Por: José Antonio Mantilla Z
La Corte
cuestionó que el ejecutivo pueda incluir personas o empresas en un listado
oficial —con efectos como congelamiento de activos o inhabilidades— sin que
medie una orden o validación judicial previa.
Advierte el alto
tribunal que la figura que permite tomar bienes a favor del Estado sin
demostrar previamente un nexo directo con actividades ilícitas podría
equipararse a una confiscación prohibida por la Constitución.
Se objetó así
mismo, la propuesta para que un funcionario nombrado por el presidente
supervise decisiones que corresponden a los jueces de control de garantías, al
considerar que vulnera la reserva judicial y la separación de poderes. A ese
funcionario se le denominaría “Alto Comisionado contra el terrorismo.
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| Corte Suprema |
El gobierno de
Abelardo de la Espriella defiende que la iniciativa es necesaria para cerrar
vacíos legales, golpear las finanzas de las estructuras criminales y que el
proyecto se ajusta a los estándares constitucionales.
Por su parte,
congresistas y organizaciones de derechos humanos, han calificado el estatuto
de autoritario, argumentando que otorga facultades excesivas al Ejecutivo y
pone en riesgo las libertades civiles y la protesta social.
El
pronunciamiento de la Corte Suprema es un concepto técnico y no un fallo
definitivo; el proyecto de ley estatutaria deberá surtir su trámite en el
Congreso de la República y, en caso de ser aprobado, someterse al control
posterior de la Corte Constitucional.
SE ABRE EL DEBATE
El trámite en el
Congreso del proyecto de Estatuto Antiterrorista (comúnmente denominado
Estatuto de Seguridad) está previsto para iniciar formalmente en esta semana,
una vez se confirme su radicación por parte de la Secretaría General del
Senado.
El Consejo
Superior de Política Criminal convocado por
De la Espriella, aprobó hace unos días la iniciativa gubernamental por 11 votos
a favor y tres en contra. Estos últimos fueron el representante de la Corte
Suprema de Justicia; La Defensora del Pueblo (Iris Marín Ortiz) (quien advirtió
públicamente sobre riesgos para la presunción de inocencia) y la representación
del Pacto Histórico, en representación de la oposición en el Congreso.
Por tratarse de
una “ley estatutaria”, por regular derechos fundamentales, su aprobación
requiere una mayoría absoluta y debe ser aprobado en una sola legislatura.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ya inició su agenda legislativa de cierre de año en el Congreso con la radicación previa de la Ley de Sometimiento a la justicia el pasado 13 de octubre. El Estatuto Antiterrorista será el siguiente gran proyecto en ser radicado para iniciar su discusión.
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