martes, 27 de octubre de 2026

Advertencias del alto tribunal contra proyecto de ley

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FORMULA REPAROS AL “ESTATUTO ANTITERRORISTA”

Por: José Antonio Mantilla Z
Prensa Andina
Bogotá D.C. (25 – 10 – 2026) - La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un documento de observaciones y reparos constitucionales sobre varios de sus artículos del proyecto de ley que establece un Estatuto Antiterrorista, (comúnmente denominado Estatuto de Seguridad).

La Corte cuestionó que el ejecutivo pueda incluir personas o empresas en un listado oficial —con efectos como congelamiento de activos o inhabilidades— sin que medie una orden o validación judicial previa.

Advierte el alto tribunal que la figura que permite tomar bienes a favor del Estado sin demostrar previamente un nexo directo con actividades ilícitas podría equipararse a una confiscación prohibida por la Constitución.

Se objetó así mismo, la propuesta para que un funcionario nombrado por el presidente supervise decisiones que corresponden a los jueces de control de garantías, al considerar que vulnera la reserva judicial y la separación de poderes. A ese funcionario se le denominaría “Alto Comisionado contra el terrorismo.

Corte Suprema
Advierte la Corte “que figurar en un listado administrativo no puede sustituir la carga probatoria ni vulnerar el debido proceso y la presunción de inocencia”.

El gobierno de Abelardo de la Espriella defiende que la iniciativa es necesaria para cerrar vacíos legales, golpear las finanzas de las estructuras criminales y que el proyecto se ajusta a los estándares constitucionales.

Por su parte, congresistas y organizaciones de derechos humanos, han calificado el estatuto de autoritario, argumentando que otorga facultades excesivas al Ejecutivo y pone en riesgo las libertades civiles y la protesta social.

El pronunciamiento de la Corte Suprema es un concepto técnico y no un fallo definitivo; el proyecto de ley estatutaria deberá surtir su trámite en el Congreso de la República y, en caso de ser aprobado, someterse al control posterior de la Corte Constitucional.

SE ABRE EL DEBATE

El trámite en el Congreso del proyecto de Estatuto Antiterrorista (comúnmente denominado Estatuto de Seguridad) está previsto para iniciar formalmente en esta semana, una vez se confirme su radicación por parte de la Secretaría General del Senado.

El Consejo Superior de Política Criminal convocado por De la Espriella, aprobó hace unos días la iniciativa gubernamental por 11 votos a favor y tres en contra. Estos últimos fueron el representante de la Corte Suprema de Justicia; La Defensora del Pueblo (Iris Marín Ortiz) (quien advirtió públicamente sobre riesgos para la presunción de inocencia) y la representación del Pacto Histórico, en representación de la oposición en el Congreso.

Por tratarse de una “ley estatutaria”, por regular derechos fundamentales, su aprobación requiere una mayoría absoluta y debe ser aprobado en una sola legislatura.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ya inició su agenda legislativa de cierre de año en el Congreso con la radicación previa de la Ley de Sometimiento a la justicia el pasado 13 de octubre. El Estatuto Antiterrorista será el siguiente gran proyecto en ser radicado para iniciar su discusión.

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lunes, 26 de octubre de 2026

La falta de tecnología representa perdidas a las empresas

La IA aumenta las exigencias en ciberseguridad y continuidad de negocios
Por: Chris Millington 
Líder Global de Ciberresiliencia, Protección de Datos y Cumplimiento Normativo Hitachi Vantara
Las interrupciones provocadas por incidentes cibernéticos están costando muy caro a las compañías más grandes del mundo, listado que incluye a numerosas empresas de América Latina de países como Colombia, Brasil, México, Chile y Argentina (Forbes Global 2000).

Oxford Economics estima que estas pérdidas ascienden a US$ 600.000 millones anuales, un aumento del 50 % en tan solo 2 años, y advierte que esta señal de alerta ya no puede ignorarse.

Ahora, la Inteligencia Artificial (IA) está elevando aún más las exigencias, actuando como un multiplicador de capacidades para los actores maliciosos y creando una nueva superficie de ataque. CrowdStrike informa de un aumento del 89% en los ataques habilitados por IA, un punto de inflexión en el riesgo cibernético.

