La podredumbre que socava los poderes públicos

Por Bernardo Socha Acosta

Nadie desconoce que Colombia este en medio de un océano de dificultades, por la violencia, el hambre, el ataque de los fenómenos naturales, inseguridad y un sin número de problemas que a cualquiera le trae frustración y desesperanza.

Y es natural que a muchos los agobie y les traiga hasta desconfianza; seriamos ilusos, ingenuos y ciegos pensar que estas cosas no existan, pero esto no nos da derecho a ser tan ingenuos, débiles e ilusos como quienes quieren que en menos de 2 meses un gobierno corte la interminable cadena del infierno que hemos heredado de las pasadas administraciones que nos llevaba hacia el peor destino del mundo.

La podredumbre que ha socavado la estructura de los poderes públicos de la república de Colombia demandará varios años para limpiarla. Y en ese sentido, dice la opinión, que las ramas del poder están contaminadas de lo peorcito del mundo: la corrupción y el desaforado apetito de poder que las han llevado al fondo.

Parece increíble pero es la realidad, que muchos,…pero muchos de quienes se precian de intelectuales declaren y escriban toda clase de sandeces que dejan la impresión de estar defendiendo esa podredumbre, que los pone en la fila de los peores profanos que hayan existido en el planeta.

Esos personajes, o pecan de rústicos y de necios, o tienen atrofiado el sentido común, porque en nombre de la tan cacareada democracia y libertad de expresión, nadie puede incurrir en faltas de ética y menos pretender sembrar el odio, cultivar la mentira, fomentar más violencia y la incertidumbre de la que ya nos tienen azotados.

Esos sabios de marras se suman a unas minorías del congreso de la república que aprovechándose de su equivocada posición y de la desdichada decisión de quienes los eligieron, presumen ser los salvadores y se oponen a cuantas propuestas que, de buena fe hacen las mayorías para buscarle salidas a lo que nos han dejado los politiqueros que manejaban el país.

Algunos, de esas mismas minorías que desde el congreso de la república actúan para destruir las cosas buenas, ahora ya están apuntándole al proyecto de PAZ total propuesto por el gobierno, para meterle zancadilla y buscar cómo frenarlo, porque son sencillamente amigos de la violencia que no quieren un país mejor. Como ellos no fueron capaces de llevar adelante el proceso de paz firmado en la administración del momento, pues ahora tampoco quieren dejarlo salir adelante, porque demuestran el espíritu violento.

Ya han hecho hasta lo imposible por torpedear el proyecto para que los que devengan pensiones MAYORES de 10 millones de pesos pague progresivamente impuestos y aporten algo para los programas sociales. Solo la conciencia de cada uno de ellos sabe, qué otra artimaña se inventen para torpedear proyectos que la sociedad colombiana está reclamando.

Es el momento de decirle a esos personajes, ya sea dentro o fuera del congreso de la república, que hagan algo positivo para la sociedad colombiana; sus electores ya están cansados de llevarlos como sus representantes ante el Congreso de la república y no han hecho lo que los colombianos aspiran. Han hecho todo lo contrario: alimentar la mentira, el odio y la violencia.

Ya es hora de ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío.

Plan Nazi, desmonte del Estado de derecho

                                     Por: Gerardo Delgado Silva

Se llama Estado de Derecho,  a toda organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales, cuyo imperio se impone y sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal.

En la República Democrática, que es esencialmente un Estado de Derecho, el principio de autoridad reside en la ley y no en los individuos encargados de cumplirla y de hacerla cumplir.

Eso excluye la Razón de Estado, expresión empleada por Maquiavelo para justificar la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable, de hombres que gobiernan a su antojo.

Y se llegó al constitucionalismo, como sistema de organización político-social, sin el cual no puede existir la república que es una estructura, y mucho menos la democracia, que es un contenido ético.

La finalidad suprema y última de la Norma Constitucional, es la protección y la garantía de la libertad y de la dignidad del hombre.

La Declaración de los Derechos del Hombre de Virginia, inicia la Edad Contemporánea, porque plantea y resuelve el problema de nuestro tiempo. Es la Proclamación de la Dignidad, de la Libertad y de la Igualdad respecto a la personalidad humana.

Los Estados Unidos dictaron la primera  Constitución completa (1.787), y se organizaron bajo el imperio de sus normas.  Así nació la República Norteamericana.  Democrática, porque se funda en el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano; Representativa, porque el Gobierno lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes, Federal, porque las colonias concurren como Estados a formar la Unión y conservan una soberanía de segundo grado y una autonomía subordinada a la voluntad nacional, expresa en la Constitución y en las Leyes Reglamentarias que dicte el Congreso.

Desde entonces, la Democracia adquiere el contenido moral y humano que le había faltado en la Antigüedad.  Ahora tiene un significado social además de político, y se filtra, a lo largo del Siglo XIX, en todas las formas de la vida social y en todas las Instituciones Políticas.

Sin la garantía del Constitucionalismo, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de la libertad humana, como asímismo, las posibilidades de una justicia progresiva.

Es indudable, que el constitucionalismo, impregna con su sentido la vida humana civilizada y culta.

Nuestra Constitución dice que somos un Estado social y democrático de derecho.  El Gobernante en un Estado de Derecho se tiene que someter a la Constitución.  Estas ideas para mandatarios como Hittler, no tenían sentido.  El rasgo más persistente de la ideología nazi, era  su irracionalidad.  En puridad de verdad la democracia se basaba en la razón y en el acuerdo pacífico entre una pluralidad de pareceres.

Hittler entró en contacto en Viena con las ideas del Racismo Germánico y los conflictos de Clase de una sociedad industrial lo cual fue capital en su formación.  Fue designado Canciller, bajo la Presidencia del Mariscal Hindenburg.  La Muerte de éste en 1934 eliminó las últimas trabas formales para instaurar un Estado que sería paradigma de los regímenes totalitarios. Lanzado a una carrera de agresiones en el plano europeo, con poderes tenebrosos, gigantescos, que las democracias occidentales creyeron poder detenerlo con el Pacto de Munich (1938), desencadenó finalmente la Segunda Guerra Mundial.

