El vandalismo que acompañó las manifestaciones durante los últimos dos meses en varias urbes del país se ha convertido en un tsunami de destrucción que obedece a una preparación y ejecución fría y metódicamente planificada con la que se quiere sepultar la protesta pacífica garantizada en la Constitución. Hoy, se despliega con el uso de armas letales y de explosivos de variada índole, que develan la financiación de actores nacionales y extranjeros interesados en procurar la desestabilización de las instituciones y del gobierno que les permita la imposición de los objetivos políticos que se han propuesto alcanzar.
El propósito que se vislumbra sería el del establecimiento de guerrillas urbanas que apunten a un desgaste continuo del gobierno y de las instituciones democráticas, sin mayor capacidad de respuesta ante el remolino de críticas, informes y amenazas de sanciones, orquestado por las Ongs y replicado por las Comisiones de DDHH de la ONU y de la OEA. Esa finalidad para su despliegue requiere de ayuda constante que proveerán todas las fuerzas que por distintos intereses persiguen el derrumbe de la institucionalidad democrática que aún conservamos: carteles del narcotráfico, ELN, FARC, sectores políticos, étnicos y sindicales, gobierno de Maduro, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Nelson Alarcón, vocero de Fecode, hizo claridad sobre la finalidad de los disturbios de perpetuarlos hasta las elecciones del 2022 para acceder al poder sobre la ruina provocada por la destrucción sistemática de los pilares de la democracia. Al día de hoy, los daños inferidos por la violencia y el vandalismo suman ya la cantidad que afanosamente pretende recaudar la reforma tributaria en ciernes para atender las urgencias sociales.
El primer eslabón de la fúnebre carroza sería el reconocimiento político que demanda la denominada “Primeria Línea”, prohijada por el senador Bolívar de Colombia Humana y recogida inexplicablemente por la ambivalente alcaldesa López, con la que se intenta establecer campamentos en las ciudades y con ello desplazar a los sectores sociales no violentos que hoy demandan la desatención del Estado y reclaman legítimamente soluciones a sus apremiantes condiciones.
El proyecto de ley para adoptar medidas que protejan y garanticen el derecho a la protesta pacífica y disuada la violencia y el vandalismo que la destruyen no basta si el gobierno no procede con la judicialización de los delitos que se configuran con el vandalismo y los bloqueos. Le corresponderá a la justicia demostrar eficacia en su misión y prontitud en sus decisiones, con las que disipe las dudas sobre su apego a la institucionalidad de la que hace parte. Es hora para la firmeza que contrarreste el uso de todas las formas de lucha que se anuncia contra el proyecto de ley, que se desplegará con la virulencia acostumbrada y que tuvo en el atentado terrorista contra el presidente su primera expresión. Los inmensos desafíos que confrontamos deben responderse con la colaboración armónica de toda la institucionalidad. De ella depende nuestra democracia. No sea que la institucionalidad entregue la soga con la que habrán de lincharla.
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