Es innegable la enorme diferencia de los resultados electorales entre Santos y Mockus, del pasado 30 de mayo. Esa es la realidad. Empero, puede firmarse que ese volumen es sorprendente, insospechado, y por tal motivo, la incertidumbre acosa a la conciencia pública.
La civilización aspira a que la actividad política se realice dentro del marco de la persuasión nacional. De ahí, que la democracia, desde los griegos con el efecto benéfico en la sociedad, la aceptamos por razonamiento, como aceptamos por lo general, el sentido positivo de la bondad y de la veracidad.
La mayoría de las personas veraces y bondadosas que hoy se declaran partidarias de la democracia bien entendida, creen estar defendiendo de hecho una sociedad más justa, más igualitaria, que establece para el Estado el imperativo de ampara la vida y bienes de los asociados y que, además – y esto es importante – puede ser realmente realizable.
Ningún colombiano ignora que, existe en el pueblo una desesperada aspiración por la justicia y la seguridad, pero al mismo tiempo tan normal anhelo se ve contradicho, por las transgresiones y prácticas vitandas que se impulsan desde el Congreso, los parapolíticos y el Gobierno Nacional. Constituyen cambalaches en un negocio venal de trastienda, ahora, para lograr un propósito gubernamental: la presidencia de Santos. Se mezclan en este clima podrido, empleados públicos y gerifaltes del sector privado.
Esto, desajusta todos los resortes del Estado de Derecho, cirniendose la destrucción institucional de la patria. El abismo insondable, en que está sumida, no nos dará tregua en tanto no desmontemos ese comercio político y las afinidades con el fascismo que puede detectarse con graciosa facilidad, en la trayectoria de los ocho años del gobierno de Uribe, ética y jurídicamente indecorosos, que pueden extenderse oprobiosamente con Santos, para seguir afrentando la tradición otrora respetable de nuestra nacionalidad, con sus valores políticos y morales.
Dentro del fracaso de los undívagos planes sociales del Gobierno, en materia de reformas agraria y urbana se violaron por ejemplo, derechos fundamentales de incontables comunidades afrocolombianas en Cuvaradó y Jiguamiando, entregando sus tierras a paramilitares convertidos en grandes “empresarios” de plantaciones de palma africana y consagrando con las aguas bautismales la “contrareforma agraria”, montada por ellos, años atrás, con la siniestra política de desplazar violentamente a millones de compatriotas, para apropiarse, en este caso de más de cuatro millones de hectáreas, a sangre y fuego.
Quienes somos esencialmente pacifistas y demócratas por honda convicción moral, rechazamos la violencia de los terroristas guerrilleros o paramilitares, y condenamos sus crímenes. También rechazamos la violencia oficial, sin desconocer la difícil labor de las Fuerzas Armadas contra estos criminales.
Entonces, nada debe impedir que se formulen críticas a las numerosas violaciones que el Gobierno ha infligido a la Constitución a las leyes. Desconciertan, verbi gratia, que precisamente incitados por el pago de recompensas establecidas en el acto administrativo 29 de 2005, dictado por el Gobierno Nacional, y puestas en ejecución por los Ministros de entonces: Camilo Ospina y Juan Manuel Santos sucesivamente, miembros del Ejercito, cometieron miles de crímenes de lesa humanidad, en jóvenes inocentes de los que integran el infierno de la miseria en nuestra Patria. Todo, bajo el escudo de la “seguridad democrática”, denominándolos estúpidamente con el epíteto de “falsos positivos”. Una prolongada violación de los Derechos Humanos.
Superfluo parecería agregar, que entre tanto, el Gobierno se olvida de los millones de víctimas, contando a los desplazados, al negarles el derecho a la reparación, una forma de complicidad con los verdugos.
De un plumazo borró la dignidad humana y el supremo valor que la Constitución le otorga.
El desmantelamiento del Estado de Derecho, comenzó casi de un modo insensible hace ocho años. Hoy se reafirma y es piedra de escándalo en la ONU. Es pertinente expresar, que no hay una letra en la Carta Fundamental, autorizando al Presidente a instaurar irrespetuosamente vituperios contra la Justicia, por sus decisiones plasmadas en nombre de la República y por autoridad de la Ley, en los hechos punibles, de los altos bribones, en valerosa batalla de la Corte Suprema, los Jueces y la Fiscalía, contra toda clase de ampones.
La Justicia, que para Platón es la razón de ser del Estado su piedra angular, alrededor de la cual giran, con carácter accesorio, la Fuerza Pública, la Rama Legislativa, la Fiscalía, la Procuraduría y el propio Poder Ejecutivo, que la requiere para hacer posibles la convivencia y la paz. Cuando se desconoce o irrespetan los pronunciamientos de la Rama Judicial, se incurre en otra forma de impunidad.
Ahora bien. Nadie puede negar de buena fe, que los paramilitares están en la mitad de los municipios del país, ejerciendo control político por medios ilegales. Y desde la creación infausta de los “distritos electorales” por “Jorge 40” en el 2002, han ejercido su papel activo en todas las elecciones. Así se desprende de la investigación llevada a cabo por la prestigiosa politóloga Claudia López, con impecable lucidez. Y a ese atroz imperio, se agrega la actitud permisiva del Gobierno, que confundió la tarea de apaciguamiento al través de la “Ley de Justicia y Paz”, con la entrega del orden jurídico y moral. Todos los políticos procesados, forman parte del uribismo.
Contamos con otras abominaciones, como los crímenes del DAS; las triquiñuelas rastreras del exministro Andrés Felipe Arias, en Agro Ingreso Seguro y Carimagua; el enriquecimiento indebido de unos pocos, que compromete el orden social con sus contratos leoninos; el creciente pauperismo de la clase media y baja, sin políticas eficientes que combatan la más alta tasa de desempleo e informalidad de América Latina. Y basta con abrir los periódicos, para saber del luto todos los días, por las brutales agresiones contra la dignidad de millones de hombres, mujeres y niños desplazados, sin mejoramiento de su calidad de vida, atención en salud, vivienda y educación. Una tragedia humanitaria de grandes proporciones.
Y bien. Logró Uribe, sembrar el sentimiento generalizado del miedo con el fin de atar al pueblo para que vea en una sola dirección, y solamente lo programado tal como los hombres del mito platónico. Es la supresión del yo, de gran parte de compatriotas, la automatización en la sociedad. “La pérdida del yo – nos dice Erich Fromm – y su sustitución por un seudoyó arroja al individuo a un intenso estado de inseguridad”.
El programa de Santos, es el continuismo, el clientelismo, es acometer la misma estrategia de Uribe, el desmedro de la Carta Fundamental y las leyes civiles de la Nación. Quiere Santos un nuevo “Frente Nacional” hegemónico que elimina el control del cogobierno, llevando a los partidos al precipicio de su ideología. Se eliminan los sensores, los opositores y se persiste en el clima propicio a la corrupción.
Queremos ver a la inteligencia colombiana de los demócratas, contribuyendo al rescate del país que está perdido entre la mediocridad y la corrupción moral. Empuridad de verdad, no fueron las armas las que impusieron la resistencia en Francia y en los países ocupados sino el vigor patriótico de sus intelectuales.
Señor doctor Mockus, lo que hace falta hoy a Colombia es una política de la inteligencia. Porque ella no está contaminada ni por el dolo ni por la corrupción. Queremos que alumbre al país. Ha llegado el momento en que el pueblo debe combatir el mal, mostrar su valor o cobardía, su dignidad o su vileza, su grandeza o su miseria.
