Se cambio la iniciativa sobre
la obligación de protección mínima por parte del Estado al pueblo colombiano, en
salud que inició la decadencia al hacer desaparecer los hospitales, cambiándolos
por empresas para la salud con un criterio económico a favor de unos pocos a
quienes por recibir dinero del servicio público que se presta y al administrarlo
se les otorga el derecho de tomar el 30% y distribuir el restante en servicios,
entre los que se cuenta el pago de irrisorias cantidades por consulta de
profesionales de la medicina lo cual no tiene crítica y acaso ni
cuestionamiento porque procede de la ley. Después de más de 20 años han permitido que se pueda
evaluar las consecuencias de los anuncios, publicidad a granel que la cobertura
de protección se ha aumentado pero queda en la visión ordinaria la realidad de
la manera como las empresas distribuyen los medicamentos, sin ir más allá y que
aún con el importante mecanismo de la tutela se ufanan de incumplir las
decisiones de los jueces constitucionales.
Hay necesidad que se rectifique la
ley 100 de 1993, no con lo que podamos decir, sino con una comisión que estudie
proyecto idóneo aplicable a la sociedad para que médicos por ejemplo, y legisladores
converjan al estudio de ley integral y con técnica jurídica pueda compararse
con las dos de recientes regulación en lo contencioso administrativo y en el
proceso general, para que si no se llega a la perfección si se refleje al menos
la mínima atención que en salud y pensiones debe tener no sólo el que trabaja
al servicio de otra, sino toda persona que en el territorio nacional tenga una
ubicación.
No está por demás decir que a
lo entregado por administrar se debe agregar
el valor -horas- que implica atender por parte de organismos
especializados la investigación que lleve a demostrar que el dinero se
distrajo.
Debemos decir que el honorable
Congreso debe tomar decisiones en equipo con los proyectos que debidamente
estudiados presente el ejecutivo para qué cada uno de sus miembros cuando acuda
a hacer proselitismo pueda presentar una
realización, no una promesa simplemente .
Hay razones para que
existiendo la generación de quienes crearon nuestra Constitución Política, con
la esperanza de orientar una nueva patria, puedan sugerir con sus luces los
cambios necesarios para que ella sea una realidad en la práctica y no un texto
frío que en dos décadas se requiere hacer reingeniería con miras a su
perfección en una sociedad que ha evolucionado vertiginosamente.
La salud debe tener una visión
determinante porque no es un concepto extraño a los gobernantes, pues ellos
también han sufrido los embates del destino que los ha afectado y saben en su incalculable atención de asuntos
sometidos a decisión la importancia de gozar de la capacidad plena de producir.
Seguramente que pueda tildarse
de retrogrado afirmar que el servicio era inmediato cuando existían los
hospitales del pasado y la economía se resentía menos porque los administradores
tenían una visión diferente de la manera como se gasta el presupuesto. Sin
embargo queda la inquietud para recuperar la calidad de buen administrador por
parte del Estado. La Universidad continuará en la investigación, el Estado
apoyándola y el profesional de la medicina con remuneración acorde a su
consagración.
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