Por Horacio Serpa Uribe
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Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Es
una vergüenza. Y el centro de este debate gira alrededor de la
propiedad de la tierra. El Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011
del PNUD, que será presentado hoy al Gobierno Nacional, concluye que “el
52 % de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la
población; mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas
posesiones”.
El
documento revela que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad,
en Colombia es del 0,85, el máximo es uno, lo que ubica al país entre
los más desiguales del mundo, superado en la región por Brasil, que está
en 0,87. Colombia ocupa el puesto 79 entre 193 naciones. Esa enorme
concentración de la propiedad de la tierra explica por que es la causa
de la guerra en Colombia. Actores: la guerrilla, el paramilitarismo y el
narcotráfico.
Es,
además, el origen de la concentración del poder político, económico y
social. Es la razón de 3.6 millones de desplazados forzados,
principalmente mujeres y niños; de la más enorme contrarreforma agraria
que el país recuerde que hizo que 6.6 millones de hectáreas pasaran a
manos de paramilitares, narcotraficantes y políticos corruptos; de
luchas sociales que expresan la inconformidad de quienes padecen
pobreza, exclusión, marginalidad, olvido. Es, en concepto del PNUD, el
factor que frena el desarrollo humano.
Por ello nada tan pertinente como la aplicación de la ley de víctimas y tierras, que
ha significado la más importante acción del Estado para reconocer los
derechos de quienes fueron despojados de sus tierras, en una acción
criminal coordinada por actores armados, agentes del Estado y dirigentes
políticos. Lo que se ha revelado muestra una
conspiración que no puede quedar impune. Hasta ahora han sido devueltas
495 mil hectáreas a sus antiguos dueños. La tarea en este campo es
monumental y de ella dependerá, en gran medida, la construcción de bases
sólidas para un proceso de reparación, justicia y paz en Colombia.
Los
desmovilizados de los grupos paramilitares, en sus declaraciones ante
los fiscales de justicia y paz, han revelado los métodos crueles de
despojo de la tierra en sus zonas de influencia. Ese proceso de desangre
y desplazamiento forzado, por desgracia para todos, sigue ocurriendo.
Los bandidos no se resignan a perder lo que consideran suyo. La guerra
continúa. Y la pobreza aumenta.
La
prioridad es la reconciliación nacional. Eso lo tiene claro el
Presidente Santos. Pero hay que ayudarlo a avanzar en ese camino.
Nuestra obligación es estimular el proceso de justicia y paz, la
aplicación de la ley de víctimas y tierras y la creación de una
institucionalidad para la reconciliación. Los cambios profundos que se
han iniciado no pueden tener reversa. Deben conducir a la equidad, a la
fractura de la desigualdad, que como dice el PNUD, se transmite de
generación en generación e impide el desarrollo y el fortalecimiento de
la democracia.
Bucaramanga, 27 de Septiembre, 2011