Y bien. El Nazismo no poseyó nunca principios políticos o económicos genuinos.  En su autobiografía, Mein Kampf, encontramos el anhelo sádico de poder.  A las masas alemanas, desprecia y ama, según la manera evidentemente sádica.  La ideología nazi concibe el odio a las minorías raciales y su exaltación del pueblo alemán y de la “raza nórdica”.

El Estado nazi se organizó sobre la base de la existencia de un partido único - El Nacional Socialista- , para pertenecer a él, se requería ser ario puro, esto es, no tener ningún antepasado judío, y sus miembros debían obedecer ciegamente las órdenes del Führer o Conductor, que no tenía que dar cuenta de sus actos a nadie.  Dos organizaciones militarizadas de fuerza de asalto – Las SS  y las SA- constituían su base efectiva, a la que complementaba eficazmente una policía política, la Gestapo, cuya misión era suprimir toda suerte de oposición.  A las masas se les repetía: “El individuo no es nada y nada significa”.  Todas las actividades quedaron bajo la dirección del Estado, y se suprimió totalmente la libertad de palabra y de prensa. 

Los campos de concentración y las cárceles comenzaron a reunir a los que no querían convencerse rápidamente de la bondad del régimen.

Ahora bien.  Desde su gobierno, se hizo evidente que el Señor Uribe no controla su ira y desmesura, que nacen de su ambición de poder como Hittler.  El recurso a la guerra y a la violencia se explica muchas veces por pulsiones subjetivas, que obran en individuos que experimentan enormes dificultades para adaptarse al entorno social y pretenden imponer sus puntos de vista por la fuerza.  El Señor Uribe ha utilizado medios, que van en contra de los principios básicos de la civilización e incluso contra los más elementales de toda convivencia que merezca llamarse humana. ¿Qué hay con los falsos positivos?.

Colombia no puede caer en manos del nazismo con Uribe y su minúscula marioneta, porque significaría el desmonte de la Institucionalidad Jurídica y Política, atrincherado frente a los derechos humanos, abandonado a la extrema derecha, como se percibió en época pasada.

La propuesta de Paz de Santos, además de salvar vidas e impedir mucho sufrimiento es un derecho y un deber constitucional.  Paz propuesta por Santos como personaje leal con la majestad del Estado.

El dramático deterioro del Estado de Derecho, en el Gobierno anterior, está plenamente identificado con Hittler.  Preocupa que se esté sembrando de peligros la patria, con la prédica  del “Centro Democrático” de Uribe, abierta y desembozada de la Anarquía de la Guerra depravada.

¿Puede Colombia retroceder?

Artículo para www.bersoahoy.com 

Solidaridad con el país, del proceso de paz

Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria

Horacio Serpa

El proceso de paz exige un gran sentido de solidaridad con el país. Ha sido medio siglo de barbaridades, imputables a las guerrillas, a los paramilitares, a quienes desde el Estado han cometido abusos, arbitrariedades y delitos. También a los narcotraficantes, cuyas acciones delincuenciales y violencia han estado vinculados al conflicto, apoyando a unos o a otros, incidiendo con sus propias atrocidades, al incremento de  la inhumana conflagración.

De ahí que cuando se habla de reconciliación surjan tantas inquietudes y reparos. Hay mucho rechazo a que los acuerdos conlleven definiciones que terminen creando connivencia con el crimen, exculpando los delitos de lesa humanidad, permitiendo que a la altas esferas políticas del país puedan llegar quienes han afrentado en materia grave a la comunidad con crímenes que no merecen perdón.

Soy de los que creen en la necesidad de encontrar salidas que permitan poner fin al conflicto. No serán ya las amnistías y los indultos de otras épocas y de ninguna manera la exculpación para los autores de delitos de lesa humanidad. Existe la justicia transicional y no puede dejar de tenerse en cuenta que en materia penal las responsabilidades no son globales sino personales. Así genere controversia y el argumento no guste, debe examinarse la intencionalidad política que existe en la formación de las estructuras guerrilleras.

No obstante, en desarrollo de esta prolongada e inhumana guerra han ocurrido muchísimos casos que no corresponden al enfrentamiento armado entre Estado y subversivos. Son las víctimas inocentes, desarmadas, indefensas. Como lo fueron el exministro Gilberto Echeverry y el Gobernador Guillermo Echeverry. Increíble lo que pasó. Eran adalides de la paz, convencidos de la necesidad de la solución política del conflicto, comprometidos con la causa de la no violencia. Fueron secuestrados precisamente cuando iban al frente de una marcha por la paz en Antioquia.

Dos grandes seres humanos. Duele mucho pensar en su injusto cautiverio y en la forma cobarde como fueron asesinados. Ningún crimen se justifica pero a algunos se les busca explicación. A estos no, imposible. Guillermo y Gilberto fueron masacrados a mansalva, para sentar un precedente malvado, absurdo, en un acto horrible que sigue generando indignación.  

Recordar a Gilberto y a Guillermo es traer a la memoria a dos personas consagradas al servicio público. Íntegros, realizadores, optimistas, con un sentido progresista de la política, practicantes del criterio de la solidaridad. Por eso cayeron, porque no deseaban que se prolongara la guerra ni que la violencia abrazara hasta su destrucción a tanta gente inocente.

De vivir, hoy estarían luchando porque saliera adelante el proceso de paz en La Habana. No soy capaz de decir que su sacrificio debe servir para construir instancias de perdón y reconciliación. Muchos sabemos lo que ha significado su ausencia en los campos del servicio y de la política y Dios conoce el sufrimiento enorme de sus familiares y allegados. Pero me atrevo a pedir que acabemos esta guerra para que no muera la gente  buena como Guillermo y Gilberto.

Bogotá D.C., 16 de Julio del 2013 - Colomna, Nuevo Siglo

Se canaliza la impunidad

                                     Por Gerardo Delgado Silva 

El Estado de Derecho es la organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal.

Así se llegó al constitucionalismo como sistema de organización político-social. 

El constitucionalismo impregna con su sentido, la vida de la humanidad civilizada y culta.

Sin su garantía, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de los derechos humanos, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva que pudiera abrirse paso en su sagrada misión.

