Miércoles, 24 de noviembre de 2010
---------------------------------Por: Horacio Serpa
El país aún no sale de su asombro por la salida de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien solicitó y le fue concedido un asilo territorial en Panamá, alegando que en Colombia no tenía garantías para ser juzgada por su papel protagónico en el peor escándalo colombiano durante décadas: las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición y periodistas.
La decisión de la señora Hurtado es una bofetada a la justicia colombiana, que adelanta en su contra una investigación penal en la Fiscalía, con un acervo probatorio mayúsculo, dados los acuerdos sostenidos con los principales implicados, todos subalternos de la asilada. Ella tiene en sus manos las respuestas a las preguntas que todo el mundo se hace: ¿quién ordenó las chuzadas? ¿Por qué se llegó tan lejos en esa conspiración criminal contra la justicia, la democracia y la estabilidad nacional?
El escándalo de las chuzadas es diez veces más grave que el caso Watergate, que obligó la renuncia de Nixon a la Presidencia de Estados Unidos. Aquí los responsables han salido a flote uno a uno. Aunque la Procuraduría ya destituyó a la señora Hurtado y a su antecesor Jorge Noguera e inhabilitó a Andrés Peñate, las respuestas no llegan. Todos esperamos justicia.
Que una rama del poder persiga mediante interceptaciones y deslegitimaciones a otra, en este caso el Ejecutivo a la Rama Judicial, no ocurre sino en las dictaduras, donde todo queda impune mientras llega la democracia. Pero aquí no es una dictadura. Aquí es un estado de derecho, y todos los acusados por delitos comunes tienen garantías ante la ley.
Por eso es tan deplorable que la ex directora del DAS haya salido por la puerta de atrás a un país amigo, y recibido el estatus de asilo, creado por el derecho internacional para proteger a quienes son perseguidos políticos en sus países. Ese no es el caso que nos ocupa. Ella era la perseguidora.
Panamá no puede convertirse en un canal a la impunidad. En un burladero a la democracia colombiana.
Por ello tiene razón la Canciller, María Ángela Holguín, cuando eleva su protesta ante el vecino país. El presidente Martinelli está viviendo por culpa de su controvertida decisión un maremoto político interno, aupado por la posición del istmo que no entiende como se destituyó a la fiscal de ese país por chuzar las comunicaciones de un fiscal corrupto, pero acoge a una extranjera que con su decisión de abandonar Colombia se condenó como responsable de las chuzadas.
El asilo político es una figura que no puede desnaturalizarse mediante su otorgamiento a delincuentes comunes. Se dice que otros implicados estarían buscando el mismo camino. Es insólito que un gobierno que terminó con índices de popularidad tan alto haya estado conformado por funcionarios que violaron la ley y no sean capaces de afrontar las consecuencias de sus actos. Ante este caso parece que la extradición es el camino.
