La patología ambiental del progresismo populista

Mario González Vargas

En Colombia estamos en mora de adelantar un debate serio e informado sobre la principal amenaza que se cierne sobre la vida en el planeta y que aún no constituye la prioridad ni de los ciudadanos, ni de los gobiernos, a pesar de los rasgos apocalípticos que se acrecientan con la prevalencia de una irracional despreocupación sobre sus descomunales efectos. Los objetivos acordados para combatir el cambio climático y sus efectos en el Acuerdo de París del 2015, no han sido cumplidos satisfactoriamente por sus signatarios, pero si utilizados como banderas electorales que los despojan de la seriedad, urgencia y capacidad de convocatoria que requieren para garantizarnos la supervivencia en la “casa común”. Ni siquiera la caída en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero durante el 2020, por efecto de la pandemia, ha logrado que la recuperación se adelante con nuevos conceptos e instrumentos para construir un cuerpo de políticas limpio, verde, seguro, que permita un cambio profundo y sistémico que sea sostenible y asegure la conservación y protección de la naturaleza y de la vida humana.

Entre nosotros, y con miras a las elecciones del 2022, se ha caído en vulgar caricatura con la que los sectores autodenominados alternativos, que gustan vestirse de verdes, suponen que la transición del petróleo y el carbón a fuentes de energía limpias se consigue a corto plazo con el aumento de la producción y exportación del aguacate. Reina la irresponsabilidad en un tema que hoy angustia a las nuevas generaciones, que encarna una amenaza actual, precisa y descomunal para la continuidad y supervivencia del género humano en la Tierra, que se ha multiplicado en los últimos años en todos los confines con desastres y destrucciones que no dejan dudas sobre lo que nos espera, si no reaccionamos a tiempo y apropiadamente. Hemos abandonado el manejo del tema en manos del populismo progresista, que lo articula y manipula a su antojo para acceder al poder, sin que nos percatemos que recibirá el mismo inocuo y falaz tratamiento que han dado sus gobiernos a los derechos humanos, bajo la égida de la hipotética igualdad, con la que han violentado la libertad, la democracia y el bienestar de los pueblos. Conservar y proteger la naturaleza y la vida no son conceptos ni postulados revolucionarios, sino premisas, acciones y políticas que salvaguarden los equilibrios indispensables a nuestra supervivencia, y consagradas en la Constitución. Si las soluciones de Petro llegasen a materializarse, podrían replicarse emulando el insólito tratamiento de las basuras que sumió a Bogotá en una crisis sanitaria sin precedentes, que hoy cobraría unos costos imposibles de satisfacer.

En Colombia contamos con capital humano y científico, con una política de Transición Energética con legislación propia, con una expansión importante de energías renovables, con capacidades para detener la deforestación y garantizar la protección del Amazonas, que no pueden feriarse para satisfacer un populismo enfermizo de quien cree jugarse en el 2022 su última oportunidad de satisfacer su patológica ambición de poder.

El motociclista ruidoso, le espera la peor suerte: Científicos

 

Por: Bernardo Socha Acosta

Los motociclistas que cohabitan con elevados decibeles de ruido asociados con altas velocidades deberán enfrentarse, no solo a la modificación cerebral, sino a severos traumas sicomotrices.

Los graves daños que sufre el conjunto craneoencefálico con el sistema nervioso, conlleva a complicarse la interpretación del habla, provocando una creciente dificultad para distinguir los sonidos, según el último estudio de la Escuela de Ciencias.

La exposición de una personas a recibir los altos decibeles del sonido, así sea captado por el sistema raquídeo como es el caso de los motocicletas a través de la vibración, va degenerando la normalidad cerebral  y como resultado el afectado va perdiendo su capacidad para el desempeño de sus ocupaciones habituales, asegura el diagnóstico de un equipo de investigadores.

El estudio selecciona 10 efectos nocivos del excesivo ruido:

Problemas cardiovasculares, debido al aumento de la presión arterial como consecuencia de una exposición a un nivel de ruido de 85 a 90 decibeles.