Sin embargo, las empresas suelen seguir haciendo las cosas como siempre: invierten en más herramientas de ciberseguridad y se enfocan principalmente en la infraestructura de TI, en lugar de priorizar los datos que mantienen el negocio en funcionamiento, y las capacidades de recuperación necesarias para garantizar la continuidad operativa.

El entorno actual exige un enfoque diferente. Desde Hitachi Vantara presentamos 5 pasos para incorporar la ciberresiliencia empresarial desde el principio, y garantizar la continuidad del negocio frente a ciberataques.

1. Incorporar la ciberresiliencia en la IA desde el principio

La mayoría de las empresas está implementando IA rápidamente, pero las soluciones de protección de datos no han avanzado al mismo ritmo. Los modelos y agentes de IA se integran cada vez más en flujos de trabajo críticos que involucran datos de clientes y sistemas financieros, lo que incrementa el riesgo. La velocidad de la IA implica que un modelo comprometido puede causar daños antes de que un equipo siquiera detecte el problema.

Las empresas pueden incorporar la ciberresiliencia en la IA mediante las siguientes acciones:

Tratar la IA como un sistema empresarial crítico.

Garantizar una gobernanza adecuada.

Adoptar un modelo de confianza cero (Zero Trust).

Incorporar la IA a la estrategia de defensa.

2. Asumir que ocurrirá un incidente y prepararse para afrontarlo

La posibilidad de sufrir un incidente cibernético costoso, como un ataque de ransomware, resulta alarmante. Sin embargo, la realidad es que, en algún momento, las empresas tendrán que enfrentarse a un evento de este tipo.

Preparar a las organizaciones implica contar con una base de datos y capacidades de análisis que permitan determinar qué información es crítica para el negocio y cuál es crítica para la misión. Luego, se establecen diferentes niveles o zonas, con parámetros específicos, para gestionar ambas categorías de manera diferenciada.

Los sistemas y datos críticos para la misión deben permanecer siempre operativos y disponibles. Por ello, será necesario invertir más para garantizar tiempos de recuperación más rápidos y un objetivo de punto de recuperación (RPO) más cercano al tiempo real.

3. Garantizar la continuidad del negocio depende de los datos, no solo de la infraestructura

Ya sea que los datos estén en la nube o en instalaciones propias, se necesita contar con la capacidad de protegerlos y recuperarlos. El primer paso consiste en clasificarlos y aplicar reglas de seguridad de acuerdo con dicha clasificación.

Cuando se produzca un incidente cibernético, debe existir certeza de que se dispone de una copia de los datos, accesible para reanudar las operaciones lo antes posible.

4. Darle a la R de DPR la atención que merece

Estas siglas corresponden a Detect, Protect and Recover: Detectar, Proteger y Recuperar.

Detectar: Los equipos de seguridad son buenos detectando amenazas. Sin embargo, son menos los que supervisan los datos. El ransomware deja señales en el almacenamiento, como archivos cifrados o reescritos a ritmos inusuales. Supervisar estas señales directamente en la capa de almacenamiento permite obtener alertas tempranas.

Proteger: Las instantáneas inmutables (snapshots), aisladas del entorno de producción, constituyen una sólida medida de protección. Capturan copias de los datos en un momento determinado que no pueden modificarse ni eliminarse durante su período de retención. De esta manera, un atacante no puede cifrar ni borrar esas copias protegidas.

Recuperar (Recover): Nunca ha sido tan importante contar con la capacidad de recuperar los datos con confianza. Para conseguirlo, es necesario probar de manera sistemática y continua las soluciones y los procesos de recuperación.

La recuperación es la más importante de estas tres capacidades, pero con frecuencia no recibe la atención que merece. La disponibilidad también contribuye: los mejores sistemas de almacenamiento empresarial de datos alcanzan una disponibilidad de ocho nueves (99,999999 %), lo que equivale a aproximadamente un tercio de segundo de inactividad al año.

