Las crisis que afectan a los sistemas educativos en muchas naciones se han convertido en prioridad de las sociedades que aspiren a fortalecer la educación con la inmersión en las diversas herramientas tecnológicas y científicas que hoy se multiplican y abren nuevos horizontes en los procesos de cambio que surgen por toda la extensión del orbe. No ha sido, ni podía ser tarea fácil enfrentarlos, y su comprensión ha desbordado ampliamente las rigideces ideológicas que han caracterizado las controversias sobre las arquitecturas de las sociedades desde los inicios del siglo XX. El apego a postulados que han perdido arraigo y vigencia, explica la incertidumbre que se experimenta en todos los claustros de la enseñanza y del saber y también la enconada resistencia de quienes insisten en permanecer anclados en axiomas hoy carentes de significación. La ideologización de la educación conspira contra la libertad de pensar, núcleo esencial de todo proceso creativo.
Ninguna reforma educativa puede escapar a este nuevo marco político que exige creatividad y capacidad de adaptación a las nuevas realidades que nos circundan, si no se quiere pagar el inconmensurable precio de ignorar o despreciar sus consecuencias. El proyecto de reforma educativa del gobierno respondía más a las estrechas y reiteradas formulaciones ideológicas de boga en el siglo pasado en sectores de la izquierda que a las exigencias de transformación que imponen el cumulo de nuevas realidades en las ciencias y en el ámbito de los nuevos conocimientos que brotan por doquier. Reproducía, además, las falencias propias de nuestro sistema, a todas luces ineficiente y de espalda a las nuevas exigencias en la transmisión del saber, en la formación del educador y en las herramientas de evaluación de su desempeño profesional.
Esas circunstancias fueron las que alentaron y permitieron los acuerdos logrados en la Comisión Primera del Senado y permitieron la elaboración de un proyecto consensuado por todas las fuerzas políticas, inspirado en las nuevas exigencias del mundo cambiante en el que vivimos, y que podía servir de inicio de una ambiciosa tarea de construcción de un sistema educativo que respondiera a las exigencias de estos tiempos, que remozara y potenciara todo el sistema educativo en Colombia. Significativo que el acuerdo convocara a muchos con aspiraciones presidenciales y representantes de las distintas corrientes ideológicas en el país, y además fuera recibido con beneplácito por la ciudadanía y aún con el apoyo de la ministra de educación que suponía la adhesión del gobierno.
La insurrección de Fecode atemorizó al gobierno y a sus congresistas con unas consecuencias políticas inesperadas que supone un nuevo escenario y un entramado inconveniente que cobrará precio inesperado en la gobernabilidad del ejecutivo y en las potestades del presidente. Fecode ejerció con éxito un poder de facto que señala líneas rojas infranqueables y erosiona las competencias presidenciales, que podría extenderse a los cambios proyectados en las carteras ministeriales. Un nuevo escenario de cogobierno, otros lo llaman cohabitación, inédito en Colombia asoma, debilitando la presidencia, que ya es considerada más pendenciera que ejecutiva. Si hoy el presidente sigue desentendiéndose del ejercicio de sus competencias, mañana estará sujeto a vetos de Fecode y otras organizaciones del mismo talante que terminarán imponiéndosele, como acaba de suceder con la reforma de la educación.
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