Es que, si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.

Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.

Así pues, el Gobierno nunca puede bajar la guardia, porque su compromiso moral es el de tener fe en la justicia ordinaria, considerada con tantos atributos intrínsecos, emparentada en su espíritu con otros bienes y valores que el hombre busca en su porfía por embellecer y dignificar la vida.

Dante, expresó sencillamente que la justicia es “una virtud al servicio de otros”.  Los magistrados y jueces que la representan en nuestra patria, se han distinguido por su consagración a la ciencia del derecho, por la constante y fervorosa defensa de los Derechos Humanos.  De no ser así, Colombia estaría en el abismo insondable de los amargos genocidios, los eufemísticos “falsos positivos”, dramáticos testimonios de una agonía espiritual y moral de la patria.

Platón en su obra más importante, “La República” plantea un Estado Ideal, en el cual debe prevalecer la justicia, Platón así mismo, refuta en primer lugar, la tesis absurda de los sofistas en el sentido que el derecho nace de la fuerza y opina que el hombre injusto no podrá tener felicidad jamás.

El país avanza irracionalmente a pasos largos hacia una modalidad que combinaría los poderes nominales del régimen presidencial, con los efectivos de un régimen militar.

Se advierte como una tragedia el peligro del sistema democrático, ante ciertas afirmaciones que cambian el espíritu de la Constitución, expresadas por el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, con talante de militarismo, apoyados en la fementida “inseguridad jurídica” ante la justicia ordinaria, para que el país prefiera insensatamente el reforzamiento de una “justicia penal militar” y la ampliación del “fuero” militar, a fin de conocer diabólicamente los hechos punibles violatorios de los Derechos Humanos.

Dizque, se excluyen de la reforma Constitucional del “fuero”, crímenes de lesa humanidad.  Empero, ¿Quién adjudica la competencia destinada exclusivamente al conocimiento de esos hechos criminales? ¿Qué va a acontecer con el principio de favorabilidad, y los procesos contra los autores de genocidios, eufemísticamente llamados “falsos positivos”? ¿Y con los hechos punibles de los militares que han estado vendiéndoles armas a los grupos al margen de la ley?

Vaya, vaya como dicen los ingleses. Corresponde nada menos que a la justicia militar – juez y parte al mismo tiempo -, en última instancia esa adjudicación de la competencia, para fomentar la seguridad jurídica inmersa en los cuarteles; persuadidos de que allí se encuentra el “súmmum bonum” del derecho, que es el fin último de la convivencia humana.  Algo así, como un hipotético Nirvana  para Colombia, la bienaventuranza de una auténtica justicia.

Semejante exabrupto jurídico, viene amancillar la propia piel transparente de la patria.  De ahí, que no les fuera indiferente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Human Rights Watch; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes descalifican semejante esperpento y reclamaron el hundimiento del proyecto.

El “fuero”, se puede considerar como una nostalgia totalitaria, que revela como se entrelazará irremediablemente la impunidad.  Es el sendero para volver al tétrico pasado, cuando se extendió la competencia de los tribunales militares al juzgamiento de civiles, una refulgente cola del Estado de Sitio, como una alegoría violenta y clarificadora de lo que fue el terror nazi.  En otras palabras, significa anclar el pensamiento turbulento del señor Uribe, que ha pasado por alto los derechos fundamentales, empezando por la dignidad de la persona humana, no obstante el valor supremo que la Constitución le otorga y que constituye a la persona en un fin para el Estado,  que vincula y legitima a todos los poderes públicos.

Es el camino de espacios sin derecho, como los recorridos por los señores parapolíticos.

No entiende el Señor Ministro ni el Comandante, ni tiene tampoco por que entender que en la justicia penal ordinaria, en su función hermenéutica, se parte del análisis de la conducta humana, contando con las nociones de ser, de causa, de sustancia y de fin. Ordenamientos intelectuales que se aplica por imperativo de la razón, mediante una actividad lógica y dialéctica, de inducción y deducción, iluminada por la Sociología Penal, la Psicología, el Psicoanálisis criminal, la  Criminalística, de brazo de la Sana Crítica, que conduce a discernir lo verdadero de lo falso.  Sólo así se conciben las providencias de la justicia ordinaria sumergidas en la certeza, que hacen posibles la convivencia y la paz.  La expresión de la Soberanía   Nacional.  Aquí se fundamenta el Estado de Derecho, la esencia misma de la Democracia.  Por ello, los jueces ordinarios ostentan en el mundo entero, la más sublime de todas las dignidades. 

En últimas el “fuero” va a constituir el desmonte de la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y un sablazo al Poder Judicial, establecido en la Constitución con carácter independiente y soberano.

Una verdadera utopía en este Gobierno de Santos, que ha querido ser abanderado del Estado de Derecho.

En puridad de verdad, la historia nos cuenta que Atenas le legó a la humanidad la Filosofía y el Derecho.  Esparta con su militarismo, no le dejó absolutamente nada, como que no tenemos noticia cierta en que lugar de Grecia estaba situada.

Con acusadora precisión, surgen límpidas las palabras de Clemenceau: “La justicia penal ordinaria, es a la llamada justicia penal militar, lo que la música clásica, es a la música militar”