Probar periódicamente los procesos de recuperación aumenta la confianza en que los datos estarán disponibles y podrán utilizarse después de una crisis.

5. Crear un entorno de gemelo digital para poner a prueba la estrategia

El tiempo promedio de permanencia de un atacante en un entorno comprometido (dwell time) es de 2 semanas. Los más persistentes pueden permanecer sin ser detectados durante mucho más tiempo: en promedio 122 días en campañas de espionaje.

Si un atacante ha permanecido dentro del entorno de la organización durante semanas o meses antes de ser detectado, cualquier copia de respaldo generada durante ese período podría contener sus modificaciones maliciosas.

Entonces, ¿cómo identificar con confianza la última copia de respaldo de los datos que se sabe que está libre de compromisos? La respuesta es crear un entorno aislado de gemelo digital para alojar y probar los datos más importantes o críticos para la misión de la organización, fuera del ambiente de producción y bajo controles estrictos.

Disponer de un entorno aislado, preparado para activarse de inmediato, es mucho más rápido que intentar volver a un punto específico en el tiempo. Así, es posible mantener la continuidad del negocio poniendo nuevamente en marcha el entorno de producción mediante una replicación sencilla hacia la capa gemela de almacenamiento.

Fuente: Daniel Contreras - EDM Comunicaciones  

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lunes, 19 de octubre de 2026

A impugnación Decreto 1525 del gobierno nacional

DECRETO QUE RESTRINGE LA PROTESTA CIUDADANA ES INCONSTITUCIONAL E ILEGAL

Por: José Antonio Mantilla Z.
Prensa Andina
Bogotá D.C. (18 – 10 – 2026) - Las intervenciones directas en hechos de orden público y de control ciudadano en las principales ciudades y capitales del país, le está ocasionando al presidente Abelardo de la Espriella inconvenientes, por sus excesos autoritarios que chocan con el respeto a la Constitución y la ley.

En su afán por demostrar su potestad y mando, lo que manifiesta es debilidad e inseguridad que se reflejan en el uso desmedido de la fuerza y la imposición de decretos que bordean la inconstitucionalidad reflejan falta de gobernabilidad.

Ese afán por mostrar una "mano dura" inflexible busca compensar la incapacidad del Gobierno para generar consensos, dialogar con sectores sociales o resolver problemas de fondo mediante la política tradicional.

La prisa por saltarse procedimientos institucionales (como reducir los tiempos de consulta pública) se interpreta como el temor a un debate democrático abierto que el Ejecutivo podría no controlar, evidenciando inseguridad frente a los contrapesos del poder.

Los hechos más evidentes y recientes de esa ausencia de gobernabilidad y prudencia lo constituyen los hechos ocurridos el sábado en Bogotá, cuando, por orden del Gobierno Nacional, se intentó impedir a través de la fuerza pública una protesta ciudadana en paz, utilizando no el método del diálogo sino la fuerza y la demostración de poder, con tanquetas de agua, gases lacrimógenos y ataques a la ciudadanía apostada frente al Museo Nacional de Colombia.

Fue tal la manifestación de violencia contra una protesta ciudadana en paz, que la Defensora del Pueblo, Iris Marín rechazó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad/UNADI) y el uso de un vehículo lanzaguas contra el plantón pacífico frente al Museo Nacional.

La funcionaria recordó que, según la Corte Constitucional, la ocupación del espacio público o la obstrucción de vías no le quitan el carácter pacífico a una manifestación ni justifican por sí solas la disolución o el uso de la fuerza.

Al contrario de la Defensora del Pueblo, el Procurador General de la Nación Gregorio Eljach Pacheco intentó justificar la orden presidencial y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán ni se dio por enterado.

El Decreto Presidencial

El Decreto 1525 de 2026 (conocido como el Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima), firmado por el presidente modifica las reglas de intervención de la Fuerza Pública en las manifestaciones sociales.

Aunque establece que se debe privilegiar la mediación, la Fuerza Pública está facultada para intervenir de forma inmediata e individualizada contra las personas que cometan actos de violencia, vandalismo o agresiones, sin necesidad de esperar a que concluyan las mesas de diálogo con los manifestantes.

