La Torpeza

                                       Por: Pedro Gerardo Tabares C

Con motivo de la elección de un magistrado para la más importante corte del país, que por su dignidad, las funciones y autoridad en todos los campos del derecho en Colombia, a la cual se le tiene el máximo respeto, por quienes profesen esa disciplina con integridad, encuentran que actualmente se puede explicar con el término torpeza, cualquier actuación relacionada con los impuestos al Estado, la responsabilidad de dineros, en cuanto al manejo de bienes que corresponde administrar personalmente, incluyendo el pago de los impuestos, deja en vilo aspectos éticos, no porque se sancionen sino porque el cultor del derecho sabe por principio elemental que la ignorancia del mismo no sirve de excusa, y menos el señalamiento de la procedencia de los dineros que se poseen, para cuando se trata de reunir requisitos para tomar posesión de un cargo.

Existió en el poco consultado código civil la definición de la buena fe o manera de obrar, como parte de la explicación de la culpa para encontrarla trascendencia en todas las normas y por ello la novedosa constitución de 1991, recogió el concepto  que impuso a servidores públicos y  administrados, lo cual permite asombrarse cuando una palabra de tal naturaleza se pronuncia por persona  de tan acendrados quilates intelectuales, al igual que tampoco se explique con la precisión que requiere la atención que merecen actos como contar las vueltas cuando se compra  un tinto, o cuando se recibe una indemnización que sobrepase el centenar de millones.

Ya no decimos que esto es insólito en el país en que peyorativamente se menciona una advocación religiosa para dar a entenderlo, sino que debemos recurrir a la explicación que señalan algunos que las costumbres cambien con las generaciones, entendible porque los hackers presentan las irregularidades de las naciones que en nada importan las costumbres.

Por eso se aplicarán las normas existentes y lo que pueda llamarse un escándalo, no pasa de ser eso, porque si el postulado y escogido no toma decisiones voluntarias podrá posesionarse en uso del derecho que aún ni con una nueva constitución se tiene claridad al respecto, porque mientras no se posesione ninguna autoridad podrá investigarlo por  dignidad  no asumida y que el elector no podrá modificar, salvo responsabilidades económicas para el Estado.

La decisión de la Corte Constitucional

Por: Pedro Gerardo Tabares

Álgido el tema que se puso a composición de la Corte Constitucional sobre matrimonio de homosexuales. Seguramente quienes más protestan por una u otra razón, son quienes puedan tener más cerca las personas que han dicho estudios científicos no revaluados, tienen alguna deficiencia hormonal  que deben suplir. Pero no es este el tema, se trata de ver que tenemos disposiciones legales que regulan la composición social que no puede seguir en la dicotomía de la doble moral, porque es perjudicial hasta el extremo para quienes surgen a la vida. Con trascendentales reformas, aún quedan  en nuestra legislación algunos artículos vigentes del Código Civil de Napoleón.

 Sobre los aspectos de conformar la relación hombre-mujer, con regularidad se legisla para actualizar la ley, para adecuarla  al comportamiento general en la medida en que se   evoluciona. A los homosexuales no se les reconocía hasta hace veinte años, pero con la nueva Constitución que tiene cambios trascendentes se vislumbraron otros derechos que llevan a demandar derechos, aunque el ordenamiento tenga artículos que quedan dentro de la utopía y es mejor no mencionarlos por lo trascendentes,

En ese cambio y visión de futuro no se alcanzó a observar cómo  viven quienes se acompañan, del mismo sexo para orientar sus vidas, y definió el matrimonio, morigerándolo con respecto a la legislación que regía pero mencionó la tendencia mayoritaria sexual para conformar familia señalando que el matrimonio se contrae  entre un hombre y una mujer, y con referencias a la familia, que puede conformarse, además con la unión de hombre-mujer con el ánimo de procrear. Sin embargo, sin procrear se aspira formar familia en uniones del mismo sexo.

Siendo la Corte Constitucional el ente encargado  de la guarda de la Constitución su decisión consultó su propia filosofía, y entregó, como  debe ser al Congreso la reglamentación de aspectos tan delicados en la conformación de la sociedad actual; si puede tener influencia la moral media o desaparece, como ha desaparecido en otros campos y que si bien se menciona en derecho, mientras no se legisle en contra de lo existente la norma no se puede cambiar,

La tramitación de la ley no dependerá de la normal situación en producción de leyes, porque habrá de tenerse en cuenta, si para proteger minorías, se debe atender intervenciones de mayorías, pues pareciera que la consagración constitucional de protección a minoras se torna en desconocimiento de la intervención de esas mayorías, lo cual se ha venido reflejando, en la atomización de partidos, con partidos pequeños que surgen, obtienen una mayoría y desaparecen.

