Desfalco, o saqueo en Mincomunicaciones

Por la importancia que reviste el tema del Ministerio de las tecnologías, en relación con el millonario contrato que está apunto de marcar un nuevo desfalco o saqueo de las arcas nacionales, reproducimos el siguiente artículo de nuestro colega José Antonio Mantilla...

“LOS SEPULCROS BLANQUEADOS”

Por José Antonio Mantilla

Director

PRENSA ANDINA (Bogotá D.C., 15 - 08 – 2021)

Bajo el título de “Revivieron los auxílios”, Germán Vargas Lleras, en su columna de El Tiempo, plantea un tema que bien podría servir de análisis y reflexión en torno a la corrupción que sume en la desesperanza al país.

Sin referirse a ello en el título, el nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, hace alusión al escándalo del archimillonario contrato suscrito de manera irregular entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados.

Intenta en su escrito limpiar la imagen del Partido Cambio Radical, del cual es su jefe, haciendo un ataque frontal en contra de la ministra Karem Abudinen, a quien lanza al “foso de los leones”, y en cambio sí, exime de responsabilidad al Presidente Iván Duque.

Se le olvida a Vargas Lleras, que cuando Duque nombró a la señora Abudinen, lo hizo, no, porque fuera la más brillante para ejercer el cargo, sino para congraciarse con el clan barranquillero de los Char y de paso entregarle a él un nuevo ministerio, ´para acercarlo como aliado y mejorar, con cambio radical el apoyo a su programa de gobierno.

Y obviamente de paso, para que manejara el más ambicioso proyecto de comunicaciones orientado a dotar de internet a 1.2 millones de niños ubicados en zonas rurales del país, acercar al teletrabajo a una población igual que hoy solo tiene como recurso el trabajo presencial, y mejorar la imagen de su gobierno pensando en las elecciones de 2022.

Fue así como el 30 de abril 2020, para sorpresa de todos los colombianos, Duque nombró a la consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, como nueva ministra de las TIC, respondiendo a las expectativas de sus socios políticos y rápidamente se hizo la posesión desplazando a Silvia Constaín hasta entonces, la titular de esa cartera.

La nueva ministra ya llevaba el encargo de asumir el control de la licitación el cual para la época ya estaba casi que en la etapa de adjudicación.

El pliego original se elaboró y publicó en enero de 2020 y consideraba una única licitación para instalar la conectividad de al menos diez mil colegios por lo menos por diez años.

Posterior a la posesión de la ministra Abudinen en mayo de 2020, el ministerio publicó un nuevo pliego de la licitación en agosto del mismo año.

En este nuevo pliego se partió el país en dos regiones, se redujeron los requisitos financieros y se eliminó la condición de demostrar experiencia de operación de un número mínimo (cinco mil) sitios satelitales, para que cualquier empresa con muy poca experiencia, pudiera participar.

También se debe recordar que en la licitación había diez proponentes. Se descalificaron dos grandes potenciales proveedores de servicio satelitales. HughesNet y China Great Wall.

Así mismo se descubrió que el representante legal de la firma Unión Temporal Ces Inred, Camilo Ernesto Valencia Suescum, fungía al mismo tiempo como asesor de la ministra Karem Abudinen y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por lo cual la firma quedó descartada.

En la adjudicación, finalmente, se declaró como ganadores a Comcel S.A.S y Unión Temporal Centros Poblados, donde se divide el proyecto en dos: Región A y Región B. El propósito de esa división del país, era claro: facilitarle la entrada a la segunda de las firmas.

Y como lo dice el propio Vargas Lleras, “ya empiezan a aparecer los verdaderos socios de este escandaloso atraco a la nación”. Pero le saca el cuerpo a su responsabilidad política, al igual que los Char.

¿Y cuál sería la razón para que el propio Presidente Duque se arriesgue a brindarle apoyo incondicional a la ministra Karen Abudinen Abuchaibe? Sencillo, es prima hermana de Shadia Farah Abuchaibe, la esposa de Jerónimo, el hijo mayor de Álvaro Uribe Vélez.

