POR: REINALDO RAMIREZ
Durante el Gobierno de Ronald Reagan, en la década de los años ochenta, Estados Unidos impone a sus países satélites el llamado “Consenso de Washington” para someter las economías latinoamericanas a los dictados y los intereses del imperio.
Mediante este instrumento comienzan a gestarse en nuestro hemisferio grandes transformaciones económicas y políticas que se reflejan en la adopción de nuevas constituciones y gobiernos autoritarios para adaptar la legislación de las naciones sometidas a las exigencias de los monopolios norteamericanos, disminuidos y asediados por las economías emergentes de Japón y el sureste asiático, mucho más dinámicas y emprendedoras; la prosperidad capitalista de Korea, China, India y Japón amenazaba con despojar a los Estados Unidos del comercio mundial; durante la posguerra las economías emergentes del sureste asiático desarrollaron y adaptaron las nuevas tecnologías de producción, además, han contado con materias primas abundantes y la mano de obra barata y disciplinada que les proporcionaban y les proporcionan los estados y las costumbres autoritarias que les legaron las antiguas metrópolis y que hoy, todavía, mantienen en el sometimiento y la miseria a sus propios pueblos.
En el caso colombiano, el Gobierno de Cesar Gaviria, hábil político y áulico y obsecuente servidor de los Estados Unidos cambió la constitución vigente para adoptar, en el año 1991, una nueva carta política que eliminó de un tajo los mandatos intervencionistas y proteccionistas del Estado en la economía para legalizar el paraíso neoliberal impuesto por el imperio; el sistema neoliberal somete nuestra economía a los intereses extranjeros, privilegia las ganancias desmedidas de los monopolios económicos y convierte las necesidades y angustias de los ciudadanos en objetos de especulación financiera, fuente fácil para satisfacer el afán de lucro capitalista.
Del Estado democrático liberal que tenía como objetivo “racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral”, “la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular” (C.P. art. 32) se pasó al Estado neoliberal que concede prerrogativas desmesuradas al capital nacional y extranjero para explotar, dominar, empobrecer y despojar a los ciudadanos y apropiarse a su antojo de los recursos naturales y los bienes públicos mediante las privatizaciones.
En menos de veinte años de vigencia de la Constitución de 1991 se han incrementado en Colombia la violencia política, los desplazamientos forzados y la corrupción oficial y privada a niveles que alarman y avergüenzan a las sociedades democráticas; como consecuencia de esta situación que se desarrolla como espuma bajo la mirada complaciente del Estado colombiano los ciudadanos hemos perdido el derecho al empleo justamente remunerado y a los servicios públicos fundamentales, como los son la educación, la salud y la vivienda digna, bienes sociales que se han convertido en simples mercancías que sólo puede adquirir quien tenga dinero para comprarlos al precio que imponen los monopolios.
Así, mientras el desempleo aumenta y el salario envilecido se disminuye a valores irrisorios, los servicios públicos fundamentales entregados por el Estado como presa fácil a la avaricia del capital, en manos de los monopolios, se han convertido en eficientes mecanismos de enriquecimiento y expoliación que empobrecen y despojan del pan a la mayoría de la población colombiana, dejando a su paso sólo violencia, muerte y desolación.
Mientras en Colombia la violencia, el desplazamiento y la pobreza crecen, cada día se privatiza un servicio público y se entregan los bienes de la sociedad para el disfrute y la explotación de los privilegiados de un régimen corrupto e injusto; las privatizaciones no son otra cosa que la entrega de los recursos y bienes de toda la sociedad para el disfrute y la explotación de unos pocos.
Con el T.L.C la situación económica empeorará, por cuanto este tratado concede mayores ventajas para los monopolios extranjeros que podrán ingresar sus productos al mercado colombiano con menos gravámenes mientras se mantienen trabas a las mercancías nacionales.
Bucaramanga, Julio de 2008 > Volver a Inicio > Titulares >
Durante el Gobierno de Ronald Reagan, en la década de los años ochenta, Estados Unidos impone a sus países satélites el llamado “Consenso de Washington” para someter las economías latinoamericanas a los dictados y los intereses del imperio.
Mediante este instrumento comienzan a gestarse en nuestro hemisferio grandes transformaciones económicas y políticas que se reflejan en la adopción de nuevas constituciones y gobiernos autoritarios para adaptar la legislación de las naciones sometidas a las exigencias de los monopolios norteamericanos, disminuidos y asediados por las economías emergentes de Japón y el sureste asiático, mucho más dinámicas y emprendedoras; la prosperidad capitalista de Korea, China, India y Japón amenazaba con despojar a los Estados Unidos del comercio mundial; durante la posguerra las economías emergentes del sureste asiático desarrollaron y adaptaron las nuevas tecnologías de producción, además, han contado con materias primas abundantes y la mano de obra barata y disciplinada que les proporcionaban y les proporcionan los estados y las costumbres autoritarias que les legaron las antiguas metrópolis y que hoy, todavía, mantienen en el sometimiento y la miseria a sus propios pueblos.
En el caso colombiano, el Gobierno de Cesar Gaviria, hábil político y áulico y obsecuente servidor de los Estados Unidos cambió la constitución vigente para adoptar, en el año 1991, una nueva carta política que eliminó de un tajo los mandatos intervencionistas y proteccionistas del Estado en la economía para legalizar el paraíso neoliberal impuesto por el imperio; el sistema neoliberal somete nuestra economía a los intereses extranjeros, privilegia las ganancias desmedidas de los monopolios económicos y convierte las necesidades y angustias de los ciudadanos en objetos de especulación financiera, fuente fácil para satisfacer el afán de lucro capitalista.
Del Estado democrático liberal que tenía como objetivo “racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral”, “la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular” (C.P. art. 32) se pasó al Estado neoliberal que concede prerrogativas desmesuradas al capital nacional y extranjero para explotar, dominar, empobrecer y despojar a los ciudadanos y apropiarse a su antojo de los recursos naturales y los bienes públicos mediante las privatizaciones.
En menos de veinte años de vigencia de la Constitución de 1991 se han incrementado en Colombia la violencia política, los desplazamientos forzados y la corrupción oficial y privada a niveles que alarman y avergüenzan a las sociedades democráticas; como consecuencia de esta situación que se desarrolla como espuma bajo la mirada complaciente del Estado colombiano los ciudadanos hemos perdido el derecho al empleo justamente remunerado y a los servicios públicos fundamentales, como los son la educación, la salud y la vivienda digna, bienes sociales que se han convertido en simples mercancías que sólo puede adquirir quien tenga dinero para comprarlos al precio que imponen los monopolios.
Así, mientras el desempleo aumenta y el salario envilecido se disminuye a valores irrisorios, los servicios públicos fundamentales entregados por el Estado como presa fácil a la avaricia del capital, en manos de los monopolios, se han convertido en eficientes mecanismos de enriquecimiento y expoliación que empobrecen y despojan del pan a la mayoría de la población colombiana, dejando a su paso sólo violencia, muerte y desolación.
Mientras en Colombia la violencia, el desplazamiento y la pobreza crecen, cada día se privatiza un servicio público y se entregan los bienes de la sociedad para el disfrute y la explotación de los privilegiados de un régimen corrupto e injusto; las privatizaciones no son otra cosa que la entrega de los recursos y bienes de toda la sociedad para el disfrute y la explotación de unos pocos.
Con el T.L.C la situación económica empeorará, por cuanto este tratado concede mayores ventajas para los monopolios extranjeros que podrán ingresar sus productos al mercado colombiano con menos gravámenes mientras se mantienen trabas a las mercancías nacionales.
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