Fuente: elnuevosiglo.com
Colombia, miércoles 3 de junio de 2009
HORACIO SERPA
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Nunca como hoy se ha hecho tan necesario asumir una posición política y defender la democracia. Amenazada por el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico y muchos bichos más. Por quienes, sin querer queriéndolo, se empeñan cada día, para cada caso, en reformar la Constitución sin consideración ninguna.
La democracia esta en peligro porque se viene agotando el sistema de pesos y contrapesos y se viene cambiando, por la puerta de atrás, el espíritu y el sentido de la Carta Fundamental, elaborada en una Asamblea Constituyente que se eligió popularmente con el objetivo específico de dotar al País de un nuevo, moderno y pertinente constitucionalismo.
La Corte Suprema de Justicia y sus miembros han sido irrespetados, chuzados sus teléfonos e innecesariamente investigados por el DAS. Una Corporación valiente que se impuso la tarea de evitar la impunidad de la parapolítica y ha llevado a la cárcel a decenas de personas que le vendieron su alma al diablo, cometiendo delitos comunes y electorales.
El Congreso ha perdido legitimidad por esos hechos y por su falta de independencia. Desde las cárceles se señala a legisladores, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, como cómplices en las regiones en donde con armas, dinero sucio y terror impusieron candidatos, se apropiaron del poder local y enterraron en fosas macabras a miles de líderes de oposición y gente del común.
Los falsos positivos hicieron creer que se estaba ganando la guerra, pero los muertos eran jóvenes anónimos, inocentes, que fueron fusilados por inescrupulosos que buscaban ascensos, permisos y condecoraciones.
La democracia está en peligro porque se armó una conspiración de delincuentes que desde diferentes posiciones y actividades han querido imponer a las malas un sistema ilegítimo, excluyente, absurdo, con la mentira de atajar la subversión. Con ese cuento han hecho de todo lo malo que se pueda concebir, cuando hay gente recta, instituciones legítimas y procedimientos legales con los que se puede controlar, perseguir y acabar la delincuencia, e imponer la legalidad y la verdadera democracia.
Ningún demócrata puede estar impasible frente a lo que está ocurriendo. Hay que denunciar y actuar. No podemos quedarnos callados como si este fuera el país de las maravillas. Tenemos la obligación moral de opinar.
Hay que apoyar a la Corte Suprema en sus investigaciones para que haya justicia y los delincuentes y sus aliados paguen sus culpas. Si aquí no hay condenas, será la Corte Penal Internacional la que tendrá que fallar. Hay que insistir en que se castigue a los responsables de los falsos positivos, porque las órdenes no salieron de soldados sin mando sino de oficiales con responsabilidad. No basta con destituir funcionarios, hay que llevarlos ante los jueces.
El pueblo debe aprovechar las próximas elecciones y depurar el Congreso. Algo drástico y definitivo hay que hacer con el DAS. Pero sobre todo, tenemos que defender la Constitución e impedir que la sigan destruyendo, cuando apenas, en un mes, llega a la mayoría de edad. Política social >
Colombia, miércoles 3 de junio de 2009
HORACIO SERPA
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Nunca como hoy se ha hecho tan necesario asumir una posición política y defender la democracia. Amenazada por el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico y muchos bichos más. Por quienes, sin querer queriéndolo, se empeñan cada día, para cada caso, en reformar la Constitución sin consideración ninguna.
La democracia esta en peligro porque se viene agotando el sistema de pesos y contrapesos y se viene cambiando, por la puerta de atrás, el espíritu y el sentido de la Carta Fundamental, elaborada en una Asamblea Constituyente que se eligió popularmente con el objetivo específico de dotar al País de un nuevo, moderno y pertinente constitucionalismo.
La Corte Suprema de Justicia y sus miembros han sido irrespetados, chuzados sus teléfonos e innecesariamente investigados por el DAS. Una Corporación valiente que se impuso la tarea de evitar la impunidad de la parapolítica y ha llevado a la cárcel a decenas de personas que le vendieron su alma al diablo, cometiendo delitos comunes y electorales.
El Congreso ha perdido legitimidad por esos hechos y por su falta de independencia. Desde las cárceles se señala a legisladores, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, como cómplices en las regiones en donde con armas, dinero sucio y terror impusieron candidatos, se apropiaron del poder local y enterraron en fosas macabras a miles de líderes de oposición y gente del común.
Los falsos positivos hicieron creer que se estaba ganando la guerra, pero los muertos eran jóvenes anónimos, inocentes, que fueron fusilados por inescrupulosos que buscaban ascensos, permisos y condecoraciones.
La democracia está en peligro porque se armó una conspiración de delincuentes que desde diferentes posiciones y actividades han querido imponer a las malas un sistema ilegítimo, excluyente, absurdo, con la mentira de atajar la subversión. Con ese cuento han hecho de todo lo malo que se pueda concebir, cuando hay gente recta, instituciones legítimas y procedimientos legales con los que se puede controlar, perseguir y acabar la delincuencia, e imponer la legalidad y la verdadera democracia.
Ningún demócrata puede estar impasible frente a lo que está ocurriendo. Hay que denunciar y actuar. No podemos quedarnos callados como si este fuera el país de las maravillas. Tenemos la obligación moral de opinar.
Hay que apoyar a la Corte Suprema en sus investigaciones para que haya justicia y los delincuentes y sus aliados paguen sus culpas. Si aquí no hay condenas, será la Corte Penal Internacional la que tendrá que fallar. Hay que insistir en que se castigue a los responsables de los falsos positivos, porque las órdenes no salieron de soldados sin mando sino de oficiales con responsabilidad. No basta con destituir funcionarios, hay que llevarlos ante los jueces.
El pueblo debe aprovechar las próximas elecciones y depurar el Congreso. Algo drástico y definitivo hay que hacer con el DAS. Pero sobre todo, tenemos que defender la Constitución e impedir que la sigan destruyendo, cuando apenas, en un mes, llega a la mayoría de edad. Política social >
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