El decreto aclara que una obstrucción vial no convierte automáticamente toda la manifestación en violenta. Sin embargo, exige la apertura obligatoria de "corredores solidarios" para el tránsito de misiones médicas, bomberos, alimentos y medicamentos. Si estos corredores no se garantizan, las autoridades civiles pueden dar por terminada la interlocución y ordenar el despeje de la vía.

La Policía Nacional debe acompañar el desarrollo de las marchas manteniendo una distancia mínima de cuatro metros respecto a los manifestantes.

La norma ha suscitado un fuerte debate jurídico y político en torno a la pretensión del presidente de "pasar por encima de la Constitución y la ley".

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y sectores de oposición advierten que la ambigüedad en conceptos como la definición de los actos de violencia abre la puerta a interpretaciones discrecionales y arbitrarias por parte de la policía. Señalan que facilitar el uso de la fuerza pública o disolver diálogos de forma apresurada pone en riesgo el derecho fundamental a la protesta pacífica protegido por la Constitución de 1991.

El presidente De la Espriella y su gabinete defienden la legalidad del decreto asegurando que la protesta pacífica sigue siendo una garantía constitucional plenamente protegida. Sostienen que el estatuto no vulnera la ley, sino que cumple con el deber constitucional del Estado de defender la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos frente a bloqueos prolongados o actos de terrorismo urbano.

¿Por qué no respetó la protesta social?

Aunque la manifestación inició y se desarrolló durante horas de manera pacífica, las autoridades oficiales y policiales justificaron la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (antes Esmad) “debido al bloqueo de la Avenida Carrera Séptima”.

Bajo el nuevo marco del Decreto 1525 de 2026 firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, se establece que las obstrucciones viales que no garanticen de manera estricta los "corredores solidarios" de movilidad o que afecten el tránsito general facultan a las autoridades civiles y policiales a dar por terminada la interlocución y ordenar el despeje inmediato.

DE acuerdo con esto, dijo haber actuado bajo la premisa de recuperar el orden público y la movilidad de la zona, utilizando gases, aturdidoras y camiones lanzaguas hacia la noche.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y los mismos asistentes denunciaron que la intervención fue desproporcionada, argumentando que un bloqueo parcial en el marco de un plantón cultural no transformaba la marcha en un acto violento ni justificaba el uso de la fuerza.

Demandarán el decreto presidencial

Iris Marín
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha manifestado profundas preocupaciones y prepara la argumentación jurídica para impugnar el Decreto 1525 de 2026 ante el Consejo de Estado.

Los argumentos centrales del órgano de control combinan graves vicios de forma (procedimiento) y de fondo (sustancia constitucional).

El argumento constitucional más sólido radica en que el derecho a la protesta es un “derecho fundamental” (Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia). Según el artículo 152 de la Carta Magna, cualquier regulación, limitación o modificación sustancial de un derecho fundamental debe tramitarse exclusivamente en el Congreso de la República mediante una Ley Estatutaria. Al emitir estas restricciones por la vía de un decreto presidencial, el Ejecutivo estaría usurpando funciones del Legislativo.

La Defensoría advierte que el decreto reduce severamente las posibilidades de mediación real. Al permitir que la Fuerza Pública intervenga simultáneamente o prescinda del diálogo, la norma convierte la concertación en un mero requisito formal de presencia y no en un fin preventivo. Esto choca con los estándares de “necesidad, razonabilidad y proporcionalidad” exigidos internacionalmente para el uso legítimo de la fuerza.

La entidad señala también que el decreto tiende a calificar como "actos violentos" o justificantes de disolución conductas que la jurisprudencia constitucional no considera delictivas por sí solas. Según la Sentencia C-742/12 de la Corte Constitucional, los bloqueos temporales o afectaciones a la movilidad, aunque incómodos, son componentes intrínsecos del carácter disruptivo de la protesta y no despojan a la manifestación de su naturaleza pacífica, por lo que disolver el plantón del Museo Nacional únicamente por ocupar la calzada violó este precepto.