 A este efecto se suma el estrés y le sigue la depresión y los disturbios para conciliar el sueño.

Y la cadena de daños para el motociclista se incrementa con la pérdida auditiva que suma nuevos problemas por el detrimento de la comunicación, y finalmente los graves daños del sistema nervioso que pueden acarrear resultados catastróficos para esa franja de conductores de motos modificadas.

El trabajo del grupo de especialistas aclara que el uso de la motocicleta como medio de transporte popular, no es en sí el problema; el problema radica en la modificación de los sistemas de escape que adoptan algunos motociclistas creyendo que se van  destacar en su conducción y lo único que están es cavando su propia  desdicha.

En otro documento publicado por la Revistas digital, Pensar Salud, acerca de los graves daños por los altos decibeles se afirma textualmente:

Para tener en cuenta

Los ruidos son sonidos fuertes e indeseados que interfieren o impiden nuestras actividades, llegando incluso a configurar un tipo de contaminación: la contaminación sonora.

A finales del siglo pasado, la OMS recomendó que los niveles de ruido en el exterior durante el día no excedieran los 55 decibles (dB). Diez años después recomendó además un valor máximo nocturno de 40 dB para prevenir efectos adversos sobre nuestra salud.

Cada vez son más las fuentes de ruido que generan un verdadero problema ambiental, sobre todo en las ciudades. El transporte, ya sea público o particular, con los bocinazos, aceleraciones exageradas y alarmas, es solo un ejemplo.  A eso se suman las obras de construcción, los ruidosos servicios de limpieza y recolección de basura, los locales comerciales, bares y salones de fiestas. 

A la hora de determinar el grado de molestia de un ruido son varios los factores a tener en cuenta, entre ellos la intensidad sonora y el tiempo de exposición. Pero también influyen las características del sonido y la sensibilidad individual. El ruido tiene también un componente subjetivo, que al ser  vivenciado negativamente por una persona puede producir efectos adversos en la salud.

Y para complementar el anterior documento, esta redacción averiguó otros detalles que son de interés de la comunidad, como…

¿Cuál es el nivel de ruido permitido en Colombia?

En Colombia se ha establecido que el máximo permitido durante las horas del día en las zonas residenciales es de 65 decibeles (dB); en zonas comerciales e industriales, hasta 70 dB y en zonas de tranquilidad 45 dB; mientras que en las noches el máximo permitido es de 45 dB en zonas residenciales; 60 dB, en comerciales.

Recogimos quejas que sobre ruido nos han hecho llegar las comunidades de diferente sectores de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, en relación con algunos Motociclistas que reiteradamente, en avanzadas horas de la noche  pasan por las silenciosas vías, causando atropello en la tranquilidad de las familias  sin que haya AUTORIDAD  alguna que haga algo contra estos abusivos motociclistas.

Y a propósito, qué entidad es la encargada estos municipios mencionados, de ejercer este control y la respuesta es, El Área Metropolitana como autoridad ambiental.

Dejamos entonces esta denuncia, como queja de las comunidades, para que el Área Metropolitana asuma su responsabilidad dentro de sus funciones.

Hermandad con Venezuela democrática

Mario González Vargas

El inicio de nuevas negociaciones entre el gobierno de Maduro y una representación menguada de la oposición, bajo los auspicios del gobierno mejicano, ha despertado más suspicacias e inquietudes que las que acompañaron los ejercicios anteriores que nuca tuvieron vocación de fructificar. Pero esta vez, no porque se avizore un final improductivo, sino porque parecen dirigirse hacia la normalización y reconocimiento del gobierno de Maduro, con absolución incluida por los delitos continuados que lo mantienen en el poder.

