Mostrando las entradas con la etiqueta impunidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta impunidad. Mostrar todas las entradas

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Se canaliza la impunidad

                                     Por Gerardo Delgado Silva 
El Estado de Derecho es la organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal.
Así se llegó al constitucionalismo como sistema de organización político-social. 
El constitucionalismo impregna con su sentido, la vida de la humanidad civilizada y culta.
Sin su garantía, jamás podrá asegurarse la existencia de la dignidad y de los derechos humanos, como así mismo las posibilidades de una justicia progresiva que pudiera abrirse paso en su sagrada misión.
Es que, si un pueblo se abandona de la justicia, habrá perdido los grandes soportes que le dan sentido a su existencia.
Por eso, la vieja filosofía griega nos ha legado una leyenda según la cual “cuando los hombres quisieron fundar la ciudad, los dioses para hacer posible que la ciudad perdurase, le dieron como regalo inapreciable la justicia”.
Así pues, el Gobierno nunca puede bajar la guardia, porque su compromiso moral es el de tener fe en la justicia ordinaria, considerada con tantos atributos intrínsecos, emparentada en su espíritu con otros bienes y valores que el hombre busca en su porfía por embellecer y dignificar la vida.
Dante, expresó sencillamente que la justicia es “una virtud al servicio de otros”.  Los magistrados y jueces que la representan en nuestra patria, se han distinguido por su consagración a la ciencia del derecho, por la constante y fervorosa defensa de los Derechos Humanos.  De no ser así, Colombia estaría en el abismo insondable de los amargos genocidios, los eufemísticos “falsos positivos”, dramáticos testimonios de una agonía espiritual y moral de la patria.
Platón en su obra más importante, “La República” plantea un Estado Ideal, en el cual debe prevalecer la justicia, Platón así mismo, refuta en primer lugar, la tesis absurda de los sofistas en el sentido que el derecho nace de la fuerza y opina que el hombre injusto no podrá tener felicidad jamás.
El país avanza irracionalmente a pasos largos hacia una modalidad que combinaría los poderes nominales del régimen presidencial, con los efectivos de un régimen militar.
Se advierte como una tragedia el peligro del sistema democrático, ante ciertas afirmaciones que cambian el espíritu de la Constitución, expresadas por el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares, con talante de militarismo, apoyados en la fementida “inseguridad jurídica” ante la justicia ordinaria, para que el país prefiera insensatamente el reforzamiento de una “justicia penal militar” y la ampliación del “fuero” militar, a fin de conocer diabólicamente los hechos punibles violatorios de los Derechos Humanos.
Dizque, se excluyen de la reforma Constitucional del “fuero”, crímenes de lesa humanidad.  Empero, ¿Quién adjudica la competencia destinada exclusivamente al conocimiento de esos hechos criminales? ¿Qué va a acontecer con el principio de favorabilidad, y los procesos contra los autores de genocidios, eufemísticamente llamados “falsos positivos”? ¿Y con los hechos punibles de los militares que han estado vendiéndoles armas a los grupos al margen de la ley?
Vaya, vaya como dicen los ingleses. Corresponde nada menos que a la justicia militar – juez y parte al mismo tiempo -, en última instancia esa adjudicación de la competencia, para fomentar la seguridad jurídica inmersa en los cuarteles; persuadidos de que allí se encuentra el “súmmum bonum” del derecho, que es el fin último de la convivencia humana.  Algo así, como un hipotético Nirvana  para Colombia, la bienaventuranza de una auténtica justicia.
Semejante exabrupto jurídico, viene amancillar la propia piel transparente de la patria.  De ahí, que no les fuera indiferente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Human Rights Watch; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes descalifican semejante esperpento y reclamaron el hundimiento del proyecto.
El “fuero”, se puede considerar como una nostalgia totalitaria, que revela como se entrelazará irremediablemente la impunidad.  Es el sendero para volver al tétrico pasado, cuando se extendió la competencia de los tribunales militares al juzgamiento de civiles, una refulgente cola del Estado de Sitio, como una alegoría violenta y clarificadora de lo que fue el terror nazi.  En otras palabras, significa anclar el pensamiento turbulento del señor Uribe, que ha pasado por alto los derechos fundamentales, empezando por la dignidad de la persona humana, no obstante el valor supremo que la Constitución le otorga y que constituye a la persona en un fin para el Estado,  que vincula y legitima a todos los poderes públicos.

