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lunes, 12 de septiembre de 2011

NO SER INFERIORES AL RETO



---------------------------------Por Gerardo Delgado Silva
Como a otros pueblos en el pasado, a los colombianos nos está tocando pagar ahora un precio exorbitante por circunstancias que facilitaron entre nosotros el florecimiento del imperio del mal: la corrupción, la violencia, la industria mortal del narcotráfico, ese proceso vitando que nos ha causado inmensos daños en lo moral, en lo político y en lo económico.
Toda una marcha ominosa del delito, contra la cual el Gobierno del Presidente Santos, adelanta una verdadera cruzada en favor de la razón de ser del Estado, es decir, la justicia y su eficacia, en este necesario combate para ponerle un valladar infranqueable, al temible legado del señor Uribe.
Pero la justicia entraña a la vez derechos y deberes. Derechos en cuanto nos protege; deberes en cuanto exige nuestra cooperación. Infortunadamente lo de los deberes no siempre se cumple, porque realmente existe, por parte de muchos ciudadanos, temerosa complicidad ante la acción de las mafias, el hampa y los delincuentes de toda condición, lo cual no solo indica perversión de las costumbres sino que implica torpe barrera para la eficiente aplicación de la ley.
Es innegable que se ha llegado a extremos indecorosos de tal magnitud que afrentan la tradición otrora respetable de nuestra nacionalidad.
Una suerte de anestesia pública ha inhibido la respuesta ciudadana a los desmanes cometidos en el gobierno anterior, con las más ominosas violaciones de los derechos humanos, no obstante la desesperada aspiración del pueblo colombiano por la justicia. Es indispensable que el país contribuya en la decisión imperturbable del Presidente Santos de abrirle caminos a la sanidad espiritual, para alcanzar la finalidad redentora de garantizar el Estado Social de Derecho, cuyas instituciones se ven vulneradas por actos que destruyen su autoridad y convierten los organismos en instrumentos violatorios de toda fórmula moral, socavando los fundamentos mismos de la República.
El Presidente, está en otras palabras despejando la ruta para reconstruir a Colombia.
Es un recuerdo oportuno. Atendiendo al ideal griego, advertimos que, dotado el hombre de raciocinio, no ha de vivir solamente, sino vivir honestamente, porque su vida tiene que correr parejas con los ideales elevados que ha concebido la razón. Para cumplir este fin, es indispensable la existencia de una vida política y social. La organización política representa por esto, la forma suprema de la vida.
La concepción griega del Estado, como entidad compuesta de todos los ciudadanos, exige una participación activa de cada uno en la vida política. De aquí que la teoría griega sobre el Estado condujera, lógicamente a la democracia.
Lo que está claro es que, la democracia en nuestra sociedad falla por sus bases, si existe o construirla como en nuestro caso, se hace difícil, al tener que abrirse paso contra la que es, nada menos, una quiebra moral generalizada. En estas circunstancias, la pregunta obvia es: ¿Cómo se defiende una sociedad cruelmente atacada en forma tan generalizada, que busca socavar sus fundamentos y derrumbarla?