REVIVIR LOS AUXILIOS

La parte final de la columna del nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, se refiere precisamente al hecho de que el propio Iván Duque a través de su MinTIC y las mayorías del Congreso, apoyen la resurrección de los auxilios, esta vez para los medios de comunicación.

Dice Vargas Lleras: “Lo primero sea advertir, para que luego no digan que nada sabían, que esos auxilios están expresamente prohibidos en el art. 355 de la C. N., que establece: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado...”

La iniciativa sugiere entregar a manera de “auxilios” del presupuesto nacional $85 mil millones, a medios de comunicación del país para lo cual se hizo un concurso entre 350 empresas y personas jurídicas y que según el nieto de Lleras Resttrepo, se adjudicarán por el sistema de balotas “cual piñata de cumpleaños”, todo justificado por la crisis generada por la pandemia de Covid 19. “Y todo esto, en cumplimiento de la exigente política de austeridad proclamada por el Gobierno”.

Y finaliza el heredero de la “Transformación nacional”, celebrando que la gran prensa, incluidos las grandes cadenas de televisión y radio, “no hayan querido aplicar a esos ‘beneficios’ ”.

Comencemos por el final: de la publicidad oficial que anualmente está por encima de los $2 billones, incluidas algunas empresas del Estado, el 60% se distribuye entre los grandes periódicos EL TIEMPO, El Espectador, Semana y cadenas de radio y televisión como Caracol, RCN, CM&., y algunos medios de provincia, a los cuales, si bien se les ha bajado la pauta por razón de la crisis generada por la pandemia, no tienen necesidad de apelar a los subsidios del Estado.

Pero programas como el denunciado por Vargas Lleras, lo único que pretenden es callar la voz de la prensa, especialmente en provincia, aprovechando no solo la escasa financiación para sobrevivir en el medio y la baja condición ética de algunos comunicadores.

Y quizás su denuncia tendría un gran valor, si no fuera porque en diciembre de 2020 varios congresistas de Cambio Radical, entre ellos el senador Richard Aguilar, actualmente preso por supuesta corrupción, presentaron un proyecto de ley para eliminar el IVA en la pauta publicitaria, entre los años 2021 y 2025, así como obtener beneficios parafiscales y auxilios económicos para los medios de comunicación.

Más que el interés de ayudar a la supervivencia de los medios, lo que buscan algunos congresistas es callar a la prensa, colocándose ellos como sus benefactores.

Y en cuanto a la referencia de los auxilios, hay que recordarle al exsenador Vargas, que estos siguen vivos en el Congreso, ya no con el nombre que le diera su creador, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, para lograr que se aprobara la Reforma Constitucional de 1968 sino como “cupos indicativos”.

Se trata de partidas presupuestales especiales para que senadores y representantes puedan disponer a su antojo en la inversión en la provincia en salud, educación y saneamiento básico, y a través de ellos obtener los beneficios políticos frente a los alcaldes y gobernadores.

Y aquí cabe la metáfora que emplea Jesús según el Evangelio de San Mateo, “para comparar a los fariseos con sepulcros blanqueados, relucientes por fuera, pero llenos de podredumbre repugnante y vomitiva en su interior”, lo cual no es otra cosa que una manera de ocultar la corrupción.

Pandemia, vacunas y civilización

Mario González Vargas

Año y medio después de la aparición del Covid-19, la crisis sanitaria que ha provocado se extiende a debates y desencuentros que afectan la capacidad de superar sus peligros y amplían la controversia hacia suposiciones y contradicciones que son muy propias de las circunstancias que vivimos y que afectan por igual a todas las poblaciones del planeta. En un principio, se confío en la capacidad de la ciencia para encontrar antídoto que frenara la extensión de la pandemia y contrarrestara sus efectos letales que se avizoraban apocalípticos. En un tiempo sin precedentes en las luchas contra pandemias anteriores se produjeron vacunas destinadas a inmunizar a las poblaciones contra la malignidad del virus enemigo y a normalizar todas las actividades amenazadas y debilitadas por él.

