El autismo del gobierno

Mario González Vargas

El gobierno del cambio ha dado muestras inequívocas de padecer un autismo persistente que empeora al unísono con los retos que confronta. Esa patología que obedece a la presencia de un “trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior”, ha guiado el errático comportamiento del presidente, del comisionado para la paz y de sus ministros del interior, de defensa y de justicia, frente a la multiplicación de las protestas, paros, bloqueos, atentados y tomas de instalaciones o de poblaciones, advertidas muchas de ellas por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Lo ocurrido en días pasados en el Caguán es ejemplo doloroso de sus efectos entre los responsables del orden público que prefirieron abandonar a los policías en manos de turbas de delincuentes conducidas y recompensadas monetariamente por las disidencias de las Farc, a las que hoy se les ofrece nuevamente un cese al fuego como garantía de negociación de paz. El protocolo elaborado tardíamente por el comisionado para dar continuidad al cese ya decretado el 31 de diciembre pasado, bien puede asemejarse a directrices para “boys scouts”, y no se compadece con las innumerables afectaciones que desde esa fecha se han producido en el país, fortaleciendo el control territorial de todas las organizaciones criminales y narcotraficantes, estimuladas por el obligado acuartelamiento de la fuerza pública. Además, acordar ceses al fuego con cada grupo armado ilegal sólo paraliza a la fuerza pública, pero constituye patente de corso para las confrontaciones entre ellos, y para el sometimiento de pueblos y comunidades al reclutamiento forzado de menores y otras violaciones a los derechos humanos, como lo atestiguan los lamentos de las víctimas en el Cauca y Valle del Cauca, y más recientemente en el bajo Cauca y el nordeste antioqueños y en las zonas mineras de Córdoba, que no tardaran en extenderse a otros teatros de confrontación armada ante la creciente multiplicidad de esas organizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.

El autismo del presidente y de su sequito se expresa también en el proyecto de ley de sometimiento con el que se pretende toda clase de beneficios para los actores de la violencia: indultos, principios de oportunidad e impunidad asegurada para todos los autores de asesinatos y masacres, así como la recompensa de conservar capitales hasta de 11 mil millones de pesos obtenidos en sus dantescos crímenes de lesa humanidad. Tan grande es la ignominia, que hasta el expresidente Santos y sus favorecidos jefes farianos expresaron su oposición, sin lograr que el presidente desista de lo que califica como “la construcción de un camino pacífico”.

Asistimos al paroxismo de la política de deconstrucción, tan cacareada por la izquierda radical, que arrasará con la democracia y sus libertades, con la seguridad humana y la capacidad de producir y disfrutar de los bienes y servicios inherentes a una vida digna y a una sociedad pacífica. ¿Merecemos los colombianos los padecimientos que nos receta el autismo de nuestros gobernantes?

Desgobierno y caos

Mario González Vargas

Gustavo Petro ha logrado la hazaña de poner en peligro su propio gobierno. Así lo constata alarmado su principal escudero Gustavo Bolívar. En los 210 días transcurridos, el presidente y su gabinete han dado pruebas incontrastables de improvisación y de su incapacidad de entender los retos que se confrontan, potenciada por el radicalismo ideológico del jefe de estado y la impericia y desaciertos de la inmensa mayoría de sus ministros. El presidente no ha logrado comportarse como jefe de estado, ni de gobierno, pero si silenciar las pocas voces que intentan aterrizarlo en la comprensión de las realidades que nos aquejan.

Su promesa de unir al país sólo fue flor de un día. Dio paso a una febril actividad dirigida a arrasar con la institucionalidad vigente para reemplazarla con una estructura estatizada y repudiada por las calamidades que provocó en el mundo, en especial en las Américas, con las experiencias desastrosas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Su impaciencia lo alejó de los cauces del entendimiento para la consecución del cambio prometido, y lo dispuso a medidas improvisadas que sólo consiguen acentuar la zozobra y la incertidumbre que acrecientan los temores y erosionan la confianza ciudadana, de los partidos políticos y de la comunidad internacional en los méritos de su gestión.