No permitiendo la impunidad, es la respuesta elemental, que se volvió tolerable en el anterior gobierno.
Los partidos políticos aniquilados, convertidos en tiendas de campaña electoral, ya no representan sino a una casta desacreditada y rechazada, la de los que buscan y encontraron la forma de pelechar con los dineros públicos, en actividad profesional y permanente, entregando a los más denigrantes estados antisociales el porvenir del país.
Los que son símbolos de lo bueno, en la Patria, a pesar de todo, creen que los partidos deben ser canales insustituibles para el servicio público, desinteresado y generoso. Esas reservas morales e intelectuales, están postradas, desprotegidas, bajo el alud del clientelismo, una abierta conducta criminal enlazada con el narcotráfico, el paramilitarismo y los negociados de los contratistas.
Y dentro de ese orden de ideas, ahí vienen las elecciones. Un imperativo para votar por los políticos decentes que aún quedan, los que no son nihilistas. Para todos los ciudadanos ha llegado otro momento de combatir el vórtice dantesco que aflige el rostro de la Patria. De mostrar su valor o cobardía, su dignidad o su vileza, su grandeza o su miseria, su fuerza para restablecer los valores, tan descaecidos ya, y se evite una degradación de la conciencia colectiva.
Tal el inmenso reto que nos han planteado estos años de oprobio, de comercio político y de inenarrable destrucción. Pero en medio del dolor, la desolación los malos olores que provienen de la olla podrida destapada, ciertos grupos políticos con descarado cinismo y perfidia, detrás de la invocación del interés general tienen un beneficio directo, llámese congresista, concejal, diputado, alcalde, gobernador, contratista. Reclaman los votos de la ciudadanía para continuar en las mismas prácticas dañinas, medrando al amparo de su poder. Posiblemente ya, en el enjambre de delitos contra mecanismos de participación democrática, los tienen comprados directa o indirectamente o con la coautoría violenta de paramilitares o subversivos, para constreñir a los sufragantes. La Nación toda está en la obligación de tener conciencia de que sin Dios, ley y moral, no puede haber progreso, fe ante los desafíos y fuerza para sortear todas las dificultades que se derivan de esta situación de anormalidad jurídica y de descomposición.
Anhelamos que la inteligencia colombiana alumbre al País. Porque no está contaminada con el dolo, no ha perdido su idealismo ni ha torcido el rumbo histórico de un pueblo que siempre ha dado ejemplos enaltecedores de dignidad y de grandeza. Es el momento de asumir con ánimo patriótico la personería del destino del País, para que no se sepulten de modo definitivo los atributos y virtudes que los colombianos creíamos imperecederos.
Lo que hace falta hoy a Colombia es una política de la inteligencia, para que cese la pesadilla, sigamos agitando nuestras banderas de la decencia y entonemos nuestro himno, en la esperanza de encontrar la armonía de la Patria. Como  en otra parecida ocasión lo recordó Cortázar, no habremos hablado para el silencio.