El alborozo se vio rápidamente suplantado por una visceral oposición que empieza a crecer por doquier y que parece obedecer a las falencias que hemos venido acumulando sin percatarnos de sus indeseables efectos. En días pasados, en Colombia apareció el movimiento antivacunas, que toma fuerza en EEUU y Europa, y amenaza propagarse por el mundo al amparo de la prevalencia de las redes sociales que hoy mantienen comunicados a los ciudadanos en tiempo real, que no descansa en sólidas evidencias, sino en suposiciones conspiratorias o concepciones egoístas del libre albedrío, pero con alcances mortíferos sobre las sociedades. Ignorar la capacidad de la ciencia para superar los desafíos de la humanidad equivale a desconocer su historia e invalidar arbitrariamente el factor que ha permitido su continuidad y supervivencia. Corresponde a actitudes que la historia registra y cuya superación ha permitido la preservación de la especie con todos los altibajos que les son propios, y comprender sus fuentes y orígenes. El rechazo a las vacunas parece fundarse en la desconfianza creciente en las instituciones que ha llevado a cuestionar fuertemente la competencia del Estado para fijar límites al libre albedrío en procura del interés general. Obedece a una descomposición creciente del espíritu cívico que se expresa en la desconsideración de los deberes del ciudadano con la sociedad, estimulada por los discursos libertarios de las últimas décadas, que propugnan el advenimiento de sociedades horizontales que permitan la sumisión del bien común a los intereses individuales, sacralizados como único paradigma de las supuestas sociedades modernas. En las sociedades así diseñadas no hay espacio para el disentimiento y, por consiguiente, para el consenso o los acuerdos, con lo que se convierte el silencio en la única actitud de vida permitida. Podemos alcanzar el sumo de la sinrazón, consistente en que, por erigir altares a libertades sin fin, terminemos condenados a la unanimidad dictada desde el poder. La pandemia no debe servir de mampara para esconder el choque de culturas de la que ella hace parte y caracteriza al mundo contemporáneo. Contiendas de ese carácter siempre se han caracterizado por el uso malicioso de los valores de la civilización atacada para alcanzar su derrumbamiento. Democracia y sus libertades, despojadas del valor tutelar del bien común, son hoy las armas usadas en su contra.

La mejor receta para la catástrofe

Mario González Vargas

En el mundo globalizado no resulta posible ni prudente desentenderse de los acontecimientos que alteran los equilibrios en otros continentes porque indefectiblemente afectan las relaciones y los equilibrios en el hemisferio americano. En los últimos años, los Estados Unidos han iniciado un proceso de repliegue en el Medio Oriente que se ha traducido en el retiro definitivo de Afganistán y en el ascenso del poder iraní en la región. En Afganistán, se vive ya una situación de pre guerra civil que, de desatarse, concluirá en la victoria de los Talibanes, con las impredecibles consecuencias sobre la seguridad de los estados vecinos. Irán, al amparo de la condescendencia de la Unión Europea y de los EEUU, ambiciona extender su modelo y su influencia a todos los países de la región para imponer sus normas islámicas y romper la influencia occidental. Consagra sus esfuerzos a la consecución de su hegemonía y a la conquista de dos objetivos indisolubles: su poder regional, del Mar Caspio al Mediterráneo, y la obtención de la bomba atómica. Lo ha venido logrando, fortaleciendo la causa ´palestina, controlando el Líbano, Siria e Irak, y extendiendo su influencia hasta el Yemen con las milicias Houthuis, a quienes, inexplicablemente, los EEUU les retiraron su carácter de terrorista.