La caída de los sátrapas

Miércoles, 2 de marzo de 2011

-------------------------------------Por: Horacio Serpa

En el mundo árabe ha despertado con fuerza la sociedad civil, que ha decidido quitarse de un solo envión el peso de décadas de dictaduras que les arrebataron con el uso de la fuerza y la violencia el derecho a la libre autodeterminación. Egipto, Túnez, Libia, están viviendo revoluciones impensables hace apenas unos meses.

En Egipto el eterno faraón Hosni Mubarak abandonó el poder, el pasado 11 de febrero, tras una oleada de protestas, apoyadas por las Fuerzas Armadas, que le costaron la vida a miles de ciudadanos hastiados de una satrapía insostenible que perduró 30 años. Un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tomó las riendas del país mientras se vive un proceso de transición hacia la democracia, que permita cambios profundos para la vida del mayor país del mundo árabe. El planeta mira con expectativa.

En Túnez había sucedido igual con el dictador Sine El Abidine Ben Al, quien permaneció en el poder 32 años. Hoy conspira contra su pueblo desde un exilio dorado y espera disfrutar de su inmensa fortuna ilegal mientras se calman las aguas turbias en su patria.

Ahora el turno es para Muamar Gadafi, quien es el más veterano de los dictadores árabes: 42 años en el poder han marcado el destino de los seis millones de libios, que han pasado de la resistencia civil a la insurrección armada.

Gadafi es un tirano mutante, que ha pasado por todas las etapas posibles; terrorista, financiador de revoluciones, enemigo de occidente, ideólogo de excentricidades risibles, amigo de sus atacantes. Hoy un tirano capaz de bombardear a su pueblo. De aniquilarlo como “ratas”, de usar las mas innobles armas para tratar de extirpar una revuelta que él quiere convertir en holocausto.

El mundo ve con horror la manera como estos tiranos se aferran al poder. Son insaciables en su sed de enriquecimiento, de saqueo de la riqueza colectiva. Del envilecimiento del pueblo, al que dominan con mano de hierro, haciendo uso del terror.

América Latina superó hace décadas esos tiempos de opresión. Los dictadores son especímenes raros en estos lados. Solo quedan algunos que se resisten al paso de la historia. A los cambios en la manera de entender el mundo. Para ellos Gadafi es un héroe, Duvalier una víctima, Mubarak un líder del panarabismo. Para los tiranos las constituciones solo valen cuando ellos las escriben para perpetuarse.

En Colombia vivimos la democracia con fuerza. Nuestra institucionalidad es vigorosa. La Corte Constitucional es la guardiana de nuestro futuro, de nuestra libertad. La Corte Suprema de Justicia nos protege de los malos servidores públicos. El Congreso legisla, aunque algunos de sus miembros a veces se aíslan en mundos subterráneos de juegos sucios, con paramilitares y narcotraficantes.

Aquí celebramos con fuerza cada elección, cada nuevo mandatario. Aquí no hay, ni habrá tierra fértil para dictadores, ni padrecitos, ni salvadores, ni libertadores. Aquí vive la democracia. Nuestra Carta Política, que cumple 20 años de existencia, es fuente de libertad y garantía de paz.

COMPORTAMIENTOS REGLADOS

Por Pedro Gerardo Tabares C.

Dos circunstancias o situaciones que no tienen reglamentación concreta en la ley se orientan para que la sociedad conserve una conducta de recuperación de valores, pues así se exige que ellos no cambien en el tiempo pero la sociedad los impone.

Se trata de la decisión de la H. Corte Constitucional respecto de las posiciones jurisprudenciales en cuanto al Aborto, por excepción despenalizado y la necesidad de imponer en la ética médica una regulación al respecto que adicione los códigos existentes y cuya decisión no está propiamente en leyes sino en el concepto social de los cultores de la medicina.

