Sombras de la Comisión de la Verdad

Mario González Vargas

La reciente reunión del presidente de la Comisión de la Verdad y dos de sus miembros con el expresidente Uribe trajo a mi memoria el documento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (ACNUDH) del año 2006, en el que se calificaron como elementos críticos para la constitución de las comisiones de la verdad: la condición de que el conflicto haya llegado a su fin; que exista voluntad política que aliente una investigación seria de los abusos perpetrados; y que exista por parte de todas las víctimas espacio e interés de participar y cooperar sin exclusión alguna. Ninguna de estas críticas condiciones se materializó en el caso de Colombia. El Conflicto no llegó a su final, como que recrudeció y se extendió por el territorio nacional con disidencias de las Farc, el ELN y nuevos actores delincuenciales, nacionales y extranjeros, que hoy participan del narcotráfico que antaño manejó exclusivamente la Farc-Ep. La voluntad por una investigación seria de los delitos y abusos se evaporó con el desconocimiento de la voluntad ciudadana expresada en el plebiscito, con que el que se exacerbó el alineamiento encarnizado de las fuerzas políticas y de la opinión ciudadana. Ello indujo a un tratamiento diferenciado de las víctimas del conflicto, excluyendo a unas y priorizando a otras de acuerdo con la identidad de sus victimarios.

La recomendación de la ACNUDH de seriedad e independencia en el proceso de escogencia de los miembros de la Comisión de la Verdad que debe recaer sobre personas conocidas, respetadas y cuya neutralidad sea reconocida por las partes del conflicto, fue olímpicamente ignorada como se evidencia en las expresiones, opiniones y actuaciones de sus miembros. El balance de la Comisión es hasta hoy muy pobre, reducido a las expresiones sesgadas de sus miembros, limitada a la atención de un solo sector de víctimas, y benévola con sus victimarios, sin trabajos ni encuentros con otros sectores mantenidos en la penumbra como una renuncia a conocer todo el universo de quienes padecieron los estragos del conflicto y la violencia y que no debe hoy argüir para solicitar la extensión de su mandato. Si ésta llegase a concederse, exigiría mayor rigor en oír a todas las víctimas y en desentrañar lo ocurrido y padecido para que ese conocimiento sea sustento de perdón y reconciliación y no remedo de verdad que sirva de arma para prolongar el conflicto. Querer imponer una verdad propia constituye la antítesis de la tarea encomendada, el combustible de la polarización existente, malhadada intervención con propósitos electorales y una condena para una sociedad que ansía paz y reconciliación.

Francisco de Roux S.J. debe saber de verdades e instruir a sus colegas sobre los males y dificultades que se ciernen sobre Colombia con la sola sospecha de manipulación de la verdad. Ahondar los abismos que penan en cerrarse no contribuye a la construcción de consensos que permitan la superación del conflicto. Dar ejemplo es una responsabilidad histórica que afronta la Comisión y debe ser resuelta desprovista de sesgos ideológicos y de odios persistentes. Amanecerá y veremos.