                                                              Para: www.bersoahoy.com

Y dónde está el estado

TRAFUGARIO

Por: JOSE OSCAR FAJARDO                                          

                Hace unos días atrás un periódico de la localidad entregó un informe sobre el descalabro social de la prostitución infantil en la ciudad capital del Departamento. Un vocero de la Policía Nacional de Bucaramanga manifestó que no se han detectado los sitios exactos donde se pueda ubicar el problema de una manera determinante.
Otros representantes del estado dijeron que se ejerce vigilancia en los sectores donde aparentemente se presentan los casos de prostitución infantil. Yo sostengo que el caso sí se da en la realidad pero no es fácil detectarlo porque hay que aprehender los autores en flagrancia o en condiciones que no permitan dudas. La lamentable y triste historia es que ¿Dónde está el Estado? Y yo no pregunto por el Estado policivo o el Estado represor-papá para que castigue al usuario de prostitutas infantiles por el delito cometido, porque debe hacerlo sin miramientos y sin dubitaciones, sino que dónde está el Estado que le garantice la supervivencia a esta criaturas, que generalmente son las hijas legítimas de un proletariado pauperizado en el mínimo de los casos, y en una abrumadora mayoría provenientes de núcleos  familiares de los barrios de las peleas de los perros donde la gente vive por debajo de la línea de la miseria económica que es de menos de un dólar al día, hoy algo así como 1700 pesos diarios, según datos del Programa  de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Esos núcleos sociales están formados por familias en lo general demasiado numerosas, de madres solteras, de padres desempleados, analfabetos o semianalfabetos tanto escolares como laborales, en muchos casos drogadictos o hijos de drogadictos o alcohólicos, desplazados, violados, es decir de los estratos menos uno, menos dos, hasta menos infinito. ¿En ese estado de cosas y en esas condiciones, cuál niña no se prostituye y cual niño no roba o también se prostituye? Es que la función del Estado no es castigar, que debe hacerlo como una acción persuasiva, sino prevenir este pandemonio social que cada día crece en progresión geométrica a medida que aumenta la pobreza dado que cada día que pasa el país crece más demográficamente. Como siempre hago en mis análisis, de no culpar al primero que se me ponga de frente, el problema no es de fácil solución. Me chocan sobremanera las actitudes mendicantes y las políticas paternalistas porque eso retrasa el verdadero desarrollo de las sociedades.
Pero si una niña es prostituta a los diez o doce años y madre a los doce a trece y fuera de eso ladrona, drogadicta, marihuanera, bazuquera o pegantera, y va para los niños también, es porque su núcleo familiar esta hecho albóndigas de Cuprus, y además, esas familias conforman las comunidades que superviven bajo un manto letal de miseria. Que se pega se pega. Pues, “el niño nace bueno y la sociedad lo corrompe”, decía don Juan Jacobo Rosseau. Para la muestra un botón y observen estas perlas. El Estado colombiano invierte un 1% del PIB en Educación, mientras que el 5.1% del mismo PIB es para la guerra. Y el problema no es de este gobernador ni del anterior. Ni de este alcalde ni del anterior. Este es un problema epidémico-endémico que tiene un origen económico-político-administrativo-cultural que no lo sanea ni el metafísico (brujo) de Barbosa que rezó el burro de la Sagrada Familia para que no volviera a tumbar la virgen. Me contó un policía de los que prestan guardia en la Gobernación, que en Boyacá, en una población donde hay minas de carbón, él le dijo a un niño de 12 años que no podía trabajar en la carbonera porque estaba prohibida la explotación laboral de los niños, y que el niño-adulto le respondió. ”Entonces dele usted de comer a mis seis hermanitos porque mi papá se murió y mi mamá no arrisca con todos los gastos”. Yo estoy seguro que ninguna niña quiere ser prostituta ni ningún niño quiere ser ladrón. Lo que pasa es que tienen necesidades básicas no satisfechas y esa tiene que ser política del Estado. ¿A quién le gustará dormir en un colchón de concreto y comer basura de una bolsa hedienta?

UN ASUNTO URGENTE

                                        TRAFUGARIO

Por: JOSE OSCAR FAJARDO

                                                 

Tengo que comentar que soy un juanmanuelsantista confeso como soy un hincha del Barcelona, pero moderado. Es decir, racionalista. De ninguna manera fanático porque el fanatismo es la máxima expresión de la paranoia que suele ser una característica esencial para todos los fundamentalismos, y fundamentalista es aquel que se cree dueño de la verdad, e hijo único de dios. Por ejemplo cierto alto funcionario del Estado colombiano de quien prefiero reservarme su nombre ya que no soy más que un modesto periodista. Y dios me libre.

Pero fue que el doctor Santos Calderón Juan Manuel, como le dicen a uno en las listas escolares para que no quede ninguna duda de que uno es uno y no otro, expresó en los medios de comunicación del país una frase lapidaria que ojalá haya quedado gravada en la memoria a largo plazo (MLP) de todos los colombianos. “Y si por la paz del país me cuesta la reelección, bienvenida sea”. No sé si estoy equivocado pero podría jurar que eso fue lo que yo escuché. No obstante, estoy seguro, no soy dios y mucho menos fundamentalista. Con esa expresión el presidente Santos está demostrando expresamente y no de forma tácita, que la paz de Colombia y la felicidad de los colombianos se ubica muy por encima de cualquier interés político y/o personal.

Ojalá lo logre a toda costa porque es que la nación Colombiana, no es propiedad privada del Presidente de la República, ni del Congreso Nacional, ni de la guerrilla, ni del ejército, ni de ningún brujo de este país. Esa no es la señora   progenitora del cándido caprino. Esa no es la máma del chivo, expresado menos aristocráticamente. Sencillamente y sin tantos atavíos filosóficos, Colombia toda entera es de todos los colombianos habitante por habitante y centímetro a centímetro. Es cierto que en aras del tal objetivo se van a presentar baches como en efecto hasta el momento y prematuramente ya se han dado, pero eso es tan natural como el porrazo de un niño que está aprendiendo a caminar. Y lo expreso con incalculable sinceridad, ojalá Dios ilumine el cerebro de los encargados de negociar, tanto por parte de la guerrilla como por parte del Estado, para que con su inteligencia racional y no instintiva, supere todos los baches.