La paz total se extravió en un cese al fuego unilateral, no convenido con los actores de la violencia y por lo mismo carente de mecanismos y de responsables de su verificación, sólo aplicable a la Fuerza Pública, y cuyo resultado ha sido el empoderamiento del control territorial de las organizaciones criminales que ensangrientan al país con su batalla por los réditos del narcotráfico. Lo acontecido en el Caguán revela el espíritu de sometimiento del gobierno, al haber enviado al contingente policial desarmado al control del orden público, y abandonarlo a la triste suerte de su indefensión y humillación, secuestrados, y uno de ellos asesinado. La calificación de semejante acto como cerco humanitario indica el grado de postración ante cualquier manifestación delincuencial de los grupos armados que gozan hoy de plena libertad para la consecución de sus objetivos. No sorprende entonces la pasividad del gobierno ante la dramática situación del orden público en el bajo Cauca antioqueño, en los departamentos de Córdoba, Cauca, Nariño, y en el Magdalena medio santandereano, con sus poblaciones confinadas, desabastecimiento de alimentos y medicinas y ruegos de sus autoridades desatendidos por el gobierno. Las denuncias contra el primogénito y el hermano del presidente por supuesta solicitud y recibo de dineros de actores ligados al narcotráfico para la campaña electoral o para beneficio propio, enrarecen aún más el difícil escenario del gobierno en el trámite de sus reformas. Los partidos toman distancia de sus contenidos, la justicia aplica y fortalece sus instrumentos preventivos ante eventuales violaciones de la ley y de la Constitución, y Fiscalía y Procuraduría adelantan las investigaciones que les competen. La institucionalidad cumple con sus deberes, no solamente para intentar rescatarnos del desgobierno y el caos, sino también para evitar la repetición del triste pasado que no se olvida.

La paz total y el mito de Sísifo

Mario González Vargas

La paz ha sido un anhelo frustrado que se ha intentado conjurar sin éxito por todos los gobiernos que se han sucedido en el tiempo. Es como si los colombianos estuviéramos marcados por un sortilegio macabro que nos condena a una violencia constante, pero ajena a nuestros deseos. Petro, en su mejor estilo de promotor de encantos, nos ofrece una paz total, con la que alcanzaríamos el nirvana que nos alejaría por siempre de repeticiones y recaídas que han ensombrecido el espíritu de los colombianos.

Ya lo habían intentado nuestros gobernantes por décadas, sin otro resultado que una repetida frustración. Juan Manuel Santos prefirió acariciar su personal vanidad a la conquista de una paz consensuada que asegurara el definitivo fin de la violencia y promoviera la reconciliación y la sanación de las profundas heridas en el alma de la nación. El acuerdo, impuesto con triquiñuela de tahúr por encima de la voluntad popular, solo logró desencadenar una nueva violencia, aún más mortífera e invasora que la provocada por las Farc y el Eln, porque las carencias que la alimentaron siguieron prevaleciendo en la vida nacional. La precariedad del control territorial por el Estado, el apoyo soterrado de la izquierda radical a la insurgencia y la explotación del narcotráfico y de todas las actividades económicas ilegales por los alzados en armas, acrecentaron el poder de la ilegalidad y amenazaron a una sociedad atemorizada y a una democracia que sufría por superar los retos que confrontaba.

No extraña que hoy padezcamos una expansión de las estructuras criminales que rivalizan por el control de las economías ilegales, que se ha acompañado de un creciente control territorial y de la extensión desmesurada de los cultivos de coca, de la minería ilegal y de todas las actividades delictuales que suelen desplegarse para protección de sus réditos. Se ha logrado retrotraernos al bandolerismo y a la degradación que se expresa en la multiplicación de masacres y crímenes de lesa humanidad que enlutan a la nación, sin capacidad institucional para combatirlos y erradicarlos, al tiempo que se multiplican las estructuras armadas ilegales por todo el territorio nacional. Las fuerzas militares y de policía ya no erradican cultivos, no incautan drogas ni destruyen laboratorios, y el gobierno las mantiene acuarteladas mientras las parafernalias de delincuentes ocupan las calles de las poblaciones y adoctrinan a sus indefensos moradores. Lo acontecido el jueves en el Caguán es la demostración cruenta de la postración que nos imponen, que al menos, por simple sentido del honor, debería provocar la renuncia de mindefensa. La paz total persiste en el proceso de legalización de las economías ilegales y de sus perpetradores, como lo denuncia el Fiscal General en el proyecto de humanización de las penas, y en el del acogimiento, con perdón y olvido y mal habidas riquezas en el proyecto de país “potencia de la vida” que desvela al presidente. Olvidadas permanecerán las víctimas, como ya aconteció en el acuerdo con las Farc, pero todos seremos apesadumbrados testigos de la reedición del mito de Sisifo en la perduración de la criminalidad en la vida nacional.

