Resulta ilusorio pensar que
los efectos de la pandemia del COVI-19 lograrían desvanecer los distintos
problemas que confronta el país. Nos lo ha recordado el Arzobispo de Cali,
Darío de Jesús Monsalve, con su ominosa declaración en la que atribuye al
gobierno de Iván Duque “una venganza genocida contra los procesos de paz con
las Farc y el Eln (...) para desvertebrar, desmembrar completamente la
sociedad, las organizaciones sociales y la democracia”. Se trata de la
imputación del más grave de los delitos contemplados en el Derecho
Internacional Humanitario, que por su propia gravedad y naturaleza no puede
formularse simplemente por sentimientos de animadversión política, por quien se
halla investido de la labor de propagar el evangelio y con ello promover la
reconciliación entre los colombianos. Por ello, le asiste la obligación de
presentar las pruebas que sustentarían sus graves afirmaciones, o una honorable
retractación, con propósito de enmienda, para no verse incurso en diligencias
judiciales por razón de su intemperancia. Le convendría al Arzobispo desistir
de su carácter de militante para sumarse a la búsqueda de la paz que nos
compromete a todos, incluida la Iglesia de la mayoría de los colombianos.
El acuerdo de paz con las
FARC-EP, a pesar de la ilegitimidad de origen que lo afecta por decisión de la
voluntad popular, ha venido ejecutándose con las naturales dificultades propias
de los acuerdos de su misma naturaleza. El mayor desafío que hoy confrontamos
es el de las Grupos Armados Organizados (GAO) que se disputan el dominio de
territorios en donde compiten por los réditos del narcotráfico y ejercen, en
ausencia de la institucionalidad, un brutal control sobre las comunidades que
tienen que padecer el dantesco terror del que son víctimas. Todas ellas, y
especialmente el ELN y las disidencias de las FARC, son engranajes de un
escenario geopolítico para consolidar el poder dictatorial de Maduro y la
supervivencia del régimen castrista en Cuba. Representan el mayor desafío a la
soberanía, seguridad e integridad territorial que jamás haya confrontado
Colombia desde los días de su independencia. La respuesta no puede centrarse en
una negociación con el ELN, tan proclive a desgastar a los gobiernos en
tratativas prolongadas que abandonan a su antojo y conveniencia. Implicaría
eludir y posponer la presencia activa de la institucionalidad en todo el
territorio nacional y que hoy constituye la ineludible obligación del Estado
Colombiano. Consolidar el Estado Social de Derecho es tarea imprescindible para
la seguridad, la justicia, la cohesión y solidaridad sociales, el desarrollo
económico, las libertades y la provisión igualitaria de los servicios del
Estado a todos los ciudadanos. Permitiría sembrar semillas de paz en los
territorios y en las comunidades más violentadas por la criminalidad que nos ha
afligido por décadas. Es una tarea irrenunciable, porque de ella depende el
futuro de la Nación. La paz requiere el imperio de la ley en todo el territorio.
Esperemos que así lo entienda Monseñor Monsalve para que su palabra recobre
consideración y respeto.
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