El precio de los combustibles pondría en apuro al gobierno

Por: Bernardo Socha Acosta

Los malos momentos de los colombianos requieren del concurso de quienes de forma generosa aportan su granito de arena para ayudar a construir y no a destruir como suelen hacerlo quienes precisan erradamente de ser los salvadores del futuro, cuando tuvieron 40 y 60 años gobernando y solo trajeron hambre y violencia, esa que estamos sufriendo hoy.

Todos los días lamentablemente vemos desajustes sociales y de la economía; y, sino miremos lo grave que está ocurriendo el Sur de Colombia con el secuestro de la fuerza pública y asesinato de policías.

Y luego de varios sondeos de opinión, encontramos que entre las acciones causantes del inconformismo popular contra el actual gobierno, está el reajuste permanente de los precios de los combustibles, hecho que debiera ser más gradual para evitar que esto se convierta en una peligrosa mina explosiva y hasta en una pesadilla, por tratar de hacer lo que no hicieron otros mandatarios.

Quienes saben que el reajuste de los combustibles es la respuesta a la nula acción de gobiernos pasados, también creen que la solución no se puede lograr sacrificando de un solo tajo a quienes trabajan (los transportadores) y causándole más problemas a los consumidores porque sin duda que el permanente reajuste de los combustibles está aportando un permanente encarecimiento del valor de la canasta familiar, y eso está también minando los ánimos del pueblo colombiano que podría revertirse en un nuevo estallido social.

Ojalá que los consejeros presidenciales y el equipo del gobierno sean sensatos y a tiempo conjuren una revuelta peor.

El problema de los combustibles comenzó a gestarse en 2007, con la ley 1151 aprobada por el congreso de la república y sancionada por el presidente de la época. Fue entonces con el artículo 69 de esa ley, sobre creación del Fondo de Estabilización de precios de los combustibles (FEPC) adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que comenzó lo que hoy es un calvario que puede dar origen a graves problemas sociales. Los transportadores ya no aguantas más. Y como esos precios inciden en el costo de vida, pues los consumidores tampoco aguantas más el precio de los alimentos.

Esa medida (fondo de estabilización de precios) que se represó de mala o buena fe, es la que está tratando de resolver este gobierno para evitar problemas peores, pero los reajustes fijados a los combustibles para cada mes, son absurdos por su cuantía. Los incrementos se podrían hacer, pero con unos montos menores que no afecten gravemente el costo de vida.

El momento que vive Colombia, con una atapa de inflación, un desenfrenado costo de vida y una amenaza de violencia que se enfrenta al proyecto de paz total, exige mesura del gobierno, porque si bien está haciendo esfuerzos para buscar soluciones a graves problemas del pasado, como por ejemplo la entrega de tierras para que trabajen los campesinos y desmovilizados de las guerrillas y paramilitares, aun no se está produciendo nada para surtir la demanda de comida que clama el mercado. Entonces, es urgente frenar los reajustes en los combustibles.

El gobierno no puede intentar darle solución a todo de una vez, y menos cuando tiene unos sectores de la política tradicional que se han convertido casi en un cáncer maligno, que ni trabajan ni dejan hacer las cosas que necesita Colombia. (bersoa@hotmail.com)

Una política de seguridad para la Paz

Mario González Vargas

La ilusión del cambio se ha venido enredando en una maraña de improvisaciones del gobierno, constantes, populistas y dirigidas a estimular la creatividad de las huestes de activistas que conforman mayoritariamente las nóminas de los altos cargos del estado. La última de ellas es sin lugar a dudas la de que “los campesinos pueden seguir sembrando coca mientras prueben cultivos sustitutos… hasta probar que el cultivo sustituto funciona, porque si funciona ya no hay necesidad de lo otro”. Parece la versión actualizada de los incentivos prodigados en la negociación con las Farc, que significó el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, con todas sus perversas consecuencias sobre la seguridad ciudadana y nacional.

En un escenario que supuestamente ambiciona la conquista de una paz total, no debe soslayarse el influjo de la cocaína en el deterioro continuo de la inseguridad que afecta la preservación de la vida a lo largo y ancho de la nación y que se vale de la constante pérdida del control territorial por parte del estado. Las masacres ocurridas desde el 7 agosto siguen su curso ascendente y representan el 45% de las ocurridas en lo transcurrido del año, que se han escenificado en departamentos que ocupan el 57% del territorio nacional.

