Al finalizar el año 2009 vale la pena tocar un tema que ha sido tabú de los medios de comunicación locales y nacionales: La indemnización de los damnificados por la implantación del monopolio del transporte urbano en Bucaramanga y su Área Metropolitana denominado METROLINEA.
Hasta la fecha se ha guardado silencio respecto de la suerte que les espera a los pequeños y medianos empresarios del transporte urbano cuyos vehículos saldrán de circulación y a los conductores que perderán sus puestos de trabajo cuando el accidentado y poco transparente proyecto de METROLINEA inicie su operación para movilizar a las personas en los sectores urbanos de Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga.
Es sabido que el sistema de METROLINEA se desarrolla como empresa a partir de la apropiación de las principales vías urbanas que, a partir de la iniciación de sus operaciones, estarán vedadas para los vehículos particulares y de la monopolización del transporte de personas en las rutas principales y más lucrativas de Bucaramanga y su Área Metropolitana.
Miles de personas, miles de familias santandereanas, quedarán sin los ingresos que ahora reciben de la empresa del transporte urbano o de las actividades complementarias de esta industria; la suerte de los transportadores urbanos la comparten las familias de los mecánicos, los latoneros, los fabricantes de carrocerías, el comercio de repuestos y los demás servicios vinculados a esta industria.
También se verán afectados los ingresos de los establecimientos de comercio y los parqueaderos que serán privados de su clientela habitual por quedar ubicados sobre las vías “públicas” que serán entregadas al monopolio de METROLINEA.
Las instituciones que dicen representar los intereses colectivos de la ciudadanía como los concejos y las alcaldías municipales de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, la Asamblea Departamental y la Gobernación de Santander han guardado un silencio cómplice frente al problema social que se avecina; tampoco se conocen los análisis económicos, las propuestas de soluciones, ni los pronunciamientos de entidades como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ANDI, ACOPI y FENALCO, instituciones creadas y financiadas por la ciudadanía supuestamente para defender los intereses gremiales del comercio y la industria en nuestro departamento.
Tal parece que existiera un pacto secreto entre los intereses políticos y económicos beneficiados con los contratos de METROLINEA para ignorar las consecuencias de un problema tan trascendental para el futuro económico y social de Santander.
Bucaramanga, Diciembre 28 de 2009
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