En el país crecen la incertidumbre y el desconcierto por razón del sentimiento creciente de que el caos que se avizora termine convirtiéndose en una supuesta e ignota normalidad. Es un temor justificado por la prolongación de las marchas, bloqueos y vandalismo que las han acompañado y que demuestran que los fines perseguidos desbordaban el supuesto objetivo del retiro del malhadado e inoportuno proyecto de reforma tributaria. El 28 de abril constituyó el abrebocas de un festín de mayores alcances, al que concurren diversos sectores en ejecución de una planificada estrategia de sustitución del régimen político y de sus instituciones. La buena voluntad del gobierno de abrir amplio diálogo que permita entendimientos sobre políticas públicas que respondan a las necesidades y aspiraciones de la sociedad colombiana, se ha visto maltratada por la displicencia de Comité de Paro en acudir a ese llamamiento, mientras proliferan las acciones delictivas en ciudades y regiones de Colombia.
No tienen prisa, porque hay que darle tiempo al despliegue de todas las acciones que debiliten la autoridad legítima y socaven el apoyo ciudadano. Convirtieron la protesta social pacífica en acciones delincuenciales que vulneran los derechos de las personas a la vida en medio de la pandemia que soportamos, a la seguridad alimentaria de la población, a la salud pública, al libre tránsito de personas y de bienes, a la fluidez de exportaciones e importaciones, y con ello a la recuperación del aparato económico y del empleo. Son los gestores de pobreza y muerte. Las dimensiones de esas afectaciones crecen al unísono del dominio progresista en los medios nacionales e internacionales de información y del pobre desempeño diplomático de los agentes del gobierno, con la valiente excepción del embajador ante la OEA, y que parecen ignorar que la diplomacia no consiste en callar sino en saber decir.
Se percibe la dramática soledad del gobierno en los partidos y movimientos políticos que notifican, aún antes de su presentación, que no aprobarán reforma alguna; en el silencio de la mayoría de los aspirantes a presidente; y en la desatención del propio gobierno a los llamados para fortalecerse con la recomposición de su gabinete. Mientras tanto, detrás de bastidores, Petro incita a la rebelión, Álvaro Leyva asoma la posibilidad de elecciones anticipadas y el Arzobispo de Calí llama a un gobierno de transición que prohíje la salvación nacional, en la consideración de que la legalidad carece de legitimidad. Es un explícito llamado a la insurrección que no puede pasar desapercibido y merece la protesta que corresponde. El tiempo se agota y exige acciones urgentes. En política actitudes correctas valen por miles de palabras y deben acompañarse de decisiones acertadas. El orden es consustancial a la convivencia y la autoridad la responsable de su mantenimiento. Sin él prevalece la anarquía. La mayoría de los colombianos quieren el orden que garantice las libertades de la democracia y el ejercicio y preservación de sus derechos fundamentales. Se trata de escoger entre destruir lo que tenemos y construir lo que anhelamos.
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