El precio de los combustibles pondría en apuro al gobierno

Por: Bernardo Socha Acosta

Los malos momentos de los colombianos requieren del concurso de quienes de forma generosa aportan su granito de arena para ayudar a construir y no a destruir como suelen hacerlo quienes precisan erradamente de ser los salvadores del futuro, cuando tuvieron 40 y 60 años gobernando y solo trajeron hambre y violencia, esa que estamos sufriendo hoy.

Todos los días lamentablemente vemos desajustes sociales y de la economía; y, sino miremos lo grave que está ocurriendo el Sur de Colombia con el secuestro de la fuerza pública y asesinato de policías.

Y luego de varios sondeos de opinión, encontramos que entre las acciones causantes del inconformismo popular contra el actual gobierno, está el reajuste permanente de los precios de los combustibles, hecho que debiera ser más gradual para evitar que esto se convierta en una peligrosa mina explosiva y hasta en una pesadilla, por tratar de hacer lo que no hicieron otros mandatarios.

Quienes saben que el reajuste de los combustibles es la respuesta a la nula acción de gobiernos pasados, también creen que la solución no se puede lograr sacrificando de un solo tajo a quienes trabajan (los transportadores) y causándole más problemas a los consumidores porque sin duda que el permanente reajuste de los combustibles está aportando un permanente encarecimiento del valor de la canasta familiar, y eso está también minando los ánimos del pueblo colombiano que podría revertirse en un nuevo estallido social.

Ojalá que los consejeros presidenciales y el equipo del gobierno sean sensatos y a tiempo conjuren una revuelta peor.

El problema de los combustibles comenzó a gestarse en 2007, con la ley 1151 aprobada por el congreso de la república y sancionada por el presidente de la época. Fue entonces con el artículo 69 de esa ley, sobre creación del Fondo de Estabilización de precios de los combustibles (FEPC) adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que comenzó lo que hoy es un calvario que puede dar origen a graves problemas sociales. Los transportadores ya no aguantas más. Y como esos precios inciden en el costo de vida, pues los consumidores tampoco aguantas más el precio de los alimentos.

Esa medida (fondo de estabilización de precios) que se represó de mala o buena fe, es la que está tratando de resolver este gobierno para evitar problemas peores, pero los reajustes fijados a los combustibles para cada mes, son absurdos por su cuantía. Los incrementos se podrían hacer, pero con unos montos menores que no afecten gravemente el costo de vida.

El momento que vive Colombia, con una atapa de inflación, un desenfrenado costo de vida y una amenaza de violencia que se enfrenta al proyecto de paz total, exige mesura del gobierno, porque si bien está haciendo esfuerzos para buscar soluciones a graves problemas del pasado, como por ejemplo la entrega de tierras para que trabajen los campesinos y desmovilizados de las guerrillas y paramilitares, aun no se está produciendo nada para surtir la demanda de comida que clama el mercado. Entonces, es urgente frenar los reajustes en los combustibles.

El gobierno no puede intentar darle solución a todo de una vez, y menos cuando tiene unos sectores de la política tradicional que se han convertido casi en un cáncer maligno, que ni trabajan ni dejan hacer las cosas que necesita Colombia. (bersoa@hotmail.com)

¿Los “idus de marzo” del petrismo?

Mario González Vargas

Después del agresivo discurso presidencial en el balcón del Palacio de Nariño, y de su epilogo invitando al pueblo a levantarse y a no arrodillarse, cundió por toda la geografía nacional legitima angustia sobre el destino de una democracia que exige ante todo acuerdos y consensos para su perfeccionamiento y supervivencia. Se esperó en los días siguientes voces al interior del Pacto Histórico que desarmaran el radicalismo de su presidente, aseguraran sensatez en la contradicción y facilitaran el trámite razonado en el Congreso de las reformas pretendidas por la nueva administración. Las marchas pacíficas de la oposición así lo auguraban, porque no era hora para sumar rabia e intolerancia a los frentes económicos, sociales, de seguridad y de paz, de por si alterados por las improvisaciones de un gobierno bisoño que a duras penas lidia con el empeoramiento continuo de la vida nacional.