Con el Acuerdo de Viena de 2015 firmado con las potencias europeas y los EEUU, Irán se halla a punto de obtener la bomba atómica, haciendo caso omiso de la vigilancia establecida en el Acuerdo, y cuyas negociaciones hoy reanudadas no vencerán la obstinación de los ayatolás de proseguir con sus esfuerzos de dominio y de extinción del Estado de Israel. El Oriente Medio es hoy una región en disputa en la que ingresaron Rusia, China y Turquía, potenciando las amenazas a la paz regional. Circunstancias parecidas afectan hoy al continente americano con la presencia de Rusia, China, Turquía, la Organización terrorista de Hezbollah en Venezuela, cuyo gobierno ampara organizaciones terroristas como el ELN, las varias disidencias de las Farc, negocia con carteles del narcotráfico y pretende servir de plataforma para la desestabilización de los regímenes democráticos. La celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en este año y en el próximo en el hemisferio, al amparo del presunto desinterés de los EEUU, ha desencadenado y fortalecido injerencias extracontinentales que amenazan la democracia y la paz hemisféricas, principios tutelares del sistema interamericano. La Carta Democrática y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca parecen letra olvidada ante el activismo político del progresismo continental e internacional y la presencia de asesores militares y de inteligencia en suelo venezolano. Palidecen los esfuerzos como el adelantado por el Grupo de Lima que aparece condenado a su disolución y aumentan las voces de los apaciguadores de siempre, que creen que las dictaduras se detienen con diálogos infructuosos en vez de acciones solidarias contempladas en la propia Carta de la OEA. Los regímenes totalitarios apoyados por potencias orbitales constituyen la mejor receta para la catástrofe que supone la pérdida de la democracia y la paz en las Américas.

Los tinglados de la farsa

Mario González Vargas

Los afanes que suscitan las elecciones del 2021 han acentuado el escenario de artificio que venía ya prevaleciendo, muy ajeno a las premuras y las realidades por las que el país atraviesa por razón de retos actuales o de viejos padecimientos sin resolución. Así, se ha pretendido construir un relato de fantasía que tiene por consolidada una paz añorada, pero hoy acribillada por la multiplicidad de diversas organizaciones armadas ilegales que se expanden por territorios más extensos de los que sufrieron la criminal actividad de los frentes de las Farc. La paz no se hizo realidad con el acuerdo del teatro Colón, como que hoy el número de desmovilizados se encuentra ya igualado, sino superado por los contingentes del ElN, las varias disidencias de la Farc, las organizaciones del narcotráfico y las que conjugan amplios espectros delincuenciales, que validos de los incentivos propiciados por la negociación y de los apoyos externos, han llegado a amenazar principales centros urbanos de Colombia con acciones terroristas que tuvieron como blanco hasta la propia vida del presidente de la república. Huérfana de verdad, justicia, reparación y no repetición, han convertido esa supuesta paz en un espejismo costoso que divide a los colombianos, impide derrotar a los violentos y paraliza todo esfuerzo por alcanzarla. Es un dogma insustancial con espectro de catástrofe social, ética y política.

Y lo propio ocurre con la manipulación del descontento generado por los efectos sociales y económicos de la pandemia y las deudas insolutas con una sociedad que resiente la ineficacia de las instituciones y la corrupción rampante que las corroe. La intransigencia paulatinamente convertida en odio, como instrumentos para trocar democracias imperfectas por totalitarismo implacables, bajo ropajes engañosos de progresismos, responde a la tarea de convertir sueños etéreos en sufrimientos colectivos a perpetuidad, como lo evidencian los regímenes cubano, venezolano y nicaragüense. El comité del paro, no contento con haber contribuido a diseminar el covid, sumó a la enfermedad los costos producidos por la violencia y destrucción que promovió, y hoy conmina al Congreso a aprobar sin deliberación un paquete legislativo de su propia cantera, so pena de reanudar el vandalismo y hacer del odio y la destrucción las parteras de un régimen revolucionario, en la mejor tradición de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Todo ello viene construyendo un tinglado de intransigencia que exalta la imposición sobre la deliberación y sepulta la libertad de disentir o convenir alternativas, como si la solución a nuestros problemas se consiguiera con el decaimiento de las libertades y la imposibilidad de acuerdos. Ese escenario ya comienza a propagarse en países vecinos y suscita adhesión en el extremismo de Petro y las fuerzas que le son cercanas. Vivimos una coyuntura que reclama consensos si no queremos naufragar en la reedición de fracasos ya conocidos en el continente. Paz, democracia, justicia, equidad y desarrollo son aún las metas por alcanzar y el temario de los acuerdos que las faciliten. Para ello se necesita una ética que todavía nos es esquiva.

