Consideraciones sobre los adictos en Colombia

Las drogas – Salud pública – De las tinieblas a la luz

Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR

En Colombia, el más reciente estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en 2011, hecho por los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación, y Justicia y Derecho, a población escolar entre los 11 y 18 años, dado que el inicio del consumo se presenta comúnmente en esta etapa de la vida; identifica que es un problema real, en aumento, sobre el cual hay que hacer prevención, y  arroja alarmantes cifras como: el 45% consume alcohol entre los 14 y 17 años, el 17% tabaco o cigarrillo; el 7% consume marihuana, el 2,8% cocaína, y otras sustancias como el éxtasis, pegantes, bazuco, energizantes, y la familia de las benzodiacepinas, que tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que clínicamente son utilizados como sedantes, ansiolíticos o anticonvulsivantes, 1.9%.

En comparación con el estudio realizado en 2008, por el entonces Ministerio de Protección Social, hecho a la población en general, que identificó al 56% de la población con problemas de alcoholismo, mayor vulnerabilidad hombres entre los 18 y 35 años, seguida de la marihuana 2.7%,  mayor vulnerabilidad jóvenes de 14 a 24 años; la cocaína y la heroína con el 2.3%, y otras sustancias con el 1.6%, no se ha hecho nada, y el paradigma aumenta velozmente, consumiendo ahora a nuestros niños y jóvenes, que en la adultez ya significan un estorbo socio-económico.

Sumado a este flagelo por efecto se asocian otros índices como la accidentalidad, conducta violenta y hasta la muerte, y en ese mismo sentido la OMS - Organización Mundial de la Salud-  reconoce la adicción, como la segunda causa de muerte en el mundo.

Por lo tanto, bajo ese escenario elevar la adicción a las drogas y otras sustancias psicoactivas como el alcohol, a enfermedad y problema de atención pública en Colombia, es darle el necesario e inmediato rostro de la educación preventiva, que se debe hacer de manera incluyente entre programas del Estado, sensibilización y socialización en los colegios, y concientización de los peligros en casa, y la precisa rehabilitación  orientada por especialistas.

Apoye la iniciativa en el Congreso, presentada por el compañero de partido y senador, Juan Manuel Galán Pachón, considerada la primera ley que obliga al Estado atender integralmente a todos los adictos, que pasa a sanción presidencial,  y coloca al país a favor de la renovación de las políticas antidrogas, que tradicionalmente se han enfocado en la restricción y la persecución de quienes consumen las sustancias; con esta norma superamos la represión y el castigo, reconociendo que los adictos tiene un derecho a la resocialización, y generamos un imaginario social dirigido esencialmente hacia la educación y prevención. Frente al tabaco ha habido avances legislativos, pero ante el alcohol y las drogas, teníamos esa deuda con los colombianos.

Pese a que otras iniciativas en el Congreso han afirmado que la rehabilitación de los adictos le puede costar al Estado entre 7 y 24 millones de pesos,  que la población de adictos supera los 300 mil enfermos, estoy de acuerdo con el senador Juan Manuel Galán, que le cuesta más al país no tener un sistema de tratamiento para los adictos y los consumidores, y óptimos programas de prevención; además las obligaciones vienen en concordancia con los pronunciamientos de la Corte Constitucional que en varias sentencias ha ordenado al Estado y al gobierno no desamparar a los adictos, y brindarles tratamiento.

Entendemos que esta norma va en dirección de incluir la adicción como una enfermedad que debe ser atendida dentro del POS -Plan Obligatorio de Salud-, en un tratamiento completo farmacológico y psicosocial, y que se considerara de manera gradual y progresiva, dado los altos costos de infraestructura y recurso humano especializado que requiere. También se que los dueños de las ESP, están en desacuerdo, porque les afecta el bolsillo, y hasta pronostican que la gente se atenderá en garajes improvisados, por la falta de dinero; pues los pocos centros que existen no tienen auditorías y la mayoría no están debidamente habilitados.

La ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, afirmó esta semana que "además de que ya se han definido formas de tratar a estos pacientes con guías estructuradas, como la del alcohol, se están determinando criterios de habilitación para que los centros que se dediquen a esta tarea lo hagan con calidad". Esa batalla y riesgo debemos asumirla por el bienestar de nuestras presentes y futuras generaciones.