 De la misma manera ruego a Dios que no le dé luz al cerebro de un montonero de trogloditas que están que rezan y piden por todos los medios que fracasen las negociaciones. Viendo yo un tipo de esos, abogado amigo mío, llegué a pensar y no con mente calenturienta ni con imaginación de escritor de ficción, que tenía algún grado de consanguinidad con Drácula, el príncipe de las tinieblas, cosa que deduje por esa su adicción enfermiza a la sangre. Y hablaba de la guerra y del exterminio total como la misma fruición que se habla de una fiesta de disfraces. Con la frescura de un imbécil que no sabe distinguir entre una canción ranchera de arrabal y la novena sinfonía de Bethoven. Que estulticia, pensaba yo. Como si la guerra fuera lo más divertido del mundo. Y lo más cómico de todo, si a eso se le puede calificar de cómico, hablaba como si él fuera el mariscal Erwin Rommel, el zorro del desierto en el teatro del norte de Africa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es lógico, natural y sencillo como decía la “loca” Joyinga, porque sólo sabe de la guerra pero de la que ve en la televisión. Porque en la vida real, le hacen un tiro con una pistola de agua a las patas y va a parar 15 días debajo de la cama escondiéndosele a su propia mujer. Cobarde como una gallina saraviada. E ignorante de la triste realidad del habitante rural que es el que tiene que mamarse la verdadera guerra en todas sus manifestaciones y en todas sus magnitudes. Con explosiones, muertos, mutilados, minas quiebrapatas y todos los demás aditamentos.  Los ricos y los poderosos cogen sus aviones privados y se van de vacaciones mientras aquí se asesinan mutua y fraternalmente los que a la brava les toca quedarse.           

Dramático testimonio

Por Gerardo Delgado Silva 

El derecho represivo positivo, o en otros términos, el derecho penal de cada país, abarca      el conjunto de leyes punitivas aplicables a quienes violan las normas de convivencia contenidas en forma implícita – como se enuncia la ley penal -, en aquella legislación represiva que también se denomina derecho criminal.

Las penas han sido siempre muy variadas, según fueran pecuniarias, restrictivas o privativas de la libertad, o eliminatorias (pena capital).  Han cambiado mucho durante el transcurso de la historia: antiguamente se usaban penas infamantes que tendían a hacer público y degradante el castigo infligido al delincuente; también se aplicaban puniciones corporales, que se han venido proscribiendo en la mayoría de los países civilizados, tales como los azotes, el fuego, la rueda y otras torturas de carácter físico.

La reacción contra el delito  venía de tal suerte a ser, primitivamente, individual, de venganza por una ofensa personal.  Y de allí pasa a ser una medida tomada por la colectividad, ya fuera Clan, Tribu o Estado, con diferentes propósitos, pero siempre una reacción. 

Se comprende que el Estado ahora, y solo el Estado, es el titular del derecho a la pena.  Por otra parte, las sentencias condenatorias sólo pueden dictarse   cuando el juzgador tenga certeza de la responsabilidad del autor de un hecho punible.

El derecho penal se propone la defensa social, y la promoción de una moral más alta.  Con estos objetivos nació la política criminal, inexistente en nuestra patria.  Se requiere un verdadero proceso de resocialización del delincuente, comenzando por respetar la dignidad humana, que debe presidir la terapéutica penitenciaria.

No olvidemos el valor supremo que la Constitución le otorga a la dignidad humana, consagrándola como fundante de nuestro ordenamiento.  De tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos.

La gente de bien de Colombia tiene sobrada y reconocida autoridad moral para buscar el mantenimiento del principio de la dignidad humana y de los valores jurídicos y éticos que le dan soporte al Estado, lo cual le permite fijar una posición de franco rechazo al inaceptable y pernicioso hacinamiento en las cárceles del país inmerso en la corrupción, que no le hacen ningún favor a la gran tarea de introducir métodos psicoanalíticos en el mismo establecimiento penitenciario para mejorar las condiciones de vida de los reclusos y obtener su readaptación a la existencia comunitaria y naturalmente su reencuentro con las formas civilizadas de la vida.  Ese hacinamiento, es absurdo ya que las disposiciones anímicas a lo ilegal, a lo antisocial se agudizan por esas condiciones anormales y contrarias a un Estado de derecho y a la vida humana.  Solo contribuye a fortalecer los impulsos criminales. 

¿Puede el Estado, no obstante ese vórtice dantesco, lograr un verdadero tratamiento penitenciario, con el propósito de obtener su rehabilitación social o resocialización? Es aquí donde la ejecución penal debe adquirir las mayores proyecciones humanitarias.

Se supone que a la población carcelaria se le clasifique en conjuntos integrados por individuos de características semejantes, de manera que el tratamiento sea dispensado a todos los grupos.

Este aspecto de selección, naturalmente, se logra mediante la observación, y como producto de ella debe decidirse la clasificación, pero que también sirve para formular, como una secuela de la investigación médico – psico – social, una prognosis o proyecto de tratamiento.  El camino científico para reformar es psicoanalizado.

El hacinamiento o la confusión de reclusos de diversos tipos, trae consigo el contagio de los criminales más empedernidos con los considerados como menos antisociales, en cuyo caso cualquier tendencia criminal inconsciente llega a desbordarlos.  

Se presenta un espejo donde muchas contradicciones se reflejan con acusadora precisión.  Es por ejemplo un hecho notorio y grave la operación de impunidad que encabezó el anterior Gobierno, en relación con miles de crímenes cometidos por los paramilitares, que contaron con su aquiescencia o tolerancia.

Y bien. Es una dolorosa ironía del  sistema carcelario – si acaso existe – al permitir un punzante contraste entre la cuota de privilegios y de trato preferente que les es dada a los parapolíticos y otros delincuentes, como los del carrusel o carruseles de la contratación en el país, y la situación de violaciones a los Derechos Humanos con los hacinamientos de los demás reclusos considerados como réprobos de la sociedad, como la escoria que debemos expulsar de nuestra convivencia.  Son seres en desgracia para quienes un elemental sentimiento cristiano obliga a no abandonarlos. Se trata además de una flagrante violación del Derecho Fundamental de igualdad ante la ley y las autoridades (C.P. art. 13).

El proceso de resocialización se constituye también, en una oportunidad para que el Estado genere y articule una verdadera política criminal que contribuya al mejoramiento de esta crítica situación, basada en los ideales que inspiraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “…el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”.

Sólo así, se puede librar una valerosa batalla jurídica, contra toda clase de hampones altos y bajos.  ¿Estamos  construyendo una sociedad donde impera el delito y la barbarie, donde “todo se vale”?.

Creemos que es posible la normalización carcelaria y su reencuentro con las formas civilizadas de vida.  Es una misión de todos, pero también y antes que cualquier otra cosa, un deber de quienes tienen la responsabilidad de dirigirnos.

La verdadera justicia para cumplir con sus elevados fines, no tiene necesidad de atentar contra la dignidad humana, que mancha y ensombrece la conciencia del hombre.