La sutil actitud del presidente mejicano y la febril actividad de los representantes del Reino de Noruega, siempre apegados a las formalidades y aparentemente desentendidos de las aristas políticas que entrañan semejantes ejercicios, abrieron los espacios para las imposiciones de los arfiles de Maduro con el veto al embajador Carlos Vecchio, consentido inexplicablemente por la contraparte, y con el pedido de inclusión de Alex Saab a la delegación gubernamental, con el claro propósito de calibrar el comportamiento de una comunidad internacional aturdida por lo sucedido en Afganistán que parece dispuesta a negociar un alivio escalonado de las sanciones vigentes y, de paso, devolver a Maduro la legitimidad de la que despojan a Guaidó. Ello explica la reticencia de Caracas de acordar el protocolo que habría de regir la actividad de los países amigos de la negociación, porque prefiere la soterrada solidaridad de la burocracia de la Unión Europea y del Parlamento Europeo

El gobierno de Venezuela hace parte hoy de una cofradía de gobiernos dictatoriales y homicidas, sujetos de sanciones internacionales, que se agrupan en torno a los intereses globales de Rusia y China, y cuentan con la solidaridad de potencias ascendentes, como Irán y Turquía, y que además provee refugio a organizaciones terroristas como Hezbollah. Por ello, en las Américas, la relegitimación de Maduro y sus secuaces no solo desconoce abiertamente el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), sino que también implicaría la revocatoria tácita de la Carta Democrática de la OEA, en tiempos en los que los estados miembros se ven amenazados por regímenes autocráticos provenientes de elecciones aparentemente válidas o de decisiones de gobiernos de perpetuarse en el poder. Las sombras que oscurecieron las elecciones en el Perú se agudizarán en los comicios de Nicaragua y se extenderían a las elecciones en Chile, Colombia y Brasil en detrimento de la democracia y la paz hemisférica, fundamentos de los principios y fines de la OEA. En Colombia no se debe ocultar a la opinión pública la magnitud de las amenazas y de los retos que se ciernen sobre nosotros y que atañen a la supervivencia de la democracia y del estado de derecho, a la conservación de la paz, y de la seguridad, nacional y a la intangibilidad de la integridad territorial en una dimensión que jamás hemos conocido. Constituye principal e ineludible obligación de los candidatos a la presidencia expresarse con claridad, si quieren merecer la confianza de los colombianos. De la capacidad que tengamos de ayudar a Venezuela a recuperar su democracia depende que honremos el legado del Libertador.

El Candidato de Artificio

Mario González Vargas

La rogada postulación de Alejandro Gaviria a la presidencia de la república no despertó el entusiasmo que trataron de ambientar algunos medios de comunicación, el expresidente Gaviria y afines al entorno de Juan Manuel Santos. Pese al ropaje de renovador que le endosaron, sus primeras declaraciones abundaron en generalidades y elucubraciones que desdicen del carácter que generosamente le prestan, cuando no se acompañaron de una manida retórica sobre las ejecutorias del gobierno al cual perteneció por seis largos años. Asimismo, no se percató que propugnar sin asomar siquiera soluciones, por el estado liberal y su pluralismo, condenar la corrupción, defender a los más vulnerables y proveer salud y educación, hacen parte del obligado repertorio de cualquiera aspirante. Priorizar la eutanasia, la legalización de las drogas y el libre consumo y mercado de la marihuana, y creer que el acuerdo con la Farc nos trajo la paz (solo el 20% de los colombianos lo creen así, encuesta País Libre ), demuestran preocupante ignorancia de los males que nos aquejan y profunda desconexión con los anhelos y reivindicaciones ciudadanos, y confirman un perfil continuista que polariza y entraba la ejecución de políticas que unan a la nación en la construcción de nuevos objetivos y entorpecen el alcance de los cambios que necesitamos. Pareciera que, desde su torre de marfil de la rectoría andina, no pudo captar las razones de la inconformidad ciudadana, su zozobra por la inseguridad que la estremece, la pérdida de legitimidad de las instituciones y el desapego creciente con las dirigencias gubernamentales y los estamentos políticos y partidistas.