Es el camino de espacios sin derecho, como los recorridos por los señores parapolíticos.
No entiende el Señor Ministro ni el Comandante, ni tiene tampoco por que entender que en la justicia penal ordinaria, en su función hermenéutica, se parte del análisis de la conducta humana, contando con las nociones de ser, de causa, de sustancia y de fin. Ordenamientos intelectuales que se aplica por imperativo de la razón, mediante una actividad lógica y dialéctica, de inducción y deducción, iluminada por la Sociología Penal, la Psicología, el Psicoanálisis criminal, la  Criminalística, de brazo de la Sana Crítica, que conduce a discernir lo verdadero de lo falso.  Sólo así se conciben las providencias de la justicia ordinaria sumergidas en la certeza, que hacen posibles la convivencia y la paz.  La expresión de la Soberanía   Nacional.  Aquí se fundamenta el Estado de Derecho, la esencia misma de la Democracia.  Por ello, los jueces ordinarios ostentan en el mundo entero, la más sublime de todas las dignidades. 
En últimas el “fuero” va a constituir el desmonte de la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país y un sablazo al Poder Judicial, establecido en la Constitución con carácter independiente y soberano.
Una verdadera utopía en este Gobierno de Santos, que ha querido ser abanderado del Estado de Derecho.
En puridad de verdad, la historia nos cuenta que Atenas le legó a la humanidad la Filosofía y el Derecho.  Esparta con su militarismo, no le dejó absolutamente nada, como que no tenemos noticia cierta en que lugar de Grecia estaba situada.
Con acusadora precisión, surgen límpidas las palabras de Clemenceau: “La justicia penal ordinaria, es a la llamada justicia penal militar, lo que la música clásica, es a la música militar”

                                                              Para: www.bersoahoy.com

miércoles, 24 de noviembre de 2010

¿Panamá, el canal de la impunidad?

Miércoles, 24 de noviembre de 2010
---------------------------------Por: Horacio Serpa

El país aún no sale de su asombro por la salida de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien solicitó y le fue concedido un asilo territorial en Panamá, alegando que en Colombia no tenía garantías para ser juzgada por su papel protagónico en el peor escándalo colombiano durante décadas: las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición y periodistas.

La decisión de la señora Hurtado es una bofetada a la justicia colombiana, que adelanta en su contra una investigación penal en la Fiscalía, con un acervo probatorio mayúsculo, dados los acuerdos sostenidos con los principales implicados, todos subalternos de la asilada. Ella tiene en sus manos las respuestas a las preguntas que todo el mundo se hace: ¿quién ordenó las chuzadas? ¿Por qué se llegó tan lejos en esa conspiración criminal contra la justicia, la democracia y la estabilidad nacional?

El escándalo de las chuzadas es diez veces más grave que el caso Watergate, que obligó la renuncia de Nixon a la Presidencia de Estados Unidos. Aquí los responsables han salido a flote uno a uno. Aunque la Procuraduría ya destituyó a la señora Hurtado y a su antecesor Jorge Noguera e inhabilitó a Andrés Peñate, las respuestas no llegan. Todos esperamos justicia.

Que una rama del poder persiga mediante interceptaciones y deslegitimaciones a otra, en este caso el Ejecutivo a la Rama Judicial, no ocurre sino en las dictaduras, donde todo queda impune mientras llega la democracia. Pero aquí no es una dictadura. Aquí es un estado de derecho, y todos los acusados por delitos comunes tienen garantías ante la ley.

Por eso es tan deplorable que la ex directora del DAS haya salido por la puerta de atrás a un país amigo, y recibido el estatus de asilo, creado por el derecho internacional para proteger a quienes son perseguidos políticos en sus países. Ese no es el caso que nos ocupa. Ella era la perseguidora.

Panamá no puede convertirse en un canal a la impunidad. En un burladero a la democracia colombiana.

Por ello tiene razón la Canciller, María Ángela Holguín, cuando eleva su protesta ante el vecino país. El presidente Martinelli está viviendo por culpa de su controvertida decisión un maremoto político interno, aupado por la posición del istmo que no entiende como se destituyó a la fiscal de ese país por chuzar las comunicaciones de un fiscal corrupto, pero acoge a una extranjera que con su decisión de abandonar Colombia se condenó como responsable de las chuzadas.

El asilo político es una figura que no puede desnaturalizarse mediante su otorgamiento a delincuentes comunes. Se dice que otros implicados estarían buscando el mismo camino. Es insólito que un gobierno que terminó con índices de popularidad tan alto haya estado conformado por funcionarios que violaron la ley y no sean capaces de afrontar las consecuencias de sus actos. Ante este caso parece que la extradición es el camino.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Derrotar la corrupción

Miércoles, 17 de noviembre de 2010

-----------------------------------Por Horacio Serpa

La corrupción es el cáncer de la democracia. Y está haciendo metástasis en Colombia. Con razón el Presidente Santos ha encendido las alarmas y ha fijado la derrota de ese delito en el mismo nivel que el terrorismo.
No hay cifras concretas de cuánto de la riqueza nacional se queda en los bolsillos de los corruptos, llámense contratistas, dirigentes políticos, empresarios, organizaciones criminales. La pobreza aumenta de manera vertiginosa de la mano de estos delincuentes que se roban la plata del desarrollo y el bienestar social, para financiar sus proyectos personales o grupales.