                                                                                  Para bersoa comunicaciones 

CELERIDAD DE LA JUSTICIA

Por :  Pedro Gerardo Tabares C.

La celeridad de la justicia es el tema  que siempre ocupa a los gobernantes, pues se concreta en la agilización de los procesos, pero con términos mínimos para el ciudadano a través de sus apoderados, o por sí mismo porque la capacidad de litigar personalmente se viene aumentado, mientras corre un término de uno o dos años para que el señor juez con la consideración en su cúmulo de procesos resuelva. Para quien debe  concurrir a la justicia con el fin de cobrar una deuda le quedan seis meses y si no activa su actuación le archivan el proceso; tal vez pueda decirse que esto no tiene relación con la igualdad, la demora de años, de parte de la administración de justicia no es deficiencia, pero sì la del administrado que se en seis meses no cumple con sus obligaciones de notificar pierde el derecho que la ley le ha fijado en tres años, lo cual puede denominarse como la carrera que hace la llamada defensa de lo irreal, como muy bien lo pronunciara quien fungió como juez. 

 En este campo pueden ocurrir abusos que habrá de prevenirse así se tengan leyes sobre descongestión que le quitaron la calidad a los fallos y se convirtió en uso de recursos para obtener la justicia debida. 

Seguramente que en un país como el nuestro en que la Constitución tiene vocablos muy respetables, no sea de recibo que se  justifique la deficiente consagración de una mínima parte del personal y ocurran las demoras que ocurren y que en cambio el administrado o quien demanda el servicio del Estado,  encuentre que le desaparece su derecho con el paso de un mínimo  tiempo en que tenía que cumplir sus obligaciones o que considera el funcionario que debía cumplirlas. Es una paradoja que está aprobada en leyes anteriores y deberán orientar a los legisladores. No pocos de  ellos han sufrido esta situación en carne propia, con menoscabo de su beneficio. 

La reforma deberá estudiar cómo se constituya la administración de justicia en lo que siempre se aspira que sea, un poder público digno de su majestad, con estabilidad en quienes administran justicia, que el togado se preocupe por su  labor y en el mundo de las especializaciones, si la justicia le exige su consagración se restrinja de entregar con magnánimos propósitos su conocimientos a las futuras generaciones que orientaran el país, y además los consultorios jurídicos se transformen en laboratorios científicos del derecho, para que no haya acciones en oportunidades sin fundamento, propiciadas por quienes no han ejercido, al igual que en eso sí emular a la judicatura norteamericana en cuanto a experiencia, porque si se copió mal un código de procedimiento, ello no justifica insistir en no orientar la vinculación a la judicatura. No se trata de que se regule cuantas cortes se disputan supremacía donde no la hay, ni que resulta mejor si nombrar en interinidad o dentro de carrera, respetar la docencia de quienes tienen vocación a ello, o permitir que con el famoso reglamento interno disímil de los juzgados desde hace más de treinta años, se siga propiciando un imperceptible desorden interno que aún conociéndolo los legisladores, lo mantienen.

Cartas del lector

Amigo Bernardo Socha: 

La caricatura es el arte de expresar con unos pocos  trazos, muy pocas palabras y mucho humor, la filosofía  y los conceptos fundamentales que en el leguaje normal requerían abultados y profusos tomos de difícil comprensión.   

Concuerdo con la primera caricatura y tal vez parezca  una concepción un tanto anarquista: "El Estado es el  problema"; dolorosamente, como abogado, tengo  que admitir que la corrupción empieza y tiene sus  bases sólidamente ancladas en la Constitución y la Ley.

La Constitución colombiana, como muchas otras de los paises latinoamericanos y las de otras naciones del denominado eufemísticamente "Tercer Mundo, Mundo subdesarrollado o patio trasero de los Estados Unidos", tiene su origen en el llamado Consenso de Washington.

En aras del Consenso de Washington la Constitución de 1886 que era mala, fue reemplazada por otra peor; con la Constitución de 1991 se dio vía libre, se le quitaron las talanqueras y las barreras que durante más de cien  años se habían diseñado desde la visión cristiana y liberal para morigerar los abusos y la barbarie propios e inherentes a la naturaleza y a la razón de ser del capitalismo.

Con la Constitución de 1886 a los lobos capitalistas, como en la naturaleza salvaje, les asistía el "derecho" a comerse las ovejas, pero tenían que cazarlas; además, las ovejas eran protegidas por el pastor que las administraba y de paso se lucraba de ellas: el Estado; con la Constitución de 1991 el pastor cambió de bando y se asoció con el lobo para  ahorrarle a éste el esfuerzo de tener que cazar  a su presa; ahora, el pastor acorrala las ovejas  y le permite al lobo entrar al redil con las fauces abiertas a satisfacer sus instintos: esa es la filosofía  predilecta del neoliberalismo, obtener el máximo rendimiento del capital con el menor esfuerzo.

En el actual Estado neoliberal las ovejas son sometidas y dominadas con los instrumentos bélicos y la represión de la "seguridad democrática" para garantizarle al lobo la "confianza inversionista".

Con el predominio del neoliberalismo, como política de Estado, los bienes y recursos públicos, léase bienes bienes y patrimonio de la sociedad, fueron privatizados; minas, petróleo, gas, electricidad, carreteras, vías fluviales, comunicaciones, salud, educación, servicios públicos,  entre otros bienes de la sociedad fueron entregados al sector privado, léase capitalismo, para su explotacion.

Queda mucho por explicar para llegar a las fuentes  prístinas, que desde la Constitución y la Ley, auspician y protegen a la corrupción y la criminalidad que agobia a nuestra sociedad.