Narcotráfico, violencia y ausencia de control territorial por parte del Estado constituyen los desafíos principales que enfrentamos y que amenazan la integridad, soberanía y la seguridad nacional, alientan la corrupción, deslegitiman las instituciones y desvertebran la acción del Estado. Creer que el problema del narcotráfico y de la droga debe afrontarse “con un enfoque regulatorio que respete los derechos humanos y enfatice la prevención” señala el profundo desconocimiento del poder de los carteles y de la precariedad del Estado en combatirlos. Igual ingenuidad registra frente al vandalismo, con su eslogan de responder “a las amenazas a la democracia con más democracia”, una frase de cajón para contento del progresismo que augura una renuncia de su eventual gobierno a su obligación de aplicar le ley y mantener el orden público, obligaciones irrenunciables del gobernante, sin las cuales perecen la seguridad y tranquilidad de los colombianos.

Pretende fungir como apóstol del respeto a quienes piensan distinto, pero relega al pasado a fuerza política adversa y descalifica y pretende estigmatizar a la candidata presidencial que encarna el antípoda de sus flaquezas, ingenuidad y tibiezas. Ingresa a la arena electoral confiado en que sus asesores de imagen logren, en el mercado político, convertirlo en novedad que esconda sus fragilidades y apoyos, en una contienda que no favorece el continuismo, ni la inexperiencia en el complejo manejo del gobierno y la política. No conoce el país, ni el país lo conoce. Ni a Dios podrá encomendarse.

Sombras de la Comisión de la Verdad

Mario González Vargas

La reciente reunión del presidente de la Comisión de la Verdad y dos de sus miembros con el expresidente Uribe trajo a mi memoria el documento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (ACNUDH) del año 2006, en el que se calificaron como elementos críticos para la constitución de las comisiones de la verdad: la condición de que el conflicto haya llegado a su fin; que exista voluntad política que aliente una investigación seria de los abusos perpetrados; y que exista por parte de todas las víctimas espacio e interés de participar y cooperar sin exclusión alguna. Ninguna de estas críticas condiciones se materializó en el caso de Colombia. El Conflicto no llegó a su final, como que recrudeció y se extendió por el territorio nacional con disidencias de las Farc, el ELN y nuevos actores delincuenciales, nacionales y extranjeros, que hoy participan del narcotráfico que antaño manejó exclusivamente la Farc-Ep. La voluntad por una investigación seria de los delitos y abusos se evaporó con el desconocimiento de la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito, con que el que se exacerbó el alineamiento encarnizado de las fuerzas políticas y de la opinión ciudadana. Ello indujo a un tratamiento diferenciado de las víctimas del conflicto, excluyendo a unas y priorizando a otras de acuerdo con la identidad de sus victimarios.

La recomendación de la ACNUDH de seriedad e independencia en el proceso de escogencia de los miembros de la Comisión de la Verdad que debe recaer sobre personas conocidas, respetadas y cuya neutralidad sea reconocida por las partes del conflicto, fue olímpicamente ignorada como se evidencia en las expresiones, opiniones y actuaciones de sus miembros. El balance de la Comisión es hasta hoy muy pobre, reducido a las expresiones sesgadas de sus miembros, limitada a la atención de un solo sector de víctimas, y benévola con sus victimarios, sin trabajos ni encuentros con otros sectores mantenidos en la penumbra como una renuncia a conocer todo el universo de quienes padecieron los estragos del conflicto y la violencia y que no debe hoy argüir para solicitar la extensión de su mandato. Si ésta llegase a concederse, exigiría mayor rigor en oír a todas las víctimas y en desentrañar lo ocurrido y padecido para que ese conocimiento sea sustento de perdón y reconciliación y no remedo de verdad que sirva de arma para prolongar el conflicto. Querer imponer una verdad propia constituye la antítesis de la tarea encomendada, el combustible de la polarización existente, malhadada intervención con propósitos electorales y una condena para una sociedad que ansía paz y reconciliación.

Francisco de Roux S.J. debe saber de verdades e instruir a sus colegas sobre los males y dificultades que se ciernen sobre Colombia con la sola sospecha de manipulación de la verdad. Ahondar los abismos que penan en cerrarse no contribuye a la construcción de consensos que permitan la superación del conflicto. Dar ejemplo es una responsabilidad histórica que afronta la Comisión y debe ser resuelta desprovista de sesgos ideológicos y de odios persistentes. Amanecerá y veremos.

