Por: Gerardo Delgado Silva
Mientras sea necesario defender la justicia y la existencia moral, tendremos que hacerlo, por el efecto benéfico y salvador que tiene en una sociedad civilizada y culta.
El imperio del derecho es, ante todo: la sustitución de la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable, de hombres que gobiernan a su antojo, por la autoridad de la ley, cuyas normas abstractas generales y permanentes excluyen toda arbitrariedad directamente intencionada. Es la forma de garantizar la dignidad y la libertad humanas, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva.
Por eso es indispensable que la función jurisdiccional, esté al abrigo de presiones indebidas por otros órganos o interferida en el desempeño de sus actividades, constitucionalmente autónomas.
La idea de justicia como virtud universal, la encontramos a lo largo de la historia del pensamiento. Así, San Ambrosio la llama: “Fecunda generadora de las otras virtudes”; Platón dice que: “Es tanto una virtud pública como privada”; John Rawls, expresa: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”; cuando Dios le dijo a Salomón: “Pídeme lo que quieras que te dé”, contestó: “Da a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo”.
Es preciso señalar que Aristóteles escribió en la Política: “Así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, de parecida manera cuando se aleja de la ley y la justicia, es el peor de todos”.
La Corte Suprema de Justicia, es el máximo tribunal de la justicia ordinaria establecido en la Constitución. Está integrada por los más ilustres juristas de la patria, y con sabiduría y honestidad han ejercido ese “sagrado y terrible ministerio”, que llamara Carnelutti. Esto es, la justicia como garantía del vivir civil, cimiento y nexum de la sociedad; se ha propuesto en la lucha contra la delincuencia, la formación del bien moral de Colombia, discerniendo lo verdadero de lo falso, para fijarle al derecho su verdadero sentido.
En la tapa de la Gaceta Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, está impreso desde 1936, un notable apotegma de las Siete Partidas: “Saber las leyes non es tan solamente en aprender et decorar las letras dellas; mas en saber el su verdadero entendimiento”. Indubitablemente, esto cobra vida en el juicio de razonabilidad de los Honorables Magistrados, en la hermenéutica y aplicación de la ley, a lo largo de su historia.
Empero, el presidente Uribe, para aplacar a sus iracundos amigos y su afectísimo primo, parapolíticos todos, sub-judice, no encuentra más salida que llegar a los extremos indecorosos de afrentar la pulcritud de la Corte Suprema de Justicia, espetándole que: “sea objetiva, cuidadosa, mesurada”. De donde se infiere, que el Presidente Uribe vislumbra temerariamente que la Corte Suprema ha tomado decisiones al margen de las pautas que la ley le ha señalado para el ejercicio de su función, en detrimento de sus amigos electores, cuyas conductas están subsumidas en el Código Penal.
Es una verdadera emboscada moral, que pretende minar la razón de ser del Estado, su piedra angular que es la justicia. Está alimentando la fantasía del origen divino de su poder, sin controlar su ira y su desbordamiento, como Tántalo que se creyó más sabio que los dioses que le habían favorecido.
El país sabe con cuánta pulcritud, con cuánta imparcialidad, con cuánta sagacidad y eficacia le ha servicio esta Corte egregia al amparo de los intereses legítimos de la comunidad y del Estado Social de Derecho. Con sus providencias le quiere decir a Colombia y al mundo, que por oscura que sea la noche de la patria, es posible tener una luz. Están entonando un canto de esperanza a la vida y a la paz.
El gobierno ha planteado inconstitucionalmente, reformas que diseminarían la competencia de la Corte Suprema, para atribuírsela a un organismo no conocido, pero que consagraría la más protuberante desmoralización del poder público, al servicio de la impunidad.
En el monumento de avilantéz contra la Corte Suprema, han participado todos los ministros como monigotes ciegos, que ignoran el don de la justicia, y por consiguiente los lleva a ignorar los límites de la ética. Y en este caos, el Ministro del Interior y de Justicia se yergue como la negación de los ideales de ésta, del derecho y de su partido. Es de aquellos inanes de la patria, que según Séneca: “salen de la vida como si acabasen de entrar en ella”.
¡La peor desgracia de un pueblo es la de destruir, desarticular o vejar a su justicia!
