente amenazado con estos otros crímenes de lesa humanidad, contra desposeídos y excluídos como seres humanos, en el más negro y triste espectáculo de agazapado fascismo, ante el mundo.

En efecto, si se libra como debe librarse, una lucha persistente contra el terrorismo, no puede abandonarse la razón, y caer en su ferocidad apocalíptica, cruzando sus vastos dominios, para desatarlo contra jóvenes inocentes, sumidos en una proverbial inequidad. Es decir, para quienes la desgracia, se cirnió sobre la miseria. En este trance, como alcanzados en una trampa, son secuestrados por paramilitares, que los arrojan sin pausa a los poderes tenebrosos de unos militares con la moral en ruinas, quienes enardecidos por las “bajas”, que les generan premios aureolados por el Gobierno, acometen insidiosamente contra sus vidas, convertidas en instantes de horror y espanto, como cabe imaginarnos, en guiñapos teñidos de sangre, y fatalmente arrojados en fosas indecentes, para mayor ofensa y humillación. Constituye uno de los más tétricos testimonios mudos de nuestro tiempo. Curiosa manera esta, de celebrar los sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, como dice Shakespeare, en Hamlet: “Las malas acciones, aunque toda la tierra las oculte, se descubren al fin a la vista humana”.

Ahora bien. “La directiva ministerial 029 de 2005”, es una explanada absurda de la muerte, que consagra la política estatal de los privilegios o recompensas, erigiendo el delito, en fuente del derecho, y coetaneamente poniendo de relieve el desmedro de la ley y la moral, con sus degradantes consecuencias en la patria.

Empero, ¿Cómo se van a detener las furias del averno, con los falsos positivos militares, si su “comandante supremo”, el Presidente Uribe, envía mensajes bajo los signos de la desintegración jurídica, para “crear un orden nuevo”, como perfecto epígono de Bush, que soñó con el replanteamiento de las leyes internacionales, y la “justicia infinita”?. Justicia que, por definirse de esta naturaleza solo puede emanar de un Ser que sea necesariamente Infinito.
Evidentemente, las palabras del Presidente Uribe en abril de 2006 en Santa Marta, son una persuasión psicológica a delinquir: “Hay que linchar a los corruptos, nada de pañitos tibios, compatriotas: linchemos a los corruptos” (la negrilla fuera de texto).

Y hace poco tiempo, en un Concejo Comunal en Medellín, ordenó a un General con respecto a unos delincuentes: “Acábelos por cuenta mía, no se preocupe, mi General”.

El mundo no puede olvidar, la deleitación morbosa del Ministro Santos, al bendecir con la aquiescencia oficial, la horrenda presentación de la mano de un jefe subversivo, por quien siendo su compañero, lo asesinó para obtener la “recompensa”. Lo cual nos demuestra nítidamente la incapacidad del Gobierno para combatir el delito y someter dentro del derecho fundamental del debido proceso, a los delincuentes. Así pues, la labor de sanidad espiritual que debe cumplir el Estado, no puede alcanzar jamás su finalidad redentora.

¿Este es un país cristiano, que ha renunciado a la dignidad, que le da a cada persona su propio e individual ser? ¿No debía ser un dato del pasado la vileza y la crueldad a la que llegó la mente humana enceguecida por el fanatismo y la locura?

Todos los tratadistas de moral psicológica, enseñan, que el hombre para ser moral, no debe salirse de su condición humana, ni elevarse por encima de ella.

Entonces, en este vórtice dantesco, para banalizar y simplificar los crímenes contra la humanidad, cometidos por militares, el gobierno de Uribe, que de tiempo atrás estaba al tanto de las llamadas “pirámides”, acomete su intervención tardíamente, como signo de distracción colectiva; un anuncio del olvido de las atrocidades, y así extirpar estos malos recuerdos, con acento de persuasión para enajenados, en el sentido de que pueden coexistir los excesos de la fuerza pública, en esta aparente democracia.

Pero ningún colombiano razonable y decoroso, puede ser ajeno a este drama de la patria. Y es que el mandato constitucional, establece para el Estado, el imperativo de asegurar la intangibilidad de la dignidad y de la vida humana, por encima y antes de cualquier otra norma de dicho estatuto. Sin embargo, para el Gobierno de Uribe, el Estado de Derecho, es una fantasmagoría constitucional que quedó atrás como correspondiente a una época babélica.

Y a lo anterior se añade, que la liberación del guerrillero ISAZA, es contraria al tenor de lo estatuído en nuestra Constitución y los convenios especiales, contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, que regulan el intercambio de prisioneros. Es como una amnistía, disfrazada, sin aprobación en el Congreso, y que incluye para befa desconcertante, los delitos de lesa humanidad. Y sobre estas ostensibles indignidades, se asienta la posibilidad de la paz, seriamente comprometidos el orden jurídico y los principios morales.

Ante este desalentador panorama de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, permítanme citar el pensamiento de Martin Niemöller, atribuido erróneamente al gran dramaturgo y poeta Bertolt Brecht: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,/ guardé silencio, porque yo no era comunista,/ cuando encarcelaron a los socialdemócratas,/ guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata,/ cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,/ no protesté, porque yo no era sindicalista,/ cuando vinieron a llevarse a los judíos,/ no protesté, porque yo no era judío,/ cuando vinieron a buscarme, era demasiado tarde,/ no había nadie más que pudiera protestar”. Volver a Inicio >