Gestión diplomática sin partitura musical

Mario González Vargas

La Paz Total ocupa un espacio relevante en el programa del gobierno Petro con la que sorprendió a muchos y suscitó amplia gama de inquietudes e incertidumbres que se vieron posteriormente confirmadas por las declaraciones de quienes son los encargados de llevarla a buen puerto.

El senador Iván Cepeda en declaraciones en El Tiempo distinguió entre las negociaciones que se llevarán a cabo con el ELN y los contactos que se surtirían con las organizaciones criminales del narcotráfico. “En el primer caso se trata de un camino que ya se ha recorrido en numerosas oportunidades, el de la negociación política. Con los segundos, ligados al narcotráfico y a la minería ilegal, se trata de buscar que se acojan a la justicia mediante acercamientos. Unos diálogos, que no son negociación, para acogerse a la justicia”. El canciller Leyva, en esa misma línea, ahondó primero en el tema señalando que el Clan de Golfo y las organizaciones semejantes serian objeto de la figura de sometimiento a la justicia, que luego enriqueció a su manera con la figura de acogimiento, de rasgos y naturaleza imprecisos, pero que bien pudiese asemejarse a una eventual negociación política. Consciente de las dificultades, con esa audaz creatividad que lo caracteriza, afirmó que "La partitura que esperan de la paz es una de música clásica, pero lo que yo digo es que es más como una de jazz", en el entendido que,” una partitura de música clásica es una guía para el intérprete musical que es precisa y detallada, mientras que en el jazz solo se dan indicaciones para que el músico, virtuoso o no, improvise en armonía con la banda”.

Esa sutileza para asemejar las negociaciones con el ELN con las de las organizaciones criminales del narcotráfico provocó la inmediata visita de una delegación del gobierno de los Estados Unidos en procura de precisiones sobre aspectos fundamentales de su relación con Colombia. Si bien el ELN ha acentuado sus actividades de narcotráfico y las ha extendido a Venezuela, benévolamente puede aún aspirar al reconocimiento de su carácter político para que le apliquen las normas del DIH, que empero son extrañas para los diálogos propios de un acogimiento a la justicia de organizaciones criminales del narcotráfico y la minería ilegal. No es la primera vez que Colombia sugiere cambios en el tema de la extradición. En el gobierno Uribe se exploró la suspensión de la extradición para los involucrados en los procesos de Justicia y Paz; en el de Santos se pretendió el levantamiento en el marco del proceso de paz, y en ambas ocasiones EEUU nunca accedió, a pesar del apoyo que siempre brindó a la paz en Colombia, para no afectar la independencia de su sistema judicial considerada inmodificable.

El tema puede convertirse en oportunidad para corregir anomalías que han llevado a los capos a preferir la extradición. Colombia no debe afectar el apoyo bipartidista que ha caracterizado sus relaciones con la potencia orbital. Evitar que la extradición provoque tensiones con Washington será tarea de nuestro embajador Murillo que esperamos cumpla con éxito sin necesidad de resguardarse en eufemismo de partituras musicales para lograrlo.

Los peligros de la incompetencia

Mario González Vargas

El silencio del registrador Vega acrecienta las incógnitas, preocupaciones y señalamientos que han acompañado su gestión en el proceso electoral en curso. Ha preferido aislarse cuando el país entero reclama transparencia en un certamen electoral que se vislumbra apretado y cuyo resultado no puede ni debe ser teñido por sombras, dudas y descalificaciones que lo deslegitimen. No compareció al Senado, ni ha dado respuesta a las solicitudes que se le han formulado para saber de las correcciones a las irregularidades que se presentaron el 13 de marzo, y procurar así despejar las sospechas de incompetencia que lo acompañan y las amenazas que se ciernen sobre los resultados del proceso electoral. Vano sería pretender que las irregularidades observadas en las mesas de votación y en los formatos de las actas electorales se vean superadas con el solo traslado de las mismas a los entes de control, porque a ellos solo les corresponden las diligencias penales y disciplinarias.

No debe escudarse en que toda acción disciplinaria o judicial que apunte a su remoción no culminaría a la brevedad requerida y en la imposibilidad legal de reemplazarlo por un funcionario ad-hoc, para evadir la enorme responsabilidad que le atañe con la democracia en Colombia. Así lo entendió el CNE al solicitarle contratar a la mayor brevedad una auditoría internacional a los softwares de las elecciones, sobre cuyas especificaciones prevalece el misterio de saber si el contratado con Indra, y cuestionado, ha sido entregado, o seguimos con el que permitió las irregularidades que en pasada elección afectaron al partido Mira, aclaración requerida reiteradamente por el expresidente Pastrana, sin merecer respuesta alguna.