Pero no fue así, y una sensación de soledad empezó a rondar por los despachos del gobierno. El primero en tomar conciencia fue el más intuitivo y avezado navegante de la política en el pacto Histórico, Roy Barreras, quien presentó su nuevo partido, La Fuerza de la Paz, como respuesta a la zozobra, sin esconder su condición de heredero del santismo, su pretendido carácter de apóstol de la moderación y su tarea de acólito del cambio petrista, ingredientes, entre otros, de la pócima milagrosa que le ha permitido migrar constantemente, y con éxito, en el difícil y convulsionado escenario de nuestra política. No es pues un aprendiz de brujo, sino un espontaneo vidente y profeta del porvenir que nos reta a la prueba de ver para creer. Sinuoso, como el que tiene que lidiar con intereses encontrados, había dado puntadas sobre sus pasos, que confirmó con el aliento del expresidente Santos y la variedad en el origen y trayectoria de destacados líderes empresariales, políticos y sociales en el acto bautismal de su nuevo proyecto electoral, oficiado por el señor ministro del interior. Pero todo ese ejercicio de sincretismo político podría tornarse insuficiente para calmar las inquietudes de una ciudadanía confrontada a las angustias de la supervivencia, de la inseguridad rampante, de la estatización y burocratización de las instituciones privadas y de las inercias que ellas engendran, así como al decrecimiento de sus recursos y de sus proyectos y expectativas de vida que hoy asoman en el cercano horizonte de nuestra sociedad. Cada día crece la audiencia de los incrédulos en las artes desgastadas del mundo del poder que solo han contribuido al éxodo de compatriotas valiosos y a la desesperanza de los aparentemente condenados al sufrimiento forzoso. Se siente en las calles crecer el descontento y a su vez la angustia de las sin salidas que al parecer no perciben aún los gobernantes o aspirantes a serlo. En ese escenario deprimente nadie quiere el fracaso de los gobernantes, pero todos sospechan que los ideologismos y la polarización que generan destruyen los vínculos de solidaridad que son propios de la vida en común. ¿Estaremos abocados a los “idus de marzo” del petrismo, sin relevo a la vista?

Los avatares de una seudo democracia plebiscitaria

Mario González Vargas

El 14 de febrero el presidente Petro, desde el balcón principal del Palacio de Nariño que permite divisar la amplia Plaza de Armas de la residencia presidencial, dio inicio a la presentación de los proyectos de reforma con los que persigue aclimatar el cambio ofrecido en la campaña electoral. Y lo hizo con el desenfadado populismo que lo caracteriza, más interesado en despertar emociones que en ofrecer la comprensión sobre las virtudes y alcances que sus iniciativas aportarían al bienestar de los colombianos. Ahondó en ese ejercicio retórico, tan caro a los caudillos del progresismo continental, que los impulsa a abandonarse al exceso, hasta el delirio, para asegurarse las almas contritas de sus oyentes.

No es ejercicio nuevo en la política, pero si instrumento de perdición de quienes han abusado de él. Los ejemplos abundan en la historia, pero no parecen conmover a los nuevos liderazgos continentales que, como Chávez, Ortega, Maduro, Correa, Evo Morales o la señora Kichner, procuran emular con Fidel Castro que tan solo logró condenar a su pueblo a largos decenios de postración y sufrimiento.

Gustavo Petro se diferencia de sus pares en que no esconde, y si advierte, sobre sus objetivos, quizás para resaltar y desafiar las carencias de la democracia que buscamos perfeccionar los colombianos. Se equivoca al creer que no se le ha prestado atención, convencido de que sus opositores no perciben las propias falencias y sus efectos sobre la conciencia ciudadana. Le puede acarrear costosa desilusión.

Los discursos de balcón deben inducir a los ciudadanos al examen pormenorizado de sus propuestas, porque todas ellas apuntan a la configuración de una sociedad sujeta a un rígido estatismo que termina restringiendo los elementos propios de las democracias liberales; reto que, hasta el día de hoy, con altibajos, siempre hemos enfrentado en libertad y superado gracias a los consensos que hemos sabido alcanzar en las horas más difíciles de nuestra historia.

