El informe de la CIDH sobre Colombia ilustra bien el proceso de politización que ha venido afectando seriamente su legitimidad y credibilidad. Concebida para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, en los dos últimos decenios se ha visto cooptada por miembros de las ONG internacionales y continentales, de radical orientación progresista, que hoy ejercen hegemonía que desnaturaliza la vocación con la que fue creada. Pensada para formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados Miembros en materia de Derechos Humanos y para tramitar las peticiones relativas a las violaciones de esos derechos, al amparo de la militancia y credo ideológico de sus miembros se fue convirtiendo en escenario político interventor, condescendiente con los gobiernos afines, pero parcializado con los otros para caracterizarlos como infractores a los DDHH con la aplicación de estándares construidos con expertos de su misma cantera. Con ello, se despojaron de la necesaria imparcialidad, que además cobró escandalosa morosidad que hoy afecta los casos tramitados en el sistema que pueden alargarse por más de veinte años, y buscaron la consonancia de los fallos de la Corte con sus criterios jurídicos, siempre impregnados de altas dosis de origen ideológico y de intencionalidad política.
No contentos con ese predominio, alcanzado gracias al desinterés o ingenuidad de los gobiernos democráticos que se prestaron para llevar a la Comisión candidatos provenientes de las ONG, se inventaron un panel de expertos para entrevistar los candidatos propuestos por los gobiernos, cuyo dictamen de idoneidad determina su elegibilidad. Así lo denunció recientemente el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal, propuesto por Colombia, que rehusó someterse a un interrogatorio elaborado para estigmatizar sus creencias filosóficas, religiosas y políticas. La unanimidad incontestada.
Quizás la solución a tanto extravío se encuentre en las determinaciones y preocupaciones que se han tomado y expresado en el Sistema de Derechos Humanos Europeo. Hace varios años eliminaron la Comisión por la morosidad que aportaba a la resolución de los casos de violación a los DDHH y por la excesiva representación que en ella tenían las ONG. Este año, los ministros de relaciones exteriores de los 47 miembros del Consejo de Europa, reiteraron su respaldo a la independencia de los jueces de la Corte Europea de los Derechos del Hombre, que juzgan comprometida por la excesiva representación de las ONG, financiadas por la ONG Open Society, susceptible de comprometer la independencia judicial y de favorecer posibles conflictos de intereses que afectarían la transparencia del sistema y la credibilidad de la Corte. Colombia ha estado siempre atenta a promover reformas que fortalezcan el sistema interamericano. En medio de esta polarización política-ideológica que se extiende por el hemisferio, no se puede, ni se debe ignorar los efectos que la parcialidad de la Comisión pueda tener sobre la democracia colombiana y de otros países miembros de la OEA, y aconseja iniciativas que procuren la integridad del sistema interamericano para que no prevalezca la desnaturalización de sus principios y fines que provocaría su obsolescencia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario