Mario González Vargas
Las autoridades del Distrito
Capital no han sido exitosas en la contención del COVID-19. La Alcaldesa, más
preocupada en emular con el presidente por el liderazgo del combate al enemigo
silencioso que en diseñar y ejecutar políticas que permitan su control y frenen
su expansión, actúa de acuerdo a su fe ideológica y al unísono de su crecido
ego. Los resultados negativos se acumulan y amenazan convertir a Bogotá en un
“ghetto” que haría más gravoso el remedio que la enfermedad. Sus últimas
decisiones avizoran un cerramiento de la capital con los incalculables nocivos
efectos sociales y económicos para Bogotá y el país. Esas situaciones suelen
ser propicias para imponer medidas y aclimatar procedimientos que en tiempos de
normalidad hubiesen sido inadmitidos.
Las aplicaciones diseñadas por
la alcaldía pretenden ejercer control sobre la movilidad, ubicación, archivos,
fotos, conexiones de wifi, almacenamiento de información y en general sobre
todos los aspectos que constituyen la privacidad del ciudadano en la sociedad
en que vivimos. Constituyen una intromisión indebida en la intimidad de los
ciudadanos y entronizan la vigilancia del estado a los más inviolables derechos
de los ciudadanos. El decreto 131 de 2020 dispone la obligación para las
personas de acreditarse e identificarse en el registro de movilidad segura en
la plataforma, y que las autoridades de Policía podrán verificar en cualquier
momento la debida inscripción e imponer las sanciones correspondientes, en caso
de que no se haya hecho el registro respectivo. El que haya reculado ante la
masiva protesta ciudadana, omitiendo la obligatoriedad, no desvanece la amenaza
de vernos sometidos en un futuro cercano a la intromisión del estado en el
control de nuestras libertades. Estas disposiciones de los decretos distritales
adoptan las formas y los medios vigentes en la República Popular China, con los
que supuestamente ese régimen hiperdictatorial logró controlar la expansión del
letal virus. Adoptar esa política resultará más letal para las libertades
ciudadanas y afectará la vida misma que supuestamente se pretende proteger.
Vivimos tiempos revueltos en
los que el COVID-19 y el reacomodamiento del orden mundial hacen parte del
escenario geopolítico y se entremezclan en la disputa en curso. Ello explicaría la demora de la China en
advertir al mundo sobre el inicio de la pandemia, como lo evidencia que el
mismo día de diciembre en el que XI JImping omitió su mención ante el Pleno del
partido Comunista Chino, Taiwan alertaba a la OMS sobre la aparición y difusión
del virus, sin que ésta divulgará ese hecho por sugerencia del gobierno chino.
Desde entonces, desde los púlpitos de la izquierda internacional se nos ha
querido vender la fórmula china para vencer el COVID-19 como la más eficiente y
protectora de nuestras vidas, ocultando el precio a pagar en libertades
confinadas y olvidadas.
Bogotá puede convertirse en
Colombia en el primer pulso en ese nuevo escenario. De la vigilancia que se
ejerza sobre las decisiones de la alcaldesa depende que Bogotá no se convierta
en el primer “China Town” de Colombia.
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