La paz total, sea con el Eln o con las organizaciones del multicrimen, como ahora se les apellida, no puede ignorar que los enfrentamientos entre ellos se deben a la cocaína y constituyen la causa principal de la espiral de muerte y dolor que estremece al país. El cambio en la lucha contra el narcotráfico debe ser prioritario, y percatarse que todo crecimiento de la cocaína en los departamentos fronterizos con Venezuela gozará seguramente de la aquiescencia de sus gobernantes enjuiciados por las autoridades pertinentes de los Estados Unidos.

La formulación de una política de seguridad, más allá de las enunciaciones teóricas y gaseosas de la llamada seguridad humana de la ONU, constituye prerrequisito urgente para potenciar la defensa de la vida en Colombia. Las primeras decisiones del gobierno no apuntan en esa dirección, como que tampoco asoman aún en los temas con el Eln, a pesar de que, entre agosto y noviembre de este año, la UIA registró que uno de cada tres enfrentamientos armados entre organizaciones al margen de la ley tuvo la participación directa del Eln. Para nadie es un misterio que el Eln, el Clan del Golfo y las dos disidencias de la Farc, se disputan a sangre y fuego el control de territorios para imponer sus condiciones en el mercado de la base de coca.

El gobierno no puede pretender que con la inercia que le impuso a las Fuerzas militares, con la decapitación de sus mandos, la reducción de su presupuesto y la consiguiente afectación de sus decisiones estratégicas, puedan ellas responder a las urgencias que confrontan, porque todas redundan en desmedro de la capacidad en la planeación operacional. La advertencia de los EEUU era previsible. Razón tienen los que piensan que una política apropiada de seguridad libraría al gobierno de toda sospecha.

Se canaliza la impunidad

                                     Por Gerardo Delgado Silva 

El Estado de Derecho es la organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal.

Así se llegó al constitucionalismo como sistema de organización político-social. 

El constitucionalismo impregna con su sentido, la vida de la humanidad civilizada y culta.

Sin su garantía, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de los derechos humanos, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva que pudiera abrirse paso en su sagrada misión.

Es que, si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.

Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.

Así pues, el Gobierno nunca puede bajar la guardia, porque su compromiso moral es el de tener fe en la justicia ordinaria, considerada con tantos atributos intrínsecos, emparentada en su espíritu con otros bienes y valores que el hombre busca en su porfía por embellecer y dignificar la vida.

Dante, expresó sencillamente que la justicia es “una virtud al servicio de otros”.  Los magistrados y jueces que la representan en nuestra patria, se han distinguido por su consagración a la ciencia del derecho, por la constante y fervorosa defensa de los Derechos Humanos.  De no ser así, Colombia estaría en el abismo insondable de los amargos genocidios, los eufemísticos “falsos positivos”, dramáticos testimonios de una agonía espiritual y moral de la patria.

Platón en su obra más importante, “La República” plantea un Estado Ideal, en el cual debe prevalecer la justicia, Platón así mismo, refuta en primer lugar, la tesis absurda de los sofistas en el sentido que el derecho nace de la fuerza y opina que el hombre injusto no podrá tener felicidad jamás.

El país avanza irracionalmente a pasos largos hacia una modalidad que combinaría los poderes nominales del régimen presidencial, con los efectivos de un régimen militar.

Se advierte como una tragedia el peligro del sistema democrático, ante ciertas afirmaciones que cambian el espíritu de la Constitución, expresadas por el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, con talante de militarismo, apoyados en la fementida “inseguridad jurídica” ante la justicia ordinaria, para que el país prefiera insensatamente el reforzamiento de una “justicia penal militar” y la ampliación del “fuero” militar, a fin de conocer diabólicamente los hechos punibles violatorios de los Derechos Humanos.

Dizque, se excluyen de la reforma Constitucional del “fuero”, crímenes de lesa humanidad.  Empero, ¿Quién adjudica la competencia destinada exclusivamente al conocimiento de esos hechos criminales? ¿Qué va a acontecer con el principio de favorabilidad, y los procesos contra los autores de genocidios, eufemísticamente llamados “falsos positivos”? ¿Y con los hechos punibles de los militares que han estado vendiéndoles armas a los grupos al margen de la ley?

Vaya, vaya como dicen los ingleses. Corresponde nada menos que a la justicia militar – juez y parte al mismo tiempo -, en última instancia esa adjudicación de la competencia, para fomentar la seguridad jurídica inmersa en los cuarteles; persuadidos de que allí se encuentra el “súmmum bonum” del derecho, que es el fin último de la convivencia humana.  Algo así, como un hipotético Nirvana  para Colombia, la bienaventuranza de una auténtica justicia.

Semejante exabrupto jurídico, viene amancillar la propia piel transparente de la patria.  De ahí, que no les fuera indiferente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Human Rights Watch; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes descalifican semejante esperpento y reclamaron el hundimiento del proyecto.

