Mario González Vargas
Una reforma de esa envergadura para tener éxito necesita, además de una
coyuntura favorable, unos acuerdos políticos previos que cuenten por lo menos
con el interés del gobierno, para que su articulado refleje los consensos que
convoquen las mayorías requeridas. Resulta evidente que esos presupuestos no se
dieron y que se prefirió intentar su aprobación a las volandas, en un ambiente
sembrado de incertidumbres que escapó a la atención de sus noveles y acuciosos
promotores. Los estragos económicos, sociales y de salubridad ocasionados por
la pandemia, acaparan la atención y preocupación del gobierno, de los sectores
políticos empresariales y laborales y de los ciudadanos, que exigen comprometer
todos los esfuerzos en la reactivación de la economía y del empleo, antes que
distraer su labor en reformas que, por necesarias, serán más urgentes y
encontrarán mayor interés y respaldo cuando se conquiste una nueva normalidad.
Todo ello se reflejó en la soledad que acompañó, no solamente al ponente de la
iniciativa, sino también a los jóvenes y entusiastas acompañantes, que se
vieron huerfanos de apoyo de sus partidos y del respaldo de los ministros
concernidos, atareados en contener la vorágine de amenazas que se ciernen sobre
los colombianos por obra de una pandemia imprevisible y hasta hoy incontenible.
Además, los temas de la reforma no eran de poca monta. La sustitución del
voto preferente por listas cerradas y paritarias organizadas a modo de
“cremallera”, que demanda la democratización interna de los partidos y sus
mecanismos; la corresponsabilidad de los partidos por los avales; y el aumento
de curules para representación en el Senado de departamentos que carecen de
ella hoy, entre otros temas, son contenidos controvertidos que careen de
acuerdos y que apuntan a ser mejor debatidos en los tiempos que nos esperan una
vez superada la pandemia. El regreso a las listas cerradas acompañado de
mecanismos de democratización, aunque aconsejable, es resistido por no pocos
congresistas; el aumento de curules no tiene apoyo ciudadano; y las listas
cremalleras y con paridad de género no se hallan en ningún ordenamiento constitucional
de régimen democrático y podría implicar insólito quebrantamiento al derecho a
elegir y ser elegido, al que son ajenos limitaciones por razón de género, o
condición humana, y releva más del supuesto “pensamiento político correcto” con
el que el “progresismo” intenta suplantar el sistema democrático de occidente.
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