Las reformas a la salud, laboral, pensional, a la justicia, la paz total, el plan de desarrollo, la ley de sometimiento, y el sinnúmero de facultades extraordinarias que las acompañan, configuran los elementos de la nueva arquitectura y contienen las herramientas para que el presidente las convierta en realidad por su propia voluntad, con el permiso de la callada y genuflexa actitud de los partidos. Despierta legitima preocupación, porque resulta difícil entender que ante la abierta y generosamente difundida voluntad presidencial y de sus aliados ideológicos por concentrar el poder, tan solo un partido se haya declarado en oposición, la que, con pocas pero valiosas excepciones, acude a una comedida prudencia impropia ante los peligros que se confrontan. El presidente, urgido e impaciente, convocó a sus partidarios a las calles para consolidar apoyo a sus metas y designios. En hora buena, porque la respuesta ciudadana del 15 de febrero superó con creces el desalentado apoyo al presidente, y permitió aplicarle al gobernante contundente dosis de su propia medicina. Nuevos liderazgos emergerán en las calles. Si la idea es la de una seudo democracia plebiscitaria, avisado está el gobierno de su más probable desenlace.

Los servicios de salud de un país deben evolucionar: OMS

Por: Bernardo Socha Acosta

La vinculación de representantes de la Organización Mundial de la Salud -OMS- y Panamericana de la Salud -OPS- a la discusión y debate del proyecto de reforma de la salud en Colombia, fue sin duda una elocuente y decente cachetada a quienes de manera arcaica y torpe se oponen al mejoramiento del sistema.

El pronunciamiento que hizo la vocera de la OMS al término de la reunión con diversos sectores en torno del proyecto, fue un bálsamo y un espaldarazo de la máxima institución mundial, al decir que todos los servicios y con mayor razón la salud, deben actualizarse y EVOLUCIONAR para bien de sus beneficiarios.

Hoy que ya mediante un consenso afortunado se acordó que las EPS que funcionan bien no serán eliminadas y por el contrario serán fortalecidas, el país debe sentirse complacido, porque algunos sectores que no les interesa -al parecer- el bienestar de los colombianos se venían atravesando en el camino de los buenos propósitos, con el fin de impedir la reforma. En qué persona normal puede imaginarse que una reforma como el caso de la salud, sea para desmejorar y afectar al pueblo.

Esas personas que están dizque representando a la sociedad en las corporaciones públicas y especialmente donde se formulan y se aprueban las leyes, cómo quedan ante un país, si después de escuchar a voceros autorizados del nivel mundial dando su apoyo al proyecto, ellos continúan saboteando la propuesta.

El mejoramiento constante del servicio de salud es un imperativo de una sociedad si quiere que sus integrantes tengan una convivencia sana, y pueda ser un país más productivo con mejor bienestar ciudadano.

Ahora que dentro de esos debates de la reforma a la salud, surgió el anuncio de trabajar por una atención de salud preventiva, ojalá que así sea y que dentro de esta campaña se involucren los diferentes estamentos de control y policivos, para que se hagan cumplir normas vigentes como el control efectivo de la contaminación sonora que ya lo mencionábamos, está enloqueciendo a las comunidades y nada hacen las autoridades territoriales por combatir a sus actores.

(bersoa@hotmail.com)

El progresismo y los peligros del ideologismo

Mario González Vargas

El discurso del presidente Biden ante el Congreso de los EEUU responde a las nuevas realidades que afloran en las relaciones entre las superpotencias que hoy conforman el emergente escenario[U1] orbital, y que encontró en el derribo del Balón espía chino el abrebocas perfecto para reseñar la competencia febril que caracterizará al mundo en que vivimos.

Los acontecimientos que precedieron la invasión rusa a Ucrania obedecieron a un escenario desafiante de la hegemonía global que venía ejerciendo los Estados Unidos desde la disolución de la Unión Soviética, y puso en marcha apresurada la configuración de nuevas alianzas, que antes constituían hipótesis probables, pero no cercanas. Biden las asume como realidad, a pesar de las dubitaciones de algunas potencias de la Unión Europea, escépticas sobre la solidez de la alianza China-Rusia y de los cambios que comporta en la escena global., El desencanto fue inmediato, porque Pekin, no solo no condenó la invasión rusa, sino que acusó a los EEUU de “provocar la crisis y de alimentarla con la provisión de armamento a Ucrania con lo que únicamente logra la prolongación y extensión del conflicto”. Al unísono de las acusaciones a los EEUU y a Occidente, las relaciones sino-rusas se han visto consolidadas en el campo comercial con las exportaciones de petróleo, gaz y productos agrícolas rusos a China y la reciprocidad de ésta con la provisión de semiconductores y otros elementos tecnológicos que antes proveía occidente a Moscú, transacciones en rublos y yuans para emanciparse del dólar.