Las libertades de pensar, enseñar y crear

Mario González Vargas

En medio de las dificultades que ha enfrentado el país en años pasados, no ha sido fácil percatarnos de los cambios que durante las dos últimas décadas han afectado a la educación y sus instituciones. Sigilosamente, pero con inquebrantables decisión y ejecución, se ha venido registrando en Colombia un modelo educativo que pugna por extenderse por el mundo occidental, que desdice de los valores que han sido los suyos y responde a la aparición de una formulación político cultural que pretende fundarse en la denuncia de todas las formas a las que atribuye espíritu de dominación. A su amparo, se entronizó la regla de lo políticamente correcto como única válida guía de pensamiento, sustituto del análisis y del debate de ideas que habían enriquecido las artes, la ciencia, la filosofía y hasta la política. Con ella, la enseñanza y la investigación se convirtieron en escenarios en los que prima el dogmatismo ideológico que amenaza los saberes científicos y los haberes de la razón, que terminan siempre en la proscripción del descubrimiento y de la originalidad. Irrumpió así la hegemonía de la ideología de lo diverso que desató la tiranía de lo minoritario y contaminó la sociología, la ciencia política, la antropología, la historia y la filosofía, abriendo el paso a concepciones decolonialistas, racialistas, indigenistas, neo feministas y de ideología de género, erigidas en dogmas para una nueva sociedad constreñida al abandono de la libertad de pensamiento sobre la que descansa toda actividad académica y pedagógica. El ingreso a la catedra se fue restringiendo a los sacerdotes de la nueva cultura que expandieran la difusión de sus credos y ejercieran tarea policiva para la exclusión de los infelices que todavía comulgan con la herejía de la libertad.

Esa concepción de lo políticamente correcto tiene libre curso en algunas de las universidades colombianas y es guía de pensamiento de sus directivas, de sus catedráticos y por lo tanto de muchos de sus discípulos. Resulta también fuente ideológica compartida por agrupaciones de izquierda y será motivo de controversia en los debates que en las elecciones se suscitarán, como ya lo empieza a ser por razón de Fecode, con sus negativas a la evaluación de sus capacidades didácticas y la evidencia del sesgo ideológico con el que adoctrina a sus incautos alumnos. Asimismo, la eventual candidatura del rector de la Universidad de los Andes será propicia para el debate, como que representa al vocero autorizado de ese pensamiento políticamente correcto en las esferas académicas, y que hoy pretende enarbolar en el escenario político. Será la oportunidad para defender el pluralismo, en el pensar y en el análisis, de las imposiciones de lo que se considera políticamente correcto, para develar su naturaleza totalitaria que pena en ocultarse en el semblante intelectual y profesoral del candidato en ciernes. En el debate será posible correr el telón que hasta ahora ha mantenido esa concepción lejos de la comprensión ciudadana y de defender las libertades de pensar, enseñar y crear que son inseparables y esenciales en toda sociedad democrática.

Desfalco, o saqueo en Mincomunicaciones

Por la importancia que reviste el tema del Ministerio de las tecnologías, en relación con el millonario contrato que está apunto de marcar un nuevo desfalco o saqueo de las arcas nacionales, reproducimos el siguiente artículo de nuestro colega José Antonio Mantilla...

“LOS SEPULCROS BLANQUEADOS”

Por José Antonio Mantilla

Director

PRENSA ANDINA (Bogotá D.C., 15 - 08 – 2021)

Bajo el título de “Revivieron los auxílios”, Germán Vargas Lleras, en su columna de El Tiempo, plantea un tema que bien podría servir de análisis y reflexión en torno a la corrupción que sume en la desesperanza al país.

Sin referirse a ello en el título, el nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, hace alusión al escándalo del archimillonario contrato suscrito de manera irregular entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados.

Intenta en su escrito limpiar la imagen del Partido Cambio Radical, del cual es su jefe, haciendo un ataque frontal en contra de la ministra Karem Abudinen, a quien lanza al “foso de los leones”, y en cambio sí, exime de responsabilidad al Presidente Iván Duque.