La ley también exige que los proyectos de decreto permanezcan publicados un mínimo de 15 días para comentarios de la ciudadanía. El Gobierno de la Espriella redujo este término a tan solo 7 días.

También el presidente se saltó la concertación directa con la Mesa Nacional de Garantías para la Protesta Social, ignorando la participación de las organizaciones civiles afectadas. Finalmente se cuestiona la validez jurídica del documento debido a la presunta ausencia de firmas ministeriales técnicas concurrentes exigidas para decretos de orden público (como el ministro de Defensa).

Fuente: Prensa Andina

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viernes, 16 de octubre de 2026

Columnas de opinión


Tomadode El Espectador
No llevamos dos meses de este gobierno y lo que se siente en las tertulias, en las calles, en los restaurantes, etc., no es tranquilidad ni alegría. A lo mejor en esos sectores o círculos sociales oficialistas en los que nunca suelo concurrir o participar, se respire otro ambiente y estén esperanzados con los gestos agresivos de Abelardo y sus alocuciones provocadoras con las que decidió invadirnos la tranquilidad de los domingos, al igual que su antecesor Petro. Pero afuera el clima es otro.

El sentimiento colectivo oscila entre el miedo y la angustia, porque las gentes temen que en un gobierno integrado por los amigos personales y asociados del mandatario, que no está dispuesto a reconciliarse con nadie sino a ejercer represalias contra quienes lo han criticado o se atreven a hacerlo aún y a imponer su omnímoda voluntad, puedan venir las arbitrariedades y la persecución. A eso se suma el hecho inocultable de la resurrección del “Monstruo” Laureano entronizada en este gobierno, con dos de sus nietos, uno como ministro de Hacienda y el otro como senador, este último litigando en causa propia contra la JEP, y de contera el bisnieto que en campaña hacía anuncios no solamente de intolerancia sino de su personal deseo de cobrar venganzas.

Desde que inicié mi periplo como columnista en marzo de 1998, he recibido señales hostiles de todos los gobiernos, unos más que otros, pero lo de ahora es en serio. En efecto, cada vez es más frecuente que personas desprevenidas a quienes no conozco se aproximan advirtiendo “cuídese”, “no se exponga”, “no salga solo”. Tienen miedo y presienten que en este gobierno todo es posible. Ando con mi conciencia tranquila y por eso ni siquiera se me ha ocurrido pedir protección del Estado, mucho menos en este régimen. Si algo ha de pasar, ya se sabrá de dónde proviene cualquier agresión. No en vano se sabe, por boca del propio Abelardo, que él conserva una lista de 13 columnistas con los que tiene cuentas de rencor pendientes, dentro de los cuales es muy probable que hayan estado Ana Cristina Restrepo, Camila Zuluaga y Vladdo, de quienes ya conocemos la suerte que han corrido.

Muchos están temerosos con la altanería de Abelardo. Unas veces amenaza al gobernador de Nariño y le lanza advertencias sencillamente inaceptables; en otras, desfila entre muertos envueltos en bolsas blancas, o lidera aparentemente operativos exhibiendo un arma al cinto, imagen que solo vimos del dictador Saddam Husein, quien como jefe de Estado solía presidir manifestaciones con un rifle que disparaba en medio de las ovaciones de sus sometidos seguidores.

Pero sobre todo lo que desconcierta y atemoriza es el discurso violento y provocador de Abelardo con su sartal de advertencias de que él, y sólo él, acabará con los narcos y los delincuentes, que bien conoce desde sus tiempos cercanos a Mancuso; o cuando con su dedo inquisidor en televisión o en sus apariciones públicas transmite el nefasto mensaje de que aquí solamente sobrevivirán quienes piensen como él y sus subalternos, muchos de los cuales ya han mostrado su falta de grandeza y equilibrio, como la bocona directora del ICBF, o el tontazo director del Instituto Caro y Cuervo, y varios de sus ministros, para solo limitar a estos esa peligrosa y hostil nómina.