Mientras sea necesario defender la justicia y la existencia moral, tendremos que hacerlo, por el efecto benéfico y salvador que tiene en una sociedad civilizada y culta.
El imperio del derecho es, ante todo: la sustitución de la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable, de hombres que gobiernan a su antojo, por la autoridad de la ley, cuyas normas abstractas generales y permanentes excluyen toda arbitrariedad directamente intencionada. Es la forma de garantizar la dignidad y la libertad humanas, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva.
Por eso es indispensable que la función jurisdiccional, esté al abrigo de presiones indebidas por otros órganos o interferida en el desempeño de sus actividades, constitucionalmente autónomas.
La idea de justicia como virtud universal, la encontramos a lo largo de la historia del pensamiento. Así, San Ambrosio la llama: “Fecunda generadora de las otras virtudes”; Platón dice que: “Es tanto una virtud pública como privada”; John Rawls, expresa: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”; cuando Dios le dijo a Salomón: “Pídeme lo que quieras que te dé”, contestó: “Da a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo”.
Es preciso señalar que Aristóteles escribió en la Política: “Así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, de parecida manera cuando se aleja de la ley y la justicia, es el peor de todos”.
La Corte Suprema de Justicia, es el máximo tribunal de la justicia ordinaria establecido en la Constitución. Está integrada por los más ilustres juristas de la patria, y con sabiduría y honestidad han ejercido ese “sagrado y terrible ministerio”, que llamara Carnelutti. Esto es, la justicia como garantía del vivir civil, cimiento y nexum de la sociedad; se ha propuesto en la lucha contra la delincuencia, la formación del bien moral de Colombia, discerniendo lo verdadero de lo falso, para fijarle al derecho su verdadero sentido.
En la tapa de la Gaceta Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, está impreso desde 1936, un notable apotegma de las Siete Partidas: “Saber las leyes non es tan solamente en aprender et decorar las letras dellas; mas en saber el su verdadero entendimiento”. Indubitablemente, esto cobra vida en el juicio de razonabilidad de los Honorables Magistrados, en la hermenéutica y aplicación de la ley, a lo largo de su historia.
Empero, el presidente Uribe, para aplacar a sus iracundos amigos y su afectísimo primo, parapolíticos todos, sub-judice, no encuentra más salida que llegar a los extremos indecorosos de afrentar la pulcritud de la Corte Suprema de Justicia, espetándole que: “sea objetiva, cuidadosa, mesurada”. De donde se infiere, que el Presidente Uribe vislumbra temerariamente que la Corte Suprema ha tomado decisiones al margen de las pautas que la ley le ha señalado para el ejercicio de su función, en detrimento de sus amigos electores, cuyas conductas están subsumidas en el Código Penal.
Es una verdadera emboscada moral, que pretende minar la razón de ser del Estado, su piedra angular que es la justicia. Está alimentando la fantasía del origen divino de su poder, sin controlar su ira y su desbordamiento, como Tántalo que se creyó más sabio que los dioses que le habían favorecido.
El país sabe con cuánta pulcritud, con cuánta imparcialidad, con cuánta sagacidad y eficacia le ha servicio esta Corte egregia al amparo de los intereses legítimos de la comunidad y del Estado Social de Derecho. Con sus providencias le quiere decir a Colombia y al mundo, que por oscura que sea la noche de la patria, es posible tener una luz. Están entonando un canto de esperanza a la vida y a la paz.
El gobierno ha planteado inconstitucionalmente, reformas que diseminarían la competencia de la Corte Suprema, para atribuírsela a un organismo no conocido, pero que consagraría la más protuberante desmoralización del poder público, al servicio de la impunidad.
En el monumento de avilantéz contra la Corte Suprema, han participado todos los ministros como monigotes ciegos, que ignoran el don de la justicia, y por consiguiente los lleva a ignorar los límites de la ética. Y en este caos, el Ministro del Interior y de Justicia se yergue como la negación de los ideales de ésta, del derecho y de su partido. Es de aquellos inanes de la patria, que según Séneca: “salen de la vida como si acabasen de entrar en ella”.
¡La peor desgracia de un pueblo es la de destruir, desarticular o vejar a su justicia!
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