Las revelaciones del ex asesor de Piedad Córdoba confirman que no hay verdad que permanezca oculta para siempre. Con ellas regresaron a la memoria de los colombianos las tragedias humanas que nos fueron impuestas por el accionar de los grupos alzados en armas y las tretas y manipulaciones urdidas desde la propia Justicia y encubiertas por los intereses políticos de los que actuaban desde las sombras. Sorprendieron a los que, como Piedad, se creyeron a salvo de la justicia y del juicio de la historia que condenará sus torvos procederes, confiados en el manto de inmunidad e impunidad que habían logrado extender sobre sus conductas y culpabilidades.
Recobran fuerza y pertinencia los archivos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, invalidados presurosamente por una Corte Suprema pugnaz con el gobierno de entonces, y condenados al olvido, a pesar de haber encontrado en los obtenidos en las operativos contra el “Mono Jojoy” y Alfonso Cano, confirmación de la verdad de sus contenidos y, con ello, su pleno valor probatorio. Ya conocemos sin lugar a dudas la identidad de “Teodora de Bolívar”, sus afinidades con las Farc, sus objetivos políticos en complicidad con Hugo Chávez, y su desalmada conducta con los secuestrados, negociando su libertad a conveniencia de sus antojos de poder. Pierde vigencia la frágil sentencia del Consejo de Estado que la libró de toda culpa, y recupera vigor y aplicabilidad la merecida sanción impuesta a la inhumana Teodora” por la Procuraduría de Alejandro Ordoñez. Resulta cierto, otra vez, el conocido aforismo de que la justicia tarda, pero llega.
Invoca Piedad Córdoba el recurrido argumento de ser víctima de persecución política al que todo dirigente de izquierda acude cuando se ve confrontado a verdades incomodas, y que adoba con la insólita pretensión de inmunidad en razón de los altos fines que atribuye a su activismo político, confiando en encontrar eco en instancias judiciales nacionales e internacionales proclives a un sesgo ideológico que sabe favorable. Así ocurrió con Petro, sus bolsas de billetes y la sanción por la calamitosa emergencia de salubridad en el manejo de las basuras en Bogotá; con Iván Cepeda y sus visitas a centros carcelarios en procura de testigos; y con otros que, ante denuncias de mal comportamiento, se valen de idéntica alharaca ante autoridades sensibles a semejantes sinfonías. Esa es la concepción que en esa bandería se tiene de la justicia, presta a absolver al partidario y condenar al adversario, como se practica en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
No contentos con garantizar impunidad para los propios, ahora pretenden entronizar el delito de opinión. Iván Cepeda presentó proyecto en el que se consagra pena de privación de la libertad a quien obstruya acercamientos o diálogos autorizados por el gobierno con grupos armados, o critique la implementación de acuerdos de paz y procesos de reincorporación de sus miembros, que se castigarán con penas de reclusión y de interdicción de derechos y funciones públicas de diez a quince años de cárcel.
Nos amenaza el tránsito de Piedad a la sin piedad
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