Otra situación deviene en un proyecto de ley que es probable que no se alcance a tramitar porque habrá cosas importantes por resolver, pero sí debe cuestionarse tal regulación en lo que tiene que ver con la protección a la infancia, frente a lo que deba ser o no en un niño que se empieza a formar. La idea es loable pero se debe pensar en nuestra formación cultural que no es igual a la de un país árabe, por ejemplo, y entonces no ya pensar en la prohibición sino en aspectos simples que el legislador debe poner en juego: la técnica jurídica al elaborar la ley que por lo menos debe ser clara y general.

El proyecto divulgado a través de los medios de comunicación en forma fragmentaria, se refiere a condiciones de presentación del cuerpo humano, en imágenes para que los niños no los observen pero queda la inquietud, que esa ley debe llegar hasta el seno de los hogares porque en ellos es muy difícil que los padres desde el inicio de la vida del infante pueda tomar una envoltura a todo momento para separar la vista de su cuerpo, frente a sus retoños. Otra circunstancia se relaciona con nuestra influencia en cuanto a publicidad y aún costumbres norteamericanas que han recibido el apoyo de los jóvenes especialmente, pues hasta ahora no se ha podido eliminar el cine y la televisión de esa nación, sin hacer referencia al Internet que da un marcado determinante hasta en la influencia del lenguaje para referirse a realidades que de otra manera se considerarían vocablos pornográficos. Una Ley de esta naturaleza debe partir de un estudio sociológico medio para establecer qué libertades estructuradas en la constitución pueden afectar para compararla por ejemplo con el articulado en cuanto a derechos fundamentales, que partiría de tener en cuenta el seno de los hogares, saber como están estructurados estos, cómo la responsabilidad de los padres frente a sus hijos, como la libertad ha permitido que inclusive aunque no legalizado, los niños convivan con personas que son del mismo sexo o también la libertad que se toman algunas mujeres para satisfacer la procreación bajo la afirmación que no se someten al yugo masculino para conformar un hogar.

Así pues esa protección no puede ser tapar o no un cuadro de famosos pintores, de una diva que en concepto artístico exhibe su cuerpo y otras características propias del arte. Habría que impedir que se divulgue la historia de este, con miguel ángeles u otros. La ley se transformaría no en una imposición general, sino simplificada la lista en una ley. Los responsables de legislar dentro de su sabiduría deben considera no incurrir en ambiciones publicitarias sino en normas que le hagan bien al país, que puede ser orientar el alcance de las instituciones que protegen de la mendicidad y las drogas a la infancia desamparada, adentrándose en la investigación en la causa por la cual se llega a estas dificultades sociales y empezar a erradicarlas.

La feria de las viillanías

Columna de Elnuevosiglo.com

-------------------------------Por HORACIO SERPA

NUNCA terminamos de conocer la larga lista de delitos espantosos cometidos en el país.

Cuando niño escuché comentar sobre terribles crímenes. Masacres, asesinatos a sangre fría, decapitaciones, el “corte de franela”, el “corte corbata”, asaltos sangrientos, fetos humanos mostrados como trofeos de guerra en las puntas de las bayonetas. Se le llamó “época de la violencia”.

Terminada tanta barbaridad ejecutada a nombre de los partidos políticos, surgió la guerrilla con cadáveres y atrocidades que aún no acaban. Seguimos teniendo secuestrados que sufren perversa sepultura en la selva como manifestación del máximo horror.

Después vino la “destorcida”. Diversos grupos criminales ofrecieron salvar a Colombia de la guerrilla. Hubo beneplácito, solidaridades públicas y en privado, complicidades a granel. Agentes estatales hicieron su ilegal aporte estimulando, entrenando, armando, interviniendo directamente.

Lo que ocurrió asombra a los más indiferentes. Amplios sectores ciudadanos fueron avasallados, ultrajados, humillados, masacrados. Se mató sin consideración a varios cientos de miles inocentes. Pero aún no sabemos todo. Recientes informaciones estremecen.

El “Osito” ultimó a 300 personas, muchas a garrote limpio. “Coyara” las descuartizó por montones. “Pikachù” destrozó huesos y carne para que los pedazos de muerto cupieran en un hueco y se evitara el escándalo. “HH” personalmente no mató sino a 80, pero mandó asesinar a 2.000. “Piedras blancas” a 400. Para qué hablar de los “mochacabezas”.

