viernes, 17 de julio de 2009

SUMA INJURIA

-----------------------Por: Gerardo Delgado Silva


La actitud sádica del presidente Uribe y sus secuaces en el Congreso, blindados de insensibilidad, hundieron la esperanzadora Ley de Victimas. Es el fantasma persistente de la ideología nazi, con su irracional agravio de la dignidad y decoro de todas las victimas de luciferinos crímenes de las Farc, Paramilitares y Ejército, que vulnera el patrimonio moral de la humanidad. ¡Qué infamia!.
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Dolorosa ironía del destino, que establece un punzante contraste entre la cuota de dicha que a los victimarios les es dada y la que a las víctimas con sevicia, se les niega, dejando a más de cuatro millones de compatriotas en un turbión ominoso, de abandono. Marcada historia de una entrañable e indeleble tristeza. A nadie pueden serle extrañas estas tragedias, en este país de las pasiones, de los conflictos, de las guerras, de las obcecaciones, en esta hora del peor eclipse moral que padecemos.
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Con el argumento mentiroso de la inviabilidad financiera, Uribe movió a sus secuaces para archivar el proyecto de Ley de víctimas, con la cual estuvo de acuerdo, a lo largo y ancho de sus discusiones. Este entierro del proyecto, es una profanación más, a la dignidad humana. La dignidad, representa el centro de la vida individual y de las relaciones sociales. Continúa pues el régimen de Uribe, con la lógica de las monstruosidades. En efecto, el llamado Comisionado de Paz, paranoico psiquiatra Luis Carlos Restrepo, en Santa Fe de Ralito, descorrió el velo de la intensión proditoria de amoldar la legislación penal, a los intereses bastardos de los jefes paramilitares, cobijando sus acciones delictuosas con el silencio, el ocultamiento y luego la impunidad. Sabemos de sobra, de otra parte, que el ex Comisionado no es experto en cuestiones jurídicas, pero además de las funciones que le señalaban la Constitución y la Ley, estaban aquellas que se desprenden del orden moral. No podía sobreponer la dictadura de la delincuencia al interés nacional. Empero, sin el respeto elemental por los derechos de las víctimas, calificó al paramilitarismo, de un simple “error”, no obstante los más inhumanos genocidios, cometidos, de que haya tenido noticia Colombia es su historia.
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Y ante el clamor legítimo de las víctimas, a una reparación integral y justa, impúdicamente afirmó que era una suerte de “venganza”. Es un cierto aquerenciamiento con el delito.
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Siempre se ha sostenido que se puede negociar la aplicación de una estrategia, pero nunca la de los principios, por ser su esencia inalterable. Y es todavía más inconcebible que lo haga el Gobierno o sus funcionarios, que tienen que ver de modo inmediato, con la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, en nuestro país, a despecho de la tradición jurídica universal, como lo expuse en otra oportunidad, las cosas cambiaron por la sola y simple voluntad de unos violadores de la ley, que le impusieron su propia ley al Gobierno. Pero la burla atroz se aceptó con aplausos. Y sin duda, las artificiosas desmovilizaciones, constituyen un privilegio, unido ahora, a la acomodaticia Ley del Principio de Oportunidad. Un cieno de impunidad. En efecto, están libres para seguir delinquiendo; su estructura y poderes permanecen intactos, pues su influencia, no es solo de las armas que aún las exhiben, sino en el orden social, político y económico. Basta hace referencia a la contaminación de la Rama Legislativa y Ejecutiva; las Asambleas y Concejos; las Gobernaciones y Alcaldías. La nueva clase, está apertrechada de las sumas multimillonarias derivadas del ejercicio ilícito de sus actividades, que se traduce también, en rampantes delitos electorales.
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En este contexto: ¿Cómo puede surgir la verdad? ¿A caso el compromiso de la reparación, no está desintegrado?. Sencillamente el delito ha sido elevado oficialmente como fuente del derecho y se le da preeminencia a los autores, bajo los signos de injuria magna a las víctimas, con tan aberrante archivo del proyecto. Abandonadas las víctimas por el Estado, y congregado el mayor número de desplazados del mundo, que supera a Irak, podemos afirmar que, la desgracia se cierne sobre la miseria. En tanto, los desmovilizados gozan en exceso de protección estatal. Los privilegios incluyen la extradición formal, encaminada a interferir los procesos penales, signados por un río de genocidios, masacres, asesinatos, secuestros y desplazamientos, hechos punibles violatorios de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
