La primera alocución del presidente Petro al país suscita un nuevo escenario de preocupación para los colombianos porque atañe a las reglas que rigen la existencia de movimientos y partidos políticos que son consustanciales al régimen democrático. No son aleccionadores los antecedentes que hemos vivido en las últimas décadas en el tema del derecho a fundar. organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos.
El tránsito del Frente Nacional a una democracia participativa no estuvo exento de las naturales dificultades que entrañaba moldearla, cuya tardanza generó insatisfacciones y premuras para la elaboración de una nueva carta de navegación de la democracia colombiana, además desafiada por el asesinato de Luis Carlos Galán que encarnó un amplio consenso ciudadano y político para la modernización del país y de sus instituciones. La asamblea constituyente se propuso desarraigar el bipartidismo de manera tan encarnizada que estimuló legislación para el surgimiento cosmético e inverosímil de más de 75 partidos y movimientos políticos que padecimos por décadas, con la consiguiente pérdida de valor de la democracia
Semejante despropósito convirtió el ejercicio de la política en un mercado de apetencias que constriñó a los gobiernos a su satisfacción en desmedro de las urgencias nacionales y de la satisfacción de las aspiraciones ciudadanas. Las fuerzas políticas se acomodaron a ese ejercicio pecaminoso que potenció la corrupción y alienó la confianza ciudadana en la política y sus actores, cada vez más atentos a sus propios intereses y olvidadizos de sus credos y del interés nacional, y que alcanzó su cúspide hoy con su entrega apresurada a sus contradictores ideológicos.
Las consecuencias no se hicieron esperar. El proyecto de reforma política presentada por el gobierno con los partidos obsequiosos a sus designios, abre de nuevo las compuertas para la multiplicación de movimientos cuya personería solo requeriría acreditar afiliados que representen el 0.2% del censo electoral, acreedores de todos los beneficios económicos destinados con largueza para asegurar su obsecuencia y la dispersión infinita de colectividades huérfanas de representatividad democrática.
No extraña que el presidente Petro se proponga realizar en el país 50 diálogos regionales vinculantes que implicarían la obligatoriedad de sus conclusiones y constituyen un intento disfrazado para convertirnos en un régimen plebiscitario con poderes omnímodos para el regente y sus áulicos. Tendría pavimentada la vía hacia un régimen autocrático, con pretensiones de liderazgo sobre otros similares, desgatados unos por sus comportamientos represivos y criminales, Cuba Venezuela y Nicaragua, y otros por sus deficiencias para emular con la creatividad de nuestro aprendiz de brujo, Méjico, Perú, Argentina, Chile y Honduras. Los diálogos regionales así concebidos, persiguen suplir asambleas constituyentes, resultan atractivas para delincuentes consuetudinarios como el ELN, y le aseguran al régimen continuidad sin fin si llegasen a concretarse. Las elecciones del 2023 son su objetivo inmediato, la paz total su eufemismo y los disensos prohibidos su método.
Los partidos carecen de ganas o de músculo para oponerse y han optado por solicitar el beneficio de la eutanasia. Tomar conciencia del peligro inminente exige nuevos liderazgos que levanten la hipoteca que pretenden establecer sobre nuestro futuro.
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