miércoles, 31 de agosto de 2011

CATACLISMO MORAL


-------------------------------Por: Gerardo Delgado Silva
En cualquier tipo de sociedad, por primitiva que sea, se dan una serie de reglas, las normas sociales, que sancionan de algún modo los ataques a la convivencia tal como la concibe un grupo social. Estas normas sociales forman el orden social.
La justicia penal es uno de los instrumentos más aptos para la formación del bien moral, de aquel súmmum bonum que es el fin último de la convivencia humana. Un imperativo categórico, según Kant.
Lo único que faltaba. Al tétrico panorama de descomposición en que se encuentra el país, por el profundo letargo moral del anterior Gobierno,  que degradó la augusta misión del Estado Social de Derecho, hay que sumarle ahora, otra abominación: El ultraje a la justicia.
No pretendo hacer nueva una historia que el país conoce de principio a fin. Algo entre la farsa atroz y la tragedia griega. Empero, el señor Uribe  toleró las triquiñuelas y practicas corruptas, ruines y dañinas de los paramilitares y sus funcionarios públicos, enemigos también de la comunidad, es decir, las tapó con las mismas sabanas de impudor como en la turbadora mascarada con sus aliados parapolíticos.Compartieron ese rincón oscuro de la conciencia colombiana, donde duermen las pesadillas de la razón. Es la omnipresente autoridad que yace  junto al fascismo. La suspensión del Estado Social de Derecho y el desconocimiento de los derechos humanos. Explicable porque pareció el señor Uribe, mas preocupado por ajustar cuentas, que por contribuir al advenimiento de la paz y la justicia. En puridad de verdad, los sistemas autoritarios esconden los conflictos en lugar de solucionarlos.
La colosal tragedia de la patria estaba entronizada en la Secretaría Jurídica del Presidente anterior, señor EDMUNDO  DEL CASTILLO, que tiene estrechas relaciones con el satánico cartel de los Nule. No como socio pasivo, sino como promotor. Esto explica que el enriquecimiento indebido de los Nule, se haya extendido como una mancha de oprobio por la nación contaminada. Resulta entonces muy significativo el contrato leonino con ICBF, relacionado con la bienestarina. Existen rumores acerca de la adulteración del alimento, una conducta horrenda contra la niñez, en la cual el Estado tiene una responsabilidad que no puede seguir eludiendo. Es otro testimonio abrumador de la degradación ética y política del anterior gobierno, que llevó a que esas maniobras tortuosas, se toleraran, convertido así el Gobierno en alcahueta de la codicia y la venalidad. 
Conspirando abiertamente contra la CORTE SUPREMA se reunió con “Job”, que cumplía órdenes de Don Berna. No oímos en esos momentos de dañado concierto, de la enredadas mallas con esos grupos, las voces del Presidente fijando una posición de franco rechazo, ni registramos su protesta.Su actitud inmoral va mas allá de la simple desfachatez personal para comprometer a la Institución Política que presidió. Los Nule, allegados del señor Uribe de tiempo atrás fueron consagrados con agua bautismales, cada vez que lo visitaba en la “CASA DE NARI”.
Eso no es todo. En AGROINGRESO SEGURO, surgió el triunfo de las componendas del señor Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, para las defraudaciones, el turbión de peculados, el derroche de los dineros públicos, como una perversión política de Colombia.
El DAS, puso de manifiesto que torció su rumbo de las disposiciones legales para aliarse con los paramilitares. Acontecimiento que realizaron “Jorge 40“ y Jorge Noguera, director de esa entidad.Sus criminales interceptaciones y seguimientos, auspiciados desde la”Casa de Nari”,por la ruta del Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno. La DIAN, piedra de escandalo público con la pirotecnia de los impuestos. Deplorables hechos punibles que han creado pánico en la sociedad. En gigantesco  dislocamiento,  la institución se convirtió en territorio  donde campeó el lavado de activos, excepcional ocurrencia en toda la historia judicial del país.
Y en contravía de la ley penal, los  entonces ministros del Interior Sabas Pretelt y Diego Palacio de Protección Social, íntimamente ajenos al alcance ético de sus actos, persuadieron dolosamente a Yidis y Teolindo, para pactar la venta de sus votos en el congreso, encaminados a la reforma inexequible de la Carta, para lograr la vituperable reelección del señor Uribe. El contrato ilícito se consumó y a cambio los parlamentarios recibieron una partija de notarias.
Los recientes escándalos de la salud, con la dialéctica canalla de las EPS y los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), revelan  las características afrentosas de la enfermedad moral que nos aqueja y el silencio horadante y cómplice del Gobierno anterior. ¿ Acaso, el exministro de Protección Social fue intrépido defensor de los intereses nacionales?.¿O al contrario, propicio la devastación del patrimonio moral de su ministerio? Un desconocimiento atroz y evidente de los valores y principios fundamentales de la Constitución.
Dentro del rosario de abominaciones y desenfrenos ilegales, podemos agregar los descubiertos e investigados en INVIAS, INGEOMINAS, INCODER, MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, FONDELIBERTAD, ICBF, DNE, etc. Todo un impacto tenebroso que ha cortado en dos la historia nacional.  Pasa a la siguiente página

martes, 6 de mayo de 2008

MOTOSIERRA CONTRA LA CORTE SUPREMA


Por: Gerardo Delgado Silva

Mientras sea necesario defender la justicia y la existencia moral, tendremos que hacerlo, por el efecto benéfico y salvador que tiene en una sociedad civilizada y culta.

El imperio del derecho es, ante todo: la sustitución de la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable, de hombres que gobiernan a su antojo, por la autoridad de la ley, cuyas normas abstractas generales y permanentes excluyen toda arbitrariedad directamente intencionada. Es la forma de garantizar la dignidad y la libertad humanas, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva.