Del extremismo a un espacio de matices

Mario González Vargas

Todo parece indicar que los acontecimientos del 20 de julio pondrán fin al escenario de violencia y destrucción que venía prevaleciendo en el país desde el 28 de abril. Por fortuna, las tareas de los servicios de inteligencia y las medidas de prevención que se adoptaron lograron disuadir y contener la espiral de vandalismo que había acompañado sistemáticamente las movilizaciones en las principales capitales de Colombia, desbordando la capacidad de aguante y resiliencia de la ciudadanía. El día patrio significó el final melancólico de un paro nacional conducido con exacerbada irracionalidad, el que, al tiempo que silenciaba todo dialogo posible, le infringía al país cuantiosos daños y calamidades. En el recinto del Congreso, el discurso del presidente abriendo espacios para concertaciones con futuro y la calamitosa derrota del principal instigador y uno los artífices de las devastaciones para ocupar la segunda vicepresidencia del Senado, retratan el aislamiento de Colombia Humana, su extremismo radical, y abren espacios legislativos y de entendimientos para la adopción de nuevos acuerdos y políticas que respondan a las necesidades apremiantes que afligen a nuestra sociedad. Así lo terminó entendiendo hasta el hirsuto comité del paro que llevará al Congreso sus iniciativas.

Se abre así el nuevo espacio que conduce hacia las definiciones electorales del primer semestre del año entrante. No estará por supuesto exento de altibajos, pero a pesar de las dificultades que se presentarán por la polarización que se vive en Colombia y en el continente, con la intromisión foránea que ella supone, habrá margen que permita decisiones que mejor respondan al fortalecimiento del régimen de libertades y a los imperativos de la seguridad nacional. Los colombianos tenemos la posibilidad de alcanzar un juicio informado sobre la solución aportada por los ciudadanos de países hermanos a los retos que nos son comunes. Las elecciones presidenciales en Perú y Nicaragua pueden ilustrarnos sobre como empieza y se consolida un régimen socialista, en el que terminan pereciendo las libertades y quienes las defienden, y cuyo advenimiento implica inminentes y graves peligros a la seguridad nacional e integridad territorial. O la de Chile, que podría demostrar que es posible detenerse ante el abismo. Entre nosotros, todo está aún por definirse: los candidatos, sus alianzas y sus programas, pero esas decisiones que parecerían no escapar a las rigideces ideológicas, pueden y deben construirse sobre consensos sobre lo fundamental que exige el perfeccionamiento de la democracia y que son posibles siempre que los actores se encuentren alejados de las perversiones de los extremismos. El país necesita de un ambiente de confianza para el ejercicio de sus libertades que es siempre ajeno al extremismo y la radicalización. A los que quieren imponer un régimen a su acomodo e intereses hay que significarles que en una democracia los derechos reconocidos por la Constitución no son negociables. Tengamos claridad sobre que nuestra democracia no puede sustituirse por la que pretenden el ELN, la segunda marquetalia y el régimen de Maduro. En las próximas elecciones escogeremos entre los distintos matices que nos ofrece nuestra democracia.