A quienes ingenuamente creíamos conocer a Rodrigo Lara e Iván Cancino, por haberlos visto deambular en el Externado —cuando esta Universidad no estaba en manos y al servicio de la satrapía que hoy la mal gobierna y la usufructúa—, ya el poder los transformó, porque han aprendido a ejercer la lucrativa industria del odio, de la que habla la española Inma Caballero. Vivir para verlo. No fue sino que los nombraran y los llenaran de escoltas y carros blindados para que se desnudaran y se sometieran a todo.

Si indispone ver a los nuevos hombres de Estado pavoneándose en el ejercicio del poder que suponen vitalicio, con mayor razón comprobar cómo personas buenas en vez de admirar al gobierno que apenas comienza, sienten desconfianza y pánico. El régimen rodeado de lisonjas no advertirá lo que está cocinando y es probable que cuando lo haga ya no haya regreso.

Fuente: Tomado de El Espectador 

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miércoles, 7 de octubre de 2026

Las mujeres insisten en llegar a la presidencia

¿Cuándo y con quién se romperá EL HECHIZO?
En tantos años de existencia de la República, desde 1819 hasta la fecha, no ha llegado a la primera magistratura del Estado una mujer.

Muchas lo han intentado, la primera de ellas María Eugenia Rojas de Moreno, en 1974, hija del Expresidente de facto gral Rojas Pinilla por la ANAPO. Por esa misma pasarela democrática han pasado cronológicamente Socorro Ramírez, en 1978 por el partido socialista; Regina Betancur de lizka en 4 oportunidades: 1978, 1986, 1990 y 1994, por el movimiento Metapolitico; Gloria Gaitan hija de Jorge Eliecer Gaitan, 1994; Nohemí Sanin, 1998, 2002 por el movimiento Si Colombia y 2010 por el conservatismo; Ingrid Betancourt 2002 y 2020 por Oxígeno Verde;  Clara López Obregón 2014,  por el Polo Democrático; Marta Lucía Ramírez, 2014, por el Partido Conservador, y Paloma Valencia, 2026, por el Centro Democrático.

Interesante destacar que la que más veces se presentó fue Regina Betancur de lizka en 4 oportunidades y la que más votos obtuvo, Nohemí Sanin con 2,8 millones.

Hago este recorderis porque ha sido noticia la llegada de la ex senadora María Fernanda Cabal al partido que creó el ing. Rodolfo Hernández, La Liga de Gobernantes, quien llega haciendo ruido , ya que por sus declaraciones deja entrever que prácticamente se apropió de este partido cuando manifestó que ahora se llamaría Partido Republicano y que tenía la autorización de la familia  del difunto creador para entregar avales para las elecciones regionales del 2027 y que ella aspiraría a la presidencia en el 2030. Quedé bastante sorprendido con esas declaraciones ya que el creador del partido tenía en su pensamiento la consolidación de un partido democrático y no de CARÁCTER FAMILIAR, y CERRADO como ella lo da a entender.

En fin, de antemano y con apenas dos meses de haber asumido el cargo de Presidente  el Dr De La Espriella, quien termina su periodo dentro de 4 años, ya anunció su CANDIDATURA PRESIDENCIAL.

Es decir, cierra las posibilidades que por ese partido se presenten precandidatos ya que la Dra Cabal ya se ungió sin un proceso democrático.

Sería interesante que la opinión pública y sobre todo los militantes de ese partido pudieran conocer las “intimidades” y bajo qué condiciones llega la Dra Cabal a manejar ese movimiento político después de salir abruptamente y tormentosamente del Centro Democrático llena de rencillas con el Presidente Uribe por no haber sido escogida como Candidata Presidencial por ese movimiento. 

Llega la Dra Cabal a un partido incipiente, con 6.900 votos en Santander, quien no obtuvo sino una curul a la cámara en el Valle del Cauca en coalición con otros partidos y sin representación política en Santander cuna de su origen.

En síntesis creo que la mujer Colombiana tiene todas las capacidades, experiencia, carácter, consagración,  honestidad y amor por el país para ser Presidente de Colombia.

Ojalá puedan vencer las barreras estructurales, el machismo, la desconfianza, la ausencia de solidaridad de las mismas mujeres quienes cuentan con 20 millones de votantes, el escepticismo de los financiadores de las campañas, las limitaciones que les imponen los partidos y la restricción de avales.