Se le olvida a Vargas Lleras, que cuando Duque nombró a la señora Abudinen, lo hizo, no, porque fuera la más brillante para ejercer el cargo, sino para congraciarse con el clan barranquillero de los Char y de paso entregarle a él un nuevo ministerio, ´para acercarlo como aliado y mejorar, con cambio radical el apoyo a su programa de gobierno.

Y obviamente de paso, para que manejara el más ambicioso proyecto de comunicaciones orientado a dotar de internet a 1.2 millones de niños ubicados en zonas rurales del país, acercar al teletrabajo a una población igual que hoy solo tiene como recurso el trabajo presencial, y mejorar la imagen de su gobierno pensando en las elecciones de 2022.

Fue así como el 30 de abril 2020, para sorpresa de todos los colombianos, Duque nombró a la consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, como nueva ministra de las TIC, respondiendo a las expectativas de sus socios políticos y rápidamente se hizo la posesión desplazando a Silvia Constaín hasta entonces, la titular de esa cartera.

La nueva ministra ya llevaba el encargo de asumir el control de la licitación el cual para la época ya estaba casi que en la etapa de adjudicación.

El pliego original se elaboró y publicó en enero de 2020 y consideraba una única licitación para instalar la conectividad de al menos diez mil colegios por lo menos por diez años.

Posterior a la posesión de la ministra Abudinen en mayo de 2020, el ministerio publicó un nuevo pliego de la licitación en agosto del mismo año.

En este nuevo pliego se partió el país en dos regiones, se redujeron los requisitos financieros y se eliminó la condición de demostrar experiencia de operación de un número mínimo (cinco mil) sitios satelitales, para que cualquier empresa con muy poca experiencia, pudiera participar.

También se debe recordar que en la licitación había diez proponentes. Se descalificaron dos grandes potenciales proveedores de servicio satelitales. HughesNet y China Great Wall.

Así mismo se descubrió que el representante legal de la firma Unión Temporal Ces Inred, Camilo Ernesto Valencia Suescum, fungía al mismo tiempo como asesor de la ministra Karem Abudinen y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por lo cual la firma quedó descartada.

En la adjudicación, finalmente, se declaró como ganadores a Comcel S.A.S y Unión Temporal Centros Poblados, donde se divide el proyecto en dos: Región A y Región B. El propósito de esa división del país, era claro: facilitarle la entrada a la segunda de las firmas.

Y como lo dice el propio Vargas Lleras, “ya empiezan a aparecer los verdaderos socios de este escandaloso atraco a la nación”. Pero le saca el cuerpo a su responsabilidad política, al igual que los Char.

¿Y cuál sería la razón para que el propio Presidente Duque se arriesgue a brindarle apoyo incondicional a la ministra Karen Abudinen Abuchaibe? Sencillo, es prima hermana de Shadia Farah Abuchaibe, la esposa de Jerónimo, el hijo mayor de Álvaro Uribe Vélez.

REVIVIR LOS AUXILIOS

La parte final de la columna del nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, se refiere precisamente al hecho de que el propio Iván Duque a través de su MinTIC y las mayorías del Congreso, apoyen la resurrección de los auxilios, esta vez para los medios de comunicación.

Dice Vargas Lleras: “Lo primero sea advertir, para que luego no digan que nada sabían, que esos auxilios están expresamente prohibidos en el art. 355 de la C. N., que establece: “Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado...”

La iniciativa sugiere entregar a manera de “auxilios” del presupuesto nacional $85 mil millones, a medios de comunicación del país para lo cual se hizo un concurso entre 350 empresas y personas jurídicas y que según el nieto de Lleras Resttrepo, se adjudicarán por el sistema de balotas “cual piñata de cumpleaños”, todo justificado por la crisis generada por la pandemia de Covid 19. “Y todo esto, en cumplimiento de la exigente política de austeridad proclamada por el Gobierno”.

Y finaliza el heredero de la “Transformación nacional”, celebrando que la gran prensa, incluidos las grandes cadenas de televisión y radio, “no hayan querido aplicar a esos ‘beneficios’ ”.