El horror no termina. Hace pocos días ocurrió un crimen infame en Arauca. Violaron a una niña de 14 años y luego la asesinaron lo mismo que a sus hermanitos menores. Los enterraron para no dejar rastros. El crimen ocurrió a 500 metros de donde está acantonado un batallón del Ejército Nacional.

Dios salve a este país de comprobarse que la villanía la cometieron miembros del Ejército, al que respetamos y aplaudimos por su labor sacrificada y eficaz en la lucha contra la delincuencia guerrillera, paramilitar y narcotraficante. Pero en esta ocasión no habría explicación posible. Tampoco la tienen los centenares de asesinados en “falsos positivos” que nos avergüenzan, así el país pretenda pasar de agache sobre este abominable episodio.

El asesinato de los niños debe investigarse con rigor, rapidez y eficacia. Es imperativo que se haga justicia y ni ello basta. La comunidad internacional está horrorizada y alerta. Cualesquiera que hubieren sido los criminales, especialmente si fueron miembros de la fuerza pública, no caben contemplaciones, ni excusas, ni explicaciones, ni retóricas aceptaciones de responsabilidad que nunca quedan en nada.

La sangre de estas tres criaturas clama nuevas y definitorias actitudes. Requerimos un acto colectivo de contrición para saber a ciencia cierta lo que nos está carcomiendo. Una sociedad en la que se cometen todas las villanías posibles y se calla o sólo se hace un escándalo fariseo, no es viable.

Nada servirá, como no sea la verdad con justicia severa y un real propósito de enmienda que genere una cultura de respeto, legalidad y convivencia. Lo demás es mentira, hipocresía, torpeza extrema. Y más violencia, más crímenes, vileza, hasta el derrumbe total.

Coincidencia con el fallo de la Corte sobre El Referendo

Nota del Editor.- El siguiente artículo publicado el sábado 20 de junio de 2009 cobra hoy actualidad, tras el fallo de la Corte constitucional que declaró inexequible la Ley 1354 que convocaba un Referendo para facilitarle al presidente Uribe una segunda reelección. Por el contenido en el que se afirma que las aspiraciones eran violatorias de la Constitución, por el desconocimiento del orden jurídico, publicamos los apartes más destacados de este documento:

GOLPES DE ESTADO: OTRA EPIDEMIA

-------------------------Por: Gerardo Delgado Silva

En vista de los actuales acontecimientos en los cuales el Presidente “providencial” y el congreso uribista, se coaligan entre si, en dañado concierto, para pasar por encima de la Constitución y las Leyes de la República, es necesario que insistamos en defender los principios fundamentales de la Carta Política, que son, ante todo, contornos éticos, realidades transcendentes situadas por encima del Estado, que la razón puede descubrir y que se entiende como derecho natural o moral social.

La Constitución es un orden jurídico fundamental, integral y estable impuesto a todos los miembros de la sociedad, lo mismo a los gobernados, que a los gobernantes.

No contento aún, el Presidente Uribe, con la primera inexequibilidad de su reelección, encubriendo su obsesión autoritaria, nacida de la ambición poder, echa a un lado los atributos constitucionales y se apresta a otra reelección inconstitucional, ahora por vía de un Referendo, tramposo, para enmascarar la dictadura bajo una apariencia democrática. Otro golpe de estado.

El Comité del Referendo, desconoce los caminos jurídicos también, como una satánica conspiración de malvados contra el Estado Social de Derecho, liderado por el nefasto personaje LUIS GUILLERMO GIRALDO - ¿Recuerda el hecho punible, de los años ochenta, destacado como “El robo a Caldas”?- Ahora, con agazapadas trapisondas, distorsionó los límites señalados por la ley a los aportes; como los de DMG, para la recolección de firmas. Contó don LUIS GUILLERMO, en esta marcha de oprobio, con la silenciosa complicidad de la Asociación Colombia Primero, para inducir en error a la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, subsumiendo las conductas en el DELITO DE FRAUDE PROCESAL, que traduce la descomposición moral en que se encuentra el país.

Con el ascendiente del Presidente milagrero, el Congreso consideró que lo de menos es qué se vota, y aprobó el proyecto, con diferencia de fechas – de ahí la conciliación probablemente prevaricadora- que le permitiría a Uribe un tercer mandato, sin una idea clara sobre el porvenir constitucional de la nación.

