jueves, 25 de junio de 2009

No a la impunidad parlamentaria



Colombia, miércoles 24 de junio de 2009

HORACIO SERPA

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, anda en campaña para revivir la inmunidad parlamentaria, una figura que la Constituyente de 1991 revocó para garantizar que en ningún caso los delitos cometidos por los congresistas gozaran de impunidad.

El jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, llegó a la Cámara de Representantes, como una manera de blindarse de los muchos delitos que había cometido. Ya en el Congreso, con inmunidad, ordenó el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Como Representante a la Cámara, fui ponente del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pablo Escobar, cuya captura fue ordenada por un juez. Mientras se surtía el trámite de esa iniciativa tuvo el tiempo suficiente para burlar la acción de las autoridades, entrar a la clandestinidad e iniciar la peor campaña de terror contra Colombia, las instituciones y el conjunto de la nación.

Revivir la inmunidad parlamentaria es una provocación y una afrenta a las víctimas de la acción de los paramilitares, quienes hicieron causa común con algunos políticos, se tomaron el poder local y regional a sangre y fuego e impusieron un régimen de terror que les permitió quedarse con el 40 por ciento del Congreso, si no más.

Hoy muchos congresistas están siendo investigados por el escándalo de la parapolítica. Mancuso, Jorge 40, H.H, el Alemán, Don Berna, casi todos los jefes paramilitares extraditados han revelado esa alianza siniestra, que le costó la vida a miles de personas y permitió el ascenso de esa expresión criminal de extrema derecha y la consolidación de un Estado mafioso, que está siendo desmontado gracias a las valientes denuncias de Petro y la acción decidida de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué habría pasado en Colombia si existiera la inmunidad parlamentaria? Que quizá estaríamos convertidos en un verdadero estado paramilitar, una auténtica república bananera, gobernada por castas armadas, mafiosas y corrompidas, con derecho a disponer de la vida, honra y bienes de los más débiles, sin que nadie pudiera castigarlas. Un Estado, con cuatro millones de desplazados, dicen de nuestra tragedia.

Por eso, hablar de la inmunidad parlamentaria es una afrenta a quienes reclamamos justicia. A quienes creemos en la democracia y luchamos todos los días para mejorarla. A quienes creemos en el Estado de derecho y valoramos los logros de la Constitución de 1991.

Desmontar esa norma y volver a los viejos tiempos de Pablo Escobar, es darles a los delincuentes una razón más para sicariar a Colombia, para corromper aún más el Congreso y legitimar su desprecio por la ley y la vida. Para descomponer aún más la clase política.

Pero sobre todo, es un golpe a la Corte Suprema de Justicia, que se ha convertido en guardiana de la Constitución y la democracia. ¡ No a la impunidad parlamentaria !
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