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania perdió su carácter limitado de “operación especial”, para convertirse en un amplio escenario de confrontación al que vienen sumándose otros actores, como Irán, que incidirán en otras regiones geográficas, y con ello en la exacerbación, de efectos aún indeterminados, pero no por ello menos ciertos y retadores de una paz en peligro de esfumarse. Así lo expresaron Xi Jinpin y Putin: “China está lista a unirse con Rusia y todas las fuerzas progresistas del mundo que se oponen al hegemonismo y a la política de potencia, y a rechazar todo unilateralismo, proteccionismo e intimidación”.

Sería imprudente, por decir lo menos, ignorar el contenido y alcances que semejante declaración puede significar en las Américas, en las que China, Rusia e Irán hacen presencia comercial y tecnológica en muchos países, pero también con provisión de armamento y asesoría militar. Todo ello hace parte de una estrategia que encuentra echo en los gobiernos “progresistas” en el hemisferio y que ya se traduce en el desinterés de la CELAC en sumarse a la condena de la invasión de Rusia a Ucrania.

La omisión de Biden sobre los efectos en el hemisferio de las realidades emergentes pudo ser circunstancial, pero no por ello dejará de ser tema fundamental de cara a las elecciones presidenciales en EEUU, como también lo será para el futuro de Latinoamérica y de sus democracias que por imperfectas no merecen desaparecer.

El exceso de ideologismo deriva en fanatismo, que siempre ha condenado a la especie humana a la violencia y la autodestrucción.

Presidente gobierne y no combata

Mario González Vargas

El despertar del gobierno en el 2023 enfrenta turbulencias, inesperadas para muchos afines al gobernante, pero previsibles por el talante del presidente más inclinado a la imposición que a la transacción. Llegada la hora de las grandes reformas, no se percibe la unidad que caracterizó al gobierno y a su mayoría en el Congreso durante el tiempo transcurrido entre su posesión y el final del 2022. Confrontado a emergencias climáticas que han acrecentado las inconformidades en las regiones, a los efectos de una inflación que empobrece por igual a todos y a las improvisaciones en su propuesta de la paz total, enfrenta el aumento exponencial de la inseguridad ciudadana y la paulatina pérdida de confianza en su gestión, y con ello, la imposibilidad de tramitar a pupitrazo limpio sus principales reformas en el Legislativo.

Ha optado entonces el presidente por nuevas formas de comunicación que permitan desplegar una acción más combativa y confrontativa y convertirlas en el pilar de una nueva práctica de gobernanza. Ya no serán las alocuciones desde Palacio, ni los informes sobre las actividades del Consejo de Ministros, ni las entrevistas en los medios de comunicaciones, los instrumentos preferidos para debatir sus proyectos de reforma, o de dar a conocer sus propósitos y sus logros, desestimándolos para favorecer relaciones más directas a través del uso compulsivo y beligerante del twitter y de la manifestación callejera elevada a la categoría de foro predilecto y decisorio del cambio prometido. Son los nuevos instrumentos de la gobernanza convertida en arma intimidante, como si la democracia fuera un escenario de batalla permanente y no de búsqueda de consensos o de acuerdos que privilegien la paz social.

Las alarmas se han prendido legítimamente. Los ministros de mayor experiencia y menor exacerbación ideológica intentan priorizar los debates previos en el Consejo de Ministros para fortalecer los consensos antes de llevar las reformas al Congreso, y los congresistas más curtidos entienden el peligro de deslegitimar a una de la Ramas del Poder Público. La Justicia, a su vez, recuerda la independencia que le es consustancial y fundamento de toda estructura democrática. La Flip también expresó su inquietud en varios mensajes al presidente: “En su cuenta oficial el presidente corrige o reprocha a los medios por como cubren su gobierno. También califica su información como falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a la prensa de manera desobligante”; y asimismo señala que “la Corte Constitucional y la Corte IDH han reiterado que los jefes de Estado en ejercicio de sus funciones, tienen limitaciones en su derecho a la libertad de expresión”.

Imponer las reformas que preconiza el ala más radical del Pacto Histórico y sus apoyos, indicaría el peligro de una deriva hacia un régimen autoritario y estatizante, como los que ya se han padecido en el continente en el siglo XX, y a los que escapamos por la capacidad de entendernos al borde del abismo. El cambio no puede convertirse en regresar a un pasado oprobioso. A Petro hay que pedirle que gobierne y no que combata.