El Informe de la CIDH y su Obsolescencia (II)

Mario González Vargas

El informe de la CIDH sobre Colombia ilustra bien el proceso de politización que ha venido afectando seriamente su legitimidad y credibilidad. Concebida para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, en los dos últimos decenios se ha visto cooptada por miembros de las ONG internacionales y continentales, de radical orientación progresista, que hoy ejercen hegemonía que desnaturaliza la vocación con la que fue creada. Pensada para formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados Miembros en materia de Derechos Humanos y para tramitar las peticiones relativas a las violaciones de esos derechos, al amparo de la militancia y credo ideológico de sus miembros se fue convirtiendo en escenario político interventor, condescendiente con los gobiernos afines, pero parcializado con los otros para caracterizarlos como infractores a los DDHH con la aplicación de estándares construidos con expertos de su misma cantera. Con ello, se despojaron de la necesaria imparcialidad, que además cobró escandalosa morosidad que hoy afecta los casos tramitados en el sistema que pueden alargarse por más de veinte años, y buscaron la consonancia de los fallos de la Corte con sus criterios jurídicos, siempre impregnados de altas dosis de origen ideológico y de intencionalidad política.

No contentos con ese predominio, alcanzado gracias al desinterés o ingenuidad de los gobiernos democráticos que se prestaron para llevar a la Comisión candidatos provenientes de las ONG, se inventaron un panel de expertos para entrevistar los candidatos propuestos por los gobiernos, cuyo dictamen de idoneidad determina su elegibilidad. Así lo denunció recientemente el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal, propuesto por Colombia, que rehusó someterse a un interrogatorio elaborado para estigmatizar sus creencias filosóficas, religiosas y políticas. La unanimidad incontestada.

Quizás la solución a tanto extravío se encuentre en las determinaciones y preocupaciones que se han tomado y expresado en el Sistema de Derechos Humanos Europeo. Hace varios años eliminaron la Comisión por la morosidad que aportaba a la resolución de los casos de violación a los DDHH y por la excesiva representación que en ella tenían las ONG. Este año, los ministros de relaciones exteriores de los 47 miembros del Consejo de Europa, reiteraron su respaldo a la independencia de los jueces de la Corte Europea de los Derechos del Hombre, que juzgan comprometida por la excesiva representación de las ONG, financiadas por la ONG Open Society, susceptible de comprometer la independencia judicial y de favorecer posibles conflictos de intereses que afectarían la transparencia del sistema y la credibilidad de la Corte. Colombia ha estado siempre atenta a promover reformas que fortalezcan el sistema interamericano. En medio de esta polarización política-ideológica que se extiende por el hemisferio, no se puede, ni se debe ignorar los efectos que la parcialidad de la Comisión pueda tener sobre la democracia colombiana y de otros países miembros de la OEA, y aconseja iniciativas que procuren la integridad del sistema interamericano para que no prevalezca la desnaturalización de sus principios y fines que provocaría su obsolescencia.

La osadía contra el covid, un costoso y mortal riesgo

Por: Bernardo Socha Acosta

El atrevimiento, la audacia y la desobediencia, que optaron muchos menores sin control de sus padres, comenzó a pagarse con los contagios del covid que los está llevando hasta la muerte por estos días en Santander. 

Las noticias revelan que los jóvenes menores de 18 años están ocupando importantes lugares de la franja de infectados de la mortífera enfermedad y muchos de ellos ya han muerto porque no han, ni podido ingresar a una cama UCI ante el colapso de la Red pública hospitalaria, a propósito de la alta demanda del servicio.

En Santander este fin de semana, sorpresivamente las personas contagiadas de covid, un alto numero son menores de 18 años. 

Sobre ese análisis, consideraron las fuentes que manejan este tema, que si  no fuera por los contagios de los menores, en Santander a la fecha ya el covid estaría extinguiddo y solo quedarían los 12 mil pacientes que reciben tratamiento y se recuperan en sus casas de habitación.

En estos momentos en Santander y posiblemente en otras secciones del país, ya las personas mayores, por una parte están comenzando a quedar inmunizadas con las vacunas, y por otra son las personas que se cuidan solas y la mayoría no necesitan un policía detrás para adoptar las medidas de seguridad; pero los jovencitos por su orgullo, falsa independencia y aparentar ser superiores que los demás, y hasta  desafiar a las autoridades, comenzaron a pagar caro la osadía.

