Motociclistas que afectan la convivencia y el medio ambiente

Por: Bernardo Socha Acosta

Un colectivo de padres de familia con menores de siete años y varias personas de la tercera edad, algunas de ellas postradas en sus lechos de enfermos enviaron una comunicación a este medio de virtual, pidiendo que hagamos algo contra los protagonistas del INFIERNO de las motos ruidosas que están causando entre los niños las peores enfermedades nerviosas y empeorando las condiciones de personas de avanzada edad, sin que haya una autoridad que haga cumplir normas al respecto vigentes.

Los firmantes de la comunicación cuyos nombres nos abstenemos de revelar por motivos obvios de seguridad, anunciaron darle poder a un abogado para que interponga una ACCIÓN popular pidiendo por una parte que se le impongan sanciones a la autoridad que le corresponde hacer cumplir las normas sobre protección ambiental en relación con la contaminación sonora.

La Acción Popular está fundamentada -dijeron- en la facultad que tiene esa norma de proteger los derechos e intereses constitucionales en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, etc.

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Agregaron que, si bien la perturbación por ruido tiene relación estrecha con el derecho ambiental, el grado en que esa perturbación se produce y la omisión de autoridad pública, esperan no solo que se le aplique severas sanciones a los motociclistas INFRACTORES a través de retener de la policía y de tránsito, sino a la autoridad que le corresponde hacer cumplir disposiciones legales.

En el oficio enviado a esta redacción sostienen que los altos decibeles que generan las motos acondicionadas para tal fin, (hacer ruidos) están enloqueciendo a las comunidades y creando una perturbación nerviosa en los niños que tienen que padecer este flagelo. El ruido es tanto que al paso de esas contadas motos, activa las alarmas de vehículos, apartamentos y oficinas.

Desde ya los querellantes alertaron a la Superintendencia del Medio Ambiente como organismo encargado de fiscalizar la emisión de cualquier ruido que se considere molesto según la ley 28611 de 205 para que haga los requerimientos, acatando que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.

Precisaron que adoptaron hacer uso de la ACCIÓN popular porque se trata de una demanda colectiva, primero porque no hay AUTORIDAD que responda y en segundo lugar porque esta es una acción que se interpone cuando una autoridad pública o un particular pone en riesgo los derechos o intereses de un colectivo o grupo de personas como esta ocurriendo con unos pocos MOTOCICLISTAS que están incomodando y atentando contra la salud de los habitantes.

Los firmantes del oficio enviado a esta redacción sostienen que los motociclistas ruidosos afectan la convivencia y el medio ambiente en todo el país y el resultado de esta Acción popular que anuncian, deberá ser un punto de partida para recobrar la tranquilidad ciudadana que se han encargado de atropellar unas cuantas personas irresponsables y farolonas.

bersoa@hotmail.com

Carta del lector

AMIGO BERNARDO SOCHA:

Reinaldo Ramírez

LA LLAMADA LOCOMOTORA MINERA RESPONDE A UNA ESTRATEGIA DE DOMINACION Y
APROPIACION DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS DE COLOMBIA POR EL
CAPITAL EXTRANJERO; ESTO SIN MAYORES BENEFICIOS PARA EL PAIS; EN EL CASO

