Una política de seguridad para la Paz

Mario González Vargas

La ilusión del cambio se ha venido enredando en una maraña de improvisaciones del gobierno, constantes, populistas y dirigidas a estimular la creatividad de las huestes de activistas que conforman mayoritariamente las nóminas de los altos cargos del estado. La última de ellas es sin lugar a dudas la de que “los campesinos pueden seguir sembrando coca mientras prueben cultivos sustitutos… hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro”. Parece la versión actualizada de los incentivos prodigados en la negociación con las Farc, que significó el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, con todas sus perversas consecuencias sobre la seguridad ciudadana y nacional.

En un escenario que supuestamente ambiciona la conquista de una paz total, no debe soslayarse el influjo de la cocaína en el deterioro continuo de la inseguridad que afecta la preservación de la vida a lo largo y ancho de la nación y que se vale de la constante pérdida del control territorial por parte del estado. Las masacres ocurridas desde el 7 agosto siguen su curso ascendente y representan el 45% de las ocurridas en lo transcurrido del año, que se han escenificado en departamentos que ocupan el 57% del territorio nacional.

La paz total, sea con el Eln o con las organizaciones del multicrimen, como ahora se les apellida, no puede ignorar que los enfrentamientos entre ellos se deben a la cocaína y constituyen la causa principal de la espiral de muerte y dolor que estremece al país. El cambio en la lucha contra el narcotráfico debe ser prioritario, y percatarse que todo crecimiento de la cocaína en los departamentos fronterizos con Venezuela gozará seguramente de la aquiescencia de sus gobernantes enjuiciados por las autoridades pertinentes de los Estados Unidos.

La formulación de una política de seguridad, más allá de las enunciaciones teóricas y gaseosas de la llamada seguridad humana de la ONU, constituye prerrequisito urgente para potenciar la defensa de la vida en Colombia. Las primeras decisiones del gobierno no apuntan en esa dirección, como que tampoco asoman aún en los temas con el Eln, a pesar de que, entre agosto y noviembre de este año, la UIA registró que uno de cada tres enfrentamientos armados entre organizaciones al margen de la ley tuvo la participación directa del Eln. Para nadie es un misterio que el Eln, el Clan del Golfo y las dos disidencias de la Farc, se disputan a sangre y fuego el control de territorios para imponer sus condiciones en el mercado de la base de coca.

El gobierno no puede pretender que con la inercia que le impuso a las Fuerzas militares, con la decapitación de sus mandos, la reducción de su presupuesto y la consiguiente afectación de sus decisiones estratégicas, puedan ellas responder a las urgencias que confrontan, porque todas redundan en desmedro de la capacidad en la planeación operacional. La advertencia de los EEUU era previsible. Razón tienen los que piensan que una política apropiada de seguridad libraría al gobierno de toda sospecha.