Con estos informes, se deduce que el contagio de coronavirus, que comenzó atacando y llevando a la muerte a personas adultas mayores o con comorbilidades, va a resultar al final de la pandemia, afectando hasta causar la muerte, y con bastante fuerza, a los jóvenes menores de 18 años que no han ahorrado oportunidades para realizar en sus casas o la de los vecinos cómplices, fiestas clandestinas para bailar e ingerir licor sin guardar una sola medida de protección contra el contagio.

Y todavía estamos a tiempo para que los padres de familia, aunque corran el riesgo de ser amonestados y hasta castigados con la ley que crearon los famosos padres de la patria y el gobierno, apliquen correcciones a sus hijos e impidan que no se lancen a la aventura del contagio de la peor enfermedad que se haya generado en la historia, y al final tengan que llorar infructuosamente la partida mortal de sus hijos.

Y si continúan las famosas marchas de protesta que, algunos dicen ser otra pandemia,  pues los niveles de contagios se mantendrán  y las muertes serán el premio luctuoso para muchas familias.

bersoa@hotmail.com

Carta de don Casimiro Pregonas a la opinión

Bernardo Socha Acosta

Nos escribe don Casimiro Pregonas para comentarnos algunas noticias de la actualidad y sostiene que hay razón cuando las comunidades protestan para reclamar sus derechos, pero también critica al llamado Comité de paro por ser carente de seriedad por presentar peticiones que se salen de todo contexto.

Este es el texto de la comunicación…

Quiero referirme al paro nacional de protesta contra los abusos del gobierno nacional en lo relacionado con la fracasada Reforma Tributaria en la que se proponía como una forma de inquisición para sacarle los pocos ingresos que tiene la clase baja y media de este país.

Y,  si miramos con atención  el origen del paro, vemos que el gobierno nacional ha sido el culpable de todo ese desorden social que se ha presentado y que aún subsiste. Ese ministro de hacienda autor de dicha reforma Tributaria –Claro con la anuencia del presidente Duque- no se imaginó el revés y el estallido social que iba a producir el proyecto; el ministro apenas soñaba con ser el reyezuelo desde su despacho de hacienda, para aprobar todos los proyectos de despilfarro  burocrático de falsos ricos, que se le venían en menta a todos los de la Casa de Nariño y hasta del capitolio donde se reúnen los señores congresistas, quienes también podrían estar pensando que con esos $24 BILLONES que esperaba recoger el gobierno, o, arrebatarle a los colombianos, sería posible otro aumentico de las jugosas dietas que devengan.

Y agrega don Casimiro: Ahora hablemos del flamante Comité de Paro. Los señores que así se denominaron (Comité de paro) también ilusamente pensaron cambiar a Colombia de la noche a la mañana, transformándole falsamente la vida a una franja de la población, pidiendo desproporcionados  e imaginativos presupuestos, que, de dónde iban a salir.

Y, apunta don Casimiro sobre el sueldo básico… Estos señores del Comité de paro, pretendían ponerle sueldo básico a los que no les gusta trabajar, sino aprovecharse de las mayorías de la población laboriosa y honesta. Ese ingreso básico, no era sino un señuelo que incentivaba a los holgazanes.

Los señores del comité de paro prentendían convertir a Colombia en otra antigua Venezuela cuando el estado subsidiaba a los desocupados que no les gustaba trabajar. Esta propuesta era sin duda una forma irresponsable de buscar pactos con el gobierno, sin ninguna seriedad.

Y aquí vale la pena –dice don Casimiro- recordar lo que el Nuncio Apostólico en Colombia, (en reportaje con Caracol) monseñor Luís Mariano Montemayor dijo, al referirse al fracaso de las negociaciones con el gobierno y expresó… Es cierto que en esas negociaciones del Comité de paro y el gobierno ha faltado seriedad y en esta propuesta está plasmada la irresponsabilidad al sugerir un sueldo básico para todo el que no le guste trabajar sino tratar de vivir de los demás y eso era lo que querían los señores negociadores del paro. ¿Esto no es falta de seriedad? O cómo se llama esta urdía. ¿Una propuesta engañosa e irresponsable?  Ahí sí tuvo la razón el gobierno al ignorar esta clase de propuestas que no llevan a ningún resultado ni progreso.