DE LA MINERIA, LOS EXTRANJEROS SE LLEVAN LOS RECURSOS VALIOSOS Y NOS

DEJAN LA DESTRUCCION DEL MEDIO AMBIENTE; EN EL CASO DEL PETROLEO, SE

LLEVAN EL PETROLEO Y LOS COLOMBIANOS DEBEMOS PAGAR LOS COMBUSTIBLES

MAS CAROS DEL MUNDO ( GASOLINA, GAS, ACPM, ETC.) .
 LOS DATOS ACERCA DEL AVANCE DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR MINERO Y ENERGETICO SON VERDADERAMENTE PREOCUPANTES;
VEAMOS:
 1.- LA REDACCION DEL CODIGO MINERO QUE RIGE LA APROPIACION EXTRANJERA
DE LOS RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
QUE INTERVIENEN EN ESTE IMPORTANTE SECTOR DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
FUE FINANCIADA POR CANADÁ Y, DESDE LUEGO, EL CODIGO DE LA MATERIA FUE
ADAPTADO A LAS CONVENIENCIAS Y A LOS INTERESES DE SUS COMPAÑIAS MINERAS
QUE INVIERTEN EN COLOMBIA, LA MAYORIA DE ORIGEN CANADIENSE.
 EN SINTESIS, LAS COMPAÑIAS MINERAS EXTRANJERAS REDACTARON SU PROPIO  CODIGO DE ACUERDO CON SUS INTERESES!
 2.- LAS REGALIAS, LA PARTICIPACIN DEL ESTADO EN LAS GANANCIAS DE LA EXPLOTACION
MINERA EN COLOMBIA, SON LAS MAS BAJAS DEL MUNDO Y, ADEMAS, LAS COMPAÑIAS MINERAS EXTRANKJJERAS GOZAN DE VENTAJAS TRIBUTARIAS (CONFIANZA INVERSIONISTA) SUPERIORES A LAS EMPRESAS NACIONALES.
 3.- LOS CONTROLES TECNICOS DEL ESTADO A LA EXPLOTACION MINERA Y LA INTERVENTORIA Y CONTROL DE COLOMBIA A LA PRODUCCION SON PRACTICAMENTE INEXISTENTES; LAS COMPAÑIAS PAGAN LAS REGALIAS QUE SE LES DA LA GANA, LA PRODUCCION CARECE DE CONTROLES EFICIENTES.
 4.-  DURANTE LOS DOS ULTIMOS GOBIERNOS (URIBE Y SANTOS) HA HABIDO UNA
FERIA DE TITULOS MINEROS: SE HAN OTORGADO MAS DE NUEVE MIL (9000) TITULOS Y
EN TRAMITE EXISTEN DIECINUEVE MIL (19000) MAS.
 5.- LA SUPERFICIE DE COLOMBIA ENTREGADA EN CONCESION A LAS EMPRESAS MINERAS
ESTRANJERAS  ES DE CUARENTA MILLONES DE HECTAREAS (40.000.000 HAS); EL AREA
DE COLOMBIA DADA EN CONCESIÓN ES IGUAL A LA SUPERFICIE DE ALEMANIA Y SUIZA  JUNTAS.       EL PANORAMA ES VERDADERAMENTE DESOLADOR. QUE HACER?
  ATENTO SALUDO,
 REINALDO RAMIREZ

LA BASE DE MANTA, UN ENCLAVE DE DOMINACION

POR: REINALDO RAMIREZ

La base aérea de Manta, Ecuador, es junto con las bases militares que mantiene Estados Unidos en Guantámano, El Salvador y Curazao, un eslabón fundamental de la infraestructura bélica imperialista que le permite acantonar y movilizar sus fuerzas militares de intervención a cualquier lugar de Latinoamérica; en suma, estas bases militares son el garrote del imperio para perpetuar la sumisión política de los estados, la explotación y apropiación de nuestros recursos naturales y la dependencia económica y cultural de nuestros pueblos; la base de Manta es una espina en el corazón de América Latina, un enclave militar de una potencia extranjera agresiva que humilla y somete a nuestros pueblos, una fuerza de ocupación para impedir la liberación y la autonomía que reclaman las naciones originarias de Hispanoamérica cansadas de más de quinientos años de servidumbre.

Insinuar siquiera el traslado de la base militar norteamericana de Manta, Ecuador, a territorio colombiano muestra una sumisión indebida e innecesaria del gobierno de Alvaro Uribe a la política imperial; el solo anuncio de su posible ubicación en territorio colombiano será tenido como un gesto inamistoso hacia la República Bolivariana de Venezuela y los demás países del subcontinente suramericano que rechazan el tutelaje norteamericano.

Sabido es que Venezuela mantiene unas relaciones tensas con Estados Unidos por ejercer su autonomía, por desafiar los dictados imperialistas respecto de la explotación de sus recursos naturales; en el plano internacional, en ejercicio de su soberanía, Venezuela tiene su propia agenda exterior, mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con otros Estados en todo el mundo sin pedir el beneplácito ni la autorización de Washington; frente a sus desavenencias con Estados Unidos Venezuela merece nuestra solidaridad por ser nuestro vecino y el principal socio comercial de Colombia en Latinoamérica; compartimos con Venezuela más de dos mil kilómetros de frontera, una cultura y una historia comunes.

Pretender hacernos cómplices de los planes de agresión de los Estados Unidos a Venezuela resulta verdaderamente absurdo y contraproducente; prestar nuestro territorio para el acantonamiento del aparato militar que amenaza a nuestros vecinos es una aptitud inamistosa; a un elevado costo para nuestra soberanía y la paz de la región, el Gobierno de Alvaro Uribe acorralado y debilitado por sus nexos con el paramilitarismo, atado al brete de la derecha fundamentalista y al descrédito mundial del imperialismo norteamericano, busca afianzarse en el poder convirtiendo el territorio colombiano en una plataforma de las fuerzas armadas de intervención de Estados Unidos para amenazar la independencia de los países hermanos de América Latina.

Permitir la construcción de bases militares extranjeras en nuestro territorio para satisfacer los intereses y las designios de dominación norteamericanos es un delito de lesa patria por menoscabar la soberanía nacional, por convertirnos en enemigos y virtuales agresores de nuestros vecinos y por apartarnos del destino común que forjaron los héroes y patriotas que hace doscientos años derrotaron y expulsaron el dominio español para crear naciones libres y soberanas.
Bucaramanga, Junio de 2008 Volver a Inicio >