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En este vórtice dantesco, son notorias y preocupantes las masacres perpetradas por agentes estatales de la Fuerza Pública, y, que según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, coordinado por Colombia, Europa, Estados Unidos: “La política de seguridad democrática estimula a los agentes estatales a cometer ejecuciones extrajudiciales”. Ahora bien. En el capítulo 9 del Informe Nacional de Derechos Humanos (IDNH) auspiciado por la ONU, se destaca el deber de: “Atender a las víctimas”. Parte de un principio sencillo: “Si el Estado no logra prevenir el daño, está en la obligación de compensar a las víctimas”. La pregunta ahora, tras el desconocimiento frenético que hace el Presidente Uribe, de la crítica situación humanitaria de todas las víctimas, es: ¿Cómo, con esos mimbres, construir otro país? ¿Así se reconoce la intangibilidad de la persona humana como tal? ¿No se ha desnudado el absurdo, el viraje al autoritarismo de la República Democrática?.
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Ahora bien. A no ser que la sensibilidad de Uribe para sorpresa de Colombia y el mundo, sea tan realmente generosa, que piense exigirle a los poderosos dueños del país, unas Zonas Francas, para las víctimas, como se le prodigaron las bienaventuranzas a las empresas turbias de sus hijos Tomas y Jerónimo. En este evento, no sorprende, que diga el Presidente Uribe, que se halla “en una encrucijada de su alma.”
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La Constitución Política, al consagrar el principio de la dignidad de la persona humana, le otorga un valor supremo. De tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado, que debe garantizar su adecuada consideración, valoración y protección. Por consiguiente, toda situación que haga de la existencia del individuo un sufrimiento como el inenarrable de tantos millones de compatriotas víctimas, es contrario al derecho fundamental a una vida digna.
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Así pues. Sí el Presidente no reconoce esta primacía e inviolabilidad; si persisten los estremecedores crímenes de lesa humanidad contra jóvenes inocentes, denominados con el eufemismo de “Falsos Positivos”, muchos de los cuales se apoyan en la Directiva Ministerial, proferida por Camilo Ospina, consagrando las recompensas, y que como amanuense de Uribe, aspira a ser Fiscal General de la Nación; sí además se han tipificado criminales y execrables interceptaciones a Honorables Magistrados y muchos otros personajes; sí la corrupción y el clientelismo son galopantes; sí la precariedad de los salarios, el altísimo desempleo y subempleo, han crecido a niveles alarmantes; sí los pobres de ayer, ahora son indigentes, considerados por la ONU inmersos en una crisis humanitaria, comparable con Ruanda; sí los problemas de la enseñanza, la vivienda y la salud, se tornan asoladores, en todos los confines de la patria; entonces, se ha aplastado el Estado de Derecho, - en nuestra Carta, Social de Derecho - obtenido universalmente desde que las célebres teorías de Montesquieu influyeron en la Constitución Americana de 1787, inspiración de la nuestra; y se ha sometido el país, al acomodo de un régimen personal, librado a todas las fantasías, que descansa en la propaganda brutal y sin matices, al estilo Goebbels, en el sentido de que todo lo que hace el gobierno de Uribe es bueno, apelando a las pasiones elementales de la masa, dispuesta a perder su libre albedrío. Régimen que pretende que nadie tenga ideas propias, sino que obedezca ciegamente, a cambio de un hipotético Edén, producto “de la Seguridad Democrática”, que es la legitimación de la mentira.
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Y vaya, vaya, como dicen los ingleses. Presenciamos al Presidente Uribe, con hipócrita pretensión de superioridad moral y cristiana, pidiendo perdón a las víctimas en Popayán. Sin embargo, lo sustancial de la petición de perdón, es el “propósito de enmienda”, imposible en quien como Tántalo, se cree superior a los dioses. ¿La verdad, la justicia y la reparación integral, son simples quimeras?
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Pobre Colombia. ¿Que te pasa?, tienes cara de dolor, con tantas víctimas de la carga de crimen y maldad de unos desalmados. Hoy no nos queda más que preguntarnos: Pobre Colombia. ¿A donde vas?.
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Quienes miramos a Colombia con amor, no podemos menos que ver su rostro dolorido porque como dijo el poeta, “hay niños que lloran de hambre, tiene frío el labrador, no florecen los trigales, se está secando su flor…”.
¿El pueblo colombiano se puede aprestar así, a la reelección del Presidente, cuando sus desastrosas consecuencias están a la vista?. Política y algo más >

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