Atento saludo, 

Reinaldo Ramírez  

Ver aquí caricatura

Consideraciones sobre los adictos en Colombia

Las drogas – Salud pública – De las tinieblas a la luz

Por: JORGE GÓMEZ VILLAMIZAR

En Colombia, el más reciente estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en 2011, hecho por los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación, y Justicia y Derecho, a población escolar entre los 11 y 18 años, dado que el inicio del consumo se presenta comúnmente en esta etapa de la vida; identifica que es un problema real, en aumento, sobre el cual hay que hacer prevención, y  arroja alarmantes cifras como: el 45% consume alcohol entre los 14 y 17 años, el 17% tabaco o cigarrillo; el 7% consume marihuana, el 2,8% cocaína, y otras sustancias como el éxtasis, pegantes, bazuco, energizantes, y la familia de las benzodiacepinas, que tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso central y que clínicamente son utilizados como sedantes, ansiolíticos o anticonvulsivantes, 1.9%.

En comparación con el estudio realizado en 2008, por el entonces Ministerio de Protección Social, hecho a la población en general, que identificó al 56% de la población con problemas de alcoholismo, mayor vulnerabilidad hombres entre los 18 y 35 años, seguida de la marihuana 2.7%,  mayor vulnerabilidad jóvenes de 14 a 24 años; la cocaína y la heroína con el 2.3%, y otras sustancias con el 1.6%, no se ha hecho nada, y el paradigma aumenta velozmente, consumiendo ahora a nuestros niños y jóvenes, que en la adultez ya significan un estorbo socio-económico.

Sumado a este flagelo por efecto se asocian otros índices como la accidentalidad, conducta violenta y hasta la muerte, y en ese mismo sentido la OMS - Organización Mundial de la Salud-  reconoce la adicción, como la segunda causa de muerte en el mundo.

Por lo tanto, bajo ese escenario elevar la adicción a las drogas y otras sustancias psicoactivas como el alcohol, a enfermedad y problema de atención pública en Colombia, es darle el necesario e inmediato rostro de la educación preventiva, que se debe hacer de manera incluyente entre programas del Estado, sensibilización y socialización en los colegios, y concientización de los peligros en casa, y la precisa rehabilitación  orientada por especialistas.

Apoye la iniciativa en el Congreso, presentada por el compañero de partido y senador, Juan Manuel Galán Pachón, considerada la primera ley que obliga al Estado atender integralmente a todos los adictos, que pasa a sanción presidencial,  y coloca al país a favor de la renovación de las políticas antidrogas, que tradicionalmente se han enfocado en la restricción y la persecución de quienes consumen las sustancias; con esta norma superamos la represión y el castigo, reconociendo que los adictos tiene un derecho a la resocialización, y generamos un imaginario social dirigido esencialmente hacia la educación y prevención. Frente al tabaco ha habido avances legislativos, pero ante el alcohol y las drogas, teníamos esa deuda con los colombianos.

Pese a que otras iniciativas en el Congreso han afirmado que la rehabilitación de los adictos le puede costar al Estado entre 7 y 24 millones de pesos,  que la población de adictos supera los 300 mil enfermos, estoy de acuerdo con el senador Juan Manuel Galán, que le cuesta más al país no tener un sistema de tratamiento para los adictos y los consumidores, y óptimos programas de prevención; además las obligaciones vienen en concordancia con los pronunciamientos de la Corte Constitucional que en varias sentencias ha ordenado al Estado y al gobierno no desamparar a los adictos, y brindarles tratamiento.

Entendemos que esta norma va en dirección de incluir la adicción como una enfermedad que debe ser atendida dentro del POS -Plan Obligatorio de Salud-, en un tratamiento completo farmacológico y psicosocial, y que se considerara de manera gradual y progresiva, dado los altos costos de infraestructura y recurso humano especializado que requiere. También se que los dueños de las ESP, están en desacuerdo, porque les afecta el bolsillo, y hasta pronostican que la gente se atenderá en garajes improvisados, por la falta de dinero; pues los pocos centros que existen no tienen auditorías y la mayoría no están debidamente habilitados.

La ministra de Salud y Protección Social, Beatriz Londoño, afirmó esta semana que "además de que ya se han definido formas de tratar a estos pacientes con guías estructuradas, como la del alcohol, se están determinando criterios de habilitación para que los centros que se dediquen a esta tarea lo hagan con calidad". Esa batalla y riesgo debemos asumirla por el bienestar de nuestras presentes y futuras generaciones.

COMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Por: Pedro Gerardo Tabares C.

No es fácil creer que retrocediendo se tenga éxito, pero frente a la corrupción rampante es necesario decir sin reticencias, que para combatirla se hace imperioso volver atrás. La consagración del artículo 83 de la Constitución `Política que ratifican la antigua norma del Código Civil respecto de la buena fe, no puede desaparecer en la teoría, pero está demostrado que quienes contratan con el Estado, cada vez que suscriben un contrato de una y otra parte, procuran desconocer el Estado, cumple licitaciones en algunas oportunidades y en otras acude a peripecias para no someterse a ellas y suscribe contratos a pesar de su prohibición  con el visto bueno de asesores, al mismo tiempo  incumple flagrantemente con el pago oportuno a los contratistas, que vienen a afrontar los gastos en contrataciones grandes y pequeñas.

No son pocos los casos en que con el uso de la buena fe se constituyen sociedades para contratar con el Estado, pero las circunstancias de incumplimiento por parte de este, las lleva  a la liquidación, porque surgen situaciones que los contratistas no previeron y  no son pocas las veces en que las conocidas actuaciones anómalas atosigan al empresario con participaciones que le quitan la liquidez, no es necesario denunciar cada una de esas circunstancias conocidas porque por reiteradas se tornan en costumbres sin afirmar con certeza que es necesario retroceder.

La costumbre sana que se practicaba antes de la vigencia de la ley 80, que se denominaba control previo por parte de los entes de control y vigilancia para que entes especializados acompañarán cada licitación y aún pequeños contratos. haciéndole seguimiento a importantes requisitos señalados en la ley para prevenir lo que se ha constituido en inveterada costumbre de utilizar los dineros estatales para fines diferentes a los señalados en cada disposición presupuestal, con las consecuencias que no se desconoce porque la justicia ha tenido que apersonarse de la tipicidad de esas irregularidades.

No hay explicación para que se atosigué la administración de justicia que transforme en delincuentes a quienes acceden al Estado con capacidad de contratación el que luego de una equivocada determinación de control posterior surgió esa libertad, esa lasitud que la acompañó sin advertencia. Seguramente que habrá muchos críticos que podrán estar de acuerdo en que se piense de esa manera, pero es necesario regresar al control previo, así se diga que debemos vivir la actualidad moderna sin retroceder.