El “fuero”, se puede considerar como una nostalgia totalitaria, que revela como se entrelazará irremediablemente la impunidad.  Es el sendero para volver al tétrico pasado, cuando se extendió la competencia de los tribunales militares al juzgamiento de civiles, una refulgente cola del Estado de Sitio, como una alegoría violenta y clarificadora de lo que fue el terror nazi.  En otras palabras, significa anclar el pensamiento turbulento del señor Uribe, que ha pasado por alto los derechos fundamentales, empezando por la dignidad de la persona humana, no obstante el valor supremo que la Constitución le otorga y que constituye a la persona en un fin para el Estado,  que vincula y legitima a todos los poderes públicos.

Es el camino de espacios sin derecho, como los recorridos por los señores parapolíticos.

No entiende el Señor Ministro ni el Comandante, ni tiene tampoco por que entender que en la justicia penal ordinaria, en su función hermenéutica, se parte del análisis de la conducta humana, contando con las nociones de ser, de causa, de sustancia y de fin. Ordenamientos intelectuales que se aplica por imperativo de la razón, mediante una actividad lógica y dialéctica, de inducción y deducción, iluminada por la Sociología Penal, la Psicología, el Psicoanálisis criminal, la  Criminalística, de brazo de la Sana Crítica, que conduce a discernir lo verdadero de lo falso.  Sólo así se conciben las providencias de la justicia ordinaria sumergidas en la certeza, que hacen posibles la convivencia y la paz.  La expresión de la Soberanía   Nacional.  Aquí se fundamenta el Estado de Derecho, la esencia misma de la Democracia.  Por ello, los jueces ordinarios ostentan en el mundo entero, la más sublime de todas las dignidades. 

En últimas el “fuero” va a constituir el desmonte de la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y un sablazo al Poder Judicial, establecido en la Constitución con carácter independiente y soberano.

Una verdadera utopía en este Gobierno de Santos, que ha querido ser abanderado del Estado de Derecho.

En puridad de verdad, la historia nos cuenta que Atenas le legó a la humanidad la Filosofía y el Derecho.  Esparta con su militarismo, no le dejó absolutamente nada, como que no tenemos noticia cierta en que lugar de Grecia estaba situada.

Con acusadora precisión, surgen límpidas las palabras de Clemenceau: “La justicia penal ordinaria, es a la llamada justicia penal militar, lo que la música clásica, es a la música militar”

                                                              Para: www.bersoahoy.com

Actualidad política

Tomado de El espectador.com

La mano verde que se aleja del uribismo

Por: Paloma Valencia Laserna

El Partido Verde parece haberse convertido en una colcha de retazos que carece de coherencia política

Peñalosa invitó a Uribe a que lo respaldara y una vez el expresidente mostró la intensión de hacerlo Peñalosa se solemnizó, Mockus criticó la idea al extremo de dejar el Partido. Peñalosa dio declaraciones mezcladas sobre la pertinencia de este apoyo; diciendo que se trataba de aunar fuerzas para solventar la profunda crisis que vive la ciudad, que no daría puestos ni haría acuerdos politiqueros, insinuando que eso le exige el uribismo.

La ambigüedad de los Verdes frente a Uribe y los uribistas va más allá; unos pocos días antes de que se sellara la alianza con el expresidente; Lucho Garzón le envió una carta al Presidente Santos en la que lo felicita por su valiente denuncia sobre la mano negra y se unen a la satanización de la oposición uribista.

Los comentarios que hizo el presidente Santos a propósito de las manos negras son flojos. Utiliza un fetiche para decir que su gobierno tiene dos tipos de oposición, la del terrorismo de las Farc que a quien el Presidente le otorgó las banderas de la izquierda y otra oposición, que él califica de extrema derecha, que critica sus políticas y según él, exagera la incidencia de la violencia en su gobierno.

Lo que hace muy desatinado el comentario es equiparar un grupo terrorista como las Farc que destruye pueblos, secuestra y mata; con una oposición de derecha que critica. Se sabe que Santos no quiere tener oposición y en gran medida lo ha conseguido con la Unidad Nacional. El comentario mostró –como es evidente- que la oposición del Polo está muy disminuida. La caída de Samuel dejó en manos de Santos la elección del Alcalde y esto le entregó el poder que requería para poner al Polo dentro del bolsillo. Así que la oposición que ha surgido es la de los uribistas arrepentidos de haberlo elegido. Esos son los únicos que lo critican porque se sienten timados en su voto y abandonados en los proyectos prioritarios, como la seguridad democrática.

Un Presidente no debería poner en la misma bandeja a los terroristas y a la oposición; es no sólo parte de la democracia sino su ingrediente esencial. El comentario muestra una tendencia de Santos de eliminar cualquier disidencia, incluso recurriendo a la descalificación.