Buen viento y buena mar para las mujeres; que puedan evadir al mar embravecido de desconfianza y machismo y a los tiburones de la política.

CARLOS IBÁÑEZ MUÑOZ

OCTUBRE 5 del 2026 (Tomado de Facebook)

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martes, 6 de octubre de 2026

Dios los cría y la inactividad los junta: el letargo del poder

Más de $14.732 millones mes devengan los congresistas 

Por: Bernardo Socha Acosta
La sabiduría popular colombiana nunca se equivoca. Cuando nuestros antepasados decían que «se junta el hambre con las ganas de comer», retrataban a la perfección la parálisis que estamos viendo en el ejecutivo y el legislativo de nuestra Colombia.

 Y no hay mejor frase para describir la preocupante sincronía en la inactividad que hoy muestran, la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Transcurridos más de dos meses de sesiones del Congreso, el balance es lánguido: las plenarias avanzan a cuentagotas y los proyectos clave acumulan polvo en las comisiones. Esta falta de dinámica compartida no es un simple retraso de calendario; es el reflejo de un Ejecutivo atrapado en la retórica de sus reformas y un Congreso que, con apenas 18 plenarias encima y una cómoda semana de receso encima, prefiere aplazar el debate antes que legislar. Y es que el tema es como para decir: "del dicho al hecho hay mucho trecho". O, "mucho tilín tilín y nada de paletas".

En el papel, el Gobierno y el Congreso de la República habitan en orillas opuestas de una constante confrontación política; en la práctica, «son un roto para un descosido». A más de 70 días de iniciado el periodo legislativo, la realidad institucional de Colombia se resume en una parálisis preocupante.

• El balance de los más de 70 días

Tras más de 75 días desde la instalación de la legislatura el pasado 20 de julio, el balance de diferentes medios de comunicación, apartados de la adulación, evidencian que el ritmo ha sido mínimo: apenas se han realizado unas 18 plenarias frente a un cúmulo de más de 280 proyectos engavetados o a paso lento, con constantes problemas de puntualidad y falta de quórum.

• El "plan tortuga" y las discusiones aplazadas

 La agenda de trabajo del Gobierno ha tardado semanas en aterrizar en firme bajo la gestión del Ministerio del Interior. Mientras las plenarias avanzan a cuentagotas discutiendo un solo proyecto por sesión, los temas clave se acumulan.

• La semana de receso

Para rematar la quietud legislativa, el Congreso entró en receso a inicios de este mes de octubre coincidiendo con las vacaciones escolares, congelando debates urgentes. El tiempo apremia, pues tienen hasta el 20 de octubre para votar el Presupuesto General de la Nación de 2027 en las plenarias; si no actúan, el Ejecutivo podría terminar expidiéndolo por decreto.

Tal para cual

Aquí se ajusta el refrán a la perfección “Tal para cual”. O, «Dios los cría y ellos se juntan». También se puede aplicar: «Cada oveja con su pareja» y finalmente, «Salió más caro el caldo que las albóndigas» …Y esos refranes no mienten, porque un congresista (senador o representante a la Cámara) en Colombia, tiene una remuneración mensual bruta que ronda los $51.512.447 de pesos. Si más de 51 millones…  

Y saquémosle la cuenta. Colombia se da el lujo de tener para el periodo 2026 -2030, un total de 286 congresistas entre representantes y Senadores, cuyo pago mensual bruto en total asciende a Catorce mil setecientos treinta y dos millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($14.732.559.842) ¿Y de dónde salen?; pues de los impuestos que pagamos los colombianos. Esto solo en un mes. Y si sumáramos los 12 meses… Ni para recordar esa millonada que se gastan, frente al trabajo, si se le puede llamar así, que realizan esos 286 congresistas que elegimos los colombianos, dizque para que nos representen... Nos representen ante quién…Con razón muchos críticos aseguran que el Congreso es una de las ramas del poder más inoficioso de la burocracia que tiene el país y cada día despierta más descontento nacional.

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