Por eso es indispensable que la función jurisdiccional, esté al abrigo de presiones indebidas por otros órganos o interferida en el desempeño de sus actividades, constitucionalmente autónomas.

La idea de justicia como virtud universal, la encontramos a lo largo de la historia del pensamiento. Así, San Ambrosio la llama: “Fecunda generadora de las otras virtudes”; Platón dice que: “Es tanto una virtud pública como privada”; John Rawls, expresa: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”; cuando Dios le dijo a Salomón: “Pídeme lo que quieras que te dé”, contestó: “Da a tu siervo un corazón prudente para juzgar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo”.

Es preciso señalar que Aristóteles escribió en la Política: “Así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, de parecida manera cuando se aleja de la ley y la justicia, es el peor de todos”.

La Corte Suprema de Justicia, es el máximo tribunal de la justicia ordinaria establecido en la Constitución. Está integrada por los más ilustres juristas de la patria, y con sabiduría y honestidad han ejercido ese “sagrado y terrible ministerio”, que llamara Carnelutti. Esto es, la justicia como garantía del vivir civil, cimiento y nexum de la sociedad; se ha propuesto en la lucha contra la delincuencia, la formación del bien moral de Colombia, discerniendo lo verdadero de lo falso, para fijarle al derecho su verdadero sentido.

En la tapa de la Gaceta Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, está impreso desde 1936, un notable apotegma de las Siete Partidas: “Saber las leyes non es tan solamente en aprender et decorar las letras dellas; mas en saber el su verdadero entendimiento”. Indubitablemente, esto cobra vida en el juicio de razonabilidad de los Honorables Magistrados, en la hermenéutica y aplicación de la ley, a lo largo de su historia.
Empero, el presidente Uribe, para aplacar a sus iracundos amigos y su afectísimo primo, parapolíticos todos, sub-judice, no encuentra más salida que llegar a los extremos indecorosos de afrentar la pulcritud de la Corte Suprema de Justicia, espetándole que: “sea objetiva, cuidadosa, mesurada”. De donde se infiere, que el Presidente Uribe vislumbra temerariamente que la Corte Suprema ha tomado decisiones al margen de las pautas que la ley le ha señalado para el ejercicio de su función, en detrimento de sus amigos electores, cuyas conductas están subsumidas en el Código Penal.

Es una verdadera emboscada moral, que pretende minar la razón de ser del Estado, su piedra angular que es la justicia. Está alimentando la fantasía del origen divino de su poder, sin controlar su ira y su desbordamiento, como Tántalo que se creyó más sabio que los dioses que le habían favorecido.

El país sabe con cuánta pulcritud, con cuánta imparcialidad, con cuánta sagacidad y eficacia le ha servicio esta Corte egregia al amparo de los intereses legítimos de la comunidad y del Estado Social de Derecho. Con sus providencias le quiere decir a Colombia y al mundo, que por oscura que sea la noche de la patria, es posible tener una luz. Están entonando un canto de esperanza a la vida y a la paz.

El gobierno ha planteado inconstitucionalmente, reformas que diseminarían la competencia de la Corte Suprema, para atribuírsela a un organismo no conocido, pero que consagraría la más protuberante desmoralización del poder público, al servicio de la impunidad.

En el monumento de avilantéz contra la Corte Suprema, han participado todos los ministros como monigotes ciegos, que ignoran el don de la justicia, y por consiguiente los lleva a ignorar los límites de la ética. Y en este caos, el Ministro del Interior y de Justicia se yergue como la negación de los ideales de ésta, del derecho y de su partido. Es de aquellos inanes de la patria, que según Séneca: “salen de la vida como si acabasen de entrar en ella”.
¡La peor desgracia de un pueblo es la de destruir, desarticular o vejar a su justicia!

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