La posesión de Gustavo Petro a la expectativa del cambio
(Tomado de la Revista Sur)
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| Gustavo Petro U. |
Todo está listo para la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia este 7 de agosto en las horas de la tarde. Hasta el último minuto el saliente gobierno ha intentado por todos los medios perpetuar su presencia en organismos estatales como en la junta directiva de Ecopetrol en donde de manera torticera los miembros de su junta directiva se prolongaron sus periodos por dos años más, nombramiento de funcionarios en las Comisiones de Regulación por cuatro años, nombramiento de notarios, contrataciones millonarias con dudosos procedimientos, en fin un cumulo de acciones que buscan atornillarse al poder sin justificación ninguna.
Y es que el logro primero y fundamental del triunfo de Gustavo Petro es el de desalojar del poder a las mafias y sus representantes políticos que lo han ocupado durante los dos mandatos de Uribe y el mandato de Iván Duque estos últimos cuatro años. Este logro no es menor pues ahora se trata de gobernar para el pueblo y realizar las reformas inaplazables que fueron las promesas de campaña. Ahora hay que pasar de la propuesta al gobierno, convertir en leyes y actos administrativos esas promesas. Este es el reto enorme que tiene la coalición de gobierno que se instalará este 7 de agosto.
Las transformaciones y los cambios se anuncian con tranquilidad, aunque habrá por supuesto muchas resistencias, aunque Petro asume el gobierno con una favorabilidad y aceptación de un 64% según la última encuesta de Invamer, mientras Duque se hunde con una imagen positiva apenas del 27%. Esta encuesta refleja, además un sentimiento de esperanza de que con Petro las cosas van a mejorar. Se respira optimismo.
El difícil camino de las reformas
Petro ha logrado conformar una coalición mayoritaria en el Senado y en la Cámara de representantes. No obstante, habrá que ver el comportamiento de dicha coalición ante la agenda reformista que se presentará este 7 de agosto. Lo primero y más difícil será el trámite de la reforma Tributaria que busca recursos nuevos por unos 30 billones de pesos que serán los recursos para financiar las reformas económicas anunciadas y comprometidas desde la campaña electoral.
De acuerdo con Garay & Espitia la pobreza monetaria a junio 30 de 2022 estaría llegando a 45% del total de la población, es decir, estas personas sobreviven con un ingreso diario inferior a 23 mil pesos, es decir, con menos de 6 dólares diarios mientras que otro 30% de la población vive en condiciones de vulnerabilidad es decir entre pobres y vulnerables esta el 75% de la población.
Unos 17 millones de personas no consumen sino dos alimentos al día y cerca de 6 millones solo una comida al día. Por ello una de las tareas primordiales de la agenda legislativa será el plan contra el hambre que también está en construcción aún al momento de escribir este texto, pero, ese programa deberá contener subsidios monetarios a los más pobres, de esta manera se irrigan recursos para que estas familias puedan adquirir alimentos, pero, para hacer frente a la inflación que en el rubro de los alimentos en los sectores populares ha llegado al 30% durante el último año, se requiere de un plan para incentivar los cultivos de alimentos de la canasta básica garantizando la compra de las cosechas con unos precios de sustentación. No actuar sobre el frente de la producción limitaría enormemente el plan de lucha contra el hambre. No hay suficiente oferta de alimentos pues dependemos de las importaciones de trigo, maíz y frijol. Este tipo de cultivos son los que hay que incentivar si se quiere por un lado combatir el hambre, pero al mismo tiempo limitar el crecimiento de la inflación en el rubro de los alimentos que es lo que más está golpeando a los sectores populares. En este proyecto no creo que haya dificultades para su aprobación en el Congreso. Aquí el problema central es el de las fuentes de recursos con un déficit fiscal por encima del 7% o sea de unos 80 billones de pesos. Justamente es sobre esto último que trabaja el equipo de gobierno identificar esas fuentes de recursos mientras se aprueba la reforma tributaria.
Pero donde se sabrá de la solidez de la coalición será en el tramite de la reforma política que busca establecer las listas cerradas y paritarias, así como la transformación y cambio del Consejo Nacional Electoral, así como eventualmente la aprobación de un Tribunal Electoral adscrito a la rama judicial. Estarán los socios de la coalición que pertenecen a los partidos tradicionales el Conservador, el Liberal, el Partido de la U en la posición de crear una institucionalidad electoral plenamente democrática que es lo que busca esta reforma. Por lo pronto nos damos el derecho a la duda, pues durante decenas de años estos mismos partidos se han negado a su aprobación, así como a la democratización interna de los mismos.
En igual sentido nos asaltan las dudas sobre el paquete de la reforma rural integral. Buena parte del marco jurídico ya existe en la ley 160 de 1994, la ley de víctimas, 1448 de 2011, que da un marco para la restitución de las tierras despojadas y abandonadas como consecuencia del conflicto armado interno y que según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado y la Contraloría General de la República había llegado a 8 millones de hectáreas entre 1985 y 2013. Pero ese proceso marcha muy lento pues apenas se han restituido cerca de 550 mil hectáreas durante los 10 años de vigencia de la ley. Falta la creación de la Jurisdicción Agraria y legislar para que los baldíos sean adjudicados únicamente a los campesinos sin tierra, buena parte del trabajo en esta materia lo hizo la Corte Constitucional en sentencia de este año. Pero esto debería quedar consignado en una ley de la República. Bueno allí veremos la solidez de la coalición que tiene amplias mayorías en el Congreso de la República.
Por lo pronto como ya se dijo se respiran aires nuevos y esperanzadores. Tampoco creo que haya muchas dificultades para la aprobación del marco jurídico para la paz que debe distinguir tres actores diferenciados. El primero retomar la Agenda de Negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, esto está más o menos claro. Allí las dudas están más en relación la verdadera voluntad de paz de este grupo insurgente. Un segundo sector es el de las Disidencias, por una parte, las Disidencias de las FARC de Iván Mordisco y el recientemente abatido Gentil Duarte que nunca ingresaron al proceso de paz con las FARC y por el otro lado la diezmada Disidencia de Iván Márquez de la Nueva Marquetalia. Son dos procesos distintos. Y finalmente el proceso de acogimiento o sometimiento de las organizaciones armadas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo. Todos estos actores tienen sus especificidades y el marco jurídico para la Paz Total como lo ha denominado el presidente Gustavo Petro deberá ser cuidadoso y muy preciso de acuerdo con la naturaleza de cada grupo. Este marco jurídico deberá remover los obstáculos que sembró el gobierno saliente de Duque y uno de ellos que es central y que fue un punto de quiebre con el uribismo que es el de la conexidad del narcotráfico con el delito político, esto despejará las negociaciones con el ELN y con las Disidencias.
Son estos los temas centrales de la agenda que el gobierno ha anunciado que presentará este 7 de agosto. Como ya se dijo ahora el reto es gobernar para las mayorías y sacar adelante la agenda reformista. Este es el reto.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: laopinion.com
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