El Congreso, olvidando los intereses nacionales fue convertido en un negocio de trastienda venal, en el que aparecen comprometidos los gamonales del país político y el Gobierno de Uribe con sus desmesuras fascistas. La aprobación del proyecto en esta atmosfera turbia, nos explica porque se procedió con tanta presteza e ingravidez, en el sentido moral del vocablo, con displicencia de la Constitución y la Ley. Es por eso, precisamente, que lo hicieron en ausencia del pronunciamiento del Concejo Nacional Electoral y la Registraduría que aun no se conoce, no obstante constituir un presupuesto fundamental, para que se formaran juicios verdaderos sobre la “verificación de la autenticidad de los respaldos”, los aportes máximos, etc; en fin, la certificación del CNE, acerca del cumplimiento inexcusable, de todas las pautas que la norma atingente ha señalado para una iniciativa popular. Estamos presenciando los colombianos y el mundo entero, una comedia de equivocaciones morales y jurídicas en directo detrimento de nuestras instituciones. Un nuevo golpe de Estado.

De esta manera es claro se desató en la patria, el vestigio tenebroso de las furias del Averno. Las de esos regímenes antiguos, con las iniquidades del poder ilimitado y devorador de todos los tiempos: fascismos y comunismos, con su inenarrable destrucción del Estado de Derecho.

Pues bien. La investigación que ha comenzado la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo su “sagrado y terrible ministerio” que llamara Carnelutti, por el delito de prevaricato, cometido por los 86 parlamentarios, no se refiere al voto en sí, al “privilegio” consagrado en el Articulo 185 de la Constitución, sino a las conductas omisívas de análisis y síntesis de las certificaciones previas al voto, que debía primar por seguridad jurídica, uno de los valores fundantes del Estado de Derecho. No entienden de modo cabal cual es su misión en la rama legislativa y en qué consisten sus responsabilidades, ni para qué son sus funciones dentro del contexto jurídico con el cual contamos. Así mismo, deberán investigar como antecedente el hecho concreto, e individualizado en el deprimente espectáculo del Ministro Valencia Cossio, con ese cabildeo ante algunos congresistas. Episodio que la opinión pública pudo apreciar por televisión, con el propósito de “convencer” posiblemente, a quienes se manifestaban remisos, por medio de gajes y prebendas, haciendo uso de sus encomiendas burocráticas, como se puede inferir lógicamente. Las respuestas no las ignoramos. Otro golpe de Estado.

No obstante, que el artículo 185 de la Constitución ya citado, les otorga a los congresistas el “privilegio de la inviolabilidad”, “por las opiniones y votos”, no se ve por donde, pueda ser tan absurdamente absoluto en la norma que consagre una patente de corzo a la impunidad, rebasando uno de los Principios Fundamentales de nuestra Constitución, que consagra la responsabilidad ciudadana ante la ley y con mayor razón la de los “servidores públicos”, que son los congresistas (Artículo 6, C. N )

Refiriéndose al alcance del artículo 185, mencionado, de la Carta Política , el gran jurista JORGE CORDOBA POVEDA, en 1998, cuando denuncie a los representantes que precluyeron la investigación contra el Señor Presidente SAMPER, expresó: “Piensen ustedes que mañana a través de una Ley del Congreso, por ejemplo, le entregáramos las islas de San Andrés y providencia a Nicaragua. ¿Podemos decir que las personas que hicieron la Ley no tienen que responder ante el País y ante la Ley penal?”.

El Congreso, que según clásica definición es el cuerpo soberano de la República, negocia con sus atributos, y deja de ejercer su función crítica, halagado por el poder clientelista en contra de los intereses nacionales. Otro golpe de Estado…

…Todo, a ciencia y paciencia de un Gobierno que ha contado con el abominable ex asesor JOSE OBDULIO GAVIRIA, que cumpliendo como testaferro, órdenes superiores, de la “Casa de Nari”, lanza denuestos contra la Corte Suprema, en el vano intento de deshacerse de la mala sombra que lo acompaña, como allegado y ex asesor también, del más grande capo del narcoterrorismo, su primo Pablo Escobar.

Hoy en Colombia hay unos estados dentro del Estado, con el predominio de los paramilitares, con la complicidad de funcionarios del poder público, imposible de concebir en otros tiempos y en otras situaciones. De ahí la audaz y degradante visita de “JOB” el vocero de DON BERNA, a la “Casa de Nari”, entronizada por el también poderoso narcotraficante GUSTAVO TAPIAS OSPINA. ¿Qué pactaron sórdidamente con el fin hostigar y mancillar a la Corte Suprema?.

