El deterioro de la seguridad en el país desde la posesión del presidente Petro constituye una realidad inocultable. Lo atestiguan gobernadores y alcaldes que se ven avasallados por la violencia ejercida por todas las organizaciones criminales y abandonados por un gobierno desubicado que solo apuesta a una paz total que se le ha convertido en quimera. Ni quejas ni plegarias elevadas a la presidencia han merecido la atención de quien tiene a su cargo la conservación del orden público en el país.
Según el CERAC, en los primeros cinco meses del año, 447 municipios se vieron afectados por la violencia como consecuencia de la expansión del clan del Golfo (56 nuevos municipios), el EMC (36), y el Eln (24), a los que se agregan los perjudicados por los combates entre estos beneficiarios de la pretendida paz total. Razón asiste a los mandatarios territoriales en su sentimiento de impotencia del gobierno de reaccionar con contundencia, proveer seguridad y lograr conservarla.
Nada distinto podía esperarse después de la decapitación de 65 generales de las Fuerzas Militares y de Policía que significó irreparable daño a sus labores de inteligencia y con ello a la capacidad de las fuerzas en el manejo del orden público. El conocimiento táctico depende de la experiencia y el éxito de las operaciones militares se halla íntimamente ligado a la calidad de los servicios de inteligencia. Pareciera no entenderse que las tareas de inteligencia, para ser exitosas, dependen de la experticia de quienes las asumen que no deben ser retirados por el solo hecho de haber servido en gobiernos anteriores. El primer resultado de estas equivocaciones se tradujo en las facilidades del Tren de Aragua para instalarse en Bogotá y varias regiones del país.
El tardío intento de recuperación del Cauca y del Pacifico colombiano para ser exitoso demanda, a la vez, recuperar la seguridad y responder a las necesidades sociales y económicas de una región devastada por la violencia y afectada por los conflictos propios de una pobreza que perdura. Exigirá proyectos de recuperación de su economía y de la paz que aún no asoman, para no verse reducidos a solicitudes de perdón a Iván Márquez por muerte de uno de sus tenientes en legitimo combate con el ejército, y a la incapacidad de ejecución crónica del gobierno que asegurarían su fracaso.
Pugnacidad e improvisación no deben afectar la gobernabilidad del presidente y su gobierno. Al sentimiento de abandono que se extiende entre alcaldes y gobernadores no debe sumarse la cancelación de la COP16 de la ONU que comprometería el interés internacional de coadyuvar[U1] al país en la superación de sus problemas. Los ceses al fuego concedidos a quienes propagan la violencia solo han favorecido a los violentos para diseminar sus actos criminales, fortalecer el control territorial, asegurar sus rentas ilegales y facilitar el control ciudadano. El país debe llenarse de primeras líneas, propugna Iván Márquez. Convertir a la DNI en cabeza de la inteligencia y dotarla de una comisión judicial para el seguimiento de sus actividades es una envenenada propuesta presidencial, que implicaría “personal técnico idóneo haciendo actividades de contrainteligencia, verificación e inspección” que el Director identifica como “compañeros que desde el M-19 me acompañan en lo fundamental que es defender un proyecto político de identificarnos en las acciones que nos corresponde hacer”. Reminiscencias de la KGB y de la Stasi para gobernar a Colombia.
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