Comencemos por el final: de la publicidad oficial que anualmente está por encima de los $2 billones, incluidas algunas empresas del Estado, el 60% se distribuye entre los grandes periódicos EL TIEMPO, El Espectador, Semana y cadenas de radio y televisión como Caracol, RCN, CM&., y algunos medios de provincia, a los cuales, si bien se les ha bajado la pauta por razón de la crisis generada por la pandemia, no tienen necesidad de apelar a los subsidios del Estado.

Pero programas como el denunciado por Vargas Lleras, lo único que pretenden es callar la voz de la prensa, especialmente en provincia, aprovechando no solo la escasa financiación para sobrevivir en el medio y la baja condición ética de algunos comunicadores.

Y quizás su denuncia tendría un gran valor, si no fuera porque en diciembre de 2020 varios congresistas de Cambio Radical, entre ellos el senador Richard Aguilar, actualmente preso por supuesta corrupción, presentaron un proyecto de ley para eliminar el IVA en la pauta publicitaria, entre los años 2021 y 2025, así como obtener beneficios parafiscales y auxilios económicos para los medios de comunicación.

Más que el interés de ayudar a la supervivencia de los medios, lo que buscan algunos congresistas es callar a la prensa, colocándose ellos como sus benefactores.

Y en cuanto a la referencia de los auxilios, hay que recordarle al exsenador Vargas, que estos siguen vivos en el Congreso, ya no con el nombre que le diera su creador, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, para lograr que se aprobara la Reforma Constitucional de 1968 sino como “cupos indicativos”.

Se trata de partidas presupuestales especiales para que senadores y representantes puedan disponer a su antojo en la inversión en la provincia en salud, educación y saneamiento básico, y a través de ellos obtener los beneficios políticos frente a los alcaldes y gobernadores.

Y aquí cabe la metáfora que emplea Jesús según el Evangelio de San Mateo, “para comparar a los fariseos con sepulcros blanqueados, relucientes por fuera, pero llenos de podredumbre repugnante y vomitiva en su interior”, lo cual no es otra cosa que una manera de ocultar la corrupción.

Pandemia, vacunas y civilización

Mario González Vargas

Año y medio después de la aparición del Covid-19, la crisis sanitaria que ha provocado se extiende a debates y desencuentros que afectan la capacidad de superar sus peligros y amplían la controversia hacia suposiciones y contradicciones que son muy propias de las circunstancias que vivimos y que afectan por igual a todas las poblaciones del planeta. En un principio, se confío en la capacidad de la ciencia para encontrar antídoto que frenara la extensión de la pandemia y contrarrestara sus efectos letales que se avizoraban apocalípticos. En un tiempo sin precedentes en las luchas contra pandemias anteriores se produjeron vacunas destinadas a inmunizar a las poblaciones contra la malignidad del virus enemigo y a normalizar todas las actividades amenazadas y debilitadas por él.

El alborozo se vio rápidamente suplantado por una visceral oposición que empieza a crecer por doquier y que parece obedecer a las falencias que hemos venido acumulando sin percatarnos de sus indeseables efectos. En días pasados, en Colombia apareció el movimiento antivacunas, que toma fuerza en EEUU y Europa, y amenaza propagarse por el mundo al amparo de la prevalencia de las redes sociales que hoy mantienen comunicados a los ciudadanos en tiempo real, que no descansa en sólidas evidencias, sino en suposiciones conspiratorias o concepciones egoístas del libre albedrío, pero con alcances mortíferos sobre las sociedades. Ignorar la capacidad de la ciencia para superar los desafíos de la humanidad equivale a desconocer su historia e invalidar arbitrariamente el factor que ha permitido su continuidad y supervivencia. Corresponde a actitudes que la historia registra y cuya superación ha permitido la preservación de la especie con todos los altibajos que les son propios, y comprender sus fuentes y orígenes. El rechazo a las vacunas parece fundarse en la desconfianza creciente en las instituciones que ha llevado a cuestionar fuertemente la competencia del Estado para fijar límites al libre albedrío en procura del interés general. Obedece a una descomposición creciente del espíritu cívico que se expresa en la desconsideración de los deberes del ciudadano con la sociedad, estimulada por los discursos libertarios de las últimas décadas, que propugnan el advenimiento de sociedades horizontales que permitan la sumisión del bien común a los intereses individuales, sacralizados como único paradigma de las supuestas sociedades modernas. En las sociedades así diseñadas no hay espacio para el disentimiento y, por consiguiente, para el consenso o los acuerdos, con lo que se convierte el silencio en la única actitud de vida permitida. Podemos alcanzar el sumo de la sinrazón, consistente en que, por erigir altares a libertades sin fin, terminemos condenados a la unanimidad dictada desde el poder. La pandemia no debe servir de mampara para esconder el choque de culturas de la que ella hace parte y caracteriza al mundo contemporáneo. Contiendas de ese carácter siempre se han caracterizado por el uso malicioso de los valores de la civilización atacada para alcanzar su derrumbamiento. Democracia y sus libertades, despojadas del valor tutelar del bien común, son hoy las armas usadas en su contra.