La incompetencia del registrador no puede llegar hasta menospreciar el interés que suscita la elección del futuro presidente de Colombia en un contexto de polarización interna y de factores externos que intervienen abiertamente y son susceptibles de afectar la seguridad nacional y la preservación de la democracia en Colombia. En el mundo globalizado ningún país puede sentirse ajeno a los conflictos que estremecen al mundo, porque las contiendas por las supremacías nos involucran a todos, independientemente del confín en el que nos encontremos. Las afinidades ideológicas concitan solidaridades, como se observa en las acciones de los regímenes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, y en las de la Internacional Socialista, el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, que encuentran fuerzas políticas afines en el escenario colombiano. Ello explica la protección de Maduro al ELN y a las disidencias de las FARC, la presencia rusa en Venezuela, con sus capacidades cibernéticas para atacar comunicaciones, medios de información, infraestructura energética, bancaria, militar, tecnológica y electoral, detectada por la inteligencia colombiana y estadunidense, y develada con el arresto del agente ruso y su lavado de activos en Colombia para adelantar su tarea disruptiva en las elecciones nuestras.

Si no tenemos la capacidad de prevenir, nos veremos posiblemente abocados a un repudio del resultado electoral y a un intento violento de un golpe de estado concertado a la democracia colombiana. Es el peligro que entraña la incompetencia.

El valor de la palabra de obispo

         Mario González Vargas

Resulta ilusorio pensar que los efectos de la pandemia del COVI-19 lograrían desvanecer los distintos problemas que confronta el país. Nos lo ha recordado el Arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, con su ominosa declaración en la que atribuye al gobierno de Iván Duque “una venganza genocida contra los procesos de paz con las Farc y el Eln (...) para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia”. Se trata de la imputación del más grave de los delitos contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, que por su propia gravedad y naturaleza no puede formularse simplemente por sentimientos de animadversión política, por quien se halla investido de la labor de propagar el evangelio y con ello promover la reconciliación entre los colombianos. Por ello, le asiste la obligación de presentar las pruebas que sustentarían sus graves afirmaciones, o una honorable retractación, con propósito de enmienda, para no verse incurso en diligencias judiciales por razón de su intemperancia. Le convendría al Arzobispo desistir de su carácter de militante para sumarse a la búsqueda de la paz que nos compromete a todos, incluida la Iglesia de la mayoría de los colombianos.

 

El acuerdo de paz con las FARC-EP, a pesar de la ilegitimidad de origen que lo afecta por decisión de la voluntad popular, ha venido ejecutándose con las naturales dificultades propias de los acuerdos de su misma naturaleza. El mayor desafío que hoy confrontamos es el de las Grupos Armados Organizados (GAO) que se disputan el dominio de territorios en donde compiten por los réditos del narcotráfico y ejercen, en ausencia de la institucionalidad, un brutal control sobre las comunidades que tienen que padecer el dantesco terror del que son víctimas. Todas ellas, y especialmente el ELN y las disidencias de las FARC, son engranajes de un escenario geopolítico para consolidar el poder dictatorial de Maduro y la supervivencia del régimen castrista en Cuba. Representan el mayor desafío a la soberanía, seguridad e integridad territorial que jamás haya confrontado Colombia desde los días de su independencia. La respuesta no puede centrarse en una negociación con el ELN, tan proclive a desgastar a los gobiernos en tratativas prolongadas que abandonan a su antojo y conveniencia. Implicaría eludir y posponer la presencia activa de la institucionalidad en todo el territorio nacional y que hoy constituye la ineludible obligación del Estado Colombiano. Consolidar el Estado Social de Derecho es tarea imprescindible para la seguridad, la justicia, la cohesión y solidaridad sociales, el desarrollo económico, las libertades y la provisión igualitaria de los servicios del Estado a todos los ciudadanos. Permitiría sembrar semillas de paz en los territorios y en las comunidades más violentadas por la criminalidad que nos ha afligido por décadas. Es una tarea irrenunciable, porque de ella depende el futuro de la Nación. La paz requiere el imperio de la ley en todo el territorio. Esperemos que así lo entienda Monseñor Monsalve para que su palabra recobre consideración y respeto.