Las interceptaciones y seguimientos criminales, están encaminados en igual forma para servirle a los delincuentes “parapoliticos y narcotraficantes”, como altavoz contra la justicia, que tiene un carácter independiente y soberano.

La historia ha demostrado, que la peor desgracia de un pueblo es vejar su justicia. Y desde luego, sin justicia, la autoridad de cualquier país es ilegitima.

Esta deformidad estatal, nos tiene en el umbral totalitario, como el descrito por Zamiatin en su obra Nosotros, en donde sus habitantes se encuentran ubicados en horribles ciudades, con sus casas de vidrio, para que el poder ejerza su inescrupuloso imperio, manteniendo a los ciudadanos en la postración y en la indignidad

No sabe uno si reír o llorar, pero el Gobierno descaradamente ofrece doscientos millones de pesos, como recompensa a quienes denuncien a los delincuentes incursos en las interceptaciones y la vigilancia policial. Esto, nos hace recordar el adagio latino: “Nemo auditor propriam turbitudinem allegans” (No puede oírse a quien alega su propia torpeza)

Y bien. ¿Quiénes son los que cohonestan el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, y respaldan la inconstitucional reelección, como un destino sacralizado por Uribe?, cualquier colombiano lo sabe: los bribones de una cuantiosa cosecha de contratos, con sus negocios venales; la casta de burócratas, con sus intereses particulares y desprecio por el país, que se dividen a su antojo los dineros públicos; los “parapoliticos” y paramilitares genocidas, que conocen los medios para intimidar a los ciudadanos, conducta comprendida en los delitos contra los mecanismos de participación democrática, en sus “distritos electorales”, creados por Jorge 40 en el país. Esta es la nueva clase económica prepotente y enriquecida de la noche a la mañana, que ahora cuentan con una amnistía disfrazada bajo el nombre de principio de oportunidad, como sí sus genocidios equivalieran a delitos políticos; así mismo, las clases media y alta atrapadas en el orden formal que encubre el desorden real...

...Uribe, ha soslayado, en términos inconcebibles, las medidas destinadas constitucionalmente a proteger a la infancia cruelmente vulnerada en sus mínimos derechos, es el reflejo del fracaso sociopolítico…

INSTANCIAS EN LA CORTE

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Por: Pedro Gerardo Tabares C

En la Corte Suprema de Justicia, al observar que sus investigaciones se convertían en única instancia cuando deben investigar y sancionar a los Congresistas, frente a la filosofía de la Constitución Política, que dada la regla general de la doble instancia, y que solamente la única instancia está creada para dejar a causas mínimas la única instancia tomó decisiones al respecto. En el derecho penal son mínimas las restricciones para que haya primera instancia, segunda instancia y finalmente casación, que dista de esos medios de defensa en el derecho civil, más restringidos.

Siguiendo patrones que se cumplen en materia penal optó asignar a un grupo de magistrados la investigación y a otro la decisión de fondo, pero por considerar seguramente que los investidos con calidad de Congresistas no se les da el tratamiento en las investigaciones, en verdad delicadas por la connivencia con personas al margen de la ley ofrecieron apoyos para llegar al Legislativo.

Se requiere que haya mesura en las investigaciones, y que se observen los principios generales del derecho penal para las mismas y no sea solamente la orientación de una decisión que por referirse a connotados ciudadanos a quienes el pueblo les entrega su representación, se les juzgue con el mínimo de garantías frente a los demás ciudadanos, so pretexto de tener investidura y de ser el máximo tribunal el que conozca de sus causas.

Probablemente la falta de la segunda instancia, para estos casos, refleja en la ley una posición antagónica frente al artículo 29 de la Constitución Política, que consagra el debido proceso. No es que el debido proceso no se cumpla, sino que esos principios generales constitucionales se desvanecen precisamente en el juzgamiento de los integrantes del poder legislativo, como si se tratara de delitos mínimos, porque la segunda instancia, no es un mecanismo que pueda tener discriminación, como si puede tenerlo lo relativo a la cuantía, que no puede trascender para distanciar el derecho a la igualdad, de la persona que en últimas tiene protección constitucional. Esta reglamentación es necesaria y probablemente al publicarse la reforma al estatuto de la justicia habrá claridad en el concepto. Volver a Inicio >

MOTOSIERRA CONTRA LA CORTE SUPREMA

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Por: Gerardo Delgado Silva

Mientras sea necesario defender la justicia y la existencia moral, tendremos que hacerlo, por el efecto benéfico y salvador que tiene en una sociedad civilizada y culta.