La carta de Lucho dice: “Una extrema derecha que no acepta las transformaciones en la agenda pública que usted le ha propuesto al país, que se traduce en una nueva estrategia de seguridad nacional para la prosperidad, un Plan Nacional de Desarrollo para la reconstrucción, y una Unidad Nacional para superar la polarización, la confrontación armada y fortalecer la democracia”. Es decir, Lucho y el Partido Verde entienden claramente que la mano negra de derecha es el nombre que le da Santos de la oposición política.

La adhesión del Partido Verde a semejante manera irracional y sucia de combatir a los críticos es un acto de sumisión al Presidente que desluce. Hace parte de la democracia la discusión de la ideas, la nutre la existencia de grupos con posturas distintas. La polarización -nombre con el que muchos intentan menosprecia la importancia de las diferencias ideológicas- es del debate democrático, y lo fortalece. La eliminación de todas las disidencias sólo es propia de las tiranías.

Vista esta faceta del Partido Verde es evidente que el uribismo tiene muchas razones para no acompañar a Peñalosa. El uribismo como fuerza con gran capacidad de decisión en estas elecciones tampoco apoyará a Petro, pues las diferencias ideológicas son irreconciliables. Gina y David también están muy alejados, la primera por su antiuribismo y el segundo por su partido. Así Carlos Galán de perfila como una opción hacia la cual el uribismo podría acercarse, pues Cambio Radical hacia parte de la coalición uribista.

Elespectador.com
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Por Pardo y por Pardo

Colombia, miércoles 3 de marzo de 2010

HORACIO SERPA
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La política estaba pasmada. Se reactivó con el fallo de la Corte. Hoy no se habla más que de la elección del Congreso y del próximo Presidente. Las encuestas van y vienen y las cábalas están en el primer punto del orden del día. La frase que más he escuchado: “Cualquiera puede ganar”.

Por la incertidumbre y porque la constante acción presidencial copaba todos los espacios, no hubo tiempo, ni oportunidades, ni ganas de examinar otras opciones. “Hay que esperar ---se argumentaba--- porque una cosa es con Uribe y otra muy distinta sin Uribe”. El tema se resolvió en forma democrática e institucional y en medio de alegrías y tristezas comenzó una frenética carrera por el poder.

Al término de importante reunión en la que se examinó el panorama de garantías para el desarrollo de las campañas y el ejercicio ciudadano del voto, una periodista me preguntó al rompe: “¿ por quien va a votar? ” Contesté de inmediato “por Pardo”, lo cual no es novedad porque siendo persona proba y competente, es el candidato de mi Partido. Insistió la periodista: ”¿ Y en la segunda vuelta? ” - “Por Pardo”, respondí.

El momento exige reflexionar sobre el País. Para hacerlo en serio hay que pensar en la gente, sin sofismas ni especulaciones. Claro que el tema de la seguridad es esencial y hay que seguir luchándolo. También la tranquilidad ciudadana y la convivencia, aspectos ligados a lo que debe ser la mayor preocupación de los Estadistas: el bienestar.

La economía pasa por el peor momento. Tenemos un problema de marca mayor: el desempleo, que cubre todos los ámbitos. Situación grave, muy grave, cuyo análisis debe convertirse en uno de los puntos de debate ---ojalá el más sobresaliente--- de los aspirantes a la Presidencia.

Sin ingreso no hay presente, ni futuro. Ni educación, ni salud, ni lo básico para la gente. Ni familia, pues como se lo oí muchas veces a mi abuela, “cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana”. Sin empleo la juventud se frustra, se resiente, y el escepticismo campea por todos los predios de la vida nacional. Sin equidad, sin oportunidades sociales, lo que se logra cuando la persona y la familia reciben un salario, tampoco habrá confianza en las instituciones, ni sosiego comunitario, ni respeto a la autoridad. Reconociendo lo que se ha logrado, la seguridad podría lesionarse severamente.

Otros aspectos siguen en entredicho. Derechos Humanos, por ejemplo. Impunidad. ¿Será que se vuelve a pensar en la paz? Porque dígase lo que se diga, ahí siguen las farc pertubadoras, amenazantes, violentas. Y el narcotráfico “vivito y coleando”. También las bandas llamadas emergentes, herederas legítimas de la violencia y la criminalidad paramilitar.

Hay que mirar caras, escuchar argumentos, calibrar antecedentes y relaciones. Es válido. Pero toca medir la capacidad de los candidatos, examinar a fondo los pesares del País y pensar en la gente, que con plena razón y todo derecho, reclama bienestar.