La mejor receta para la catástrofe

Mario González Vargas

En el mundo globalizado no resulta posible ni prudente desentenderse de los acontecimientos que alteran los equilibrios en otros continentes porque indefectiblemente afectan las relaciones y los equilibrios en el hemisferio americano. En los últimos años, los Estados Unidos han iniciado un proceso de repliegue en el Medio Oriente que se ha traducido en el retiro definitivo de Afganistán y en el ascenso del poder iraní en la región. En Afganistán, se vive ya una situación de pre guerra civil que, de desatarse, concluirá en la victoria de los Talibanes, con las impredecibles consecuencias sobre la seguridad de los estados vecinos. Irán, al amparo de la condescendencia de la Unión Europea y de los EEUU, ambiciona extender su modelo y su influencia a todos los países de la región para imponer sus normas islámicas y romper la influencia occidental. Consagra sus esfuerzos a la consecución de su hegemonía y a la conquista de dos objetivos indisolubles: su poder regional, del Mar Caspio al Mediterráneo, y la obtención de la bomba atómica. Lo ha venido logrando, fortaleciendo la causa ´palestina, controlando el Líbano, Siria e Irak, y extendiendo su influencia hasta el Yemen con las milicias Houthuis, a quienes, inexplicablemente, los EEUU les retiraron su carácter de terrorista.

Con el Acuerdo de Viena de 2015 firmado con las potencias europeas y los EEUU, Irán se halla a punto de obtener la bomba atómica, haciendo caso omiso de la vigilancia establecida en el Acuerdo, y cuyas negociaciones hoy reanudadas no vencerán la obstinación de los ayatolás de proseguir con sus esfuerzos de dominio y de extinción del Estado de Israel. El Oriente Medio es hoy una región en disputa en la que ingresaron Rusia, China y Turquía, potenciando las amenazas a la paz regional. Circunstancias parecidas afectan hoy al continente americano con la presencia de Rusia, China, Turquía, la Organización terrorista de Hezbollah en Venezuela, cuyo gobierno ampara organizaciones terroristas como el ELN, las varias disidencias de las Farc, negocia con carteles del narcotráfico y pretende servir de plataforma para la desestabilización de los regímenes democráticos. La celebración de elecciones parlamentarias y presidenciales en este año y en el próximo en el hemisferio, al amparo del presunto desinterés de los EEUU, ha desencadenado y fortalecido injerencias extracontinentales que amenazan la democracia y la paz hemisféricas, principios tutelares del sistema interamericano. La Carta Democrática y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca parecen letra olvidada ante el activismo político del progresismo continental e internacional y la presencia de asesores militares y de inteligencia en suelo venezolano. Palidecen los esfuerzos como el adelantado por el Grupo de Lima que aparece condenado a su disolución y aumentan las voces de los apaciguadores de siempre, que creen que las dictaduras se detienen con diálogos infructuosos en vez de acciones solidarias contempladas en la propia Carta de la OEA. Los regímenes totalitarios apoyados por potencias orbitales constituyen la mejor receta para la catástrofe que supone la pérdida de la democracia y la paz en las Américas.