El imperio del derecho es, ante todo: la sustitución de la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable, de hombres que gobiernan a su antojo, por la autoridad de la ley, cuyas normas abstractas generales y permanentes excluyen toda arbitrariedad directamente intencionada. Es la forma de garantizar la dignidad y la libertad humanas, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva.

Por eso es indispensable que la función jurisdiccional, esté al abrigo de presiones indebidas por otros órganos o interferida en el desempeño de sus actividades, constitucionalmente autónomas.

La idea de justicia como virtud universal, la encontramos a lo largo de la historia del pensamiento. Así, San Ambrosio la llama: “Fecunda generadora de las otras virtudes”; Platón dice que: “Es tanto una virtud pública como privada”; John Rawls, expresa: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”; cuando Dios le dijo a Salomón: “Pídeme lo que quieras que te dé”, contestó: “Da a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo”.

Es preciso señalar que Aristóteles escribió en la Política: “Así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, de parecida manera cuando se aleja de la ley y la justicia, es el peor de todos”.

La Corte Suprema de Justicia, es el máximo tribunal de la justicia ordinaria establecido en la Constitución. Está integrada por los más ilustres juristas de la patria, y con sabiduría y honestidad han ejercido ese “sagrado y terrible ministerio”, que llamara Carnelutti. Esto es, la justicia como garantía del vivir civil, cimiento y nexum de la sociedad; se ha propuesto en la lucha contra la delincuencia, la formación del bien moral de Colombia, discerniendo lo verdadero de lo falso, para fijarle al derecho su verdadero sentido.

En la tapa de la Gaceta Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, está impreso desde 1936, un notable apotegma de las Siete Partidas: “Saber las leyes non es tan solamente en aprender et decorar las letras dellas; mas en saber el su verdadero entendimiento”. Indubitablemente, esto cobra vida en el juicio de razonabilidad de los Honorables Magistrados, en la hermenéutica y aplicación de la ley, a lo largo de su historia.
Empero, el presidente Uribe, para aplacar a sus iracundos amigos y su afectísimo primo, parapolíticos todos, sub-judice, no encuentra más salida que llegar a los extremos indecorosos de afrentar la pulcritud de la Corte Suprema de Justicia, espetándole que: “sea objetiva, cuidadosa, mesurada”. De donde se infiere, que el Presidente Uribe vislumbra temerariamente que la Corte Suprema ha tomado decisiones al margen de las pautas que la ley le ha señalado para el ejercicio de su función, en detrimento de sus amigos electores, cuyas conductas están subsumidas en el Código Penal.

Es una verdadera emboscada moral, que pretende minar la razón de ser del Estado, su piedra angular que es la justicia. Está alimentando la fantasía del origen divino de su poder, sin controlar su ira y su desbordamiento, como Tántalo que se creyó más sabio que los dioses que le habían favorecido.

El país sabe con cuánta pulcritud, con cuánta imparcialidad, con cuánta sagacidad y eficacia le ha servicio esta Corte egregia al amparo de los intereses legítimos de la comunidad y del Estado Social de Derecho. Con sus providencias le quiere decir a Colombia y al mundo, que por oscura que sea la noche de la patria, es posible tener una luz. Están entonando un canto de esperanza a la vida y a la paz.

El gobierno ha planteado inconstitucionalmente, reformas que diseminarían la competencia de la Corte Suprema, para atribuírsela a un organismo no conocido, pero que consagraría la más protuberante desmoralización del poder público, al servicio de la impunidad.

En el monumento de avilantéz contra la Corte Suprema, han participado todos los ministros como monigotes ciegos, que ignoran el don de la justicia, y por consiguiente los lleva a ignorar los límites de la ética. Y en este caos, el Ministro del Interior y de Justicia se yergue como la negación de los ideales de ésta, del derecho y de su partido. Es de aquellos inanes de la patria, que según Séneca: “salen de la vida como si acabasen de entrar en ella”.
¡La peor desgracia de un pueblo es la de destruir, desarticular o vejar a su justicia!

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