El caso más aberrante es el desfalco a la salud. Para nadie es un secreto que en muchos lugares del país esos recursos se han desviado hacia particulares, pero principalmente a los paramilitares, que saquearon la red hospitalaria y convirtieron los centros médicos en sitios de mala muerte, literalmente, en donde la gente va a morirse no a sanarse, en manos de personal que no recibe salarios durante años y no cuenta con elementos para realizar sus labores.

Basta escuchar las declaraciones de los paramilitares en Justicia y Paz para constatar esa realidad y visitar los hospitales de las zonas de influencia paramilitar para constar dicha realidad. No en vano el sistema de salud está quebrado. La plata se la roban de manera descarada los corruptos, armados y desarmados, sin que nadie haga nada para evitarlo. Pero así ocurre en todo el país, además, con los recursos para la educación, el agua potable, las carreteras, y un largo etc.

En los últimos días los medios de comunicación se han encargado de destapar muchas de esas ollas podridas. El olor es nauseabundo. El más notorio es el caso de los Nule, cabeza de los carteles de la contratación en Bogotá.

También se han destapado actos de corrupción en Fondelibertad, el Das, Incoder, Dirección Nacional de Estupefacientes, Banco Agrario, Inpec, Dian, Ingeominas e Inco. Tremenda labor tienen ante sí los órganos de control para identificar y castigar a los culpables de semejante tragedia nacional.
El Gobierno Nacional tiene que poner la lucha contra la corrupción como un objetivo nacional, si es que queremos avanzar en el fortalecimiento de la democracia, el logro de la paz y la generación de garantías para la inversión extranjera. No podemos seguir siendo una nación que se vanagloria de ganar la lucha contra el terrorismo, pero pierde todos los días la lucha contra los corruptos, que son langostas que se devoran el bienestar colectivo.

Esa cruzada nos involucra a todos los colombianos, pero debe comenzar con la aprobación de una ley anticorrupción que le otorgue verdaderas herramientas al Estado para desmontar ese flagelo. El Congreso tiene que demostrar que sí es digno de nuestra confianza. Nos merecemos ser una nación donde ser honesto sea una virtud y no una rareza. Hay que borrar el criterio de que la política es para enriquecerse y el Estado para esquilmarlo. La impunidad no puede ser el sello de nuestra nación.

miércoles, 10 de diciembre de 2008

10D o el día de los derechos humanos

Fuente: elnuevosiglo


HORACIO SERPA

Hoy es el 10 D, el día en que todo el mundo celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Colombia, la verdad, no es mucho lo que hay que celebrar, porque la guerra sucia se libra con encono en campos y ciudades y las prácticas proscritas por el Derecho Internacional Humanitario están a la orden del día.

Es larga la lista de violaciones a los derechos humanos. Tal vez no ha pasado un solo momento, desde que el país suscribió esos acuerdos internacionales, en que no se haya cometido un acto contra la humanidad. Guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado se han casado con el viejo adagio de que "el enemigo de mi enemigo es mi amigo", y han dejado una larga de lista de muertos, heridos, violentados que en las últimas décadas llegan a cientos de miles de personas.

Los peores métodos de aniquilamiento de la población civil se han ensayado en nuestra geografía por genocidas camuflados de guerrilleros o paramilitares, y reciben órdenes de políticos corruptos de regiones dominadas por el miedo. Los horrores de los países africanos se viven en Colombia, solo que aquí posamos de democracias estables y nos enfurece que nos señalen como una republiqueta bananera.

El ascenso militar y político de los paramilitares se logró sobre la base del terror y la alianza con sectores "decentes" de las regiones: políticos, ganaderos, comerciantes y algunos medios de comunicación. El poder paramilitar no nació de la noche a la mañana. Fue una estrategia para corromper a todo el mundo y tomarse el poder local y regional e infiltrar las ramas del Estado, incluso el poder judicial, y el DAS.

Un país con un Congreso deslegitimado por sus alianzas con el paramilitarismo y una Corte Suprema de Justicia que ha defendido la institucionalidad y la Carta Política, son el reflejo de una crisis humanitaria que parece infinita, en la que las víctimas reclaman justicia, verdad y reparación.

Si para algo debe servir este día es para pensar en las víctimas. En las madres de los jóvenes asesinados en los llamados falsos positivos, para mostrar resultados en la lucha contrainsurgente.

Precisamente hoy en Ginebra, Suiza, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las ONG denunciarán a Colombia, una vez más, por las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Colombia, como de costumbre, atacará a las ONG y tratará de mostrar avances en ese campo. Pero siguen las desapariciones, las masacres, las torturas, la muerte de sindicalistas, la desatención a casi cuatro millones de desplazados, la impunidad a crímenes de lesa humanidad, mientras la CPI espera para actuar.

No hay mucho que celebrar. Solo queda prender una veladora para pedir que Dios ilumine a las víctimas y familiares de esta tragedia humanitaria, para que cese la horrible noche. Esta noche de dolor llamada guerra y apellidada impunidad.
Volver a Inicio >

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...