Y don Casimiro remata su carta diciendo… Y las cosas que tenemos que escuchar y ver por cuenta de la civilización. Nos dejó sorprendidos la actitud de los señores nativos o tribus indígenas que de una forma no muy común se han extralimitado en muchos actos, todo por cuenta de la civilización. Si bien antes esos grupos se mantenían en circunstancias casi en el anonimato en sus comunidades, ahora se sobrepasaron y hasta perdieron los límites pidiendo lo habido y por haber  y hasta violentando sus propias reglas y las normativas del estado, al pretender también bloquear los medios de transporte y otros acto que desdicen mucho de estos grupos, antes muy respetados y admirados.  (Carta de don Casimiro Pregonas Cuartas)   

La Hora para la Firmeza y Unidad Institucionales

Mario González Vargas

El vandalismo que acompañó las manifestaciones durante los últimos dos meses en varias urbes del país se ha convertido en un tsunami de destrucción que obedece a una preparación y ejecución fría y metódicamente planificada con la que se quiere sepultar la protesta pacífica garantizada en la Constitución. Hoy, se despliega con el uso de armas letales y de explosivos de variada índole, que develan la financiación de actores nacionales y extranjeros interesados en procurar la desestabilización de las instituciones y del gobierno que les permita la imposición de los objetivos políticos que se han propuesto alcanzar.

El propósito que se vislumbra sería el del establecimiento de guerrillas urbanas que apunten a un desgaste continuo del gobierno y de las instituciones democráticas, sin mayor capacidad de respuesta ante el remolino de críticas, informes y amenazas de sanciones, orquestado por las Ongs y replicado por las Comisiones de DDHH de la ONU y de la OEA. Esa finalidad para su despliegue requiere de ayuda constante que proveerán todas las fuerzas que por distintos intereses persiguen el derrumbe de la institucionalidad democrática que aún conservamos: carteles del narcotráfico, ELN, FARC, sectores políticos, étnicos y sindicales, gobierno de Maduro, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Nelson Alarcón, vocero de Fecode, hizo claridad sobre la finalidad de los disturbios de perpetuarlos hasta las elecciones del 2022 para acceder al poder sobre la ruina provocada por la destrucción sistemática de los pilares de la democracia. Al día de hoy, los daños inferidos por la violencia y el vandalismo suman ya la cantidad que afanosamente pretende recaudar la reforma tributaria en ciernes para atender las urgencias sociales.

El primer eslabón de la fúnebre carroza sería el reconocimiento político que demanda la denominada “Primeria Línea”, prohijada por el senador Bolívar de Colombia Humana y recogida inexplicablemente por la ambivalente alcaldesa López, con la que se intenta establecer campamentos en las ciudades y con ello desplazar a los sectores sociales no violentos que hoy demandan la desatención del Estado y reclaman legítimamente soluciones a sus apremiantes condiciones.

El proyecto de ley para adoptar medidas que protejan y garanticen el derecho a la protesta pacífica y disuada la violencia y el vandalismo que la destruyen no basta si el gobierno no procede con la judicialización de los delitos que se configuran con el vandalismo y los bloqueos. Le corresponderá a la justicia demostrar eficacia en su misión y prontitud en sus decisiones, con las que disipe las dudas sobre su apego a la institucionalidad de la que hace parte. Es hora para la firmeza que contrarreste el uso de todas las formas de lucha que se anuncia contra el proyecto de ley, que se desplegará con la virulencia acostumbrada y que tuvo en el atentado terrorista contra el presidente su primera expresión. Los inmensos desafíos que confrontamos deben responderse con la colaboración armónica de toda la institucionalidad. De ella depende nuestra democracia. No sea que la institucionalidad entregue la soga con la que habrán de lincharla.