Cuando los costumbres nos doblegan, es necesario acudir a mecanismos que existían puesto que no hay demostración que el control posterior haya sido exitoso y sí en cambio se puede observar que el control previo da la razón de ser a los organismos de control que de otra parte, han demostrado poco interés en la facultad sancionatoria en el tema que nos ocupa, salvo la actividad que el Procurador General de la Nación del período actual puso en vigencia. La creación de las contralorías con los mecanismos de nominación que el constituyente creyó positivo, no ha dado los resultados esperados y por eso es necesario rectificar la legislación para que se busque no sanciones, sino prevención.
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Mutilación de la Constitución

Adiós al Estado Social de Derecho

José Gregorio Hernández

LA PATRIA, Manizales

2011-08-30

Reenviada por Rosario Patiño

Que no se diga después que no lo advertimos: la Constitución Política de 1991, a sus veinte años de vigencia, sufre una mutación fundamental. Tan fundamental que, a partir de ahora, estamos en presencia de otra Constitución. Una muy distinta de la aprobada por los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente.
En efecto, uno de los elementos esenciales de la Carta Política -el Estado Social de Derecho- es, de ahora en adelante, apenas un adorno lingüístico dentro de un conjunto de normas que hace prevalecer el factor económico -cuyo contenido será definido en cada caso por los burócratas de turno- sobre la dignidad humana, los derechos fundamentales, los derechos sociales, los derechos colectivos y del ambiente, el acceso de toda la población -en especial la de menores recursos- a los bienes y servicios básicos.
Ha sido aprobado y está a punto de entrar en vigencia el Acto Legislativo que condiciona la aplicación y efectividad de los derechos "garantizados" y "asegurados" en la Constitución a la denominada “sostenibilidad fiscal”, un concepto maleable y manipulable que se usará siempre como argumento para negar a los ciudadanos las prestaciones inherentes al Estado Social de Derecho, que hoy pueden reclamar ante los jueces cuando se las niegan la administración o los particulares.
Desde ahora, puesto que el Acto Legislativo es de vigencia inmediata -entrará a regir el día en que sea promulgado en el Diario Oficial-, los colombianos hemos de acostumbrarnos a una Constitución que proclamará los derechos en la teoría pero que los hará nugatorios por anticipado, restringiendo al mínimo -o a la nada- las posibilidades de reclamo.
No se extrañe, amable lector, de la respuesta que le darán cuando reclame uno de sus derechos: "Usted tiene el derecho, y nadie se lo niega. Pero no está financiado. No es sostenible. No hay plata".
Esta nueva será la Constitución del Estado neoliberal y del capitalismo salvaje, que sustituirá la del Estado Social de Derecho aprobada hace dos décadas. Es una Constitución indolente, cuyas expresiones limitarán el ejercicio de los derechos, harán impracticables las normas constitucionales supérstites que los reconocen y eliminarán de un tajo las competencias judiciales que hoy por hoy permiten a los jueces impartir órdenes tendientes a cristalizar los postulados sociales del orden jurídico fundamental.
Las normas constitucionales del Estado Social de Derecho estarán en adelante "durmiendo con el enemigo". Es decir, la Carta Política nos reconocerá derechos con una mano y nos despojará de ellos con la otra.
Gran satisfacción, claro está, entre los tecnócratas del Ministerio de Hacienda, en las gerencias de las EPS y de la salud prepagada, en las empresas de servicios públicos, entre los intermediarios financieros, en las oficinas de los economistas neoliberales.
Parodiando a Núñez en 1885, los nostálgicos de la Constitución de 1886 ya pueden decir ahora, satisfechos: "La Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho que ella consagró han dejado de existir. Que en paz descansen".     

La compleja situación de acceder a los bienes del Estado

Por: Pedro Gerardo Tabares C

Son  ideas elementales las que permiten auscultar en la sociedad las situaciones que permiten la utilización de los bienes públicos bajo el determinante de corrupción.

El tejido social comprende a todas las personas que viven en Colombia.  El trabajador raso no tiene posibilidades de llegar a licitar obras de importancia, porque la facultad de sus presupuestos escasamente le permiten sobrevivir con la esperanza que  a nivel de Estado se hace de la creación de empleo y con base en esto no puede acceder a licitar pues solo presentar las pólizas de garantía se lo impiden. Por eso  la necesidad de que existan empresas que puedan realizar las obras públicas con solvencia que puedan reunir requisitos para acceder a la contratación pública, que de otra parte exige conocimientos que van más allá del simple empleo por parte de quienes elaboran los pliegos para evitar inconsistencias que devienen en sanciones, como lo señalábamos en una época anterior y cuyas consecuencias se observan. En este campo surge la creación de empresas con objeto, exclusivo para determinada licitación, que no obstante, exigir  existencia de empresas con trayectoria en trabajos de la naturaleza de los que se licitan, la antigüedad no se explica como aparece.

Esas grandes empresas por tener la confianza con base en el capital que manejan, mas no del que constan en su constitución, pueden efectuar el giro de negocios a nivel internacional y por ello se pueden consignar en el exterior los valores que reciben de anticipos, que después del tiempo se pretende evitar sin que se tengan mecanismos para recuperar.

 Haciendo la reminiscencia histórica con base en documentos hoy en desuso, en el pasado, ---cuando la maquinaria no era de exigencia- le entregaba el Estado a personas capaces y que por ejemplo, en obras públicas asumían las labores con unos obreros a quienes les entregaban dineros con períodos de semanas, porque había un  director de obras públicas calificado y reconocido en el entorno como buen maestro y trabajador con obreros que lo acompañaban, y pago de jornales. Así se construyeron obras que hoy se determinan como monumentos nacionales. El desarrollo trajo otras costumbres y por ello, es necesario actualizar la legislación, para que dentro de la transparencia, se evite la falsedad de documentos y el monopolio de los bienes estatales. La situación es difícil, pero se pagan muchos dineros por estudios que hacen eruditos, fuera de la realidad nacional.