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miércoles, 31 de diciembre de 2014

El deprimente mensaje del salario mínimo

                                    Por: Bernardo Socha Acosta
No es habitual que nos asalten estos pensamientos, pero los hechos no demuestran lo contrario. Los empresarios colombianos y el gobierno enviaron  un deprimente mensaje a sus compatriotas .
Un pasaje básico de la filosofía de justicia social dice: ‘Respetar  la verdad y poner en práctica el principio que asiste a toda persona a que se respeten sus derechos y que le sea reconocido lo que le corresponde’…  se interpreta como uno de los mandatos elementales de la justicia social, para que surja uno de lo más preciado, como es la Paz.
Pero hoy cuando finalizamos un calendario más de nuestra vida y la evolución del sistema de política nacional, parece no concordar en lo más básico, porque  quienes tienen el poder de la economía y del estado, no demuestran que quieran realmente la concordia entre los colombianos.  Es que la concordia no llega solo porque se acabe la guerrilla en  las montañas colombianas. La paz es algo diferente en la que estamos comprometidos, las ramas del poder público, los entes de control, los gobernados y las organizaciones no gubernamentales. Y nadie puede negar que los diálogos son básicos para un país mejor.
Y el reajuste del salario mínimo es una de las claras  demostraciones de las contradicciones de querer la paz para los colombianos.  Porque es que una familia con su poder adquisitivo cada vez más   debilitado, no puede unirse a la prosperidad, sino a la inconformidad nacional.  Y esto sumado año tras año, va creando bombas de tiempo.
Para  nadie es un secreto que la injusticia  unida a la corrupción  y otra serie de  anquilosadas prácticas, son el caldo de cultivo de la violencia que se ha extendido en Colombia por más de 50 años y hoy se pretenden  solucionar con unos diálogos en la Habana, mientras los empresarios y el gobierno  atizan inconformidad que es igual a violencia, con el irrisorio aumento del salario para algo más de  1’250.000  compatriotas que cada vez ven más lejos una sobrevivencia  que alcance para aumentar algunos gramos de pan en su comida.
Y este hecho  sumado a  la  gran franja de la población que ni siquiera el salario mínimo devenga, porque vive del rebusque y otro gran porcentaje de colombianos que vive de la pobreza y otra más en la física indigencia, es lo que genera violencia.  Entonces, cómo podemos pensar  que en Colombia  vaya a haber paz, si esa paz que soñamos, saldría de las montañas, si se firman acuerdos con las FARC, pero la violencia urbana sobrevive y se incrementa como todos los días lo vemos. Unos que atracan por buscar un pan y otros (la mayoría) que lo hacen por vicio y para acrecentar sus voraces y desenfrenos  deseos de  vivir bien sin trabajar.
Siempre creímos en las bondades de los diálogos entre el gobierno y las Farc, hasta que vimos la contradicción de los empresarios y del estado, al proceder a reajustarle el debilitado sueldo de los colombianos con salario mínimo.   Si no conociera el país, los extravagantes y jugosos balances de utilidades de las grandes empresas, entre ellas la banca, se justificaría la renuente posición para llegar a mejores acuerdos en la mesa de concertación salarial,  como mínimo un 5,5%, pero  esa negativa de los empresarios, patrocinada por el gobierno, deja mucho que pensar,  del real  espíritu de encontrar la tan cacareada PROSPERIDAD  nacional. 

miércoles, 27 de mayo de 2009

Que hable Mancuso

Tomado: elnuevosiglo.com
Por Horacio Serpa

Salvatore Mancuso quiere hablar. Ha mandado toda clase de mensajes. El último se lo dio a la senadora Piedad Córdoba y a Iván Cepeda, con quienes se entrevistó en una cárcel privada en Washington.

Mancuso quiere revelar los nombres de quienes financiaron, apoyaron, estimularon y lideraron el proyecto paramilitar, especialmente políticos, militares, empresarios, ganaderos, dirigentes gremiales, periodistas. Gente que sembró de terror a Colombia y fue cómplice del exterminio de pueblos enteros, con la excusa de una cruzada anticomunista.

Mancuso denunció su extradición y la de los demás miembros de la cúpula paramilitar como una jugada para callarlos y evitar que sus revelaciones lleven a los tribunales a mucha más gente.

Con los jefes paramilitares en las prisiones de Estados Unidos sus ex aliados respiraron tranquilos por algún tiempo. Sin embargo, deben estar temblando al saber que no podrán seguir posando como gente de bien cuando la verdad salga a flote y la justicia los llame a rendir cuentas.

Colombia ha sido víctima de una conspiración antidemocrática, terrorista, que se tomó el poder político, económico y social, y estableció una cultura mafiosa de desprecio por la vida y de intolerancia a las ideas ajenas. Una conspiración que ha permitido que en gran parte del territorio el poder local y regional esté en manos de los paramilitares y sus aliados, que se apoderaron del DAS, infiltraron el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y algunas instancias gubernamentales.

Cuando Mancuso dijo en 2002 que las AUC tenían un 35 por ciento del Congreso, muchos creyeron que era un cañazo. La historia demostró que sus tentáculos fueron más allá. Los congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores que hicieron pactos con las AUC han sido conocidos por la opinión pública y los jueces. Millones de votos se obligaron y centenares de crímenes se cometieron. Si hubieran prestado atención a mis denuncias, todo este horror se hubiera evitado.

Aún en el 2006 forzaron elecciones, como lo demuestran las últimas medidas de aseguramiento.

El fenómeno paramilitar está lejos de acabarse. Las llamadas bandas emergentes dominan el negocio del narcotráfico y siembran de terror los campos y las ciudades. Las víctimas siguen reclamando verdad, justicia y reparación.

Colombia entera debe exigir la verdad, sin la cual no habrá reconciliación, ni paz. Los demócratas y la comunidad internacional, tenemos la obligación de denunciar y luchar hasta el final para desmontar el Estado mafioso y paramilitar que por la fuerza, el terror y el odio nos han querido imponer los señores de la guerra y la tierra arrasada. Los falsos positivos, las fosas comunes, el desplazamiento forzado, las interceptaciones telefónicas ilegales, no pueden seguir marcando nuestro destino.

Hay que garantizar que los jefes paramilitares digan sus verdades, que ya conocen las autoridades norteamericanas, desea la Corte Penal Internacional y reclaman las víctimas en Colombia. Revelaciones que deberán quitarle la máscara a quienes inventaron el engendro paramilitar y siguen en la impunidad. El mundo espera la verdad, por cruda y dramática que sea.
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